Judicial
Este lunes inician inspecciones en archivos militares por masacre de El Mozote
La Unidad de Investigación de delitos cometidos durante el conflicto armado de la Fiscalía General de la República, informó que el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, en Morazán, tiene programado iniciar este lunes 21 de septiembre, las inspecciones de archivos militares en los que se busca documentación que esté relacionada a la masacre de El Mozote.
Las inspecciones están programadas para ser realizadas en ocho semanas y cuatro semanas más para que los peritos elaboren y entreguen el informe; la primera de ellas se llevará a cabo del 21 al 25 de septiembre del presente año, en las instalaciones del Estado Mayor de la Fuerza Armada. La segunda del 29 de septiembre al 2 de octubre, en el archivo del Batallón de Infantería de Reacción Inmediata Atlacatl.
La tercera inspección se llevará a cabo entre el 5 al 9 de octubre, en el archivo general de la Fuerza Armada, Conjunto II, Inteligencia. La cuarta semana comprendida del 12 al 16 de octubre, se realizarán registros en el archivo general de la Fuerza Armada, Conjunto IV, Logística; en el archivo general del Batallón de Infantería de Reacción Inmediata Ramón Belloso, y en el archivo histórico de la Primera Brigada de Infantería.
Del 19 al 23 de octubre la inspección será en el archivo de la Fuerza Aérea Salvadoreña, en la Primera y Segunda Brigada Aérea, y ene archivo central de la Brigada de Artillería “Teniente Coronel Óscar Osorio”.
La sexta inspección se llevará a cabo del 26 al 30 de octubre, en el archivo de la oficina de Relaciones Públicas de la Fuerza Armada, en el archivo del Comité de Prensa de la Fuerza Armada (COPREFA), y hojas de servicio; también, en el archivo histórico, y en el archivo general de nación del Ministerio de Cultura.
En la séptima semana del 2 al 6 de noviembre, se realizará en el archivo central de la Tercera Brigada de Infantería de San Miguel; mientras que la octava semana del 9 al 13 de noviembre, se llevará a cabo en el Destacamento Militar Número 4, con sede en San Francisco Gotera, departamento de Morazán.
A partir del 16 de noviembre, los peritos nombrados y juramentados por el tribunal, tendrán cuatro semanas para consolidar información y elaborar informe que deberá ser entregado el 11 de diciembre de 2020.
El Tribunal también emitió una medida cautelar preventiva en la que obliga a funcionarios a evitar desplazar, sustraer y ocultar los archivos elegidos para esta inspección.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
Judicial
Orden de captura internacional contra cinco acusados de fraude millonario en empresa de telecomunicaciones
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador emitió órdenes de detención provisional y solicitó a INTERPOL alerta de difusión roja contra cinco personas —tres estadounidenses y dos guatemaltecos— acusadas de participar en un fraude millonario contra la empresa de telecomunicaciones Continental Towers y otras compañías en Latinoamérica.
Los imputados son Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri (EE.UU.), así como Jorge Leonel Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro (Guatemala), estos últimos ya detenidos en su país, a la espera de un proceso de extradición a El Salvador.
Jorge Alberto Gaitán Castro fue arrestado en una sede judicial de la capital guatemalteca. Foto: PNC de Guatemala.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los señalados enfrentan cargos por estafa agravada, agrupaciones ilícitas y extorsión agravada. Se les acusa de integrar una red internacional que habría boicoteado las operaciones de Continental Towers para reducir su valor de mercado y forzar la venta de la compañía en condiciones desfavorables para sus accionistas mayoritarios.
Las víctimas de las extorsiones habrían sido la abogada salvadoreña Antonieta María Granillo de Galindo, representante legal de las empresas afectadas, y el empresario guatemalteco Jorge Hernández Ortiz.
El caso también está bajo investigación en tribunales guatemaltecos y ha derivado en un laudo arbitral en Nueva York y en un proceso en un tribunal federal de Estados Unidos. Las embajadas de Guatemala y Estados Unidos ya fueron notificadas del proceso en curso.
