Judicial
FGR busca que Sigfrido Reyes regrese al Estado $472 mil que no pudo justificar
Mediante una Audiencia Preparatoria instalada hoy por la Cámara Segunda de lo Civil de esta capital, la Fiscalía General de República busca que el ex presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, regrese al Estado más de $470 mil que malversó cuando fungió como diputado propietario y como presidente del Parlamento. Junto a Reyes también están siendo procesados su esposa Susi Melba Rodríguez Hernández y su hijo Luis Damián Reyes.
Fiscales de la Unidad Especializada Anticorrupción informaron que el delito por el cual deberá responder el exfuncionario y su familia es enriquecimiento ilícito.
Refieren que en el caso de Sigfrido Reyes el Departamento de Probidad de la Corte Suprema de Justicia hizo señalamientos en el sentido que el ex funcionario no justificó la cantidad de $359 mil en el momento de hacer su declaración patrimonial.
Dicha cantidad fue utilizada, -según la Fiscalía- para hacer depósitos bancarios y para adquirir inmuebles en proyectos habitacionales lujosos. Las investigaciones establecen además que en el tiempo que se desempeñó como presidente de la Asamblea, realizó excesivos cobros de viáticos por un monto de $99 mil.
Por su parte la esposa de Reyes Susi Melba Rodríguez Hernández también es procesada por no justificar dos irregularidades encontradas por Probidad, por un monto de $12 mil que utilizó para realizar depósitos bancarios. El hijo Luis Damián Reyes deberá responder por $700.
“En total son 472 mil dólares los que Reyes y su familia deben regresar al Estado, los cuales malversó durante el periodo 2006-2015, cuando fue diputado propietario y presidente de la Asamblea Legislativa”, sostuvo el fiscal de la Unidad Anticorrupción.
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado condenó a seis años de prisión a Rebeca Saraí Ponce Peñalba, tras encontrarla culpable del delito de actos preparatorios, proposición y conspiración en organizaciones terroristas.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2022 en el cantón Hacienda Nueva, municipio de Colón, en la zona de Nuevo Lourdes. Ese día, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Ponce Peñalba junto a otras dos personas durante un control preventivo. Testigos del lugar señalaron a los detenidos como presuntos integrantes de estructuras criminales.
Durante el procedimiento, los agentes incautaron un teléfono celular a la ahora condenada. En el dispositivo se encontraron fotografías y videos en los que aparecía junto a miembros activos de la pandilla 18 Revolucionarios, e incluso se observaba a la imputada grabándolos.
El tribunal valoró las pruebas periciales y concluyó que Ponce Peñalba mantenía vínculos directos con la estructura terrorista, por lo que impuso la pena de prisión correspondiente.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado ordenó que siete limpiaparabrisas y cobradores informales de parqueo permanezcan en prisión preventiva, tras ser acusados de los delitos de coacción y agrupaciones ilícitas.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados operaban en distintos semáforos de la capital, donde presuntamente intimidaban a conductores mediante señas alusivas a estructuras criminales. La FGR señaló que exigían dinero u objetos de valor a cambio de no causar daños a los vehículos o atentar contra sus ocupantes.
Los sospechosos fueron capturados entre el 8 y el 10 de mayo en las inmediaciones de la 25ª Avenida Norte y la Alameda Juan Pablo II, en San Salvador. Las autoridades explicaron que la investigación se desarrolló con técnicas especializadas y el apoyo de inteligencia policial.
Los detenidos fueron identificados como Julio César Aldana, Luis Alonso Ramos Molina, Maycol Javier Haslan Pavón, Kevin Alexander Navarro Méndez, José Miguel Arteaga Melgar, Ariel Francisco Montes Hernández y Héctor René Renderos Navarro.
Un informe de análisis criminal elaborado por la Policía Nacional Civil (PNC) reveló el modo de operar del grupo, cuya estructura —según las autoridades— buscaba evadir la detección policial mientras cometía los delitos.
Durante la audiencia, la jueza consideró que existen suficientes elementos indiciarios para mantener detenidos a los imputados mientras continúa la investigación.
La FGR dispone ahora de un plazo de cuatro meses para ampliar el proceso y presentar pruebas adicionales que serán evaluadas en la audiencia preliminar.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró 23 años de prisión para José Remberto Ávalos por violación en menor o incapaz continuada y privación de libertad de una niña de 11 años.
De acuerdo a las investigaciones de la FGR, Ávalos cometió los abusos, el 2 de septiembre de 2020 en el cantón El Matazano, del distrito de Comasagua, en La Libertad Sur.
El sujeto, mediante engaños, persuadió a la niña para que llegara a su vivienda con la intención de recuperar el teléfono perdido de su abuela.
Al llegar al lugar, el procesado la privó de libertad y la obligó a entrar a casa donde la violó varias veces.
Posteriormente, la víctima fue amenazada por el imputado para que no escapara; sin embargo logró huir y le contó a su familia sobre los abusos sufridos.
Los familiares al enterarse interpusieron la denuncia en contra del sujeto, quien fue detenido por orden fiscal.
Gracias a los elementos de prueba, documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla se logró establecer la participación del imputado en los abusos.
Además de la condena de cárcel, el sujeto deberá pagar $400 en concepto de responsabilidad civil.
