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Judicial

Denuncian a Moisés Urbina, Álvaro Cruz Rojas, Héctor Silva Ávalos y otros periodistas, por recibir “sobornos” del expresidente Mauricio Funes

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En la sede fiscal ubicadas en la Sultana, Antiguo Cuscatlán, fue presentada el día viernes 9 de octubre del presente año, por la abogada Ana Miriam Flores, denuncia penal en contra del presentador del programa “FRENTE A FRENTE”, Moisés Urbina; contra el jefe editor de Diario El Mundo, Álvaro Cruz Rojas; el periodista y exdirector de la Revista Factum, Insigth Crime y colaborador de La Prensa Gráfica, Héctor Silva Ávalos;  el entrevistador Narciso Castillo, conocido como “Nacho Castillo”; y el exeditor de La Prensa Gráfica, Gabriel Trillos de La Hoz.

La razón de la denuncia, según manifestó la abogada, surge en atención a publicaciones efectuadas por el medio digital “LA PÁGINA” donde se describió la forma en que a través del expresentador y periodista Jorge Hernández y otras personas “intermediarias” el expresidente de la República, Mauricio Funes, creó una red de periodistas y medios de prensa que no sólo ocultaron los señalamientos de corrupción contra el gobierno, sino que manipularon la información para favorecer a Mauricio Funes, mientras fue presidente de la República. Como contraprestación por tales “servicios”, los mencionados recibían pagos provenientes de la Partida Secreta de Casa Presidencial, lo que en el “argot” periodístico se conoce como “mentas” (percepción de dineros o cualquier clase de dádivas por ajustar noticias al interés, intención o gusto del benefactor).

Según la misma nota, citada por la abogada en la denuncia interpuesta: “El acuerdo consistía en que el expresidente de la República Mauricio Funes entregaría a través de los ‘negociadores’ las siguientes sumas de dinero, todas en efectivo y de forma mensual así:

$ 5,000.00 para Gabriel Trillos, como jefe editor de La Prensa Gráfica.

$3,000.00 para Álvaro Cruz Rojas, editor en jefe de Diario El Mundo.

$1,500.00 para Moisés Urbina, presentador del programa “Frente a Frente” de TCS.

$ 3,000.00 para Nacho Castillo.

Y una fuerte suma  que podría llegar hasta los $10,000.00 para Héctor Silva Ávalos, co-director de las Revistas Factum e Insight Crime y colaborador de La Prensa Gráfica. 

De acuerdo a la profesional del derecho, “además de ser indignante el hecho que estas personas hayan aceptado recibir ilícitamente fondos públicos, lo es más el considerar que se trata de personas que ejercen una función periodística, en la que se encuentran éticamente obligados a transmitir, comunicar e informar la realida sin distorciones, parcialidades u ocultamientos de hechos, como derecho de una sociedad democrática a la información  y a la libertad de prensa. Sin embargo, acá ha ocurrido lo contrario, se ha ‘comercializado’ con el derecho a la información de la Sociedad Civil, con el interés de obtener beneficios económicos ilegales por parte de estos periodistas ‘menteros’”.

Finalmente, detalló que a su vez ha solicitado que se ejerza por parte de la Fiscalía General de la República, el correspondiente proceso de extinción de dominio, “ya que los fondos que fueron percibidos de forma mensual por un prolongado periodo por parte de los periodistas denunciados, tratándose de un beneficio patrimonial injusto, pues son fondos públicos. No es posible, que existiendo grandes necesidades de fondos por parte del Estado para resolver problemas de necesidades públicas, la FGR no utilice esta herramienta legal para recuperar lo que ya se ha comprobado que fue ilícitamente erogado de la Partida Secreta de Casa Presidencial”, justificó.

Con información de La Noticia SV

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314 años de cárcel para estructura que asesinó a profesora y policía

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Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.

De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.

A Luis Alonso Mejía Hernández, quien se encargaba de transportar a los miembros de la estructura hacia los lugares donde se cometerían los hechos, fue sentenciado a 192 años, por robo agravado y agrupaciones ilícitas.

Mientras que a Moisés Antonio Rivera y Aurelio Wilfredo Vásquez, el juez los condenó a 177 y 166 años de prisión, respectivamente, los otros 34 recibieron diversas penas por los mismos delitos.

La red de asaltantes y homicidas fue desarticulada la madrugada del 25 de octubre de 2022, tras una investigación de varios meses que fiscales y policías realizaron a la compleja banda que tenía una logística en todo el país para ejecutar los atracos entre enero de 2019 a mayo de 2021.

Los imputados tenían estrategias criminales hasta para descifrar los montos de dinero que los usuarios de los bancos retiraban de los cajeros automáticos (ATM).

Lograban determinar cuando una persona retiraba considerables sumas de dinero, se apostaban cerca de los ATM y según el sonido que se generaba al momento de procesarse el retiro los integrantes de la banda perfilaban a ese usuario y tras darle vigilancia y seguimiento, lo interceptaban y despojaban de los fondos, si la víctima se oponía, era asesinada.

A un agente de la PNC, lo asesinaron el 19 de mayo de 2019, en San Juan Nonualco, departamento de La Paz. Había retirado $1,500 de una agencia bancaria de ese distrito, producto de préstamo bancario.

También el 22 de mayo de 2021, asesinaron a una profesora que había salido de una agencia bancaria en Cojutepeque, departamento de Cuscatlán, la siguieron para robarle $2,600 y como se opuso al asalto, le dieron un disparo en la cabeza.

Testimonios de víctimas fueron parte de la prueba que la Fiscalía General de la República presentó para probar los robos y casos de homicidio, mientras que en las agrupaciones ilícitas se acreditó que los miembros tenían asignada una función específica para consumar los hechos.

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22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.

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José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.

Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.

Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.

La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.

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Sujeto acusado de violación es condenado a 14 años de cárcel

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Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.

Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.

Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.

La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.

El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.

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