Judicial
Defensa sostiene que varias personas tenían copia de llave de la vivienda de Mario Huezo y Karla Turcios, espera que su acusado salga en libertad
Este martes ha continuado el juicio contra Mario Huezo en el Juzgado Especializado de Sentencia para una vida Libre de Violencia para las Mujeres de San Salvador. El detenido es acusado por las autoridades de quitarle la vida a su esposa, la periodista Karla Turcios.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha dado a conocer que redujo de 40 a 29 los testigos que declararán contra Huezo, en el desarrollo del juicio.
“El desfile probatorio inició ayer, es bastante basto, se tiene previsto que el jueves culminemos el desfile probatorio testimonial, y nos quedamos con la incorporación de prueba documental, para pasar a alegatos finales o a las conclusiones, que son lo que la Fiscalía pediría en concreto”, explicó la fiscal Graciela Sagastume.
Por su parte, el abogado defensor, Giovanni Rivera, indicó que hay elementos aportados por los mismo testigos que exponen que Huezo no estuvo involucrado en la muerte de Turcios, debido a que este nunca se ha caracterizado por ser un hombre violento.
«Realmente ellos (FGR) no tienen nada concreto, todo lo que alegan, se presume. Se presume que mató a su pareja, que transportó el cuerpo de la pareja en el vehículo en la familia, pero no hay nada que establezca esa versión», afirmó Rivera.
Agregando que “todos los testigos que la Fiscalía presentó ayer (lunes) establecieron que nunca hubo violencia física contra su pareja, que el señor Mario Huezo nunca fue violento con ella ni con otra persona; y se dejó constancia que de la casa de la víctima existen varias llaves, incluso, unas de ellas están en poder de personas que ni siquiera forman parte de la familia”.
Según las investigaciones fiscales, el pasado 14 de abril de 2018, Mario Huezo, asfixió a su esposa en la cama de la habitación que compartían en la vivienda.
Posteriormente a quitarle la vida, Huezo llevó el cadáver de la periodista en el baúl de su vehículo hasta la carretera Longitudinal del Norte, en el municipio de Santa Rosa Guachipilín, Santa Ana, donde lo lanzó en una vereda.
Para despistar a las autoridades, el sujeto fingió que su esposa había desaparecido y divulgó esa información en redes sociales. No obstante, las pruebas que iban surgiendo lo señalaban claramente.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Miguel Ángel Mejía Orellana fue condenado a 30 años de cárcel por el delito de violación.
De acuerdo con el ministerio público, Mejía Orellana se aprovechó del vínculo cercano que tenía con la familia de la menor, de nueve años, para abusarla sexualmente en momentos que se encontraba sola.
«Mejía la amenazó para que no dijera nada. La mamá de la víctima se enteró de lo sucedido e inmediatamente interpuso la denuncia», detalló la FGR en su cuenta oficial de X.
Según información oficial, los hechos ocurrieron en julio 2024 en Nueva Concepción, Chalatenango.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, en La Libertad, condenó a 12 años de prisión a un profesor de matemáticas por agredir sexualmente a una de sus alumnas.
«Los hechos sucedieron el 23 de mayo de 2024. El imputado, identificado con las siglas M. J. R. R., fungía como profesor de matemáticas cuando agredió a la víctima, según se demostró en el desfile probatorio durante la vista pública», indicó la fiscal del caso.
La fuente detalló que el docente se aprovechó, en los momentos que se encontraba a solas con la estudiante de primaria.
«El imputado aprovechaba para tocarle el cuerpo, y a pesar del miedo que le tenía al profesor, la menor le confesó a la madre lo que ocurría», señaló la fiscal.
Por esos hechos, el Tribunal condenó al imputado a 12 años de prisión por el delito de agresión sexual en menor e incapaz, en su modalidad continuada.
A tres años de cárcel fue condenada una mujer que estafó a otra con la venta de 100 gallinas de postura que nunca entregó, informó Centros Judiciales El Salvador (CJES), la tarde del viernes.
Se trata de Jennifer del Carmen Rivera fue condenada a la pena de tres años de prisión al ser declarada responsable penal y civilmente del delito de estafa por el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla.
CJES detalló que, el 26 de octubre de 2023, en el distrito de Jicalapa, en La Libertad Costa, la víctima contactó a la imputada a través de Marketplace de la plataforma de Facebook, para gestionar la entrega de las gallinas, y la ahora condenada le exigió un depósito a su cuenta bancaria por $256. La víctima realizó el depósito y, tras varios días de espera, nunca recibió el producto.
“Basándose en engaños, le hizo creer que era dueña de una granja y le prometió la venta de 100 gallinas de postura que nunca entregó”, añadió Centros.
Finalmente, el Tribunal valoró todas las pruebas y concluyó que había suficiente evidencia del delito y por ello la condenó a tres años tras las rejas.
