Judicial
«He leído 110 páginas de la petición de antejuicio para Norman Quijano y creo que no solo el debería ser procesado»: abogada Silvia de Bonilla
Foto: @SILVIADEBONILLA.
La abogada y defensora de los Derechos Humanos Silvia Bonilla, afirmó en su cuenta de Twitter, que tras revisar el requerimiento de 110 páginas para solicitar un antejuicio al diputado de ARENA, Norman Quijano, también deben ser procesadas otras figuras políticas y públicas.
La profesional al derecho detalló que aún faltan otros políticos, pastores y otras personas que pactaron con las pandillas para tener beneficio los delincuentes.
“He leído 110 páginas de la petición de antejuicio para Norman Quijano y creo que no sólo el debería ser procesado, aquí faltan más diputados, un líder de la red de pastores, y altos elementos policiales, entre otros, un periodista y hasta un sacerdote”, afirmó Bonilla.
El pasado lunes, el Ministerio Público llegó a solicitar ante la Asamblea Legislativa quitarle el fuero a Quijano para ser procesado penalmente por su relación con grupos de pandillas.
El parlamentario es acusado por las autoridades de cometer los delitos de fraude electoral y asociaciones ilícitas.
Quijano es señalado de reunirse con cabecillas de pandillas previo a la elección presidencial de 2014, cuando fue candidato.
El testigo criteriado “Noé”, quien durante el juicio denominado “Operación Cuscatlán” desarrollado en diciembre del 2019, afirmó que cuando Quijano era candidato presidencial de ARENA les ofreció $1 millón a las pandillas.
Dicho dinero, sería entregado a los delincuentes a cambio de recibir ayuda con votos para ganar los comicios presidenciales de 2014.
El testigo aseguró en el juicio, que Quijano aclaró a los pandilleros que su campaña presidencial difundida en medios de comunicación y en las que aseguraba estar contra criminales, era solo “una cortina política”, para engañar al pueblo salvadoreño.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
