Judicial
Empresaria extorsionada en San Salvador entregó en tres años $159,000 a pandilleros de la MS
La mujer fue amenazada por cuatro pandilleros que le exigieron que cada jueves les tenía que entregar $1,000 a cambio de no atentar contra su vida, la de sus familiares y empleados.
Una empresaria de San Salvador fue obligada a ser una de las principales financistas de la MS durante tres años en los que los delincuentes recibieron $1,000 semanales a cambio de no asesinarla.
Desde 2014 el negocio que María (nombre cambiado por protección) puso en un punto comercial de esta capital, creció como la espuma y esto alertó a los delincuentes para imponerle una cuota que debía ser cancelada cada jueves.
Según su declaración, cuatro sujetos fueron quienes llegaron a explicarle que de no entregar el monto exigido iban a atentar contra su vida, la de sus familiares y la de sus empleados.
El temor se apoderó de la mujer quien sin tener otra alternativa accedió a pagar la cifra señalada por los delincuentes, esto durante tres años en los que la estructura criminal recibió $53,000 anuales.
Fue hasta a las 3:50 de la tarde del 17 de octubre de 2017 que la víctima adquirió el valor necesario y se dirigió hacia la División de Investigación de Extorsiones de la Policía Nacional Civil (PNC), para presentar la denuncia de su caso.
Dos días después de denunciar su caso, María –quien fue denominada con la clave de protección a víctimas “3,707”- recibió en su negocio la visita de dos delincuentes quienes como era costumbre verificaron que los $1,000 estaban listos.
Como la respuesta fue positiva por parte de la víctima, los pandilleros avisaron a sus compinches que podían pasar a recoger el sobre en donde se encontraba el dinero; en tanto los delincuentes se movieron a un punto cercano. Todo ese movimiento fue bajo la mirada de agentes que montaron un operativo de entrega controlada.
Minutos después, el miembro del grupo terrorista notificado llegó a bordo de un carro gris para traer el paquete, lo tomó y huyó hacia el parque Infantil, sitio en donde se reunió con otro pandillero implicado.
En esa zona, los policías lograron capturar a los cuatro imputados en los puntos en donde se encontraban. La PNC logró decomisar dos vehículos y los celulares que tenían en su poder los extorsionistas.
Según el reporte policial los detenidos fueron identificados como: Sandra Lisseth Pérez Alvarado, de 28 años de edad; José Víctor Cornejo, de 38; Santos Alfaro Ayala, de 47; y a Cristian Roberto Umanzor, de 26; estos sujetos se habrían repartido los $159,000 que María les entregó por tres años.
“A partir del momento de las capturas, a mí ya no me volvieron a extorsionar”
Luego de que los cuatro sujetos fueran detenidos, la PNC los puso a disposición de las autoridades judiciales, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) los acusó por el delito de extorsión agravada.
En la audiencia de vista pública desarrollada por el Tribunal 1° de Sentencia se conocieron las versiones de los hechos, incluso salió a luz que uno de los investigadores de la PNC –encargado de realizar las fotografías de la entrega controlada realizada el día de las capturas- no logró documentar las imágenes debido a que la tarjeta de memoria de la cámara había llegado a su límite, por lo que le impidió realizar su trabajo. Esto último fue muy cuestionado por los abogados defensores de los imputados.
Pese a este impase de la acusación, el juez a cargo analizó detalladamente las pruebas, tanto testimoniales, periciales como documental, por lo que indicó que: “para este juzgador no me queda la duda de que ustedes cometieron el delito”.
Parte de lo argumentado por el juez fue que la víctima fue clara, precisa y coherente al declarar la situación por la que tuvo que pasar durante tres años.
“A partir del momento de las capturas, a mí ya no me volvieron a extorsionar”, comentó María, en el momento en que tuvo que decir su versión ante el desarrollo del juicio.
Los cuatro sujetos fueron condenado a 16 años de prisión, por el delito de extorsión agravada.
Por Carmina Castro – El Salvador Times
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
