Judicial
Condenan a Vanda Pignato y otros exfuncionarios involucrados en el caso Saqueo Público
La exprimera dama en el gobierno del FMLN, Vanda Pignato, y otros exfuncionarios de la gestión del prófugo expresidente Mauricio Funes, fueron condenados este viernes, por el Tribunal Primero de Sentencia a penas de hasta 14 años por el desvío de $351 millones de las arcas del Estado a cuentas personales.
Pignato fue sentenciada a 3 años por simulación de delito, pena que será sustituida por 144 jornadas de trabajo. Sin embargo, fue absuelta por lavado de dinero, ya que según se resolvió, los fondos que recibió eran parte del dinero desviado por el principal implicado en el caso Saqueo Público, su ex esposo Mauricio Funes.
En cuanto a José Miguel Menéndez Avelar, alias, «Mecafé» purgará hasta 14 años de prisión por los delitos de lavado de dinero (8 años) y evasión de impuestos (6 años).
El juez mencionó que se logró establecer la participación de Mecafé como prestanombre de Funes, además de la entrega de una fuerte cantidad de dinero desde la presidencia en el período de 2009-2014.
Asimismo, habría ayudado al ocultamiento de incidentes dentro de la relación de confianza con Funes Cartagena. Miguel Menéndez recibió dinero de los gastos reservados de la presidencia a ritmo de $10,000 mensuales y siendo presidente «adhorem» del CIFCO, dada la confianza con el exmandatario salvadoreño, por lo que se configuró el delito de lavado de dinero.
Respecto al delito de defraudación al fisco, Menéndez no habría declarado al Ministerio de Hacienda más de $180,000. El juez indica que la Fiscalía logró probar la evasión de impuestos por parte de Mecafé y deberá pagar más de $183,000 en concepto de responsabilidad civil.
En el caso del expresidente del Banco Hipotecario, Manuel Rivera Castro, le decretaron 13 años de cárcel por los delitos de peculado (8 años) y lavado de dinero (5).
El juzgador explicó que el acusado era un funcionario público al quien se le puede atribuir el delito de peculado. El juez agregó que existe una conducta delictiva por parte del acusado en el ilícito de peculado en calidad de cómplice necesario.
Con respecto al lavado de dinero, la Fiscalía señaló que Rivera Castro recibía $5,000 mensuales provenientes de los fondos reservados de la presidencia, como pago por los servicios realizados en el Banco Hipotecario para beneficio de la red, por lo que se configura el referido delito, afirmó el juez.
Otros sentenciados son David Marciano Rivas, exsecretario de Comunicaciones de la presidencia, ha sido declarado culpable por lavado de dinero y pasará 8 años en la cárcel. Se comprobó que Rivas recibió 31 cheques y alcanzó un patrimonio de $225,000 de fondos ilícitos.
En tanto, el exsuegro de Funes, Juan Carlos Guzmán Berdugo, fue declarado culpable por lavado de dinero y condenado a 8 años de prisión.
Luis René Rivera González enfrenta cargos por feminicidio agravado, acusado de haber asesinado a su compañera de vida a golpes en la cabeza y posteriormente incinerar el cuerpo para intentar ocultar el crimen, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
El hecho ocurrió el pasado 13 de marzo en un terreno baldío ubicado sobre la carretera a Punta Mango, en el caserío La Vaca, cantón El Zope, distrito de Jucuarán, Usulután.
De acuerdo con las investigaciones fiscales, tras cometer el homicidio, Rivera González regresó a su vivienda en Chirilagua, San Miguel, y minutos más tarde volvió a la escena del crimen para prender fuego al cadáver.
La desaparición de la víctima fue reportada por familiares el 21 de abril. Gracias a las diligencias realizadas por la FGR, el cuerpo fue localizado el 30 de abril. La institución también señaló que la mujer había sido víctima de un ciclo de violencia por parte del acusado.
Rivera González fue capturado mediante orden administrativa el 15 de mayo. La FGR ha solicitado al Juzgado de Paz de Chirilagua que el proceso avance a la etapa de instrucción con régimen de detención provisional mientras continúan las investigaciones.
Judicial
Mujer es acusada de homicidio agravado por la muerte de su pareja y otro hombre en San Miguel
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un requerimiento ante el Juzgado Tercero de Paz de San Miguel en contra de Dilcia Alejandra Navarro Umaña, acusada del delito de homicidio agravado en perjuicio de dos hombres, entre ellos su compañero de vida.
Según el informe fiscal, los hechos ocurrieron luego de una reunión en la que Navarro Umaña, su pareja sentimental, de 39 años, y un amigo de ambos, compartían bebidas alcohólicas. Durante el encuentro surgió una discusión que continuó cuando los tres se trasladaron a la vivienda de la pareja.
“Al llegar a la casa, los dos hombres comenzaron a pelear. En ese momento, la mujer tomó un cuchillo e hirió de gravedad a ambos. Una tercera persona que intentó intervenir resultó con lesiones leves”, detalló la FGR en su comunicado oficial.
La pareja de Navarro Umaña falleció en el lugar a causa de dos heridas en el tórax y una en el cuello, mientras que el otro hombre fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, donde murió la mañana del 19 de mayo mientras recibía atención médica.
El Ministerio Público ha solicitado al juzgado que se decrete detención provisional contra la acusada y que el caso pase a la fase de instrucción, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado condenó a seis años de prisión a Rebeca Saraí Ponce Peñalba, tras encontrarla culpable del delito de actos preparatorios, proposición y conspiración en organizaciones terroristas.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2022 en el cantón Hacienda Nueva, municipio de Colón, en la zona de Nuevo Lourdes. Ese día, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Ponce Peñalba junto a otras dos personas durante un control preventivo. Testigos del lugar señalaron a los detenidos como presuntos integrantes de estructuras criminales.
Durante el procedimiento, los agentes incautaron un teléfono celular a la ahora condenada. En el dispositivo se encontraron fotografías y videos en los que aparecía junto a miembros activos de la pandilla 18 Revolucionarios, e incluso se observaba a la imputada grabándolos.
El tribunal valoró las pruebas periciales y concluyó que Ponce Peñalba mantenía vínculos directos con la estructura terrorista, por lo que impuso la pena de prisión correspondiente.
