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Judicial

FGR solicita prisión para grupo que utilizó y reveló indebidamente datos privados en redes sociales

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Foto: Cortesía

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó esta tarde que se mantengan en prisión los integrantes de un grupo que mediante el uso de diferentes redes sociales, revelaban indebidamente información privada de personas particulares. El escrito de imposición de medidas se presentó ante el Juzgado Especializado de Instrucción “A” de San Salvador.

La fiscal del caso de la Unidad Especializada de Delitos de Extorsión y Crimen Organizado calificó al grupo como una “estructura delicuencial”; entre sus integrantes está Erick Ricardo Zelaya Ramos, abogado, notario y presidente de la Caja de Crédito de Colón. Él es considerado el autor intelectual y financista de la campaña en perjuicio de dos víctimas, para la difusión de mensajes se pagó un total de 6 mil dólares.

Otros de los incriminados son: Alex David Hernández Buendía y Josué Isaías Carpaño Carrillo, jefe financiero y auditor de la mima institución bancaria.

Los otros capturados responden a los nombres de Luis Alexander Rivas Samayoa, David Ernesto Reyes Leiva, Josseline Raquel Hernández Hernández y Luis Alberto Celis Méndez.

A los imputados se les procesará por los delitos de Utilización de Datos Personales y Revelación Indebida de Datos o Información de Carácter Personal, los cuales están regulados en los artículos 24 y 26 de la Ley Especial contra los Delitos Informáticos y Conexos.

De acuerdo a las investigaciones, a través de herramientas tecnológicas y otras, varios de los implicados planificaron desde octubre del año 2021 y abril del 2022, la revelación de datos e información de dos víctimas protegidas. Otros de los detenidos utilizaron cuentas falsas y del twitter @elcomisionado difundieron los mensajes a través de diferentes redes sociales.

Los incriminados fueron detenidos el pasado viernes a través de un operativo fiscal y policial.

También se desarrollaron una serie de registros y allanamientos en la Caja de Crédito de Colón, y en los municipios de Quezaltepeque, San Juan Opico y Santa Tecla, todos del departamento de La Libertad.

Así como en diferentes colonias y residenciales de Mejicanos y San Salvador.

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Judicial

Condenan a 15 pandilleros de la MS-13 en San Miguel

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El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.

Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.

Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.

Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.

Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.

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Judicial

Prisión para dos miembros de la pandilla 18 por extorsión en San Salvador

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El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.

Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.

El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.

Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.

Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.

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Judicial

Exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, condenada a 10 años de prisión

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El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.

La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.

Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.

La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.

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