Judicial
Dos mujeres pidieron un viaje y terminaron secuestrando al taxista y pidieron a la familia $5 mil de rescate
Los integrantes de una banda que se venían dedicando al secuestro, deberán cumplir 30 años de prisión, según lo estableció el Tribunal de Sentencia de Usulután, luego de encontrarlos culpables por consumar un hecho en el Oriente del país, según lo informó hoy la Unidad de Delitos de Crimen Organizado de la Fiscalía General de la República (FGR).
El reporte describe que cuatro de los involucrados enfrentaron la vista pública por el delito de Secuestro, en perjuicio de la víctima protegida con la clave “Arnulfo”.
Los imputados son: Gerardo Francisco Flamenco Flores, Abraham Arturo Sánchez Zelaya, Ana Daysi Romero Lozano y Geovanni Alexander Flores.
Durante el desarrollo del juicio, el fiscal asignado al proceso expuso abundante prueba con la cual demostró la participación criminal que cada uno de los implicados en el caso, que cometieron el 26 de enero de 2016. Prueba documental, pericial y la testimonial fue detallada ante el Tribunal, con la cual quedó ampliamente demostrada la comisión del hecho delictivo por parte de los procesados.
El fiscal demostró que en esa fecha, “Arnulfo” fue engañado para realizar un viaje en horas de la noche a dos mujeres desde la ciudad de Usulután hasta San Miguel; sin embargo, la trampa fue debidamente preparada, ya que a la altura del desvío de El Delirio, sobre la Carretera del Litoral, el automóvil fue interceptado por una camioneta todo terreno de la cual se bajaron dos individuos, encapuchados y amenazantes con armas de fuego lo privaron de libertad.
Los delincuentes le despojaron a clave “Arnulfo”, un total de $1,500, que llevaba en esa fecha y a sus familiares le exigieron como rescate otros $13,000, pero posteriormente acordaron entregarles otros $900, por lo que de forma rápida fue liberado en horas de la madrugada del siguiente día. Tanto la víctima como sus parientes se comprometieron con los secuestradores a entregarles en cuotas más dinero hasta sumar un total de $5,000.
Las siguientes exigencias en efectivo fueron de $500, $300 y hasta un depósito bancario de $150, realizaron los ofendidos en diferentes fechas del mes de febrero. Esta situación contribuyó a que las autoridades les dieran un efectivo seguimiento. Los involucrados fueron detenidos mediante órdenes administrativas el 18 de mayo de ese mismo año.
Ahora el Juzgador tras declararlos culpables les impuso la respectiva pena de prisión, en tanto otros dos involucrados han sido absueltos, pero la Fiscalía, esperará que sea entregado el correspondiente fallo para promover el recurso de apelación.
El Tribunal en mención ha convocado a las 3:30 de la tarde del 1 de junio del corriente año, para entregar a las partes procesales el fallo de este caso.
Luis René Rivera González enfrenta cargos por feminicidio agravado, acusado de haber asesinado a su compañera de vida a golpes en la cabeza y posteriormente incinerar el cuerpo para intentar ocultar el crimen, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
El hecho ocurrió el pasado 13 de marzo en un terreno baldío ubicado sobre la carretera a Punta Mango, en el caserío La Vaca, cantón El Zope, distrito de Jucuarán, Usulután.
De acuerdo con las investigaciones fiscales, tras cometer el homicidio, Rivera González regresó a su vivienda en Chirilagua, San Miguel, y minutos más tarde volvió a la escena del crimen para prender fuego al cadáver.
La desaparición de la víctima fue reportada por familiares el 21 de abril. Gracias a las diligencias realizadas por la FGR, el cuerpo fue localizado el 30 de abril. La institución también señaló que la mujer había sido víctima de un ciclo de violencia por parte del acusado.
Rivera González fue capturado mediante orden administrativa el 15 de mayo. La FGR ha solicitado al Juzgado de Paz de Chirilagua que el proceso avance a la etapa de instrucción con régimen de detención provisional mientras continúan las investigaciones.
Judicial
Mujer es acusada de homicidio agravado por la muerte de su pareja y otro hombre en San Miguel
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un requerimiento ante el Juzgado Tercero de Paz de San Miguel en contra de Dilcia Alejandra Navarro Umaña, acusada del delito de homicidio agravado en perjuicio de dos hombres, entre ellos su compañero de vida.
Según el informe fiscal, los hechos ocurrieron luego de una reunión en la que Navarro Umaña, su pareja sentimental, de 39 años, y un amigo de ambos, compartían bebidas alcohólicas. Durante el encuentro surgió una discusión que continuó cuando los tres se trasladaron a la vivienda de la pareja.
“Al llegar a la casa, los dos hombres comenzaron a pelear. En ese momento, la mujer tomó un cuchillo e hirió de gravedad a ambos. Una tercera persona que intentó intervenir resultó con lesiones leves”, detalló la FGR en su comunicado oficial.
La pareja de Navarro Umaña falleció en el lugar a causa de dos heridas en el tórax y una en el cuello, mientras que el otro hombre fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, donde murió la mañana del 19 de mayo mientras recibía atención médica.
El Ministerio Público ha solicitado al juzgado que se decrete detención provisional contra la acusada y que el caso pase a la fase de instrucción, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado condenó a seis años de prisión a Rebeca Saraí Ponce Peñalba, tras encontrarla culpable del delito de actos preparatorios, proposición y conspiración en organizaciones terroristas.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2022 en el cantón Hacienda Nueva, municipio de Colón, en la zona de Nuevo Lourdes. Ese día, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Ponce Peñalba junto a otras dos personas durante un control preventivo. Testigos del lugar señalaron a los detenidos como presuntos integrantes de estructuras criminales.
Durante el procedimiento, los agentes incautaron un teléfono celular a la ahora condenada. En el dispositivo se encontraron fotografías y videos en los que aparecía junto a miembros activos de la pandilla 18 Revolucionarios, e incluso se observaba a la imputada grabándolos.
El tribunal valoró las pruebas periciales y concluyó que Ponce Peñalba mantenía vínculos directos con la estructura terrorista, por lo que impuso la pena de prisión correspondiente.
