Judicial
Exdiputado Roberto Silva enfrentará audiencia preliminar por dos delitos
El Juzgado 2° de Instrucción de San Salvador, tiene previsto instalar este martes 15 de diciembre a las 8:30 horas la audiencia preliminar contra el exdiputado Roberto Carlos Silva Pereira, de 45 años de edad , acusado de cohecho activo y casos especiales de lavado de dinero y de activos.
El procesado enfrentara la audiencia a través de videoconferencia desde el Penal de Máxima Seguridad de Zacatecoluca, lugar donde se encuentra guardando prisión desde el 8 de enero de este año cuando fue detenido por la Interpol en el Aeropuerto Oscar Arnulfo Romero luego de ser deportado de Estados Unidos.
Silva Pereira en esa ocasión fue remitido a la Cámara Primera de lo Penal con base a la declaratoria de rebeldía y una orden de captura emitida por los magistrados el 25 de enero del año 2007, no obstante se declaró incompetente de continuar conociendo el caso del exdiputado suplente por el departamento de La Unión, por haber concluido el periodo para el cual fue electo (2006-2009) y remitió las diligencias para el Juzgado 2° de Instrucción.
Según el dictamen fiscal, los hechos atribuidos al exlegislador supuestamente ocurrieron durante los años 2002 hasta marzo de 2006 antes de su elección como diputado, supuestamente un reporte de operaciones sospechosas fueron detectadas en varias cuentas de sociedades fachadas CED, S.A y Provecom, y que según las investigaciones fiscales son producto de actividades delictivas que realizó el Silva cuando supuestamente sobornó a alcaldes de varias municipalidades del oriente del país.
Supuestamente ofrecía y entregaba dádivas a fin de que los alcaldes le adjudicaran la ejecución de obras públicas de manera ilegal ya que en ningún momento las empresas de las cuales él era el apoderado o administrador único recibían invitación ni participaba en las licitaciones públicas conforme a la Ley Lacap.
De acuerdo a la Fiscalía los fondos de origen ilícito que disponía el procesado los colocaba en el sistema financiero para luego estratificarlos comprando bienes inmuebles, vehículos de lujos, yate, gastos suntuosos que tenía el procesado y su esposa.
Judicial
Demandarán a Manuel Flores por $250,000
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
Judicial
Tribunal condena a dos personas por vender una propiedad que no les pertenecía
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a Mauricio Edgardo Galán Martínez a 12 años de prisión por los delitos de uso y tenencia de documentación falsa, falsedad ideológica y estafa.
Además, el tribunal ordenó que Galán Martínez pague $35,000 en concepto de responsabilidad civil a la víctima del caso.
En el mismo proceso, Karla Elizabeth Erazo de Urrutia fue declarada culpable del delito de estafa y condenada a tres años de trabajos de utilidad pública, además de pagar $1,200 como reparación económica.
De acuerdo con la investigación, ambos implicados vendieron una propiedad ubicada en un condominio del lago de Coatepeque sin ser sus propietarios, utilizando documentos falsificados.
Los hechos ocurrieron en el año 2021, según informó la fuente judicial.



















