Judicial
«He leído 110 páginas de la petición de antejuicio para Norman Quijano y creo que no solo el debería ser procesado»: abogada Silvia de Bonilla
Foto: @SILVIADEBONILLA.
La abogada y defensora de los Derechos Humanos Silvia Bonilla, afirmó en su cuenta de Twitter, que tras revisar el requerimiento de 110 páginas para solicitar un antejuicio al diputado de ARENA, Norman Quijano, también deben ser procesadas otras figuras políticas y públicas.
La profesional al derecho detalló que aún faltan otros políticos, pastores y otras personas que pactaron con las pandillas para tener beneficio los delincuentes.
“He leído 110 páginas de la petición de antejuicio para Norman Quijano y creo que no sólo el debería ser procesado, aquí faltan más diputados, un líder de la red de pastores, y altos elementos policiales, entre otros, un periodista y hasta un sacerdote”, afirmó Bonilla.
El pasado lunes, el Ministerio Público llegó a solicitar ante la Asamblea Legislativa quitarle el fuero a Quijano para ser procesado penalmente por su relación con grupos de pandillas.
El parlamentario es acusado por las autoridades de cometer los delitos de fraude electoral y asociaciones ilícitas.
Quijano es señalado de reunirse con cabecillas de pandillas previo a la elección presidencial de 2014, cuando fue candidato.
El testigo criteriado “Noé”, quien durante el juicio denominado “Operación Cuscatlán” desarrollado en diciembre del 2019, afirmó que cuando Quijano era candidato presidencial de ARENA les ofreció $1 millón a las pandillas.
Dicho dinero, sería entregado a los delincuentes a cambio de recibir ayuda con votos para ganar los comicios presidenciales de 2014.
El testigo aseguró en el juicio, que Quijano aclaró a los pandilleros que su campaña presidencial difundida en medios de comunicación y en las que aseguraba estar contra criminales, era solo “una cortina política”, para engañar al pueblo salvadoreño.
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
