Judicial
Hombre se esconde en cuarto de niña de 14 años, su padre lo descubre y lo acusa de violación
La familia Gutiérrez (apellido cambiado por protección a la víctima) se dispuso a descansar en su casa, situada en una colonia al Sur de San Salvador, pero la calma de esa noche se vio empañada por un intruso que ingresó a la vivienda y supuestamente agredió a una de las hijas menores de edad. El caso llegó a los tribunales, pero el relato tan inverosímil de la niña de 14 años le valió el acusado la absolución.
Todo inició la noche del pasado 4 de septiembre de 2016 cuando la menor no lograba conciliar el sueño, por lo que a eso de las 10:00 de la noche le pidió permiso a su padre para ver televisión en su habitación.
La respuesta por parte de su progenitor fue positiva, por lo que la niña encendió el electrodoméstico y el resto de su familia descansaba cada uno en su habitación.
Según relatos de Sara (nombre cambiado), unos minutos habían transcurrido cuando escuchó unos ruidos afuera de las habitaciones, por lo que decidió ir a ver qué ocurría.
Al abrir una puerta, que tiene conexión con el exterior de la vivienda encontró a Carlos M., un joven de 22 años de edad, a quien conocía por ser propietario de una tienda de la colonia. Lo reconoció de inmediato, pues ese hombre desde hacía dos meses que la acosaba cuando esta se dirigía a la iglesia o al centro de estudio este la interceptaba y ella le huía.
Carlos amenazó a Sara –según indicó ella-, le tapó la boca y la llevó hacia su habitación. El joven tuvo que someter a Sara con golpes en el rostro, luego este habría cometido una violación, según determinó la Fiscalía General de la República (FGR).
Un supuesto delito
En el interior de la habitación de Sara se originó un escándalo, por lo que el padre de esta decidió ingresar, pero para su sorpresa la puerta tenía llave.
Al tocar, la víctima abrió, pero antes de ello Carlos se había escondido a un costado de la cama de Sara y se cubrió con una sábana para pasar desapercibido.
El cuestionamiento de lo que pasaba en esa habitación surgió cuando el rostro de la niña estaba golpeado, por ello el padre de ella ingresó al cuarto y logró observar el fallido escondite del sujeto que habría agredido sexualmente a su hija.
Inmediatamente, alertó a unos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), al hacer una llamada a la Unidad de Emergencia del 911, quienes ingresaron a la vivienda y extrajeron al joven involucrado en el delito.
Recobra su libertad por una versión incoherente
Carlos fue presentado ante el Juzgado 1° de Paz, luego de haber sido detenido en flagrancia y acusado por la FGR del delito de violación cometido en contra de una menor incapaz, pero fue el Juzgado 1° de Instrucción que dio apertura al juicio.
Debido a ello, el Tribunal 1° de Sentencia desarrolló la vista pública, en donde el juez consideró que no se acreditaba la existencia del delito ni la participación delincuencial del imputado, pues la menor de edad habría cambiado la versión de lo sucedido.
Las circunstancias descritas sobre el hecho no habrían sido coherentes ni veraces al momento de aportar la información y por ello no solo se puede tomar la parte que afecta al imputado, según fue registrado en el expediente judicial.
En ese momento, Carlos fue absuelto tanto de la responsabilidad penal como civil y fue por ello que la FGR apeló el fallo que le benefició.
Actualmente, el caso se encuentra en el Tribunal 6° de Sentencia, pues fue la Cámara 1° de lo Penal la que anuló lo decidido por el anterior juez.
Es por eso, que el caso será ventilado por segunda ocasión el próximo 21 de noviembre de este 2018. Ahí se sabrá si el joven es o no culpable de lo que Sara y su familia lo acusan.
Por: El Salvador Times.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
