Judicial
FGR busca que Sigfrido Reyes regrese al Estado $472 mil que no pudo justificar
Mediante una Audiencia Preparatoria instalada hoy por la Cámara Segunda de lo Civil de esta capital, la Fiscalía General de República busca que el ex presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, regrese al Estado más de $470 mil que malversó cuando fungió como diputado propietario y como presidente del Parlamento. Junto a Reyes también están siendo procesados su esposa Susi Melba Rodríguez Hernández y su hijo Luis Damián Reyes.
Fiscales de la Unidad Especializada Anticorrupción informaron que el delito por el cual deberá responder el exfuncionario y su familia es enriquecimiento ilícito.
Refieren que en el caso de Sigfrido Reyes el Departamento de Probidad de la Corte Suprema de Justicia hizo señalamientos en el sentido que el ex funcionario no justificó la cantidad de $359 mil en el momento de hacer su declaración patrimonial.
Dicha cantidad fue utilizada, -según la Fiscalía- para hacer depósitos bancarios y para adquirir inmuebles en proyectos habitacionales lujosos. Las investigaciones establecen además que en el tiempo que se desempeñó como presidente de la Asamblea, realizó excesivos cobros de viáticos por un monto de $99 mil.
Por su parte la esposa de Reyes Susi Melba Rodríguez Hernández también es procesada por no justificar dos irregularidades encontradas por Probidad, por un monto de $12 mil que utilizó para realizar depósitos bancarios. El hijo Luis Damián Reyes deberá responder por $700.
“En total son 472 mil dólares los que Reyes y su familia deben regresar al Estado, los cuales malversó durante el periodo 2006-2015, cuando fue diputado propietario y presidente de la Asamblea Legislativa”, sostuvo el fiscal de la Unidad Anticorrupción.
Judicial
Condenan a 90 años de prisión a seis pandilleros por el asesinato de un agente policial en Sonsonate
El Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de Santa Ana impuso una condena de 90 años de prisión a seis miembros de la clica San Cocos Salvatruchos, perteneciente a la MS-13, tras ser encontrados culpables de la desaparición y homicidio agravado de un agente de la Policía Nacional Civil (PNC), ocurrido en enero de 2022 en Sonsonate.
Los condenados fueron identificados como Eduardo José Cruz Hernández, David Eduardo Hernández Zeledón y Marco Daniel Cruz Hernández, quienes estuvieron presentes durante la vista pública. En tanto, Roberto Benjamín Rodríguez Padilla, Miguel Ángel Cortez Lozano y Nelson Alexánder Chacón Rivas fueron condenados en ausencia y deberán cumplir la pena una vez sean capturados.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el agente Nahúm Elías Hernández Escobar fue privado de libertad el 2 de enero de 2022 en la colonia Sensunapán, cuando se disponía a visitar a unos familiares. En ese momento fue interceptado por los pandilleros, quienes lo obligaron a bajar de su vehículo y lo trasladaron por la fuerza en otro automóvil.
Posteriormente, fue llevado a las orillas del río Sensunapán, donde fue asesinado y enterrado en una fosa clandestina. Su cuerpo fue localizado seis días después, el 8 de enero, e identificado mediante una prueba de ADN debido al avanzado estado de descomposición.
Los seis implicados fueron encontrados culpables de los delitos de homicidio agravado, desaparición de personas y agrupaciones ilícitas. Según la resolución judicial, cada uno recibió 60 años por homicidio agravado, 25 por desaparición y 5 por pertenecer a estructuras criminales.
La FGR reiteró su compromiso de llevar ante la justicia a quienes atenten contra la vida de servidores públicos y la seguridad de los salvadoreños.
El Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador abrió el proceso penal contra 48 estudiantes y exestudiantes de institutos nacionales, entre ellos 14 menores de edad, acusados de integrar “La Raza”, una nueva estructura delictiva surgida en centros educativos del país.
El caso, llevado con reserva total, incluye imputaciones por delitos relacionados con crimen organizado como agrupaciones ilícitas, lavado de dinero, proposición y conspiración para homicidio, falsificación de moneda, agresión sexual y amenazas.
La audiencia contó con la presencia exclusiva de fiscales, defensores y padres de los menores, quienes fueron trasladados a la sala sin ser expuestos ante los medios. Los adultos enfrentaron la audiencia de forma virtual para la imposición de medidas.
Las capturas se ejecutaron el 24 de junio de 2025, ordenadas por la Fiscalía General de la República, y tuvieron lugar en los institutos General Francisco Menéndez (INFRAMEN), Nacional Técnico Industrial (INTI), Albert Camus y Acción Cívica Militar, tras investigaciones que duraron varios meses.
Las autoridades recibieron información sobre actividades delictivas vinculadas a esta agrupación en los centros escolares y zonas aledañas. Según el gabinete de Seguridad, “La Raza” tenía como objetivos a profesores y agentes policiales, contra quienes dirigía sus acciones criminales.
Los abogados defensores señalaron que no existen pruebas contundentes que demuestren la vinculación de sus clientes con la estructura delictiva, y negaron que los acusados formen parte de “La Raza”. El proceso continúa en desarrollo.
Judicial
Prisión para pandilleros que asesinaron a una mujer tras saber que vivía en una zona controlada por otra estructura
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que tres miembros de la pandilla 18 Sureños fueran condenados a 25 años de prisión por el homicidio de una mujer ocurrido en el departamento de La Libertad.
Los condenados fueron identificados como Giovanni Stanley Santamaría Flores, alias Skipi; Giovanni Stanley Castillo Monjes, alias Saiper; y Alex Edgardo Guillén Zacatares, conocido como Orejón. Las investigaciones determinaron que los tres pertenecen a estructuras terroristas activas en la zona.
Según la FGR, el crimen ocurrió luego de que los pandilleros se encontraran con la víctima en un bar, donde uno de ellos entabló conversación y le ofreció una bebida alcohólica. Posteriormente, le propuso llevarla a su casa, pero al enterarse de que vivía en una zona dominada por una pandilla rival, cambiaron el destino.
La mujer subió al vehículo en el que viajaban los tres agresores y, al llegar al sitio acordado, fue atacada a balazos. Los delincuentes la abandonaron creyendo que había muerto.
Minutos después, agentes policiales la encontraron con vida, la auxiliaron y la trasladaron a un centro asistencial, donde falleció a causa de las graves heridas.
La FGR confirmó que los tres implicados ya guardan prisión y enfrentan además otro proceso penal por el delito de agrupaciones ilícitas.
