Judicial
Defensa sostiene que varias personas tenían copia de llave de la vivienda de Mario Huezo y Karla Turcios, espera que su acusado salga en libertad
Este martes ha continuado el juicio contra Mario Huezo en el Juzgado Especializado de Sentencia para una vida Libre de Violencia para las Mujeres de San Salvador. El detenido es acusado por las autoridades de quitarle la vida a su esposa, la periodista Karla Turcios.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha dado a conocer que redujo de 40 a 29 los testigos que declararán contra Huezo, en el desarrollo del juicio.
“El desfile probatorio inició ayer, es bastante basto, se tiene previsto que el jueves culminemos el desfile probatorio testimonial, y nos quedamos con la incorporación de prueba documental, para pasar a alegatos finales o a las conclusiones, que son lo que la Fiscalía pediría en concreto”, explicó la fiscal Graciela Sagastume.
Por su parte, el abogado defensor, Giovanni Rivera, indicó que hay elementos aportados por los mismo testigos que exponen que Huezo no estuvo involucrado en la muerte de Turcios, debido a que este nunca se ha caracterizado por ser un hombre violento.
«Realmente ellos (FGR) no tienen nada concreto, todo lo que alegan, se presume. Se presume que mató a su pareja, que transportó el cuerpo de la pareja en el vehículo en la familia, pero no hay nada que establezca esa versión», afirmó Rivera.
Agregando que “todos los testigos que la Fiscalía presentó ayer (lunes) establecieron que nunca hubo violencia física contra su pareja, que el señor Mario Huezo nunca fue violento con ella ni con otra persona; y se dejó constancia que de la casa de la víctima existen varias llaves, incluso, unas de ellas están en poder de personas que ni siquiera forman parte de la familia”.
Según las investigaciones fiscales, el pasado 14 de abril de 2018, Mario Huezo, asfixió a su esposa en la cama de la habitación que compartían en la vivienda.
Posteriormente a quitarle la vida, Huezo llevó el cadáver de la periodista en el baúl de su vehículo hasta la carretera Longitudinal del Norte, en el municipio de Santa Rosa Guachipilín, Santa Ana, donde lo lanzó en una vereda.
Para despistar a las autoridades, el sujeto fingió que su esposa había desaparecido y divulgó esa información en redes sociales. No obstante, las pruebas que iban surgiendo lo señalaban claramente.
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a Mauricio Edgardo Galán Martínez a 12 años de prisión por los delitos de uso y tenencia de documentación falsa, falsedad ideológica y estafa.
Además, el tribunal ordenó que Galán Martínez pague $35,000 en concepto de responsabilidad civil a la víctima del caso.
En el mismo proceso, Karla Elizabeth Erazo de Urrutia fue declarada culpable del delito de estafa y condenada a tres años de trabajos de utilidad pública, además de pagar $1,200 como reparación económica.
De acuerdo con la investigación, ambos implicados vendieron una propiedad ubicada en un condominio del lago de Coatepeque sin ser sus propietarios, utilizando documentos falsificados.
Los hechos ocurrieron en el año 2021, según informó la fuente judicial.
Judicial
Fiscalía reporta 1,090 condenas por violación y agresión sexual a menores en los primeros nueve meses del año
Entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2025, la Fiscalía General de la República ha logrado condenar a 1,090 personas por los delitos de violación y agresión sexual a menores de edad, superando ya las cifras de todo 2024 (1,077) y 2023 (875).
Según los datos oficiales, las condenas mensuales fueron: 117 en enero, 134 en febrero, 136 en marzo, 93 en abril, 124 en mayo, 126 en junio, 147 en julio, 95 en agosto y 118 en septiembre.
Entre los casos recientes destaca la condena del 9 de octubre contra los hermanos Edwin Emerson y Douglas Manuel Hernández Ramírez, sentenciados a 26 y 20 años de prisión, respectivamente, por abusar de una niña desde que tenía 8 años en San Juan Opico, La Libertad. Según la fiscal del caso, los imputados amenazaron a la víctima para mantener el abuso en secreto hasta 2022, cuando se presentó la denuncia.
En otro caso, el 7 de julio, Juan Carlos Pérez de Jesús fue condenado a 20 años de prisión por violar a una menor en 2023 en San Salvador, aprovechando que la víctima jugaba sola con otras niñas.
Las estadísticas también reflejan que entre enero y septiembre fueron capturadas en flagrancia 258 personas acusadas de violación y agresión sexual a menores, con un promedio mensual de 17 a 35 detenciones, según los reportes del ministerio público.
Estos resultados evidencian la labor constante de la Fiscalía en la persecución de delitos sexuales contra menores y el fortalecimiento de los procesos judiciales en el país.
