Judicial
Exdiputado Douglas Avilés es hallado culpable de enriquecimiento ilícito
El exdiputado del partido político Cambio Democrático, Douglas Avilés, fue encontrado culpable de enriquecimiento ilícito por lo que deberá regresar al estado el dinero que tomó de manera ilegal mientras fue legislador.
De igual forma, su esposa Brenda Cecilia de Mejía Avilés, también fue encontrada culpable de los mismos delitos, por lo que ambos deberán restituir al estado $322,000,00.
Mejía Avilés fungió como diputado suplente desde mayo de 2009 hasta abril de 2012; y como diputado propietario del 1 de mayo del 2012 al 30 de abril del 2015, por el partido CD. Mientras que su esposa fue asesora de la presidencia de la Corte de Cuentas de la República en el periodo de enero de 2012 a noviembre de 2016.
Según la cámara, el exdiputado presentó un aumento injustificado en su patrimonio por $233,091.38 en conceptos de depósitos bancarios y pagos de tarjetas de crédito en movimientos ejecutados entre 2009 y 2015.
De igual forma, se comprobó un incremento injustificado en el patrimonio de su esposa, por $89,671.45.
#CombateALaCorrupción | La @FGR_SV logra que el exdiputado Douglas Avilés y su esposa sean declarados responsables de Enriquecimiento Ilícito y tendrán que devolverle al Estado más de $322,000.00 dólares. pic.twitter.com/KZpEh5j2Se
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) March 29, 2023
La Cámara también decretó la inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público para ambos, por un periodo de 10 años.
El juicio civil contra el ex funcionario y su esposa fue ordenado el 24 de noviembre de 2016 por la CSJ por considerar que habían indicios de enriquecimiento ilícito.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
Judicial
Orden de captura internacional contra cinco acusados de fraude millonario en empresa de telecomunicaciones
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador emitió órdenes de detención provisional y solicitó a INTERPOL alerta de difusión roja contra cinco personas —tres estadounidenses y dos guatemaltecos— acusadas de participar en un fraude millonario contra la empresa de telecomunicaciones Continental Towers y otras compañías en Latinoamérica.
Los imputados son Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri (EE.UU.), así como Jorge Leonel Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro (Guatemala), estos últimos ya detenidos en su país, a la espera de un proceso de extradición a El Salvador.
Jorge Alberto Gaitán Castro fue arrestado en una sede judicial de la capital guatemalteca. Foto: PNC de Guatemala.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los señalados enfrentan cargos por estafa agravada, agrupaciones ilícitas y extorsión agravada. Se les acusa de integrar una red internacional que habría boicoteado las operaciones de Continental Towers para reducir su valor de mercado y forzar la venta de la compañía en condiciones desfavorables para sus accionistas mayoritarios.
Las víctimas de las extorsiones habrían sido la abogada salvadoreña Antonieta María Granillo de Galindo, representante legal de las empresas afectadas, y el empresario guatemalteco Jorge Hernández Ortiz.
El caso también está bajo investigación en tribunales guatemaltecos y ha derivado en un laudo arbitral en Nueva York y en un proceso en un tribunal federal de Estados Unidos. Las embajadas de Guatemala y Estados Unidos ya fueron notificadas del proceso en curso.
