Judicial
Exfiscal Douglas Meléndez es acusado por Hilda Guadalupe Trigueros
Al fiscal general de la República, la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa, haciendo extensivo el ejercicio de la Defensa Técnica, de la señora Hilda Guadalupe Trigueros Aguillón, injustamente procesada y víctima de las actitudes viles, nefastas y aberrantes dirigidas por el Ex Fiscal General Douglas Meléndez y ejecutadas por su primo hermano Wil Walter Ruiz, Ex Jefe UCCO y por los Agentes Auxiliares Mayra Raquel Guerra, Liliana Jovel Guzmán, Luis Montes Pacheco y Julio César Larrama respetuosamente MANIFIESTO:
- Que están próximos a cumplirse TRES años, desde que el Ex Fiscal General Meléndez, con la finalidad de montar ante la opinión pública y favorecer quién sabe qué oscuros intereses, se inventó una trama de corrupción judicial que llamó “Caso Rais-Martínez”, en el cual vinculó a mi defendida, quien pasó de ser una persona que buscó en el Sistema Judicial tutela y protección por ser víctima de violencia intrafamiliar, a ser doblemente victimizada, acusada de un delito que no cometió y siendo objeto de divulgaciones en medios periodísticos como “EL FARO” y “LA PRENSA GRÁFICA” que afectaron su honor, provocando un menoscabo de su dignidad, utilizando escuchas telefónicas de mi defendida, quien jamás fue intervenida legalmente, ya que no era objeto de investigación alguna.
- Durante todo este tiempo, hemos batallado contra incontables arbitrariedades, la actuación carente de objetividad de los fiscales del caso, quienes han acusado a mi defendida, por medio del uso de escuchas ilegales, de las que no hay garantía de legitimidad ya que se rompió la cadena de custodia de la evidencia, con un Juez 8o de Instrucción de San Salvador tolerante y permisivo que al darse cuenta que los audios con las supuestas escuchas que presentó la FGR, se encontraban “vacíos” o “deteriorados” y no pudieron escucharse, les autoriza, sin ningún control, sin ninguna garantía que nadie va a editar la información, ni de dónde ha salido la misma, que vayan al Servidor del Centro de Escuchas y “extraigan otra copia”, vulnerando toda la legalidad y competencia del Juez autorizante de la supuesta intervención telefónica. Además de las denuncias efectuadas sobre la falsificación y el Fraude Procesal por los Agentes Fiscales Mayra Raquel Guerra y Luis Montes Pacheco, que convierten a un imputados en el testigo criteriado “CLAVE TROYA”, del cual ocultan quién es el juez autorizante del criterio, acto que se realiza fuera del plazo de instrucción y sin convocar al suscrito para que ejerza el control y la defensa de los derechos y garantías de Hilda Trigueros, en una diligencia de esa magnitud.
- Es sumamente preocupante, que desde el día 22 DE MARZO DE 2018, se solicitó por mi parte a la Señora Procuradora para la Defensa de Derechos Humanos, licenciada Raquel Caballero de Guevara, una Auditoría Específica del Expediente de intervención 8-DIT-2014, para que se pudiera comprobar las graves ilegalidades del mismo, sobre todo que no se dio cumplimiento a la destrucción de las escuchas captadas según el Art. 23 de la Ley de Intervenciones Telefónicas (LEIT), nunca existió autorización judicial respecto a mi defendida o alguno de sus soportes telefónicos; sin embargo Hilda Trigueros, ha sido lesionada en su intimidad, divulgándose en el proceso y públicamente situaciones personales que la afectan en su condición de mujer, y la Procuradora, NADA HA CONTESTADO EN MÁS DE UN AÑO; ¿Esa es la clase de protección a los derechos humanos que nos merecemos en este país?
