Judicial
Defensa sostiene que varias personas tenían copia de llave de la vivienda de Mario Huezo y Karla Turcios, espera que su acusado salga en libertad
Este martes ha continuado el juicio contra Mario Huezo en el Juzgado Especializado de Sentencia para una vida Libre de Violencia para las Mujeres de San Salvador. El detenido es acusado por las autoridades de quitarle la vida a su esposa, la periodista Karla Turcios.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha dado a conocer que redujo de 40 a 29 los testigos que declararán contra Huezo, en el desarrollo del juicio.
“El desfile probatorio inició ayer, es bastante basto, se tiene previsto que el jueves culminemos el desfile probatorio testimonial, y nos quedamos con la incorporación de prueba documental, para pasar a alegatos finales o a las conclusiones, que son lo que la Fiscalía pediría en concreto”, explicó la fiscal Graciela Sagastume.
Por su parte, el abogado defensor, Giovanni Rivera, indicó que hay elementos aportados por los mismo testigos que exponen que Huezo no estuvo involucrado en la muerte de Turcios, debido a que este nunca se ha caracterizado por ser un hombre violento.
«Realmente ellos (FGR) no tienen nada concreto, todo lo que alegan, se presume. Se presume que mató a su pareja, que transportó el cuerpo de la pareja en el vehículo en la familia, pero no hay nada que establezca esa versión», afirmó Rivera.
Agregando que “todos los testigos que la Fiscalía presentó ayer (lunes) establecieron que nunca hubo violencia física contra su pareja, que el señor Mario Huezo nunca fue violento con ella ni con otra persona; y se dejó constancia que de la casa de la víctima existen varias llaves, incluso, unas de ellas están en poder de personas que ni siquiera forman parte de la familia”.
Según las investigaciones fiscales, el pasado 14 de abril de 2018, Mario Huezo, asfixió a su esposa en la cama de la habitación que compartían en la vivienda.
Posteriormente a quitarle la vida, Huezo llevó el cadáver de la periodista en el baúl de su vehículo hasta la carretera Longitudinal del Norte, en el municipio de Santa Rosa Guachipilín, Santa Ana, donde lo lanzó en una vereda.
Para despistar a las autoridades, el sujeto fingió que su esposa había desaparecido y divulgó esa información en redes sociales. No obstante, las pruebas que iban surgiendo lo señalaban claramente.
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a Salvador Alvarado Navarrete a 25 años de prisión por el delito de homicidio agravado en perjuicio de J. R. A. L.
El hecho ocurrió el 1 de junio de 2021, a las 9:00 p. m., cuando la víctima se encontraba sentada en una acera cercana al Hospital Nacional Rosales. En ese momento, Alvarado Navarrete, acompañado de otros sujetos, se acercó a la víctima. Al verlos que llevaban armas corto punzantes, la víctima intentó huir.
Según la declaración anticipada de un testigo presencial, los sujetos lo golpearon y lo tiraron al suelo, donde le ocasionaron una serie de lesiones con un corvo, un destornillador y un hacha. Se identificó a Salvador Alvarado como la persona que utilizó el corvo.
La Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador convocó a las partes para el 29 de noviembre, fecha en la que se dará a conocer el fallo oral del proceso por enriquecimiento ilícito promovido contra el exdiputado por el partido del FMLN, Othón Sigfrido Reyes Morales, y su núcleo familiar, demandados por no haber podido justificar la cantidad de $472,464.04.
Las partes expusieron este viernes sus alegatos finales. La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a las magistradas que se declare la existencia del enriquecimiento ilícito sin justa causa, y que los demandados sean condenados a devolver al Estado la siguiente cantidad: $459,714.04 en el caso de Reyes Morales, $12,000 a su cónyuge, Susi Melba Guadalupe Rodríguez Hernández, y $750 a su hijo, Luis Damián Reyes Rodríguez.
Los montos reclamados corresponden a presuntas irregularidades encontradas en los rubros de depósito en efectivo, pago de tarjetas de crédito, compras de inmuebles y vehículos, entre otros. Para la FGR, se desconoce el origen lícito de estas cantidades, durante tres períodos en que Reyes fue diputado propietario, del 1 de mayo de 2006 al 30 de abril de 2015.
Por su parte, los apoderados de los demandados solicitaron que se tenga por acreditada las fuentes de ingreso que son de origen lícito de cada una de las supuestas irregularidades, argumentando que la perito judicial no tomó en cuenta las condiciones personales de los demandados como la venta de inmuebles, bonificaciones, entre otros ingresos. Además, en relación con los viáticos, no tomó en cuenta toda la legislación que establece el cómo se dividen (viáticos, gastos de terminales y gastos de viajes), así como el monto diario y quienes aprueban las misiones oficiales.
El juez uno del Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador desarrolló la audiencia especial de imposición de medidas donde decretó la instrucción formal con la aplicación de la medida cautelar de la detención provisional a 21 personas que fueron capturadas a principios del mes en la comunidad Tutunichapa, en San Salvador. Se les acusada de delitos como tráfico de drogas, actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas, así como incumplimiento de deberes, revelación de hechos, actuaciones, documentos y datos secretos por empleado oficial, y agrupaciones ilícitas.
Según la acusación, esta estructura de narcomenudeo operaba en San Salvador y distintos mercados de los distritos de Apopa, Soyapango, Ilopango, y departamentos de la zona oriental del país, se le asocia a cuatro células lideradas por Edgardo Bruno Ventura, alias “El Brother”, “Patrón” o “Bruno”, conocido como el “Rey de Mariona”.
La Fiscalía sostiene que los sujetos eran los encargados de la comercialización y distribución de droga como marihuana, cocaína y crack. En la estructura investigada desde 2022, los acusados mantenían la jerarquía de líderes, logísticos, proveedores, distribuidores, vendedores, revendedores, colaboradores e informantes.
Durante la audiencia, el juzgador valoró las pruebas indiciarias presentadas por la Fiscalía General de la República como escuchas telefónicas, actas de entrevista de agentes captores y perfiles delincuenciales que arrojan preliminarmente la posible existencia del delito y la probable participación de cada uno de los imputados, por lo que ordenó que el caso continué en investigación en la etapa de instrucción por un plazo de seis meses.
