Judicial
FGR solicitó procesar por estructuras a más de 45,000 terroristas
Un total de 45,213 pandilleros de las diferentes estructuras terroristas fueron los que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó que los tribunales contra el Crimen Organizado agruparan en una misma causa en 2024.
Los datos fiscales dan cuenta de más de 280 solicitudes de agrupamiento que las direcciones Occidente, Central, San Salvador, Paracentral y Oriente tramitaron ante los tribunales.
Al agrupar a cientos de terroristas «en una sola causa» el proceso será contra la estructura criminal y no de forma individual, ya que según las autoridades cada miembro de estructura tenía un rol y en conjunto mantuvieron amenazados, extorsionaron o cometieron cientos de delitos contra ciudadanos en todo el país.
Los terroristas fueron capturados en el marco del régimen de excepción que está en marcha desde finales de marzo de 2022.
El reporte del ministerio público detalla que la dirección de Occidente presentó 31 solicitudes contra un total de 13,220 terroristas, la Central entregó 42 para agrupar a 9,258 mareros, San Salvador fue la Dirección que más presentó con 91 solicitudes para 7,033 pandilleros; en tanto la Paracentral registró 43 en contra de 6,300 terroristas y la de Oriente tuvo 75 solicitudes contra 9,402 miembros de estructuras criminales.
El año recién pasado, la Fiscalía logró 270 resoluciones de los diferentes tribunales y 12 están pendientes.
Procesos por estructuras
Las solicitudes de agrupamiento por clicas de los principales grupos terroristas se comenzaron a presentar el 29 de abril del año anterior. Ese día los fiscales entregaron un requerimiento en contra de 1,589 pandilleros de la MS.
Las peticiones de agrupación se llevaron a cabo en los Tribunales contra el Crimen Organizado instalados en cada zona del país.
Otra solicitud se tramitó en contra de 896 pandilleros de la clica Teclas Locos Salvatruchos (TLS) que delinquían en diferentes zonas de La Libertad; 416 de la clica Park View Locos Salvatruchos, quienes delinquían en varios sectores de San Miguel; 71 imputados de la clica Down Time, que delinquían en San Sebastián del departamento de San Vicente.
La petición también se dirigió contra 67 imputados vinculados a la clica Pride Ganster Locos Salvatruchos del programa Chalchuapa, de Santa Ana, y 139 imputados relacionados a la clica Escalones del programa centro de la MS, quienes atemorizaban a la población en colonias y comunidades de la zona norponiente de San Salvador.
En esa oportunidad, el Fiscal Adjunto para la Defensa de los Intereses de la Sociedad, David Acosta, explicó que los pandilleros son asociados en un solo proceso por su pertenencia a una misma estructura terrorista y por ser capturados durante la vigencia del Régimen de Excepción.
Acosta agregó que a los terroristas se les procesará en una sola causa por agrupaciones ilícitas, sin embargo, mantendrán las acusaciones por otros delitos cometidos como casos especiales de lavado y dinero y activos; proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado; actos preparatorios, proposición y asociación delictiva; tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego; extorsión, homicidios agravados, entre otros.
Uno de los requerimientos más grandes se presentó el 24 de junio de 2024 y la FGR pidió que 9,258 terroristas de la MS de la zona central fueron agrupados en una sola causa.
Luego, el 28 de agosto, el ministerio público presentó siete solicitudes de agrupamiento en contra de 6,086 terroristas de la Mara Salvatrucha y la pandilla 18. En esa oportunidad, la institución pidió que se procesen en una sola causa de acuerdo a la clica o cancha que se les ha vinculado.
Las peticiones se presentaron ante los tribunales Primero, Segundo y Tercero contra el crimen organizado de Santa Ana.
El fiscal del caso detalló que de la Mara Salvatrucha fueron cinco solicitudes las presentadas para 5,727 miembros. A los terroristas se les atribuyen varios delitos como agrupaciones ilícitas, tráfico ilícito, posesión y tenencia, homicidio agravado imperfecto o tentado, casos especiales de lavado de dinero y otros.
Los rangos de estos delincuentes dentro de la pandilla eran de corredor de programa, corredor de clica, homeboys, colaboradores, chequeos y otros.
Además, se presentaron dos solicitudes de agrupamiento en contra de 359 delincuentes de la pandilla 18, a quienes se les imputan los delitos de agrupaciones ilícitas, tráfico ilícito, amenazas con agravación especial y otros.
Los terroristas eran cabecillas de la pandilla, palabreros de cancha y de tribu, soldados y colaboradores.
Judicial
Motorista que condujo en sentido contrario y amenazó con un corvo es condenado a trabajo comunitario
Hugo Antonio Flores Rivas, motorista de la ruta 106, fue condenado a un año de prisión por el delito de conducción peligrosa de vehículos automotores, luego de ser captado en video manejando en sentido contrario sobre una carretera en el departamento de La Libertad Oeste.
El hecho ocurrió el pasado 27 de abril en la vía que conduce hacia Quezaltepeque. En las imágenes que circularon en redes sociales, se observa a Flores Rivas conduciendo de forma temeraria. Al notar que estaba siendo grabado, el imputado sacó un arma blanca tipo corvo y amenazó al ciudadano que lo filmaba.
Tras la difusión del video, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó una acusación formal ante el tribunal correspondiente. Durante la audiencia preliminar, el procesado aceptó los hechos y se sometió a un procedimiento abreviado, lo que permitió al juez imponer una pena alternativa.
En lugar de cumplir el año de cárcel, la pena fue sustituida por trabajo de utilidad pública, medida contemplada en la legislación salvadoreña para ciertos delitos y bajo condiciones específicas. Las autoridades no precisaron en qué consistirán las labores comunitarias que deberá realizar el condenado.
El Tribunal de Sentencia de Cojutepeque condenó a Nefthaly Adonay Muñoz Pérez y Fredy Antonio Hidalgo Azucena a 20 años de cárcel por el delito de extorsión agravada contra un comerciante en el departamento de Cuscatlán.
Según informó la Fiscalía General de la República, los imputados amenazaban de muerte a la víctima para obligarla a entregar dinero de forma mensual, además de mercadería que comercializaba. “La coacción en la entrega de dinero y productos, así como la falta de utilidades en su negocio, obligaron a la víctima a cerrar su única fuente de ingresos”, explicó el fiscal del caso.
Los hechos ocurrieron en el distrito de Santa Cruz Michapa entre diciembre de 2022 y 2023. Las investigaciones establecieron que ambos sujetos exigían pagos regulares como parte de su actividad delictiva.
Esta es la segunda condena por extorsión que enfrentan los acusados. En febrero de este mismo año, ya habían sido sentenciados a 15 años de prisión por extorsionar a otra víctima.
Durante el juicio, el Ministerio Público presentó pruebas documentales, testimoniales y periciales que permitieron al tribunal declarar culpables a los dos acusados.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
