Judicial
«He leído 110 páginas de la petición de antejuicio para Norman Quijano y creo que no solo el debería ser procesado»: abogada Silvia de Bonilla
Foto: @SILVIADEBONILLA.
La abogada y defensora de los Derechos Humanos Silvia Bonilla, afirmó en su cuenta de Twitter, que tras revisar el requerimiento de 110 páginas para solicitar un antejuicio al diputado de ARENA, Norman Quijano, también deben ser procesadas otras figuras políticas y públicas.
La profesional al derecho detalló que aún faltan otros políticos, pastores y otras personas que pactaron con las pandillas para tener beneficio los delincuentes.
“He leído 110 páginas de la petición de antejuicio para Norman Quijano y creo que no sólo el debería ser procesado, aquí faltan más diputados, un líder de la red de pastores, y altos elementos policiales, entre otros, un periodista y hasta un sacerdote”, afirmó Bonilla.
El pasado lunes, el Ministerio Público llegó a solicitar ante la Asamblea Legislativa quitarle el fuero a Quijano para ser procesado penalmente por su relación con grupos de pandillas.
El parlamentario es acusado por las autoridades de cometer los delitos de fraude electoral y asociaciones ilícitas.
Quijano es señalado de reunirse con cabecillas de pandillas previo a la elección presidencial de 2014, cuando fue candidato.
El testigo criteriado “Noé”, quien durante el juicio denominado “Operación Cuscatlán” desarrollado en diciembre del 2019, afirmó que cuando Quijano era candidato presidencial de ARENA les ofreció $1 millón a las pandillas.
Dicho dinero, sería entregado a los delincuentes a cambio de recibir ayuda con votos para ganar los comicios presidenciales de 2014.
El testigo aseguró en el juicio, que Quijano aclaró a los pandilleros que su campaña presidencial difundida en medios de comunicación y en las que aseguraba estar contra criminales, era solo “una cortina política”, para engañar al pueblo salvadoreño.
Este lunes prosiguió el juicio contra Ernesto Muyshondt, Paolo Lüers, Benito Lara, Arístides Valencia y Wilson Alvarado, acusados de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador programó para la jornada la exposición de pruebas documentales y alegatos finales.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las pruebas y testimonios presentados hasta el momento vinculan a los procesados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y las de alcaldes y diputados de 2015, en las que supuestamente se ofrecieron beneficios a cambio de votos.
José Adilio Acosta García fue condenado a seis años de prisión por atacar con un corvo a su excompañera de vida en San Pablo Tacachico, La Libertad. La sentencia fue dictada por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, tras comprobarse el delito de lesiones graves agravadas.
De acuerdo con la Fiscalía, en diciembre de 2023, Acosta García llegó a la vivienda de la víctima en estado de ebriedad y le exigió reanudar la relación de pareja. Al ser rechazado, la agredió con el arma blanca, provocándole lesiones en un brazo que requirieron cirugía y una incapacidad superior a 30 días.
El tribunal concluyó que las pruebas presentadas confirmaron la responsabilidad del acusado y que las lesiones impedían a la víctima realizar sus actividades cotidianas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó al exfiscal general de la República, Luis Martínez, a 10 años de cárcel por los delitos de fraude procesal y omisión de la investigación, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la acusación, Martínez y otros implicados fabricaron procesos judiciales falsos en 2016 en contra de una víctima. Tras varias semanas de juicio, el tribunal resolvió imponer la condena con base en las pruebas presentadas por la FGR.
Además de Martínez, también fueron sentenciados Julio Adalberto Arriaza González, a cinco años de prisión por fraude procesal, y Héctor Francisco Grimaldi Membreño, a seis años por dos casos del mismo delito.
