Judicial
Dos mujeres pidieron un viaje y terminaron secuestrando al taxista y pidieron a la familia $5 mil de rescate
Los integrantes de una banda que se venían dedicando al secuestro, deberán cumplir 30 años de prisión, según lo estableció el Tribunal de Sentencia de Usulután, luego de encontrarlos culpables por consumar un hecho en el Oriente del país, según lo informó hoy la Unidad de Delitos de Crimen Organizado de la Fiscalía General de la República (FGR).
El reporte describe que cuatro de los involucrados enfrentaron la vista pública por el delito de Secuestro, en perjuicio de la víctima protegida con la clave “Arnulfo”.
Los imputados son: Gerardo Francisco Flamenco Flores, Abraham Arturo Sánchez Zelaya, Ana Daysi Romero Lozano y Geovanni Alexander Flores.
Durante el desarrollo del juicio, el fiscal asignado al proceso expuso abundante prueba con la cual demostró la participación criminal que cada uno de los implicados en el caso, que cometieron el 26 de enero de 2016. Prueba documental, pericial y la testimonial fue detallada ante el Tribunal, con la cual quedó ampliamente demostrada la comisión del hecho delictivo por parte de los procesados.
El fiscal demostró que en esa fecha, “Arnulfo” fue engañado para realizar un viaje en horas de la noche a dos mujeres desde la ciudad de Usulután hasta San Miguel; sin embargo, la trampa fue debidamente preparada, ya que a la altura del desvío de El Delirio, sobre la Carretera del Litoral, el automóvil fue interceptado por una camioneta todo terreno de la cual se bajaron dos individuos, encapuchados y amenazantes con armas de fuego lo privaron de libertad.
Los delincuentes le despojaron a clave “Arnulfo”, un total de $1,500, que llevaba en esa fecha y a sus familiares le exigieron como rescate otros $13,000, pero posteriormente acordaron entregarles otros $900, por lo que de forma rápida fue liberado en horas de la madrugada del siguiente día. Tanto la víctima como sus parientes se comprometieron con los secuestradores a entregarles en cuotas más dinero hasta sumar un total de $5,000.
Las siguientes exigencias en efectivo fueron de $500, $300 y hasta un depósito bancario de $150, realizaron los ofendidos en diferentes fechas del mes de febrero. Esta situación contribuyó a que las autoridades les dieran un efectivo seguimiento. Los involucrados fueron detenidos mediante órdenes administrativas el 18 de mayo de ese mismo año.
Ahora el Juzgador tras declararlos culpables les impuso la respectiva pena de prisión, en tanto otros dos involucrados han sido absueltos, pero la Fiscalía, esperará que sea entregado el correspondiente fallo para promover el recurso de apelación.
El Tribunal en mención ha convocado a las 3:30 de la tarde del 1 de junio del corriente año, para entregar a las partes procesales el fallo de este caso.
El Juzgado Segundo de Paz de Soyapango ordenó que el caso contra Roxana Yaneth A. de G., de 50 años, acusada del delito de amenazas, continúe en la etapa de instrucción con la aplicación de medidas alternas a la detención.
Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron de forma reiterada entre agosto de 2023 y abril de 2025, en un mesón de la colonia San Antonio I, en Soyapango. La acusada habría exigido a una pareja desalojar el espacio que habitaban, advirtiéndoles que, si no lo hacían, “hablaría con los pandilleros”.
Ante el temor, las víctimas abandonaron el lugar con la ayuda de un motorista de plataforma; sin embargo, al transitar por la carretera de Oro fueron interceptados por desconocidos. Uno de ellos fue bajado del vehículo y agredido físicamente. Tras recibir atención médica, ambos regresaron al mesón, donde las amenazas continuaron, por lo que interpusieron una denuncia este año.
Durante la audiencia inicial, la jueza impuso a la imputada medidas como abandonar el inmueble en un plazo de 72 horas, no intentar salir del país y presentarse a firmar al juzgado los días 15 y 30 de cada mes.
