Judicial
Empresaria extorsionada en San Salvador entregó en tres años $159,000 a pandilleros de la MS
La mujer fue amenazada por cuatro pandilleros que le exigieron que cada jueves les tenía que entregar $1,000 a cambio de no atentar contra su vida, la de sus familiares y empleados.
Una empresaria de San Salvador fue obligada a ser una de las principales financistas de la MS durante tres años en los que los delincuentes recibieron $1,000 semanales a cambio de no asesinarla.
Desde 2014 el negocio que María (nombre cambiado por protección) puso en un punto comercial de esta capital, creció como la espuma y esto alertó a los delincuentes para imponerle una cuota que debía ser cancelada cada jueves.
Según su declaración, cuatro sujetos fueron quienes llegaron a explicarle que de no entregar el monto exigido iban a atentar contra su vida, la de sus familiares y la de sus empleados.
El temor se apoderó de la mujer quien sin tener otra alternativa accedió a pagar la cifra señalada por los delincuentes, esto durante tres años en los que la estructura criminal recibió $53,000 anuales.
Fue hasta a las 3:50 de la tarde del 17 de octubre de 2017 que la víctima adquirió el valor necesario y se dirigió hacia la División de Investigación de Extorsiones de la Policía Nacional Civil (PNC), para presentar la denuncia de su caso.
Dos días después de denunciar su caso, María –quien fue denominada con la clave de protección a víctimas “3,707”- recibió en su negocio la visita de dos delincuentes quienes como era costumbre verificaron que los $1,000 estaban listos.
Como la respuesta fue positiva por parte de la víctima, los pandilleros avisaron a sus compinches que podían pasar a recoger el sobre en donde se encontraba el dinero; en tanto los delincuentes se movieron a un punto cercano. Todo ese movimiento fue bajo la mirada de agentes que montaron un operativo de entrega controlada.
Minutos después, el miembro del grupo terrorista notificado llegó a bordo de un carro gris para traer el paquete, lo tomó y huyó hacia el parque Infantil, sitio en donde se reunió con otro pandillero implicado.
En esa zona, los policías lograron capturar a los cuatro imputados en los puntos en donde se encontraban. La PNC logró decomisar dos vehículos y los celulares que tenían en su poder los extorsionistas.
Según el reporte policial los detenidos fueron identificados como: Sandra Lisseth Pérez Alvarado, de 28 años de edad; José Víctor Cornejo, de 38; Santos Alfaro Ayala, de 47; y a Cristian Roberto Umanzor, de 26; estos sujetos se habrían repartido los $159,000 que María les entregó por tres años.
“A partir del momento de las capturas, a mí ya no me volvieron a extorsionar”
Luego de que los cuatro sujetos fueran detenidos, la PNC los puso a disposición de las autoridades judiciales, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) los acusó por el delito de extorsión agravada.
En la audiencia de vista pública desarrollada por el Tribunal 1° de Sentencia se conocieron las versiones de los hechos, incluso salió a luz que uno de los investigadores de la PNC –encargado de realizar las fotografías de la entrega controlada realizada el día de las capturas- no logró documentar las imágenes debido a que la tarjeta de memoria de la cámara había llegado a su límite, por lo que le impidió realizar su trabajo. Esto último fue muy cuestionado por los abogados defensores de los imputados.
Pese a este impase de la acusación, el juez a cargo analizó detalladamente las pruebas, tanto testimoniales, periciales como documental, por lo que indicó que: “para este juzgador no me queda la duda de que ustedes cometieron el delito”.
Parte de lo argumentado por el juez fue que la víctima fue clara, precisa y coherente al declarar la situación por la que tuvo que pasar durante tres años.
“A partir del momento de las capturas, a mí ya no me volvieron a extorsionar”, comentó María, en el momento en que tuvo que decir su versión ante el desarrollo del juicio.
Los cuatro sujetos fueron condenado a 16 años de prisión, por el delito de extorsión agravada.
Por Carmina Castro – El Salvador Times
Judicial
Pareja que agarró a patadas a agentes de tránsito por una multa, deberá acudir a terapia sicológica
Josué Misael M. y Ana María B. M. fueron condenados a un año de suspensión condicional del proceso tras agredir física y verbalmente a agentes de tránsito el pasado domingo.
Los hechos ocurrieron cuando los agentes procedieron a multar a la pareja por obstruir el paso frente a un garaje. Al intentar retirar las placas del vehículo, los imputados reaccionaron de manera violenta, propinando patadas a los agentes e insultándolos.
Ante estos hechos, las autoridades procedieron a la detención de ambos. Posteriormente, el Juzgado Segundo de Paz de San Martín celebró una audiencia en la que los imputados aceptaron los cargos por el delito de resistencia.
Como parte de la sentencia, el juez impuso a la pareja reglas de conducta, entre ellas la obligación de asistir a terapia psicológica para el control de la ira y la prohibición de cambiar de domicilio.
Judicial
Tribunal condena a Erick Sánchez a 35 años de cárcel por homicidio agravado en San Salvador
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 35 años de prisión a Erick Daniel Sánchez Liévano por el delito de homicidio agravado en perjuicio de Ana A. Asimismo, lo condenó al pago de la responsabilidad civil en abstracto.
El hecho ocurrió en San Salvador el 16 de febrero de 2019, en horas de la mañana. Uno de los testigos declaró haber recibido una llamada telefónica de su madre, quien le informó que la habían subido a un vehículo y luego la comunicación se cortó. Posteriormente, un sujeto llamó exigiéndole 10 mil dólares o, de lo contrario, matarían a su madre. El familiar llamó inmediatamente al Sistema de Emergencias 911 para denunciar el secuestro.
Ese mismo día, a las 4:30 de la tarde, el testigo recibió otra llamada donde le reiteraron que no se trataba de una broma. A la mañana siguiente, volvieron a llamar para comunicarles que el plazo había vencido.
Luego de localizar el cuerpo, la autopsia determinó que Ana falleció el 16 de febrero y que presentaba heridas por arma blanca en el cuello, tórax y abdomen.
Al momento de la captura de Sánchez, se le incautaron dos teléfonos celulares. Se demostró que uno de los números telefónicos estuvo en el lugar del hecho y que fue utilizado para realizar las llamadas a los familiares de la víctima, exigiendo el pago del rescate.
La Fiscalía General de la República logró que la Cámara Ambiental de Santa Tecla admitiera la totalidad de las pruebas presentadas en contra del exdiputado del FMLN Guillermo Francisco Mata Bennet y sus dos hijos, procesados por enriquecimiento ilícito, al no poder justificar el incremento de su patrimonio por un monto de $271,314.75 dólares.
A Mata Bennet, que fungió como diputado en los periodos 2012-2015 y 2015-2018, se le señalan inconsistencias por un monto de $13,270.00 dólares.
A Guillermo Eduardo Mata Mayorga, se le señalan $251,685.80 dólares.
A Jorge Alberto Mata Mayorga, se le reclaman $6,358.85 dólares. En total, son 15 irregularidades en depósitos bancarios, pago de préstamos hipotecarios, pago de tarjetas de crédito, compra de vehículos, entre otros, que no pudieron justificar.
