Judicial
FGR solicitó procesar por estructuras a más de 45,000 terroristas
Un total de 45,213 pandilleros de las diferentes estructuras terroristas fueron los que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó que los tribunales contra el Crimen Organizado agruparan en una misma causa en 2024.
Los datos fiscales dan cuenta de más de 280 solicitudes de agrupamiento que las direcciones Occidente, Central, San Salvador, Paracentral y Oriente tramitaron ante los tribunales.
Al agrupar a cientos de terroristas «en una sola causa» el proceso será contra la estructura criminal y no de forma individual, ya que según las autoridades cada miembro de estructura tenía un rol y en conjunto mantuvieron amenazados, extorsionaron o cometieron cientos de delitos contra ciudadanos en todo el país.
Los terroristas fueron capturados en el marco del régimen de excepción que está en marcha desde finales de marzo de 2022.
El reporte del ministerio público detalla que la dirección de Occidente presentó 31 solicitudes contra un total de 13,220 terroristas, la Central entregó 42 para agrupar a 9,258 mareros, San Salvador fue la Dirección que más presentó con 91 solicitudes para 7,033 pandilleros; en tanto la Paracentral registró 43 en contra de 6,300 terroristas y la de Oriente tuvo 75 solicitudes contra 9,402 miembros de estructuras criminales.
El año recién pasado, la Fiscalía logró 270 resoluciones de los diferentes tribunales y 12 están pendientes.
Procesos por estructuras
Las solicitudes de agrupamiento por clicas de los principales grupos terroristas se comenzaron a presentar el 29 de abril del año anterior. Ese día los fiscales entregaron un requerimiento en contra de 1,589 pandilleros de la MS.
Las peticiones de agrupación se llevaron a cabo en los Tribunales contra el Crimen Organizado instalados en cada zona del país.
Otra solicitud se tramitó en contra de 896 pandilleros de la clica Teclas Locos Salvatruchos (TLS) que delinquían en diferentes zonas de La Libertad; 416 de la clica Park View Locos Salvatruchos, quienes delinquían en varios sectores de San Miguel; 71 imputados de la clica Down Time, que delinquían en San Sebastián del departamento de San Vicente.
La petición también se dirigió contra 67 imputados vinculados a la clica Pride Ganster Locos Salvatruchos del programa Chalchuapa, de Santa Ana, y 139 imputados relacionados a la clica Escalones del programa centro de la MS, quienes atemorizaban a la población en colonias y comunidades de la zona norponiente de San Salvador.
En esa oportunidad, el Fiscal Adjunto para la Defensa de los Intereses de la Sociedad, David Acosta, explicó que los pandilleros son asociados en un solo proceso por su pertenencia a una misma estructura terrorista y por ser capturados durante la vigencia del Régimen de Excepción.
Acosta agregó que a los terroristas se les procesará en una sola causa por agrupaciones ilícitas, sin embargo, mantendrán las acusaciones por otros delitos cometidos como casos especiales de lavado y dinero y activos; proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado; actos preparatorios, proposición y asociación delictiva; tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego; extorsión, homicidios agravados, entre otros.
Uno de los requerimientos más grandes se presentó el 24 de junio de 2024 y la FGR pidió que 9,258 terroristas de la MS de la zona central fueron agrupados en una sola causa.
Luego, el 28 de agosto, el ministerio público presentó siete solicitudes de agrupamiento en contra de 6,086 terroristas de la Mara Salvatrucha y la pandilla 18. En esa oportunidad, la institución pidió que se procesen en una sola causa de acuerdo a la clica o cancha que se les ha vinculado.
Las peticiones se presentaron ante los tribunales Primero, Segundo y Tercero contra el crimen organizado de Santa Ana.
El fiscal del caso detalló que de la Mara Salvatrucha fueron cinco solicitudes las presentadas para 5,727 miembros. A los terroristas se les atribuyen varios delitos como agrupaciones ilícitas, tráfico ilícito, posesión y tenencia, homicidio agravado imperfecto o tentado, casos especiales de lavado de dinero y otros.
Los rangos de estos delincuentes dentro de la pandilla eran de corredor de programa, corredor de clica, homeboys, colaboradores, chequeos y otros.
Además, se presentaron dos solicitudes de agrupamiento en contra de 359 delincuentes de la pandilla 18, a quienes se les imputan los delitos de agrupaciones ilícitas, tráfico ilícito, amenazas con agravación especial y otros.
Los terroristas eran cabecillas de la pandilla, palabreros de cancha y de tribu, soldados y colaboradores.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
