Judicial
Condenan a Vanda Pignato y otros exfuncionarios involucrados en el caso Saqueo Público
La exprimera dama en el gobierno del FMLN, Vanda Pignato, y otros exfuncionarios de la gestión del prófugo expresidente Mauricio Funes, fueron condenados este viernes, por el Tribunal Primero de Sentencia a penas de hasta 14 años por el desvío de $351 millones de las arcas del Estado a cuentas personales.
Pignato fue sentenciada a 3 años por simulación de delito, pena que será sustituida por 144 jornadas de trabajo. Sin embargo, fue absuelta por lavado de dinero, ya que según se resolvió, los fondos que recibió eran parte del dinero desviado por el principal implicado en el caso Saqueo Público, su ex esposo Mauricio Funes.
En cuanto a José Miguel Menéndez Avelar, alias, «Mecafé» purgará hasta 14 años de prisión por los delitos de lavado de dinero (8 años) y evasión de impuestos (6 años).
El juez mencionó que se logró establecer la participación de Mecafé como prestanombre de Funes, además de la entrega de una fuerte cantidad de dinero desde la presidencia en el período de 2009-2014.
Asimismo, habría ayudado al ocultamiento de incidentes dentro de la relación de confianza con Funes Cartagena. Miguel Menéndez recibió dinero de los gastos reservados de la presidencia a ritmo de $10,000 mensuales y siendo presidente «adhorem» del CIFCO, dada la confianza con el exmandatario salvadoreño, por lo que se configuró el delito de lavado de dinero.
Respecto al delito de defraudación al fisco, Menéndez no habría declarado al Ministerio de Hacienda más de $180,000. El juez indica que la Fiscalía logró probar la evasión de impuestos por parte de Mecafé y deberá pagar más de $183,000 en concepto de responsabilidad civil.
En el caso del expresidente del Banco Hipotecario, Manuel Rivera Castro, le decretaron 13 años de cárcel por los delitos de peculado (8 años) y lavado de dinero (5).
El juzgador explicó que el acusado era un funcionario público al quien se le puede atribuir el delito de peculado. El juez agregó que existe una conducta delictiva por parte del acusado en el ilícito de peculado en calidad de cómplice necesario.
Con respecto al lavado de dinero, la Fiscalía señaló que Rivera Castro recibía $5,000 mensuales provenientes de los fondos reservados de la presidencia, como pago por los servicios realizados en el Banco Hipotecario para beneficio de la red, por lo que se configura el referido delito, afirmó el juez.
Otros sentenciados son David Marciano Rivas, exsecretario de Comunicaciones de la presidencia, ha sido declarado culpable por lavado de dinero y pasará 8 años en la cárcel. Se comprobó que Rivas recibió 31 cheques y alcanzó un patrimonio de $225,000 de fondos ilícitos.
En tanto, el exsuegro de Funes, Juan Carlos Guzmán Berdugo, fue declarado culpable por lavado de dinero y condenado a 8 años de prisión.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
