Judicial
Hombre abuso de un menor que conoció en el centro escolar donde el comercializaba panes
La Fiscalía General de la República (FGR) informaron sobre la condena de Julio César Ramírez a 20 años de cárcel por el ilícito de violación en menor e incapaz como delito continuado.
Según el informe de la FGR, Ramírez, de 38 años de edad, abusó sexualmente de un menor de 11 años desde junio a septiembre de 2017, en el municipio de Metapán, departamento de Santa Ana.
El l imputado fue llevado a Vista Pública en el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana, donde la representación fiscal por medio de un desfile de pruebas demostró la culpabilidad de Ramírez.
De acuerdo con elementos de la FGR, el caso inició después de la denuncia interpuesta por el padre de la víctima. Él manifestó que el 15 de septiembre de 2017, regresó de su trabajo más temprano de lo habitual, y al llegar a la casa solo encontró a sus dos hijas. Al preguntar dónde estaba su hermano, las pequeñas le respondieron “que se fue en su bicicleta y que quizá se había ido con un sujeto llamado Julio, quien vende panes a la salida de escuela”.
Inmediatamente el padre, preocupado, abordó su mototaxi y fue en busca de su hijo. Luego de unos minutos llegó a la casa de Julio y comenzó a llamar -con un tono de voz fuerte- a su hijo por su nombre. Unos segundos pasaron y Julio salió, cuando el padre le preguntó por su hijo el sujeto respondió que “estaba adentro guardando unas herramientas porque estaban arreglando la bicicleta”.
En ese momento salió el niño y su papá le preguntó porqué estaba en ese lugar, observando al niño muy triste y preocupado. Al regresar a casa, el padre se le acercó a su hijo y le dijo que platicaran, que si le pasaba algo que no tuviera miedo que le contara y que él lo iba a proteger siempre. Entonces, en ese momento, el niño comenzó a llorar, contándole a su padre que Julio lo ha amenazado que no cuente nada porque si no le va a hacer daño a su familia, pero que dicho sujeto abusa de él, que lo llevaba a su casa, le quitaba la ropa y abusaba sexualmente de él.
Asimismo, el pequeño contó que Julio le ofrecía dinero. Intrigado, el padre le preguntó si esa era primera vez, a lo que el niño respondió que lo ha hecho muchas veces, desde el mes de junio. Por lo que el padre, consternado por lo sucedido a su hijo, interpuso inmediatamente la denuncia iniciando un proceso que terminó con la condena del agresor.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que 26 imputados, entre ellos exmiembros del concejo municipal de Coatepeque, enfrenten juicio por presuntos delitos de corrupción relacionados con el manejo de fondos públicos destinados a obras de infraestructura, informa el Ministerio Público en la red social X.
Según la investigación, los hechos habrían ocurrido entre 2012 y 2018, período en el que se habrían autorizado proyectos como pavimentación de calles, construcción de cordón cuneta y obras de concreto que, pese a ser pagadas con fondos estatales, nunca se ejecutaron. Casos previos vinculados a este expediente señalan irregularidades en al menos una decena de proyectos municipales que habrían sido cancelados sin comprobar su realización.
Los procesados enfrentan cargos por peculado y negociaciones ilícitas, delitos asociados al uso indebido de recursos públicos y a posibles acuerdos ilegales en la adjudicación de contratos. Investigaciones fiscales anteriores también apuntaron a montos que superaban los $400,000 en proyectos inexistentes dentro del mismo esquema municipal.
Coatepeque | 📣Juzgado de paz instala audiencia inicial en contra del alcalde de dicha localidad y su concejo municipal acusados de
⚠️Peculado y
⚠️Negociaciones Ilícitas. pic.twitter.com/fJLwq2zezu— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) September 28, 2019
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana admitió todas las pruebas presentadas por la Fiscalía, con las que el Ministerio Público busca demostrar la responsabilidad penal de los acusados y exigir la devolución del dinero al Estado salvadoreño.
