Judicial
Hombre abuso de un menor que conoció en el centro escolar donde el comercializaba panes
La Fiscalía General de la República (FGR) informaron sobre la condena de Julio César Ramírez a 20 años de cárcel por el ilícito de violación en menor e incapaz como delito continuado.
Según el informe de la FGR, Ramírez, de 38 años de edad, abusó sexualmente de un menor de 11 años desde junio a septiembre de 2017, en el municipio de Metapán, departamento de Santa Ana.
El l imputado fue llevado a Vista Pública en el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana, donde la representación fiscal por medio de un desfile de pruebas demostró la culpabilidad de Ramírez.
De acuerdo con elementos de la FGR, el caso inició después de la denuncia interpuesta por el padre de la víctima. Él manifestó que el 15 de septiembre de 2017, regresó de su trabajo más temprano de lo habitual, y al llegar a la casa solo encontró a sus dos hijas. Al preguntar dónde estaba su hermano, las pequeñas le respondieron “que se fue en su bicicleta y que quizá se había ido con un sujeto llamado Julio, quien vende panes a la salida de escuela”.
Inmediatamente el padre, preocupado, abordó su mototaxi y fue en busca de su hijo. Luego de unos minutos llegó a la casa de Julio y comenzó a llamar -con un tono de voz fuerte- a su hijo por su nombre. Unos segundos pasaron y Julio salió, cuando el padre le preguntó por su hijo el sujeto respondió que “estaba adentro guardando unas herramientas porque estaban arreglando la bicicleta”.
En ese momento salió el niño y su papá le preguntó porqué estaba en ese lugar, observando al niño muy triste y preocupado. Al regresar a casa, el padre se le acercó a su hijo y le dijo que platicaran, que si le pasaba algo que no tuviera miedo que le contara y que él lo iba a proteger siempre. Entonces, en ese momento, el niño comenzó a llorar, contándole a su padre que Julio lo ha amenazado que no cuente nada porque si no le va a hacer daño a su familia, pero que dicho sujeto abusa de él, que lo llevaba a su casa, le quitaba la ropa y abusaba sexualmente de él.
Asimismo, el pequeño contó que Julio le ofrecía dinero. Intrigado, el padre le preguntó si esa era primera vez, a lo que el niño respondió que lo ha hecho muchas veces, desde el mes de junio. Por lo que el padre, consternado por lo sucedido a su hijo, interpuso inmediatamente la denuncia iniciando un proceso que terminó con la condena del agresor.
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Prisión para pandillero que obligó a familia de Panchimalco a abandonar su vivienda
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
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Pandillero enfrenta juicio por asesinar a siete personas en La Paz
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
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Fidel Zavala deberá regresar más de $50,000 a sus víctimas
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.