Judicial
Empresaria extorsionada en San Salvador entregó en tres años $159,000 a pandilleros de la MS
La mujer fue amenazada por cuatro pandilleros que le exigieron que cada jueves les tenía que entregar $1,000 a cambio de no atentar contra su vida, la de sus familiares y empleados.
Una empresaria de San Salvador fue obligada a ser una de las principales financistas de la MS durante tres años en los que los delincuentes recibieron $1,000 semanales a cambio de no asesinarla.
Desde 2014 el negocio que María (nombre cambiado por protección) puso en un punto comercial de esta capital, creció como la espuma y esto alertó a los delincuentes para imponerle una cuota que debía ser cancelada cada jueves.
Según su declaración, cuatro sujetos fueron quienes llegaron a explicarle que de no entregar el monto exigido iban a atentar contra su vida, la de sus familiares y la de sus empleados.
El temor se apoderó de la mujer quien sin tener otra alternativa accedió a pagar la cifra señalada por los delincuentes, esto durante tres años en los que la estructura criminal recibió $53,000 anuales.
Fue hasta a las 3:50 de la tarde del 17 de octubre de 2017 que la víctima adquirió el valor necesario y se dirigió hacia la División de Investigación de Extorsiones de la Policía Nacional Civil (PNC), para presentar la denuncia de su caso.
Dos días después de denunciar su caso, María –quien fue denominada con la clave de protección a víctimas “3,707”- recibió en su negocio la visita de dos delincuentes quienes como era costumbre verificaron que los $1,000 estaban listos.
Como la respuesta fue positiva por parte de la víctima, los pandilleros avisaron a sus compinches que podían pasar a recoger el sobre en donde se encontraba el dinero; en tanto los delincuentes se movieron a un punto cercano. Todo ese movimiento fue bajo la mirada de agentes que montaron un operativo de entrega controlada.
Minutos después, el miembro del grupo terrorista notificado llegó a bordo de un carro gris para traer el paquete, lo tomó y huyó hacia el parque Infantil, sitio en donde se reunió con otro pandillero implicado.
En esa zona, los policías lograron capturar a los cuatro imputados en los puntos en donde se encontraban. La PNC logró decomisar dos vehículos y los celulares que tenían en su poder los extorsionistas.
Según el reporte policial los detenidos fueron identificados como: Sandra Lisseth Pérez Alvarado, de 28 años de edad; José Víctor Cornejo, de 38; Santos Alfaro Ayala, de 47; y a Cristian Roberto Umanzor, de 26; estos sujetos se habrían repartido los $159,000 que María les entregó por tres años.
“A partir del momento de las capturas, a mí ya no me volvieron a extorsionar”
Luego de que los cuatro sujetos fueran detenidos, la PNC los puso a disposición de las autoridades judiciales, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) los acusó por el delito de extorsión agravada.
En la audiencia de vista pública desarrollada por el Tribunal 1° de Sentencia se conocieron las versiones de los hechos, incluso salió a luz que uno de los investigadores de la PNC –encargado de realizar las fotografías de la entrega controlada realizada el día de las capturas- no logró documentar las imágenes debido a que la tarjeta de memoria de la cámara había llegado a su límite, por lo que le impidió realizar su trabajo. Esto último fue muy cuestionado por los abogados defensores de los imputados.
Pese a este impase de la acusación, el juez a cargo analizó detalladamente las pruebas, tanto testimoniales, periciales como documental, por lo que indicó que: “para este juzgador no me queda la duda de que ustedes cometieron el delito”.
Parte de lo argumentado por el juez fue que la víctima fue clara, precisa y coherente al declarar la situación por la que tuvo que pasar durante tres años.
“A partir del momento de las capturas, a mí ya no me volvieron a extorsionar”, comentó María, en el momento en que tuvo que decir su versión ante el desarrollo del juicio.
Los cuatro sujetos fueron condenado a 16 años de prisión, por el delito de extorsión agravada.
Por Carmina Castro – El Salvador Times
Luis René Rivera González enfrenta cargos por feminicidio agravado, acusado de haber asesinado a su compañera de vida a golpes en la cabeza y posteriormente incinerar el cuerpo para intentar ocultar el crimen, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
El hecho ocurrió el pasado 13 de marzo en un terreno baldío ubicado sobre la carretera a Punta Mango, en el caserío La Vaca, cantón El Zope, distrito de Jucuarán, Usulután.
De acuerdo con las investigaciones fiscales, tras cometer el homicidio, Rivera González regresó a su vivienda en Chirilagua, San Miguel, y minutos más tarde volvió a la escena del crimen para prender fuego al cadáver.
La desaparición de la víctima fue reportada por familiares el 21 de abril. Gracias a las diligencias realizadas por la FGR, el cuerpo fue localizado el 30 de abril. La institución también señaló que la mujer había sido víctima de un ciclo de violencia por parte del acusado.
Rivera González fue capturado mediante orden administrativa el 15 de mayo. La FGR ha solicitado al Juzgado de Paz de Chirilagua que el proceso avance a la etapa de instrucción con régimen de detención provisional mientras continúan las investigaciones.
Judicial
Mujer es acusada de homicidio agravado por la muerte de su pareja y otro hombre en San Miguel
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un requerimiento ante el Juzgado Tercero de Paz de San Miguel en contra de Dilcia Alejandra Navarro Umaña, acusada del delito de homicidio agravado en perjuicio de dos hombres, entre ellos su compañero de vida.
Según el informe fiscal, los hechos ocurrieron luego de una reunión en la que Navarro Umaña, su pareja sentimental, de 39 años, y un amigo de ambos, compartían bebidas alcohólicas. Durante el encuentro surgió una discusión que continuó cuando los tres se trasladaron a la vivienda de la pareja.
“Al llegar a la casa, los dos hombres comenzaron a pelear. En ese momento, la mujer tomó un cuchillo e hirió de gravedad a ambos. Una tercera persona que intentó intervenir resultó con lesiones leves”, detalló la FGR en su comunicado oficial.
La pareja de Navarro Umaña falleció en el lugar a causa de dos heridas en el tórax y una en el cuello, mientras que el otro hombre fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, donde murió la mañana del 19 de mayo mientras recibía atención médica.
El Ministerio Público ha solicitado al juzgado que se decrete detención provisional contra la acusada y que el caso pase a la fase de instrucción, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado condenó a seis años de prisión a Rebeca Saraí Ponce Peñalba, tras encontrarla culpable del delito de actos preparatorios, proposición y conspiración en organizaciones terroristas.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2022 en el cantón Hacienda Nueva, municipio de Colón, en la zona de Nuevo Lourdes. Ese día, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Ponce Peñalba junto a otras dos personas durante un control preventivo. Testigos del lugar señalaron a los detenidos como presuntos integrantes de estructuras criminales.
Durante el procedimiento, los agentes incautaron un teléfono celular a la ahora condenada. En el dispositivo se encontraron fotografías y videos en los que aparecía junto a miembros activos de la pandilla 18 Revolucionarios, e incluso se observaba a la imputada grabándolos.
El tribunal valoró las pruebas periciales y concluyó que Ponce Peñalba mantenía vínculos directos con la estructura terrorista, por lo que impuso la pena de prisión correspondiente.
