Judicial
Este lunes inician inspecciones en archivos militares por masacre de El Mozote
La Unidad de Investigación de delitos cometidos durante el conflicto armado de la Fiscalía General de la República, informó que el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, en Morazán, tiene programado iniciar este lunes 21 de septiembre, las inspecciones de archivos militares en los que se busca documentación que esté relacionada a la masacre de El Mozote.
Las inspecciones están programadas para ser realizadas en ocho semanas y cuatro semanas más para que los peritos elaboren y entreguen el informe; la primera de ellas se llevará a cabo del 21 al 25 de septiembre del presente año, en las instalaciones del Estado Mayor de la Fuerza Armada. La segunda del 29 de septiembre al 2 de octubre, en el archivo del Batallón de Infantería de Reacción Inmediata Atlacatl.
La tercera inspección se llevará a cabo entre el 5 al 9 de octubre, en el archivo general de la Fuerza Armada, Conjunto II, Inteligencia. La cuarta semana comprendida del 12 al 16 de octubre, se realizarán registros en el archivo general de la Fuerza Armada, Conjunto IV, Logística; en el archivo general del Batallón de Infantería de Reacción Inmediata Ramón Belloso, y en el archivo histórico de la Primera Brigada de Infantería.
Del 19 al 23 de octubre la inspección será en el archivo de la Fuerza Aérea Salvadoreña, en la Primera y Segunda Brigada Aérea, y ene archivo central de la Brigada de Artillería “Teniente Coronel Óscar Osorio”.
La sexta inspección se llevará a cabo del 26 al 30 de octubre, en el archivo de la oficina de Relaciones Públicas de la Fuerza Armada, en el archivo del Comité de Prensa de la Fuerza Armada (COPREFA), y hojas de servicio; también, en el archivo histórico, y en el archivo general de nación del Ministerio de Cultura.
En la séptima semana del 2 al 6 de noviembre, se realizará en el archivo central de la Tercera Brigada de Infantería de San Miguel; mientras que la octava semana del 9 al 13 de noviembre, se llevará a cabo en el Destacamento Militar Número 4, con sede en San Francisco Gotera, departamento de Morazán.
A partir del 16 de noviembre, los peritos nombrados y juramentados por el tribunal, tendrán cuatro semanas para consolidar información y elaborar informe que deberá ser entregado el 11 de diciembre de 2020.
El Tribunal también emitió una medida cautelar preventiva en la que obliga a funcionarios a evitar desplazar, sustraer y ocultar los archivos elegidos para esta inspección.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