- Por tal motivo, solicitaré este día, a la ASAMBLEA LEGISLATIVA que se INTERPELE a la Señora Procuradora, a fin que informe por qué no ha actuado dando cumplimiento a lo que le ordena el Art. 33 LEIT en la petición específica solicitada para defensa de los derechos de mi representada; ni se ha ocupado de proteger debidamente los derechos a la intimidad y secretividad de las telecomunicaciones del Art. 24 de nuestra Carta Magna para todos los salvadoreños, al mentir diciendo que ya presentó el Informe de Auditoría al Centro de Escuchas del año 2015 y omitir con negligencia inexcusable los correspondientes a los años 2017 y 2018. Sobre esto mismo, solicito a la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, que revise la forma en que algunos Jueces y Magistrados de Cámaras están vulnerando los derechos y garantías de los procesados, lo cual va en contra del “Estado de Derecho” y nos está llevando a una violencia social nunca antes vista.
- Y al SEÑOR FISCAL GENERAL RAÚL MELARA, le solicito que verifique las actuaciones de sus Agentes Fiscales, recordando que el Numeral 16 de las Directrices sobre la función de los Fiscales decretadas por la ONU, expresamente manifiestan: “16. Cuando los fiscales tengan en su poder pruebas contra sospechosos y sepan o tengan sospechas fundadas de que fueron obtenidas por métodos ilícitos que constituyan una violación grave de los derechos humanos del sospechoso, especialmente torturas, tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes u otros abusos de los derechos humanos, se negarán a utilizar esas pruebas contra cualquier persona, salvo contra quienes hayan empleado esos métodos, o lo informarán a los tribunales, y adoptarán todas las medidas necesarias para asegurar que los responsables de la utilización de dichos métodos comparezcan ante la justicia.”
LO ÚNICO QUE SOLICITO ES UN JUICIO JUSTO, CON APEGO A LA CONSTITUCIÓN Y DEMÁS LEYES DE LA REPÚBLICA; Y ESPECIALMENTE CON RESPETO A LA DIGNIDAD Y HONRA DE MI DEFENDIDA.
Lic. Sergio Ernesto Portillo Toruño
en representación procesal de
HILDA GUADALUPE TRIGUEROS AGUILLÓN,
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 40 años de prisión a Klaus Fernando Orantes Ramírez por el delito de homicidio agravado en perjuicio de su madre, Eneyda Ramírez, crimen cometido en febrero de 2021.
El homicidio ocurrió en una vivienda ubicada en la colonia Escalón, en San Salvador. De acuerdo con las investigaciones, la víctima y el imputado regresaban de un viaje a la playa y, bajo los efectos del alcohol, Orantes Ramírez la asfixió utilizando una cadena metálica.
Tras cometer el crimen, el condenado se infligió varios golpes y desordenó la vivienda para simular un robo e intentar despistar a las autoridades.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que las investigaciones determinaron que Klaus Fernando Orantes Ramírez planificó el homicidio junto con su primo, Pedro Antonio Gálvez, quien fue detenido anteriormente. Según la acusación, ambos pretendían vender un inmueble y apropiarse del dinero de la venta, así como de los recursos obtenidos por la administración de los demás inmuebles propiedad de la víctima.
«Los imputados, para desvirtuar su participación, simularon que personas desconocidas se metieron a su casa a robar, y se golpearon entre sí para despistar que ellos cometieron el homicidio», detalló la Fiscalía.
En este caso también fue capturada Fernanda Nicole Orantes Ramírez. Sin embargo, en enero de 2023, el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador resolvió que continuara el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención, tras pagar una fianza de $5,000.
En esa ocasión, el juzgador señaló que la decisión obedecía a que la violencia psicológica que recibió Fernanda Orantes Ramírez no le permitía ser considerada cómplice, sino víctima. Hasta la fecha, se desconoce el estado actual de su proceso judicial.
Crimen planificado
Al momento de las capturas, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que los imputados planearon el asesinato de Eneyda Ramírez, a quien acusaban de «ser tacaña y no darles dinero», pese a que poseía varias viviendas en alquiler.
Según la corporación policial, con el pretexto de celebrar el Día de San Valentín, llevaron a la víctima a la playa, donde le suministraron abundantes bebidas alcohólicas. Al regresar a su vivienda en la colonia Escalón, continuaron dándole alcohol hasta dejarla inconsciente y posteriormente la asfixiaron con una cadena metálica.
