Judicial
Denuncian a Moisés Urbina, Álvaro Cruz Rojas, Héctor Silva Ávalos y otros periodistas, por recibir “sobornos” del expresidente Mauricio Funes
En la sede fiscal ubicadas en la Sultana, Antiguo Cuscatlán, fue presentada el día viernes 9 de octubre del presente año, por la abogada Ana Miriam Flores, denuncia penal en contra del presentador del programa “FRENTE A FRENTE”, Moisés Urbina; contra el jefe editor de Diario El Mundo, Álvaro Cruz Rojas; el periodista y exdirector de la Revista Factum, Insigth Crime y colaborador de La Prensa Gráfica, Héctor Silva Ávalos; el entrevistador Narciso Castillo, conocido como “Nacho Castillo”; y el exeditor de La Prensa Gráfica, Gabriel Trillos de La Hoz.
La razón de la denuncia, según manifestó la abogada, surge en atención a publicaciones efectuadas por el medio digital “LA PÁGINA” donde se describió la forma en que a través del expresentador y periodista Jorge Hernández y otras personas “intermediarias” el expresidente de la República, Mauricio Funes, creó una red de periodistas y medios de prensa que no sólo ocultaron los señalamientos de corrupción contra el gobierno, sino que manipularon la información para favorecer a Mauricio Funes, mientras fue presidente de la República. Como contraprestación por tales “servicios”, los mencionados recibían pagos provenientes de la Partida Secreta de Casa Presidencial, lo que en el “argot” periodístico se conoce como “mentas” (percepción de dineros o cualquier clase de dádivas por ajustar noticias al interés, intención o gusto del benefactor).
Según la misma nota, citada por la abogada en la denuncia interpuesta: “El acuerdo consistía en que el expresidente de la República Mauricio Funes entregaría a través de los ‘negociadores’ las siguientes sumas de dinero, todas en efectivo y de forma mensual así:
$ 5,000.00 para Gabriel Trillos, como jefe editor de La Prensa Gráfica.
$3,000.00 para Álvaro Cruz Rojas, editor en jefe de Diario El Mundo.
$1,500.00 para Moisés Urbina, presentador del programa “Frente a Frente” de TCS.
$ 3,000.00 para Nacho Castillo.
Y una fuerte suma que podría llegar hasta los $10,000.00 para Héctor Silva Ávalos, co-director de las Revistas Factum e Insight Crime y colaborador de La Prensa Gráfica.
De acuerdo a la profesional del derecho, “además de ser indignante el hecho que estas personas hayan aceptado recibir ilícitamente fondos públicos, lo es más el considerar que se trata de personas que ejercen una función periodística, en la que se encuentran éticamente obligados a transmitir, comunicar e informar la realida sin distorciones, parcialidades u ocultamientos de hechos, como derecho de una sociedad democrática a la información y a la libertad de prensa. Sin embargo, acá ha ocurrido lo contrario, se ha ‘comercializado’ con el derecho a la información de la Sociedad Civil, con el interés de obtener beneficios económicos ilegales por parte de estos periodistas ‘menteros’”.
Finalmente, detalló que a su vez ha solicitado que se ejerza por parte de la Fiscalía General de la República, el correspondiente proceso de extinción de dominio, “ya que los fondos que fueron percibidos de forma mensual por un prolongado periodo por parte de los periodistas denunciados, tratándose de un beneficio patrimonial injusto, pues son fondos públicos. No es posible, que existiendo grandes necesidades de fondos por parte del Estado para resolver problemas de necesidades públicas, la FGR no utilice esta herramienta legal para recuperar lo que ya se ha comprobado que fue ilícitamente erogado de la Partida Secreta de Casa Presidencial”, justificó.
Con información de La Noticia SV
Este lunes prosiguió el juicio contra Ernesto Muyshondt, Paolo Lüers, Benito Lara, Arístides Valencia y Wilson Alvarado, acusados de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador programó para la jornada la exposición de pruebas documentales y alegatos finales.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las pruebas y testimonios presentados hasta el momento vinculan a los procesados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y las de alcaldes y diputados de 2015, en las que supuestamente se ofrecieron beneficios a cambio de votos.
José Adilio Acosta García fue condenado a seis años de prisión por atacar con un corvo a su excompañera de vida en San Pablo Tacachico, La Libertad. La sentencia fue dictada por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, tras comprobarse el delito de lesiones graves agravadas.
De acuerdo con la Fiscalía, en diciembre de 2023, Acosta García llegó a la vivienda de la víctima en estado de ebriedad y le exigió reanudar la relación de pareja. Al ser rechazado, la agredió con el arma blanca, provocándole lesiones en un brazo que requirieron cirugía y una incapacidad superior a 30 días.
El tribunal concluyó que las pruebas presentadas confirmaron la responsabilidad del acusado y que las lesiones impedían a la víctima realizar sus actividades cotidianas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó al exfiscal general de la República, Luis Martínez, a 10 años de cárcel por los delitos de fraude procesal y omisión de la investigación, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la acusación, Martínez y otros implicados fabricaron procesos judiciales falsos en 2016 en contra de una víctima. Tras varias semanas de juicio, el tribunal resolvió imponer la condena con base en las pruebas presentadas por la FGR.
Además de Martínez, también fueron sentenciados Julio Adalberto Arriaza González, a cinco años de prisión por fraude procesal, y Héctor Francisco Grimaldi Membreño, a seis años por dos casos del mismo delito.
