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Judicial

FGR solicita prisión para grupo que utilizó y reveló indebidamente datos privados en redes sociales

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Foto: Cortesía

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó esta tarde que se mantengan en prisión los integrantes de un grupo que mediante el uso de diferentes redes sociales, revelaban indebidamente información privada de personas particulares. El escrito de imposición de medidas se presentó ante el Juzgado Especializado de Instrucción “A” de San Salvador.

La fiscal del caso de la Unidad Especializada de Delitos de Extorsión y Crimen Organizado calificó al grupo como una “estructura delicuencial”; entre sus integrantes está Erick Ricardo Zelaya Ramos, abogado, notario y presidente de la Caja de Crédito de Colón. Él es considerado el autor intelectual y financista de la campaña en perjuicio de dos víctimas, para la difusión de mensajes se pagó un total de 6 mil dólares.

Otros de los incriminados son: Alex David Hernández Buendía y Josué Isaías Carpaño Carrillo, jefe financiero y auditor de la mima institución bancaria.

Los otros capturados responden a los nombres de Luis Alexander Rivas Samayoa, David Ernesto Reyes Leiva, Josseline Raquel Hernández Hernández y Luis Alberto Celis Méndez.

A los imputados se les procesará por los delitos de Utilización de Datos Personales y Revelación Indebida de Datos o Información de Carácter Personal, los cuales están regulados en los artículos 24 y 26 de la Ley Especial contra los Delitos Informáticos y Conexos.

De acuerdo a las investigaciones, a través de herramientas tecnológicas y otras, varios de los implicados planificaron desde octubre del año 2021 y abril del 2022, la revelación de datos e información de dos víctimas protegidas. Otros de los detenidos utilizaron cuentas falsas y del twitter @elcomisionado difundieron los mensajes a través de diferentes redes sociales.

Los incriminados fueron detenidos el pasado viernes a través de un operativo fiscal y policial.

También se desarrollaron una serie de registros y allanamientos en la Caja de Crédito de Colón, y en los municipios de Quezaltepeque, San Juan Opico y Santa Tecla, todos del departamento de La Libertad.

Así como en diferentes colonias y residenciales de Mejicanos y San Salvador.

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Judicial

Pandillera del Barrio 18 condenada a 20 años de prisión por extorsión

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El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de prisión a Silvia Guadalupe Barahona Ramos, miembro de la pandilla Barrio 18, por el delito de extorsión agravada.

Según el informe judicial, Barahona llegó al negocio de la víctima exigiendo dinero bajo amenazas de atentar contra su vida o la de su familia. La persona entregó el dinero, pero de inmediato interpuso la denuncia.

La detenida fue capturada en el marco del Régimen de Excepción y actualmente enfrenta procesos por otros delitos.

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Judicial

Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán

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El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.

Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.

El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.

El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.

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Judicial

Pastor evangélico es condenado por agresión sexual a menor en La Libertad

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Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.

Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.

«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.

Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.

Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.

«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.

Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.

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