El caso forma parte de los procesos judiciales impulsados por la FGR contra actos de corrupción municipal, en los que se investiga la adjudicación irregular de contratos y el uso indebido de recursos públicos destinados a obras comunitarias.
Juan José Díaz Salinas, integrante de la MS13, purgará 30 años de prisión por el homicidio de un agente de la Policía Nacional Civil. La condena fue impuesta por el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca.
De acuerdo con la Fiscalía, el homicidio ocurrió el 23 de septiembre de 2017 en un área rural del distrito de San Pedro Masahuat, en La Paz.
«El agente estaba de licencia y se transportaba en su bicicleta cuando Salinas y otros imputados le salieron al paso y, sin mayor discusión, comenzaron a dispararle hasta causarle la muerte en ese lugar», reveló la investigación.
En el fallo, el tribunal impuso también el pago de $2,500 en concepto de responsabilidad civil.
El ministerio público informó que el terrorista cumple otras penas de prisión por varios crímenes cometidos, entre estos, el homicidio de una mujer en el 2017; también por participar en el asesinato de un miembro de su estructura en el 2018, acciones que también fueron cometidas en La Paz.
Entre otros casos, el mismo tribunal condenó recientemente a los hermanos Santos Samuel y Cecilio Rafael Domínguez González, perfilados como integrantes de la pandilla 18. Estos sujetos permanecerán 30 años en prisión por haber asesinado a un hombre con un arma de fuego.
El crimen lo cometieron el 22 de junio de 2021, aproximadamente a la 1:30 del mediodía, cuando la víctima caminaba en la carretera Panorámica, por el caserío El Matazano, cantón San José La Montaña, San Francisco Chinameca, La Paz Oeste.
La investigación determinó que los hermanos interceptaron al hombre y a la fuerza lo condujeron hasta una cervecería. La víctima intentó huir, pero Rafael Domínguez lo golpeó en la cara y cayó al suelo. De inmediato, Santos Domínguez le disparó.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que nueve pandilleros de la MS-13 recibieran penas de hasta 90 años de prisión por delitos cometidos en diferentes zonas de los distritos de Huizúcar y Zaragoza, en el departamento de La Libertad.
El ministerio público informó que los pandilleros Juan Manuel Chávez Aguilar y Danilo Amílcar Araujo Estrada, fueron condenados a 90 años de cárcel, mientras que Alexander Armando Granados Vásquez y William Alfredo Hernández Martínez recibieron penas de 60 años de prisión.
La FGR procesó a los pandilleros por asesinatos cometidos contra un trabajador y de un comerciante. Además, los acusó de la privación de libertad y el homicidio agravado de dos hermanos.
En su cuenta en X la institución recordó que los dos hermanos se dirigían hacia su trabajo cuando los pandilleros, utilizando armas de fuego, le salieron al encuentro para llevárselos a la fuerza hacia un lugar desolado en donde les quitaron la vida.
El informe oficial indica además que otros pandilleros recibieron penas carcelarias que van desde los 30 a los 20 años de prisión. Todos pertenecen a las clicas Teclas Locos Salvatruchos, San Antonio Locos Salvatruchos y Nejapas Locos Salvatruchos de la MS-13.
Las condenas fueron impuestas por el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador.
Por otra parte, la Fiscalía informó que Alexander Joel Torres Moreno, alias el Sangriento (prófugo) y Rigoberto Vladimir Velásquez Amaya, fueron condenados a 40 años de prisión por el homicidio agravado de dos hermanos.
El crimen ocurrió el 11 de junio de 2014 en el sector conocido como La Quebrada, de la colonia Santa María, del distrito de La Unión. Según la acusación fiscal, Velásquez Amaya se comunicó con una de las víctimas y le pidió que llegara al lugar para hablar, pero era una trampa para asesinarlos.
La FGR logró además, que José Mariano Martínez Calderón sea condenado a 40 años de prisión por los delitos de violación en menor o incapaz continuada y extorsión agravada.
