Judicial
Dos mujeres pidieron un viaje y terminaron secuestrando al taxista y pidieron a la familia $5 mil de rescate
Los integrantes de una banda que se venían dedicando al secuestro, deberán cumplir 30 años de prisión, según lo estableció el Tribunal de Sentencia de Usulután, luego de encontrarlos culpables por consumar un hecho en el Oriente del país, según lo informó hoy la Unidad de Delitos de Crimen Organizado de la Fiscalía General de la República (FGR).
El reporte describe que cuatro de los involucrados enfrentaron la vista pública por el delito de Secuestro, en perjuicio de la víctima protegida con la clave “Arnulfo”.
Los imputados son: Gerardo Francisco Flamenco Flores, Abraham Arturo Sánchez Zelaya, Ana Daysi Romero Lozano y Geovanni Alexander Flores.
Durante el desarrollo del juicio, el fiscal asignado al proceso expuso abundante prueba con la cual demostró la participación criminal que cada uno de los implicados en el caso, que cometieron el 26 de enero de 2016. Prueba documental, pericial y la testimonial fue detallada ante el Tribunal, con la cual quedó ampliamente demostrada la comisión del hecho delictivo por parte de los procesados.
El fiscal demostró que en esa fecha, “Arnulfo” fue engañado para realizar un viaje en horas de la noche a dos mujeres desde la ciudad de Usulután hasta San Miguel; sin embargo, la trampa fue debidamente preparada, ya que a la altura del desvío de El Delirio, sobre la Carretera del Litoral, el automóvil fue interceptado por una camioneta todo terreno de la cual se bajaron dos individuos, encapuchados y amenazantes con armas de fuego lo privaron de libertad.
Los delincuentes le despojaron a clave “Arnulfo”, un total de $1,500, que llevaba en esa fecha y a sus familiares le exigieron como rescate otros $13,000, pero posteriormente acordaron entregarles otros $900, por lo que de forma rápida fue liberado en horas de la madrugada del siguiente día. Tanto la víctima como sus parientes se comprometieron con los secuestradores a entregarles en cuotas más dinero hasta sumar un total de $5,000.
Las siguientes exigencias en efectivo fueron de $500, $300 y hasta un depósito bancario de $150, realizaron los ofendidos en diferentes fechas del mes de febrero. Esta situación contribuyó a que las autoridades les dieran un efectivo seguimiento. Los involucrados fueron detenidos mediante órdenes administrativas el 18 de mayo de ese mismo año.
Ahora el Juzgador tras declararlos culpables les impuso la respectiva pena de prisión, en tanto otros dos involucrados han sido absueltos, pero la Fiscalía, esperará que sea entregado el correspondiente fallo para promover el recurso de apelación.
El Tribunal en mención ha convocado a las 3:30 de la tarde del 1 de junio del corriente año, para entregar a las partes procesales el fallo de este caso.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
