Judicial
FOTOS | Fiscalía presenta requerimiento contra los alcaldes de Zacatecoluca y San Rafael Obrajuelo, por el delito de corrupción
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El Juzgado Especializado de Instrucción “C” recibió esta tarde, la solicitud de imposición de medidas contra el alcalde de Zacatecoluca, Francisco Salvador Hirezi Morataya y el alcalde de San Rafael Obrajuelo, Rafael Almilcar Aguilar Alvarado y otras 17 personas más, acusados por negociaciones ilícitas, peculado, cohecho activo, cohecho propio y cohecho impropio.
La jueza fijó las 9:00 a.m. de este próximo 30 de abril para la realización de la audiencia de imposición de medidas, en la que se discutirá si se procede o no a decretarles instrucción formal con detención provisional, petición hecha por la Fiscalía General de la República (FGR). Según datos del proceso, las investigaciones iniciaron en agosto del año pasado, mediante intervención de llamadas telefónicas.
Los sujetos se dedicaron a negociar con las donaciones hechas por el Gobierno Central, a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), en las que hubo un total de mil quintales de maíz, los cuales se obtuvieron luego de los daños ocasionados por las tormentas Amanda, Cristóbal y ETA, además, de la pandemia provocada por el covid-19. Al venderlos, se quedaban con el dinero que asciende a un total de 344 mil dólares. Los restantes 100 sacos los entregaron a otras personas como para aparentar haber dado en su totalidad los granos.
Aparentemente fue Hirezi y Aguilar Alvarado quienes tomaban las decisiones al respecto de las dádivas, por lo que se apoyaron en agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), transportistas y empresarios para poder obtener una ganancia “extra”. A ellos se les capturó el pasado 26 del presente mes en San Salvador, Santa Tecla, San Rafael Obrajuelo y en distintos lugares del departamento de La Paz.
La PNC aprehendió a 16 de los 19 mencionados en el proceso. Las investigaciones se dividieron en cuatro rubros: la alcaldía de Zacatecoluca, que se encargaba de distribuir bienes y servicios, para así entregar dinero y poder ganar licitaciones. De igual forma, la alcaldía de San Rafael Obrajuelo se encargaba de vender a particulares los granos, los agentes de la policía y los transportistas. El dinero se distribuía en aparentes obras como pasarelas, reparación de calles y donaciones de bolsas de alimentos.
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El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de prisión a Silvia Guadalupe Barahona Ramos, miembro de la pandilla Barrio 18, por el delito de extorsión agravada.
Según el informe judicial, Barahona llegó al negocio de la víctima exigiendo dinero bajo amenazas de atentar contra su vida o la de su familia. La persona entregó el dinero, pero de inmediato interpuso la denuncia.
La detenida fue capturada en el marco del Régimen de Excepción y actualmente enfrenta procesos por otros delitos.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