El proceso será remitido al Juzgado de Instrucción de Ciudad Delgado para continuar con la investigación.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que cinco exdirectivos de la Corporación Argoz, S. A. de C. V. enfrentarán un nuevo proceso penal por el delito de estafa agravada, tras haber defraudado a 18 víctimas con un monto total de $67,687.
Durante la audiencia inicial, el Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó la detención provisional de Rodrigo Javier Gómez Farfán, Leticia Farfán de Gómez, Mónica Ivette Sanabria Duarte, Javier Orlando Martínez Henríquez y Edwin Omar Rivera López.
De acuerdo con la acusación fiscal, la empresa Argoz promovía proyectos de lotificación en distintas zonas del país, especialmente en áreas rurales, sin contar con los permisos legales requeridos ni estar supervisada por autoridades competentes.
Según la investigación, los terrenos eran comercializados con la promesa de entregar escrituras públicas una vez cancelado el valor total de la parcela. Sin embargo, la sociedad nunca cumplió con dicho compromiso, dejando a los compradores sin respaldo legal sobre sus propiedades.
#Audiencia I La @FGR_SV responde a otras 18 víctimas en el #CasoARGOZ, quienes fueron estafadas por exdirectivos de la Corporación ARGOZ, S.A. de C.V. con un monto de $67,687.00.
Este día, se lleva a cabo la audiencia inicial en el Tribunal 3° contra el Crimen Organizado de San… pic.twitter.com/XKxCEW0LPc
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) July 21, 2025
El caso específico involucra la lotificación Santa Cecilia, ubicada en el cantón Los Zacatillos, municipio de San Juan Nonualco, en el departamento de La Paz, donde se realizaron las ventas desde el año 2016.
La Fiscalía continúa con la recopilación de pruebas documentales y testimoniales que refuercen la acusación, mientras las víctimas esperan que se les restituya su patrimonio y se haga justicia.
Judicial
Juzgado ordena detención provisional para guatemalteco acusado de atropellar a niña en Ahuachapán
El Juzgado Segundo de Paz de Ahuachapán decretó la detención provisional del ciudadano guatemalteco Jasson José Herrera Orozco, acusado de atropellar a una niña de 9 años cuando se dirigía a su centro escolar. El imputado enfrentará el proceso judicial desde prisión, según lo resolvió la instancia judicial en audiencia inicial.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Herrera Orozco de los delitos de lesiones culposas y conducción peligrosa de vehículos automotores, tras embestir a la menor Ivania en el kilómetro 114 de la carretera que conduce hacia la frontera Las Chinamas, el pasado 4 de julio.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, el conductor se dio a la fuga tras el incidente, sin brindar asistencia a la víctima. El atropello fue captado por cámaras de videovigilancia de la zona, además de ser registrado por testigos que se encontraban en el lugar.
Debido a la gravedad de las heridas, la niña fue trasladada en helicóptero hacia el Hospital Benjamín Bloom, en San Salvador, donde continúa recibiendo atención médica especializada.
Herrera Orozco fue detenido días después en el cantón San Jerónimo, distrito de Metapán, Santa Ana, en un punto fronterizo, cuando presuntamente intentaba salir del país para evadir la acción de la justicia salvadoreña.
El Ministerio Público presentó las pruebas iniciales ante el juzgado, incluyendo los registros audiovisuales y testimonios, que evidencian la conducta del imputado al momento del incidente.
La defensa solicitó medidas sustitutivas a la detención, pero el juzgado consideró que existía riesgo de fuga, por lo que ordenó que Herrera Orozco continúe en prisión preventiva mientras se desarrolla la fase de instrucción del caso.
La FGR indicó que continuará recabando pruebas técnicas y periciales para fortalecer la acusación en la siguiente etapa del proceso.
El caso ha generado indignación en la comunidad local, donde vecinos y familiares de la víctima exigen justicia y una sanción ejemplar para el responsable del hecho.
