Judicial
Hombre abuso de un menor que conoció en el centro escolar donde el comercializaba panes
La Fiscalía General de la República (FGR) informaron sobre la condena de Julio César Ramírez a 20 años de cárcel por el ilícito de violación en menor e incapaz como delito continuado.
Según el informe de la FGR, Ramírez, de 38 años de edad, abusó sexualmente de un menor de 11 años desde junio a septiembre de 2017, en el municipio de Metapán, departamento de Santa Ana.
El l imputado fue llevado a Vista Pública en el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana, donde la representación fiscal por medio de un desfile de pruebas demostró la culpabilidad de Ramírez.
De acuerdo con elementos de la FGR, el caso inició después de la denuncia interpuesta por el padre de la víctima. Él manifestó que el 15 de septiembre de 2017, regresó de su trabajo más temprano de lo habitual, y al llegar a la casa solo encontró a sus dos hijas. Al preguntar dónde estaba su hermano, las pequeñas le respondieron “que se fue en su bicicleta y que quizá se había ido con un sujeto llamado Julio, quien vende panes a la salida de escuela”.
Inmediatamente el padre, preocupado, abordó su mototaxi y fue en busca de su hijo. Luego de unos minutos llegó a la casa de Julio y comenzó a llamar -con un tono de voz fuerte- a su hijo por su nombre. Unos segundos pasaron y Julio salió, cuando el padre le preguntó por su hijo el sujeto respondió que “estaba adentro guardando unas herramientas porque estaban arreglando la bicicleta”.
En ese momento salió el niño y su papá le preguntó porqué estaba en ese lugar, observando al niño muy triste y preocupado. Al regresar a casa, el padre se le acercó a su hijo y le dijo que platicaran, que si le pasaba algo que no tuviera miedo que le contara y que él lo iba a proteger siempre. Entonces, en ese momento, el niño comenzó a llorar, contándole a su padre que Julio lo ha amenazado que no cuente nada porque si no le va a hacer daño a su familia, pero que dicho sujeto abusa de él, que lo llevaba a su casa, le quitaba la ropa y abusaba sexualmente de él.
Asimismo, el pequeño contó que Julio le ofrecía dinero. Intrigado, el padre le preguntó si esa era primera vez, a lo que el niño respondió que lo ha hecho muchas veces, desde el mes de junio. Por lo que el padre, consternado por lo sucedido a su hijo, interpuso inmediatamente la denuncia iniciando un proceso que terminó con la condena del agresor.
Judicial
Testigos confirman actos de corrupción en juicio contra exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano
Durante la vista pública contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, y otros cuatro imputados, varios testigos presentados por la Fiscalía General de la República han respaldado la acusación por delitos de corrupción cometidos durante su gestión.
En casi un mes de juicio, interrumpido en diversas ocasiones y con jornadas parciales, han comparecido empleados municipales que denunciaron afectaciones por el impago de salarios durante periodos de hasta tres meses, así como la retención de cuotas laborales. Esta última situación les impidió recibir atención médica en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
Con estos testimonios, el Ministerio Público busca demostrar los delitos de apropiación o retención de cuotas laborales e infracción de las condiciones laborales o de seguridad social.
También declaró una perito que elaboró un informe técnico confirmando que, aunque se descontaron las cuotas laborales a los empleados, los fondos no fueron trasladados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). El peritaje establece un perjuicio a la administración pública por más de $387,042.71.
Otro experto técnico relató que, mediante un análisis forense digital, extrajo información de los dispositivos electrónicos incautados a los imputados —entre ellos teléfonos celulares—, hallando datos que vinculan a los procesados con actividades ilícitas.
Además, una auditoría financiera reveló que durante la gestión de Montano, la alcaldía pagó $1.2 millones en comisiones a una empresa por recuperación de mora, cifra superior a los $867,499 realmente recuperados. Según el informe, no se realizó un estudio previo para definir el porcentaje de comisión, y la empresa representada por el imputado Ricardo Arturo Roque Baires cobró un 9.97% más que otras contratadas en administraciones anteriores.
Con este conjunto de pruebas, la Fiscalía busca sustentar las acusaciones de malversación e incumplimiento de deberes contra los exfuncionarios municipales.
Judicial
Juzgado programará audiencia inicial para 12 transportistas detenidos por suspensión del servicio
El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador ha programado para este viernes la audiencia inicial en contra de 12 empresarios del transporte público, quienes fueron capturados entre el 5 y el 7 de mayo de 2025 por presuntamente haber suspendido de forma irregular el servicio, a pesar de ser un servicio público subsidiado por el Estado.
Las detenciones fueron ordenadas luego de que los transportistas no operaran con normalidad sus unidades, lo cual, según las autoridades, constituye una falta grave al tratarse de un servicio esencial para la ciudadanía y financiado parcialmente con fondos públicos.
El pasado lunes, la Fiscalía General de la República presentó el requerimiento ante el juzgado, solicitando que el caso avance a la etapa de instrucción formal. Además, pidió que se otorguen medidas alternas a la detención provisional, lo que permitiría que los imputados continúen el proceso judicial en libertad.
A los acusados se les atribuyen los delitos de peculado e incumplimiento de deberes, según consta en el expediente promovido por el Ministerio Público.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó ayer (lunes) el requerimiento de acusación contra 12 empresarios del transporte colectivo, a quienes se les imputa la presunta comisión de los delitos de peculado e incumplimiento de deberes.
Según informó la institución, los señalados serán procesados en libertad, bajo medidas alternas a la detención.
Los imputados poseen concesiones y permisos provisionales para operar diferentes rutas del transporte público. De acuerdo con la FGR, fueron capturados los días 5, 6 y 7 de mayo de 2025, luego de que las autoridades detectaran que no prestaron el servicio de transporte a la población o lo hicieron con una reducción significativa de unidades, pese a que el Gobierno había entregado $12 millones en compensación para garantizar la gratuidad del servicio, debido al cierre temporal del tramo de Los Chorros en la carretera Panamericana.
“Se procedió a la detención en flagrancia, siendo este un servicio público y subsidiado con fondos del Estado”, indicó la Fiscalía.
El requerimiento fue presentado en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador.
