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Judicial

Empresaria extorsionada en San Salvador entregó en tres años $159,000 a pandilleros de la MS

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La mujer fue amenazada por cuatro pandilleros que le exigieron que cada jueves les tenía que entregar $1,000 a cambio de no atentar contra su vida, la de sus familiares y empleados.

Una empresaria de San Salvador fue obligada a ser una de las principales financistas de la MS durante tres años en los que los delincuentes recibieron $1,000 semanales a cambio de no asesinarla.

Desde 2014 el negocio que María (nombre cambiado por protección) puso en un punto comercial de esta capital, creció como la espuma y esto alertó a los delincuentes para imponerle una cuota que debía ser cancelada cada jueves.

Según su declaración, cuatro sujetos fueron quienes llegaron a explicarle que de no entregar el monto exigido iban a atentar contra su vida, la de sus familiares y la de sus empleados.

El temor se apoderó de la mujer quien sin tener otra alternativa accedió a pagar la cifra señalada por los delincuentes, esto durante tres años en los que la estructura criminal recibió $53,000 anuales.

Fue hasta a las 3:50 de la tarde del 17 de octubre de 2017 que la víctima adquirió el valor necesario y se dirigió hacia la División de Investigación de Extorsiones de la Policía Nacional Civil (PNC), para presentar la denuncia de su caso.

Dos días después de denunciar su caso, María –quien fue denominada con la clave de protección a víctimas “3,707”- recibió en su negocio la visita de dos delincuentes quienes como era costumbre verificaron que los $1,000 estaban listos.

Como la respuesta fue positiva por parte de la víctima, los pandilleros avisaron a sus compinches que podían pasar a recoger el sobre en donde se encontraba el dinero; en tanto los delincuentes se movieron a un punto cercano. Todo ese movimiento fue bajo la mirada de agentes que montaron un operativo de entrega controlada.

Minutos después, el miembro del grupo terrorista notificado llegó a bordo de un carro gris para traer el paquete, lo tomó y huyó hacia el parque Infantil, sitio en donde se reunió con otro pandillero implicado.

En esa zona, los policías lograron capturar a  los cuatro imputados en los puntos en donde se encontraban. La PNC logró decomisar dos vehículos y los celulares que tenían en su poder los extorsionistas.

Según el reporte policial los detenidos fueron identificados como: Sandra Lisseth Pérez Alvarado, de 28 años de edad; José Víctor Cornejo, de 38; Santos Alfaro Ayala, de 47; y a Cristian Roberto Umanzor, de 26; estos sujetos se habrían repartido los $159,000 que María les entregó por tres años.

“A partir del momento de las capturas, a mí ya no me volvieron a extorsionar”

Luego de que los cuatro sujetos fueran detenidos, la PNC los puso a disposición de las autoridades judiciales, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) los acusó por el delito de extorsión agravada.

En la audiencia de vista pública desarrollada por el Tribunal 1° de Sentencia se conocieron las versiones de los hechos, incluso salió a luz que uno de los investigadores de la PNC –encargado de realizar las fotografías de la entrega controlada realizada el día de las capturas- no logró documentar las imágenes debido a que la tarjeta de memoria de la cámara había llegado a su límite, por lo que le impidió realizar su trabajo. Esto último fue muy cuestionado por los abogados defensores de los imputados.

Pese a este impase de la acusación, el juez a cargo analizó detalladamente las pruebas, tanto testimoniales, periciales como documental, por lo que indicó que: “para este juzgador no me queda la duda de que ustedes cometieron el delito”.

Parte de lo argumentado por el juez fue que la víctima fue clara, precisa y coherente al declarar la situación por la que tuvo que pasar durante tres años.

“A partir del momento de las capturas, a mí ya no me volvieron a extorsionar”, comentó María, en el momento en que tuvo que decir su versión ante el desarrollo del juicio.

Los cuatro sujetos fueron condenado a 16 años de prisión, por el delito de extorsión agravada.

