Judicial
Dos mujeres pidieron un viaje y terminaron secuestrando al taxista y pidieron a la familia $5 mil de rescate
Los integrantes de una banda que se venían dedicando al secuestro, deberán cumplir 30 años de prisión, según lo estableció el Tribunal de Sentencia de Usulután, luego de encontrarlos culpables por consumar un hecho en el Oriente del país, según lo informó hoy la Unidad de Delitos de Crimen Organizado de la Fiscalía General de la República (FGR).
El reporte describe que cuatro de los involucrados enfrentaron la vista pública por el delito de Secuestro, en perjuicio de la víctima protegida con la clave “Arnulfo”.
Los imputados son: Gerardo Francisco Flamenco Flores, Abraham Arturo Sánchez Zelaya, Ana Daysi Romero Lozano y Geovanni Alexander Flores.
Durante el desarrollo del juicio, el fiscal asignado al proceso expuso abundante prueba con la cual demostró la participación criminal que cada uno de los implicados en el caso, que cometieron el 26 de enero de 2016. Prueba documental, pericial y la testimonial fue detallada ante el Tribunal, con la cual quedó ampliamente demostrada la comisión del hecho delictivo por parte de los procesados.
El fiscal demostró que en esa fecha, “Arnulfo” fue engañado para realizar un viaje en horas de la noche a dos mujeres desde la ciudad de Usulután hasta San Miguel; sin embargo, la trampa fue debidamente preparada, ya que a la altura del desvío de El Delirio, sobre la Carretera del Litoral, el automóvil fue interceptado por una camioneta todo terreno de la cual se bajaron dos individuos, encapuchados y amenazantes con armas de fuego lo privaron de libertad.
Los delincuentes le despojaron a clave “Arnulfo”, un total de $1,500, que llevaba en esa fecha y a sus familiares le exigieron como rescate otros $13,000, pero posteriormente acordaron entregarles otros $900, por lo que de forma rápida fue liberado en horas de la madrugada del siguiente día. Tanto la víctima como sus parientes se comprometieron con los secuestradores a entregarles en cuotas más dinero hasta sumar un total de $5,000.
Las siguientes exigencias en efectivo fueron de $500, $300 y hasta un depósito bancario de $150, realizaron los ofendidos en diferentes fechas del mes de febrero. Esta situación contribuyó a que las autoridades les dieran un efectivo seguimiento. Los involucrados fueron detenidos mediante órdenes administrativas el 18 de mayo de ese mismo año.
Ahora el Juzgador tras declararlos culpables les impuso la respectiva pena de prisión, en tanto otros dos involucrados han sido absueltos, pero la Fiscalía, esperará que sea entregado el correspondiente fallo para promover el recurso de apelación.
El Tribunal en mención ha convocado a las 3:30 de la tarde del 1 de junio del corriente año, para entregar a las partes procesales el fallo de este caso.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de Santa Ana impuso una condena de 50 años de prisión a José Francisco Linares Girón, declarado culpable del feminicidio agravado de su expareja.
El crimen ocurrió el 23 de septiembre de 2023 en el distrito de Metapán, Santa Ana Norte. De acuerdo con las investigaciones, Linares Girón había mantenido una relación sentimental con la víctima, la cual terminó debido a la violencia física y psicológica que él ejercía sobre ella. Pese a la ruptura, el agresor continuó acosándola e insistiendo en retomar la relación.
Ante la negativa de la mujer, el condenado la citó en un predio donde la atacó violentamente hasta causarle la muerte. Luego intentó alterar la escena del crimen y huyó del lugar. El cuerpo fue localizado tres días después, el 26 de septiembre, por trabajadores de la zona que dieron aviso a las autoridades. Linares Girón fue capturado un día después, el 27 de septiembre, y desde entonces permanece en prisión.
En un caso similar, el Juzgado Primero de Sentencia de Zacatecoluca sentenció a 30 años de cárcel a Pedro Martínez López por el delito de feminicidio agravado. Este hecho tuvo lugar el 2 de noviembre de 2013 en el cantón San Pedro Loma, distrito de Tapalhuapa, en el departamento de La Paz.
