Judicial
Decretan 6 años de cárcel a sujetos capturados con marihuana mediante un control vehicular en Ahuachapán

El Tribunal de Sentencia de Ahuachapán realizó vista pública contra Wilfredo Molina, de 44 años de edad, y Wilson Alejandro Salas, de 26, por el delito de posesión y tenencia con fines de tráfico, en perjuicio de la salud pública.
Al finalizar el juicio y luego de analizar las pruebas documentales, periciales y testimoniales, presentadas por el ente fiscal, el juzgador los declaró culpables y los condenó a purgar la pena de seis años de prisión; además de la pérdida de los derechos de ciudadano e incapacidad para obtener cualquier cargo o empleos públicos mientras dure la pena principal.
Según consta en el expediente judicial, agentes policiales realizaban patrullaje preventivo y decidieron instalar un control vehicular en calle principal del cantón Palo Pique, frente a la Colonia Carillo Dos, del cantón Chancuyo, en el municipio de Ahuachapán.
Ya establecidos, detuvieron un vehículo y no encontraron nada ilícito en el cuerpo del conductor, a quien identificaron como Wilfredo Molina. Sin embargo, en la parte posterior del asiento había ocho porciones grandes de material vegetal.
Posteriormente, los agentes observaron que al lugar del procedimiento regresó de forma sospechosa un segundo vehículo y optaron por detenerlo y al requisar el baúl del carro encontraron cinco porciones grandes de material vegetal. La persona que conducía este segundo automóvil era Wilson Alejandro Salas.
Por considerar que el hallazgo podría tratarse de droga, se le hizo la prueba de campo al material incautado a ambos sospechosos, el cual dio positivo a marihuana. La cantidad confiscada fue de 12,946.7 gramos, con los cuales se pudieron haber fabricado un aproximado de 9,975 cigarrillos con un valor en el mercado de $5,685.75 dólares.
Fuente: Centros Judiciales de El Salvador.
Judicial
Exdiputada de ARENA, Silvia Ostorga, es demandada por enriquecimiento ilícito junto a su familia

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó una demanda por enriquecimiento ilícito contra Silvia Estela Ostorga de Escobar, exdiputada propietaria de la Asamblea Legislativa por el partido ARENA. La acción judicial también alcanza a su esposo, Marco Tulio Escobar Méndez, y a su hija, Katherine Tatiana Escobar Ostorga.
La investigación se originó tras una resolución de la Corte Suprema de Justicia que detectó indicios de enriquecimiento no justificado durante los tres períodos legislativos de Ostorga (2012-2015, 2015-2018 y 2018-2021). De acuerdo con el Ministerio Público, se le atribuyen 40 irregularidades financieras que suman $4,287,490.91, incluyendo depósitos bancarios, compras de vehículos, pagos de tarjetas de crédito y préstamos bancarios.
A su cónyuge se le señalan 25 irregularidades por un monto de $520,465.96, también vinculadas a movimientos bancarios, adquisición de bienes y manejo de créditos. En el caso de su hija, se reporta un depósito bancario de $2,000 cuyo origen no fue justificado.
La FGR solicita que los acusados restituyan los fondos al Estado y ha pedido a la Cámara de lo Civil que inhabilite a la exlegisladora para ejercer cargos públicos durante 10 años, conforme a la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
Judicial
FGR entrega a Eluzur Rumpler a autoridades de Israel por abuso contra menores
Judicial
Localizan restos de joven desaparecido en 2020; pandilleros enfrentan juicio por el crimen

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este miércoles que, en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), localizaron restos humanos en un cementerio clandestino ubicado en el municipio de Nuevo Cuscatlán, departamento de La Libertad.
Según las autoridades, los restos corresponden a un joven de 24 años que fue privado de libertad en abril de 2020 y posteriormente asesinado por miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13), específicamente de las clicas Teclas Locos Salvatruchos (TLS) y Ayagualos Locos Salvatruchos.
Los presuntos responsables ya enfrentan juicio por este hecho. El procedimiento de exhumación fue autorizado por el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador. Fiscales y agentes policiales continúan trabajando en el sitio para recolectar evidencia que respalde el proceso judicial.
La localización del cuerpo fue posible gracias a diligencias de investigación desarrolladas como parte del combate a estructuras criminales.