 

Por Carmina Castro – El Salvador Times

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Sigfrido Reyes y su red enfrentan audiencia por acusaciones de corrupción

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En el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador inició la audiencia preliminar contra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y otras 13 personas acusadas de lavar $5.6 millones.

A la diligencia han comparecido la mayoría de los acusados, entre ellos Byron Enrique Larrazábal Arévalo, su esposa e hijo, Sonia Inés Morales Rivas y Kevin Mauricio Larrazábal Morales.

Otros procesados son René Antonio Díaz Argueta, Delmy Beatriz Vela Jiménez y Jeny Elizabeth Guadalupe Medina de Ramírez, exgerente y exempleadas del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).

También están acusados exempleados de la Corte de Cuentas de la República: Noemí Candelaria Rodríguez de Carrillo, Atilio Castro Guevara y Rosa Yanira Ruiz Hernández. Asimismo, Manuel Antonio Bercián Castro, hermano del pandillero Moris Alexander Bercián Machón, alias «Barney», y Karla Beatriz Recinos Ramírez, exasistente de Sigfrido Reyes.

La causa penal incluye los delitos de peculado, estafa agravada, incumplimiento de deberes y casos especiales de lavado de dinero. La Fiscalía General de la República ha solicitado que, para algunos acusados, la estafa agravada se modifique al delito de peculado; sin embargo, la defensa se opone, argumentando que no todos los procesados eran funcionarios ni tenían vínculos con entidades estatales.

El ministerio público pretende que se admitan al menos 115 testigos y diversas pericias, previamente autorizadas por el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador.

Algunos peritajes están relacionados con la valoración de inmuebles a nombre de los procesados y con la extracción de información de aparatos electrónicos decomisados.

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Judicial

«El Torta», extraditado de EE. UU., enfrentará juicio en El Salvador por dos homicidios y agrupaciones ilícitas

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José Daniel Matamoros Andrade, alias «El Torta», fue enviado a juicio por delitos de agrupaciones ilícitas y homicidio agravado, tras su extradición de Estados Unidos en febrero de 2024.

El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Salvador resolvió en audiencia preliminar que el proceso contra Matamoros Andrade continúe en vista pública, como solicitó la Fiscalía General de la República.

Según las investigaciones, en 2016 el imputado participó en el asesinato de una mujer que fue vapuleada y asfixiada por pandilleros, cuyo cuerpo abandonaron en la entrada de Nejapa Power. También se le atribuye el homicidio de otra persona, acusada por los pandilleros de colaborar con la Policía Nacional Civil (PNC), a quien mataron tras golpearla y causarle traumatismos con una piedra.

Matamoros Andrade, miembro de la facción revolucionaria de la pandilla 18, huyó a Estados Unidos y residía en Alexandria, Virginia, donde fue capturado y posteriormente extraditado a El Salvador a petición de las autoridades.

De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 90 años de prisión. El juicio lo enfrentará junto a Loida Berenice Barraza, procesada por agrupaciones ilícitas y robo agravado, señalada como colaboradora de la misma estructura criminal.

 

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Judicial

Seis años de cárcel para vendedor de droga

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Marlon Antonio Ramírez Arias fue condenado a seis años de cárcel tras ser detenido el 7 de junio de 2023 en los alrededores de la comunidad Tutunichapa, en San Salvador, portando una mochila con marihuana y cocaína.

El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador le impuso la condena al encontrarlo culpable de posesión y tenencia con fines de tráfico.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) lo interceptaron alrededor de las 5:00 de la tarde, durante un patrullaje rutinario que realizaban en la zona.

En el acta de captura, los policías consignaron que, al observarlo actuar de forma sospechosa y nerviosa, le ordenaron que se detuviera para registrarlo.

Al momento de la intervención, le abrieron la mochila que portaba y le encontraron 30.5 gramos de marihuana y 0.4 gramos de cocaína, droga valuada en $50. También le incautaron bolsas plásticas y una balanza.

El condenado cumplirá su pena en la Penitenciaría Occidental de Santa Ana. Además, enfrenta otro proceso penal en un juzgado por delitos adicionales.

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