Judicial
Empresaria extorsionada en San Salvador entregó en tres años $159,000 a pandilleros de la MS
La mujer fue amenazada por cuatro pandilleros que le exigieron que cada jueves les tenía que entregar $1,000 a cambio de no atentar contra su vida, la de sus familiares y empleados.
Una empresaria de San Salvador fue obligada a ser una de las principales financistas de la MS durante tres años en los que los delincuentes recibieron $1,000 semanales a cambio de no asesinarla.
Desde 2014 el negocio que María (nombre cambiado por protección) puso en un punto comercial de esta capital, creció como la espuma y esto alertó a los delincuentes para imponerle una cuota que debía ser cancelada cada jueves.
Según su declaración, cuatro sujetos fueron quienes llegaron a explicarle que de no entregar el monto exigido iban a atentar contra su vida, la de sus familiares y la de sus empleados.
El temor se apoderó de la mujer quien sin tener otra alternativa accedió a pagar la cifra señalada por los delincuentes, esto durante tres años en los que la estructura criminal recibió $53,000 anuales.
Fue hasta a las 3:50 de la tarde del 17 de octubre de 2017 que la víctima adquirió el valor necesario y se dirigió hacia la División de Investigación de Extorsiones de la Policía Nacional Civil (PNC), para presentar la denuncia de su caso.
Dos días después de denunciar su caso, María –quien fue denominada con la clave de protección a víctimas “3,707”- recibió en su negocio la visita de dos delincuentes quienes como era costumbre verificaron que los $1,000 estaban listos.
Como la respuesta fue positiva por parte de la víctima, los pandilleros avisaron a sus compinches que podían pasar a recoger el sobre en donde se encontraba el dinero; en tanto los delincuentes se movieron a un punto cercano. Todo ese movimiento fue bajo la mirada de agentes que montaron un operativo de entrega controlada.
Minutos después, el miembro del grupo terrorista notificado llegó a bordo de un carro gris para traer el paquete, lo tomó y huyó hacia el parque Infantil, sitio en donde se reunió con otro pandillero implicado.
En esa zona, los policías lograron capturar a los cuatro imputados en los puntos en donde se encontraban. La PNC logró decomisar dos vehículos y los celulares que tenían en su poder los extorsionistas.
Según el reporte policial los detenidos fueron identificados como: Sandra Lisseth Pérez Alvarado, de 28 años de edad; José Víctor Cornejo, de 38; Santos Alfaro Ayala, de 47; y a Cristian Roberto Umanzor, de 26; estos sujetos se habrían repartido los $159,000 que María les entregó por tres años.
“A partir del momento de las capturas, a mí ya no me volvieron a extorsionar”
Luego de que los cuatro sujetos fueran detenidos, la PNC los puso a disposición de las autoridades judiciales, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) los acusó por el delito de extorsión agravada.
En la audiencia de vista pública desarrollada por el Tribunal 1° de Sentencia se conocieron las versiones de los hechos, incluso salió a luz que uno de los investigadores de la PNC –encargado de realizar las fotografías de la entrega controlada realizada el día de las capturas- no logró documentar las imágenes debido a que la tarjeta de memoria de la cámara había llegado a su límite, por lo que le impidió realizar su trabajo. Esto último fue muy cuestionado por los abogados defensores de los imputados.
Pese a este impase de la acusación, el juez a cargo analizó detalladamente las pruebas, tanto testimoniales, periciales como documental, por lo que indicó que: “para este juzgador no me queda la duda de que ustedes cometieron el delito”.
Parte de lo argumentado por el juez fue que la víctima fue clara, precisa y coherente al declarar la situación por la que tuvo que pasar durante tres años.
“A partir del momento de las capturas, a mí ya no me volvieron a extorsionar”, comentó María, en el momento en que tuvo que decir su versión ante el desarrollo del juicio.
Los cuatro sujetos fueron condenado a 16 años de prisión, por el delito de extorsión agravada.
Por Carmina Castro – El Salvador Times
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
