Judicial
FOTOS | Fiscalía presenta requerimiento contra los alcaldes de Zacatecoluca y San Rafael Obrajuelo, por el delito de corrupción
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El Juzgado Especializado de Instrucción “C” recibió esta tarde, la solicitud de imposición de medidas contra el alcalde de Zacatecoluca, Francisco Salvador Hirezi Morataya y el alcalde de San Rafael Obrajuelo, Rafael Almilcar Aguilar Alvarado y otras 17 personas más, acusados por negociaciones ilícitas, peculado, cohecho activo, cohecho propio y cohecho impropio.
La jueza fijó las 9:00 a.m. de este próximo 30 de abril para la realización de la audiencia de imposición de medidas, en la que se discutirá si se procede o no a decretarles instrucción formal con detención provisional, petición hecha por la Fiscalía General de la República (FGR). Según datos del proceso, las investigaciones iniciaron en agosto del año pasado, mediante intervención de llamadas telefónicas.
Los sujetos se dedicaron a negociar con las donaciones hechas por el Gobierno Central, a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), en las que hubo un total de mil quintales de maíz, los cuales se obtuvieron luego de los daños ocasionados por las tormentas Amanda, Cristóbal y ETA, además, de la pandemia provocada por el covid-19. Al venderlos, se quedaban con el dinero que asciende a un total de 344 mil dólares. Los restantes 100 sacos los entregaron a otras personas como para aparentar haber dado en su totalidad los granos.
Aparentemente fue Hirezi y Aguilar Alvarado quienes tomaban las decisiones al respecto de las dádivas, por lo que se apoyaron en agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), transportistas y empresarios para poder obtener una ganancia “extra”. A ellos se les capturó el pasado 26 del presente mes en San Salvador, Santa Tecla, San Rafael Obrajuelo y en distintos lugares del departamento de La Paz.
La PNC aprehendió a 16 de los 19 mencionados en el proceso. Las investigaciones se dividieron en cuatro rubros: la alcaldía de Zacatecoluca, que se encargaba de distribuir bienes y servicios, para así entregar dinero y poder ganar licitaciones. De igual forma, la alcaldía de San Rafael Obrajuelo se encargaba de vender a particulares los granos, los agentes de la policía y los transportistas. El dinero se distribuía en aparentes obras como pasarelas, reparación de calles y donaciones de bolsas de alimentos.
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Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
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22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
