Judicial
Este lunes inician inspecciones en archivos militares por masacre de El Mozote
La Unidad de Investigación de delitos cometidos durante el conflicto armado de la Fiscalía General de la República, informó que el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, en Morazán, tiene programado iniciar este lunes 21 de septiembre, las inspecciones de archivos militares en los que se busca documentación que esté relacionada a la masacre de El Mozote.
Las inspecciones están programadas para ser realizadas en ocho semanas y cuatro semanas más para que los peritos elaboren y entreguen el informe; la primera de ellas se llevará a cabo del 21 al 25 de septiembre del presente año, en las instalaciones del Estado Mayor de la Fuerza Armada. La segunda del 29 de septiembre al 2 de octubre, en el archivo del Batallón de Infantería de Reacción Inmediata Atlacatl.
La tercera inspección se llevará a cabo entre el 5 al 9 de octubre, en el archivo general de la Fuerza Armada, Conjunto II, Inteligencia. La cuarta semana comprendida del 12 al 16 de octubre, se realizarán registros en el archivo general de la Fuerza Armada, Conjunto IV, Logística; en el archivo general del Batallón de Infantería de Reacción Inmediata Ramón Belloso, y en el archivo histórico de la Primera Brigada de Infantería.
Del 19 al 23 de octubre la inspección será en el archivo de la Fuerza Aérea Salvadoreña, en la Primera y Segunda Brigada Aérea, y ene archivo central de la Brigada de Artillería “Teniente Coronel Óscar Osorio”.
La sexta inspección se llevará a cabo del 26 al 30 de octubre, en el archivo de la oficina de Relaciones Públicas de la Fuerza Armada, en el archivo del Comité de Prensa de la Fuerza Armada (COPREFA), y hojas de servicio; también, en el archivo histórico, y en el archivo general de nación del Ministerio de Cultura.
En la séptima semana del 2 al 6 de noviembre, se realizará en el archivo central de la Tercera Brigada de Infantería de San Miguel; mientras que la octava semana del 9 al 13 de noviembre, se llevará a cabo en el Destacamento Militar Número 4, con sede en San Francisco Gotera, departamento de Morazán.
A partir del 16 de noviembre, los peritos nombrados y juramentados por el tribunal, tendrán cuatro semanas para consolidar información y elaborar informe que deberá ser entregado el 11 de diciembre de 2020.
El Tribunal también emitió una medida cautelar preventiva en la que obliga a funcionarios a evitar desplazar, sustraer y ocultar los archivos elegidos para esta inspección.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró 23 años de prisión para José Remberto Ávalos por violación en menor o incapaz continuada y privación de libertad de una niña de 11 años.
De acuerdo a las investigaciones de la FGR, Ávalos cometió los abusos, el 2 de septiembre de 2020 en el cantón El Matazano, del distrito de Comasagua, en La Libertad Sur.
El sujeto, mediante engaños, persuadió a la niña para que llegara a su vivienda con la intención de recuperar el teléfono perdido de su abuela.
Al llegar al lugar, el procesado la privó de libertad y la obligó a entrar a casa donde la violó varias veces.
Posteriormente, la víctima fue amenazada por el imputado para que no escapara; sin embargo logró huir y le contó a su familia sobre los abusos sufridos.
Los familiares al enterarse interpusieron la denuncia en contra del sujeto, quien fue detenido por orden fiscal.
Gracias a los elementos de prueba, documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla se logró establecer la participación del imputado en los abusos.
Además de la condena de cárcel, el sujeto deberá pagar $400 en concepto de responsabilidad civil.
Judicial
Condenan a 50 años de prisión a pandillero de la MS-13 por asesinato de padre e hijo en Colón
A 50 años de cárcel fue condenado José Luis Laínez Alvarado por haber asesinado con arma de fuego a dos comerciantes -padre e hijo-, el 15 de junio de 2010 en Colón, La Libertad Oeste. El imputado es miembro activo de la pandilla MS-13.
Según consta en las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), el doble homicidio agravado fue cometido cuando las víctimas comercializaban telas en el sector de la comunidad Villa Madrid de la jurisdicción de Colón.
Laínez y tres sujetos más perfilaron a las víctimas y a una distancia de 20 metros les comenzaron a disparar hasta quitarles la vida.
Anteriormente, un familiar de las víctimas había sido privado de libertad y desaparecido por Alvarado y otros pandilleros.
Gracias a la abundante prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador se logró demostrar la participación de Laínez en el doble homicidio.
La sentencia de cárcel fue impuesta gracias a las reformas al Código Procesal Penal que permiten juzgar a prófugos de la justicia.
Laínez también enfrentará otro juicio por agrupaciones ilícitas por su pertenencia a la estructura criminal antes mencionada.
Judicial
Testigos confirman actos de corrupción en juicio contra exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano
Durante la vista pública contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, y otros cuatro imputados, varios testigos presentados por la Fiscalía General de la República han respaldado la acusación por delitos de corrupción cometidos durante su gestión.
En casi un mes de juicio, interrumpido en diversas ocasiones y con jornadas parciales, han comparecido empleados municipales que denunciaron afectaciones por el impago de salarios durante periodos de hasta tres meses, así como la retención de cuotas laborales. Esta última situación les impidió recibir atención médica en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
Con estos testimonios, el Ministerio Público busca demostrar los delitos de apropiación o retención de cuotas laborales e infracción de las condiciones laborales o de seguridad social.
También declaró una perito que elaboró un informe técnico confirmando que, aunque se descontaron las cuotas laborales a los empleados, los fondos no fueron trasladados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). El peritaje establece un perjuicio a la administración pública por más de $387,042.71.
Otro experto técnico relató que, mediante un análisis forense digital, extrajo información de los dispositivos electrónicos incautados a los imputados —entre ellos teléfonos celulares—, hallando datos que vinculan a los procesados con actividades ilícitas.
Además, una auditoría financiera reveló que durante la gestión de Montano, la alcaldía pagó $1.2 millones en comisiones a una empresa por recuperación de mora, cifra superior a los $867,499 realmente recuperados. Según el informe, no se realizó un estudio previo para definir el porcentaje de comisión, y la empresa representada por el imputado Ricardo Arturo Roque Baires cobró un 9.97% más que otras contratadas en administraciones anteriores.
Con este conjunto de pruebas, la Fiscalía busca sustentar las acusaciones de malversación e incumplimiento de deberes contra los exfuncionarios municipales.
