Judicial
Dura condena para 13 pandilleros por homicidio y agrupaciones ilícitas
La Unidad de Vida e Integridad Física de la oficina Fiscal de Santa Ana, reporta la condena a penas entre los 67 y tres años de cárcel, de 13 miembros de una estructura de la pandilla 18 sureños, por 10 casos de Homicidio Agravado y Agrupaciones Ilícitas, quienes operaban en diferentes sectores del municipio de Chalchuapa; explicó el jefe de esta sede Fiscal Miguel Iraheta.
El jefe Fiscal destaca las condenas por Homicidio y Agrupaciones Ilícitas de Mauricio Cardona Mata, a 67 años de prisión; Jorge Alberto Cartagena Ramírez condenado a 63 años; José David Díaz Moreno, a 60 años; Walter Antonio Hernández Perdomo, a 55 años, y Marvin Antonio Hernández Escalante, a 53 años de cárcel.
Además, están las condenas de Miguel Ángel Umaña Hernández, Giovanni Ernesto Pérez Lima, Alberto Antonio Guzmán Alonzo y Carlos Mauricio Martínez Contreras, todos condenados a 23 años de prisión; mientras que Douglas Alfredo Deras Quiñones y Ricardo Antonio Recinos Colocho, recibieron una pena de 43 años de cárcel, por homicidio y agrupaciones
Finalmente, por el delito de Agrupaciones Ilícitas fueron condenados a tres años Luis Alonso González Arriaza y Milton Adonay Cardona.
Los hechos ocurren entre los años 2014 y 2016, en diferentes zonas de Chalchuapa, por parte de una estructura terrorista, los cuales por diferentes motivos dieron muerte a las víctimas Douglas Ernesto Lemus Contreras (panadero), Ramón Antonio Guerrero Salazar, Mario Ernesto Escobar Pérez, Zoila Noemí Perdomo Lima, Elmer Alfonso Amaya Arévalo, Ricardo Antonio Díaz Núñez, Gerson Vladimir Estévez Retana, Luis Armando Mezquita Beltrán, Óscar Armando Morán Pinto y José Alfredo Ávila Jiménez.
Los homicidios fueron cometidos el 15 octubre el año 2016, en la Colonia Libertad número 1; otro caso fue el 17 febrero año 2014, en el barrio Las Ánimas, El tercer caso fue el 23 de febrero de 2014 sobre la carretera baipás que de Santa Ana conduce hacia Ahuachapán; otro sucedió el 1 de junio del 2014, sobre el bulevar Shafick Handal barrio Apaneca.
Otro de los homicidios sucedió el 3 de marzo 2015, sobre la 7a Avenida Sur, entre 1ª Calle Oriente y calle general Ramón Flores, de la ciudad de Chalchuapa; el sexto caso fue el 9 de marzo del 2015, en tercera avenida Norte entre segunda calle y calle Ramón Flores Oriente Chalchuapa; el 3 de abril de 2015, se registró otro caso de homicidio en la colonia Cuzcachapa; el 13 de agosto de 2015, dieron muerte a otra persona en el Barrio Las Ánimas.
Los dos últimos casos sucedieron, uno el 29 de septiembre de 2015, en kilómetro 72 carretera baipás, y el otro el 25 de febrero del año 2016, en el interior de un terreno rústico ubicado en propiedad la Cooperativa Cuzcachapa ubicada en Chalchuapa.
Durante la audiencia de vista pública se desarrolló en el Juzgado Especializado de Sentencia de Santa Ana, los fiscales del caso comprobaron el delito de Agrupaciones Ilícitas, al demostrar que esta estructura de la pandilla 18 sureños, delinque en diferentes sectores del municipio de Chalchuapa, entre los años 2015 y 2016.
Para concluir, el jefe Fiscal dijo que por este caso ya se realizaron dos vistas públicas previas por estos mismos casos, contra dos grupos de esta estructura terrorista de la pandilla 18 sureños, a quienes el este Tribunal Especializado también los condeno.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
