Judicial
FGR solicita prisión para grupo que utilizó y reveló indebidamente datos privados en redes sociales
Foto: Cortesía
La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó esta tarde que se mantengan en prisión los integrantes de un grupo que mediante el uso de diferentes redes sociales, revelaban indebidamente información privada de personas particulares. El escrito de imposición de medidas se presentó ante el Juzgado Especializado de Instrucción “A” de San Salvador.
La fiscal del caso de la Unidad Especializada de Delitos de Extorsión y Crimen Organizado calificó al grupo como una “estructura delicuencial”; entre sus integrantes está Erick Ricardo Zelaya Ramos, abogado, notario y presidente de la Caja de Crédito de Colón. Él es considerado el autor intelectual y financista de la campaña en perjuicio de dos víctimas, para la difusión de mensajes se pagó un total de 6 mil dólares.
Otros de los incriminados son: Alex David Hernández Buendía y Josué Isaías Carpaño Carrillo, jefe financiero y auditor de la mima institución bancaria.
Los otros capturados responden a los nombres de Luis Alexander Rivas Samayoa, David Ernesto Reyes Leiva, Josseline Raquel Hernández Hernández y Luis Alberto Celis Méndez.
A los imputados se les procesará por los delitos de Utilización de Datos Personales y Revelación Indebida de Datos o Información de Carácter Personal, los cuales están regulados en los artículos 24 y 26 de la Ley Especial contra los Delitos Informáticos y Conexos.
De acuerdo a las investigaciones, a través de herramientas tecnológicas y otras, varios de los implicados planificaron desde octubre del año 2021 y abril del 2022, la revelación de datos e información de dos víctimas protegidas. Otros de los detenidos utilizaron cuentas falsas y del twitter @elcomisionado difundieron los mensajes a través de diferentes redes sociales.
Los incriminados fueron detenidos el pasado viernes a través de un operativo fiscal y policial.
También se desarrollaron una serie de registros y allanamientos en la Caja de Crédito de Colón, y en los municipios de Quezaltepeque, San Juan Opico y Santa Tecla, todos del departamento de La Libertad.
Así como en diferentes colonias y residenciales de Mejicanos y San Salvador.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
