Judicial
FOTOS | FGR giró 35 órdenes de detención contra miembros de la MS que operaban en el oriente del país
La Fiscalía, a través de la Unidad de Patrimonio de la sede Fiscal en La Unión, giró 35 órdenes de detención administrativa contra miembros de la Mara Salvatrucha MS- 13, de las cuales 20 fueron efectivas y 10 fueron intimaciones, el resto aún no han sido ubicados.
De acuerdo con el jefe de la sede fiscal en La Unión, con las 35 órdenes de detención se espera resolver diferentes casos como desaparición de personas, proposición y conspiración en el delito de Homicidio, Extorsión Agravada, Tráfico Ilícito de Droga y Organizaciones Terroristas.
En el operativo denominado: “Despachador” se realizaron 10 allanamientos en los municipios de Quelepa, Uluazapa, Cantones El Rebalse, Miraflores, y Colonias de la ciudad de San Miguel, Departamento de San Miguel.
Durante la operación se logró capturar a Francisco Javier Hernández, alias corrupto, Kingfly, alfa o clave 26, según las investigaciones Hernández es un cabecilla de la estructura criminal de la clica Guanacos, y que funciona como corredor del programa Guanacos. Según informe, este sujeto ya tenía otra orden de detención pendiente de ejecutar.
Durante el operativo se logró incautar, dinero en efectivo, teléfonos celulares y un vehículo, los detenidos serán puestos a las órdenes de los Tribunales correspondientes en las próximas horas.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