La PNC agregó que, para evitar ser descubiertos, los dos hermanos y el primo simularon haber sido víctimas de un robo. «Los 2 hermanos y el primo se dieron varios golpes entre ellos, fingiendo que los supuestos ladrones los habían atacado y desordenaron toda la casa para hacer creíble su historia», detalló la institución.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 43 integrantes de la clica Dalmacia Criminal Locos Salvatruchos a penas de hasta 85 años de prisión por diversos delitos.
De acuerdo con la información del proceso, todos los condenados fueron capturados el 27 de marzo de 2022, cuando inició el régimen de excepción, luego de años de delinquir en Ciudad Dolores y Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas.
El principal cabecilla de la estructura, identificado como Edwin Ricardo Guzmán Segovia, alias «Scrappy», quien ostentaba el rango de corredor, fue sentenciado a un total de 85 años de prisión. La condena comprende 15 años por tenencia ilegal de arma de fuego, 10 años por posesión y tenencia de droga y 60 años por el delito de agrupaciones ilícitas.
Asimismo, el juez impuso condenas de 75 años de prisión a los corredores de clica Carlos Pineda y José Amaya, quienes recibieron 60 años por agrupaciones ilícitas y 15 años por tenencia ilegal de armas.
El tribunal también condenó a otros nueve homeboys, quienes desempeñaban funciones de cabecillas de la célula territorial, a 35 años de prisión. Además, dos chequeos recibieron penas de 40 años, mientras que nueve paros y 20 colaboradores fueron sentenciados a 25 años de cárcel.
Según el proceso judicial, este grupo forma parte de una estructura criminal más amplia que ha comenzado a ser procesada por delitos de crimen organizado mediante una audiencia única abierta, la cual permanecerá activa durante los próximos dos años.
La Ley contra el Crimen Organizado faculta a la Fiscalía General de la República para solicitar al juez de los expedientes únicos el procesamiento de integrantes de estructuras criminales cuando existan suficientes pruebas para instalar la audiencia única.
En el caso de estos 43 imputados, la Fiscalía delimitó las pruebas presentadas para su enjuiciamiento, permitiendo al tribunal aplicar las herramientas legales contempladas en el régimen de excepción, entre ellas la posibilidad de condenar por el delito de agrupaciones ilícitas derivado de su pertenencia a una estructura pandilleril.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de prisión a Mario Rigoberto Pineda Arias por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante del distrito de Mejicanos.
De acuerdo con la resolución judicial, Pineda Arias, identificado como integrante de la pandilla 18, permanece prófugo. Tras declararlo responsable del delito, el tribunal giró una orden de captura en su contra. Las autoridades informaron que otro de los implicados en el caso ya fue condenado y cumple una pena de prisión.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que el 22 de abril de 2019 un grupo de extorsionistas llegó al negocio de la víctima, quien declaró bajo régimen de protección. Los sujetos se identificaron con sus alias y le manifestaron que pertenecían a la pandilla 18, indicándole que a partir de ese momento debía pagar una cuota periódica.
Según la acusación fiscal, los pandilleros afirmaron que controlaban varias colonias de Mejicanos y exigieron al comerciante el pago de 400 dólares. Además, le advirtieron que, si no entregaba el dinero, lo asesinarían junto con sus empleados.
La víctima explicó que no tenía la capacidad económica para pagar esa cantidad, por lo que los extorsionistas redujeron la exigencia a 200 dólares y le informaron que regresarían al día siguiente para retirar el primer pago.
Posteriormente, el comerciante denunció los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones que llevaron a la captura de Mario Rigoberto Pineda Arias. Sin embargo, el imputado recibió inicialmente medidas alternas a la detención y posteriormente se dio a la fuga.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República demostró que Pineda Arias fue quien recibió los 200 dólares entregados por la víctima, siendo ese el único pago realizado. Asimismo, se estableció que el comerciante cerró su negocio por temor, luego de que sus empleados dejaran de asistir a trabajar tras ser amenazados de muerte por los pandilleros si residían en territorios contrarios.
