Judicial
Este lunes inician inspecciones en archivos militares por masacre de El Mozote
La Unidad de Investigación de delitos cometidos durante el conflicto armado de la Fiscalía General de la República, informó que el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, en Morazán, tiene programado iniciar este lunes 21 de septiembre, las inspecciones de archivos militares en los que se busca documentación que esté relacionada a la masacre de El Mozote.
Las inspecciones están programadas para ser realizadas en ocho semanas y cuatro semanas más para que los peritos elaboren y entreguen el informe; la primera de ellas se llevará a cabo del 21 al 25 de septiembre del presente año, en las instalaciones del Estado Mayor de la Fuerza Armada. La segunda del 29 de septiembre al 2 de octubre, en el archivo del Batallón de Infantería de Reacción Inmediata Atlacatl.
La tercera inspección se llevará a cabo entre el 5 al 9 de octubre, en el archivo general de la Fuerza Armada, Conjunto II, Inteligencia. La cuarta semana comprendida del 12 al 16 de octubre, se realizarán registros en el archivo general de la Fuerza Armada, Conjunto IV, Logística; en el archivo general del Batallón de Infantería de Reacción Inmediata Ramón Belloso, y en el archivo histórico de la Primera Brigada de Infantería.
Del 19 al 23 de octubre la inspección será en el archivo de la Fuerza Aérea Salvadoreña, en la Primera y Segunda Brigada Aérea, y ene archivo central de la Brigada de Artillería “Teniente Coronel Óscar Osorio”.
La sexta inspección se llevará a cabo del 26 al 30 de octubre, en el archivo de la oficina de Relaciones Públicas de la Fuerza Armada, en el archivo del Comité de Prensa de la Fuerza Armada (COPREFA), y hojas de servicio; también, en el archivo histórico, y en el archivo general de nación del Ministerio de Cultura.
En la séptima semana del 2 al 6 de noviembre, se realizará en el archivo central de la Tercera Brigada de Infantería de San Miguel; mientras que la octava semana del 9 al 13 de noviembre, se llevará a cabo en el Destacamento Militar Número 4, con sede en San Francisco Gotera, departamento de Morazán.
A partir del 16 de noviembre, los peritos nombrados y juramentados por el tribunal, tendrán cuatro semanas para consolidar información y elaborar informe que deberá ser entregado el 11 de diciembre de 2020.
El Tribunal también emitió una medida cautelar preventiva en la que obliga a funcionarios a evitar desplazar, sustraer y ocultar los archivos elegidos para esta inspección.
Imagen de referencia
El Juzgado de Paz de Ilopango realizó este martes la audiencia inicial contra Mirna Elizabeth P., acusada del delito de amenazas en perjuicio de Dalila Abigail S., tras un altercado ocurrido en una unidad de transporte público.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron a bordo de un autobús de la ruta 29-C, cuando la imputada, aparentemente sin causa justificada, comenzó a insultar y amenazar de muerte a la víctima.
Tras el incidente, la víctima interpuso la denuncia ante agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes realizaron un rastreo en la zona y lograron detener a la sospechosa.
Durante la audiencia, la jueza del caso avaló una conciliación entre ambas partes e impuso medidas que deberán cumplirse durante un periodo de seis meses.
Entre las condiciones figuran la prohibición de acercamiento o comunicación con la víctima y el pago de una compensación económica en concepto de responsabilidad civil.
En el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador inició la audiencia preliminar contra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y otras 13 personas acusadas de lavar $5.6 millones.
A la diligencia han comparecido la mayoría de los acusados, entre ellos Byron Enrique Larrazábal Arévalo, su esposa e hijo, Sonia Inés Morales Rivas y Kevin Mauricio Larrazábal Morales.
Otros procesados son René Antonio Díaz Argueta, Delmy Beatriz Vela Jiménez y Jeny Elizabeth Guadalupe Medina de Ramírez, exgerente y exempleadas del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).
También están acusados exempleados de la Corte de Cuentas de la República: Noemí Candelaria Rodríguez de Carrillo, Atilio Castro Guevara y Rosa Yanira Ruiz Hernández. Asimismo, Manuel Antonio Bercián Castro, hermano del pandillero Moris Alexander Bercián Machón, alias «Barney», y Karla Beatriz Recinos Ramírez, exasistente de Sigfrido Reyes.
La causa penal incluye los delitos de peculado, estafa agravada, incumplimiento de deberes y casos especiales de lavado de dinero. La Fiscalía General de la República ha solicitado que, para algunos acusados, la estafa agravada se modifique al delito de peculado; sin embargo, la defensa se opone, argumentando que no todos los procesados eran funcionarios ni tenían vínculos con entidades estatales.
El ministerio público pretende que se admitan al menos 115 testigos y diversas pericias, previamente autorizadas por el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador.
Algunos peritajes están relacionados con la valoración de inmuebles a nombre de los procesados y con la extracción de información de aparatos electrónicos decomisados.
Judicial
«El Torta», extraditado de EE. UU., enfrentará juicio en El Salvador por dos homicidios y agrupaciones ilícitas
José Daniel Matamoros Andrade, alias «El Torta», fue enviado a juicio por delitos de agrupaciones ilícitas y homicidio agravado, tras su extradición de Estados Unidos en febrero de 2024.
El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Salvador resolvió en audiencia preliminar que el proceso contra Matamoros Andrade continúe en vista pública, como solicitó la Fiscalía General de la República.
Según las investigaciones, en 2016 el imputado participó en el asesinato de una mujer que fue vapuleada y asfixiada por pandilleros, cuyo cuerpo abandonaron en la entrada de Nejapa Power. También se le atribuye el homicidio de otra persona, acusada por los pandilleros de colaborar con la Policía Nacional Civil (PNC), a quien mataron tras golpearla y causarle traumatismos con una piedra.
Matamoros Andrade, miembro de la facción revolucionaria de la pandilla 18, huyó a Estados Unidos y residía en Alexandria, Virginia, donde fue capturado y posteriormente extraditado a El Salvador a petición de las autoridades.
De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 90 años de prisión. El juicio lo enfrentará junto a Loida Berenice Barraza, procesada por agrupaciones ilícitas y robo agravado, señalada como colaboradora de la misma estructura criminal.
