Judicial
FGR solicita ser parte de caso de malversación de fondos por parte Ernesto Muyshondt
Ernesto Muyshondt y su consejo municipal de la alcaldía San Salvador, han sido declarado como rebeldes por la Camara Primera de Primera Instancia, tras incumplir con los pagos de transferencia por los desechos sólidos al MIDES.
Fernando Heriberto Portillo Linares, es el tesorero de la comuna quien cayó en impago de estos servicios y que la Fiscalía General de la República (FGR) exige a Muyshondt que obligue a Portillo a cumplir las funciones y cancelar las deudas pendientes.
En una auditoría realizada por la Corte de Cuentas de la República, se evaluaron 32 facturas que la alcaldía debe a la empresa de Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES) por un monto total de $725,612.62, en el periodo del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2018, mismo periodo en el que la comuna percibió un total de $16,468,648.72 en concepto de tasa de desechos sólidos que los capitalinos cancelan, por lo que acusan al alcalde de malversación de fondos.
El alcalde, el tesorero y el síndico municipal fueron declarados rebeldes por hacer caso omiso a la resolución que exigía un plazo de 15 días a partir del 11 de enero del 2021 para ejercer su derecho de defensa, a lo que hicieron caso omiso.
Según una concejal de ARENA, Muyshondt habría designado al subgerente de la alcaldía la respuesta inmediata a la carta emitida a la cámara, sin embargo fue rechazada.
«Le escribí a la síndico municipal (Gloria Calderón) en la mañana haciéndole saber si ya le habían notificado. Si me decía ella que el documento expresa que el poder que nosotros le habíamos otorgado como concejo municipal, exceptuando al concejal German Muñoz, no lo había dado por aceptado la corte. Por lo cual, al ella contestar en nombre del concejo, porque no era algo en colegiado [aclara Rivas], sino personal, no era válido y se nos ha declarado en rebeldía. Dado estas circunstancias del hecho que no se ha llevado bien el proceso, yo voy a hacer un escrito haciendo mi defensa propia y no en común, porque en ningún momento se nos mostró la respuesta que iban a mandar y el poder que el alcalde firmó por todos», señaló la concejala.
«En mi caso, yo presente un documento a la Corte de Cuentas en el cual yo me exoneraba de la responsabilidad porque no tengo facultades más de las que la ley me da. En mi caso no soy pagador, no tengo responsabilidades administrativas», añadió el concejal Germán Muñoz.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, notificó este lunes al exalcalde de San Miguel, José Wilfredo Salgado García, mejor conocido como Will Salgado, que en su contra hay un proceso penal por el delito de difamación, promovido por la Fundación Itexsal.
En la demanda presentada se ha pedido que el exfuncionario sea condenado también a pagar $3 millones, dinero que será utilizado para financiar becas para estudiantes.
Ante esa pretensión, Salgado sostuvo que «ellos pueden pedir 20 o 30 millones; lo que ellos quieran. La cosa es pedirlo y otra cosa es que ganen el juicio».
Los abogados de la Fundación Itexsal, cuando presentaron la demanda dijeron que la promoción del expediente tiene su origen en declaraciones publicadas por Salgado en rede sociales, donde aseguró que los fondos públicos que se entrega a la entidad educativa son utilizados para actividades políticas y no para las becas de estudiantes.
Los abogados demandantes cuando llevaron el caso solicitaron al tribunal reserva total, pero en declaraciones previas manifestaron que «La fundación Itexsal se ha fundamentado en todas las conversaciones que de forma irresponsable ha emitido (Salgado), alegando, aduciendo de manera irresponsable que el dinero o los fondos públicos que se le dan a la fundación es utilizado para situaciones que no son propias de la fundación, es decir para situaciones de política».
Los demandantes han dicho que van a aclarar que hay uso transparente de los fondos y que son invertidos en becas para estudiantes. El 5 de septiembre de 2024, cuando fue interpuesta la demanda, padres de familia junto a 270 becarios llegaron al centro Judicial Isidro Menéndez, para rechazar las supuestas declaraciones difamatorias de Salgado.
El Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Salvador, ordenó que sigan en la cárcel seis miembros de la Mara Salvatrucha de Quezaltepeque.
En la audiencia de imposición de medidas la Fiscalía General de la República los acusó por el delito de agrupaciones ilícitas, sancionado con prisión de 20 a 30 años de cárcel.
Los procesados son: Emerson Stanley Najarro Sánchez, Héctor Antonio García Baños, Salvador Ernesto Bernal González, Stephanie Abigail Cea Reyes, Douglas Alexander Rivas Pérez, Brayan Alexander Guevara García.
Los seis han sido identificados por el ministerio público como integrantes de la clica Quezaltecos Locos Salvatruchos, del programa Hollywood.
Los pandilleros deberán continuar en un centro penal hasta que se les realice la audiencia preliminar y serán agrupados en un expediente para que sean enjuiciados como parte de una estructura de crimen organizado.
La Fiscalía los ha perfilado como miembros activos de la MS y habían estado moviéndose de un sector a otro para no ser localizados por las fuerzas de seguridad y evitar el régimen de excepción.
A cuatro años de cárcel fue condenada Teresa Elizabeth Castro, por intentar robar a una persona en el parque Centenario de San Salvador.
La pena fue impuesta a través de un juicio sumario que realizó el Juzgado Cuarto de Paz la capital, el delito fue probado por la Fiscalía General de la República (FGR) con una serie de pruebas recopiladas y que fueron valoradas en la audiencia.
Según la acusación, el 26 de agosto de 2024, cuando la víctima se encontraba en su negocio en el referido parque, Castro llegó y le puso un cuchillo en el abdomen.
Con el arma blanca la amenazó y le exigió que le entregara dinero, pero como la víctima se negó la asaltante le quitó el celular y comenzó a huir.
La dueña del negocio la persiguió y al mismo tiempo pidió ayuda a miembros del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM), quienes la retuvieron para entregarla a la Policía Nacional Civil (PNC).
Al momento de registrarla le hallaron el teléfono celular que había robado y el cuchillo utilizado para cometer el hecho. El testimonio de la denunciante, así como la información de los agentes del CAM fueron parte de las pruebas en contra de la mujer.
