Judicial
Hombre abuso de un menor que conoció en el centro escolar donde el comercializaba panes
La Fiscalía General de la República (FGR) informaron sobre la condena de Julio César Ramírez a 20 años de cárcel por el ilícito de violación en menor e incapaz como delito continuado.
Según el informe de la FGR, Ramírez, de 38 años de edad, abusó sexualmente de un menor de 11 años desde junio a septiembre de 2017, en el municipio de Metapán, departamento de Santa Ana.
El l imputado fue llevado a Vista Pública en el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana, donde la representación fiscal por medio de un desfile de pruebas demostró la culpabilidad de Ramírez.
De acuerdo con elementos de la FGR, el caso inició después de la denuncia interpuesta por el padre de la víctima. Él manifestó que el 15 de septiembre de 2017, regresó de su trabajo más temprano de lo habitual, y al llegar a la casa solo encontró a sus dos hijas. Al preguntar dónde estaba su hermano, las pequeñas le respondieron “que se fue en su bicicleta y que quizá se había ido con un sujeto llamado Julio, quien vende panes a la salida de escuela”.
Inmediatamente el padre, preocupado, abordó su mototaxi y fue en busca de su hijo. Luego de unos minutos llegó a la casa de Julio y comenzó a llamar -con un tono de voz fuerte- a su hijo por su nombre. Unos segundos pasaron y Julio salió, cuando el padre le preguntó por su hijo el sujeto respondió que “estaba adentro guardando unas herramientas porque estaban arreglando la bicicleta”.
En ese momento salió el niño y su papá le preguntó porqué estaba en ese lugar, observando al niño muy triste y preocupado. Al regresar a casa, el padre se le acercó a su hijo y le dijo que platicaran, que si le pasaba algo que no tuviera miedo que le contara y que él lo iba a proteger siempre. Entonces, en ese momento, el niño comenzó a llorar, contándole a su padre que Julio lo ha amenazado que no cuente nada porque si no le va a hacer daño a su familia, pero que dicho sujeto abusa de él, que lo llevaba a su casa, le quitaba la ropa y abusaba sexualmente de él.
Asimismo, el pequeño contó que Julio le ofrecía dinero. Intrigado, el padre le preguntó si esa era primera vez, a lo que el niño respondió que lo ha hecho muchas veces, desde el mes de junio. Por lo que el padre, consternado por lo sucedido a su hijo, interpuso inmediatamente la denuncia iniciando un proceso que terminó con la condena del agresor.
El Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador abrió el proceso penal contra 48 estudiantes y exestudiantes de institutos nacionales, entre ellos 14 menores de edad, acusados de integrar “La Raza”, una nueva estructura delictiva surgida en centros educativos del país.
El caso, llevado con reserva total, incluye imputaciones por delitos relacionados con crimen organizado como agrupaciones ilícitas, lavado de dinero, proposición y conspiración para homicidio, falsificación de moneda, agresión sexual y amenazas.
La audiencia contó con la presencia exclusiva de fiscales, defensores y padres de los menores, quienes fueron trasladados a la sala sin ser expuestos ante los medios. Los adultos enfrentaron la audiencia de forma virtual para la imposición de medidas.
Las capturas se ejecutaron el 24 de junio de 2025, ordenadas por la Fiscalía General de la República, y tuvieron lugar en los institutos General Francisco Menéndez (INFRAMEN), Nacional Técnico Industrial (INTI), Albert Camus y Acción Cívica Militar, tras investigaciones que duraron varios meses.
Las autoridades recibieron información sobre actividades delictivas vinculadas a esta agrupación en los centros escolares y zonas aledañas. Según el gabinete de Seguridad, “La Raza” tenía como objetivos a profesores y agentes policiales, contra quienes dirigía sus acciones criminales.
Los abogados defensores señalaron que no existen pruebas contundentes que demuestren la vinculación de sus clientes con la estructura delictiva, y negaron que los acusados formen parte de “La Raza”. El proceso continúa en desarrollo.
Judicial
Prisión para pandilleros que asesinaron a una mujer tras saber que vivía en una zona controlada por otra estructura
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que tres miembros de la pandilla 18 Sureños fueran condenados a 25 años de prisión por el homicidio de una mujer ocurrido en el departamento de La Libertad.
Los condenados fueron identificados como Giovanni Stanley Santamaría Flores, alias Skipi; Giovanni Stanley Castillo Monjes, alias Saiper; y Alex Edgardo Guillén Zacatares, conocido como Orejón. Las investigaciones determinaron que los tres pertenecen a estructuras terroristas activas en la zona.
Según la FGR, el crimen ocurrió luego de que los pandilleros se encontraran con la víctima en un bar, donde uno de ellos entabló conversación y le ofreció una bebida alcohólica. Posteriormente, le propuso llevarla a su casa, pero al enterarse de que vivía en una zona dominada por una pandilla rival, cambiaron el destino.
La mujer subió al vehículo en el que viajaban los tres agresores y, al llegar al sitio acordado, fue atacada a balazos. Los delincuentes la abandonaron creyendo que había muerto.
Minutos después, agentes policiales la encontraron con vida, la auxiliaron y la trasladaron a un centro asistencial, donde falleció a causa de las graves heridas.
La FGR confirmó que los tres implicados ya guardan prisión y enfrentan además otro proceso penal por el delito de agrupaciones ilícitas.
Tres integrantes de la MS, vinculados a la clica Brentwood, fueron sentenciados a penas de 18 y 20 años de prisión por el asesinato de un hombre durante un torneo navideño en Concepción de Oriente, La Unión.
El Tribunal de Sentencia de La Unión confirmó la culpabilidad de los acusados tras validar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR), que demostraron la participación directa de cada imputado en el crimen ocurrido el 20 de noviembre de 2019.
Según las investigaciones, la víctima fue atacada a tiros mientras se desarrollaba un torneo en la cancha de fútbol del caserío Ojo de Agua, cantón Gueripe, un hecho que causó conmoción entre los asistentes.
La Fiscalía determinó que Selvin Abundino Umanzor Euceda y Luis Adonay Velásquez se encargaron de localizar y seguir a la víctima, mientras que Walter Geovanny Alvarado García, junto a un menor de edad, ejecutaron el ataque.
El crimen fue ordenado por la estructura criminal debido a la presunta afiliación de la víctima a la pandilla Barrio 18.
Alvarado García y Umanzor Euceda fueron condenados a 18 años de prisión cada uno, mientras que Velásquez, prófugo de la justicia, fue sentenciado en ausencia a 20 años de cárcel.
