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Judicial

Condenan a 45 años de cárcel a ocho policías por asesinato de tres pandilleros y un obrero en Zaragoza

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El Tribunal 1º de Sentencia de Santa Tecla condenó hoy a ocho agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), acusados por la Fiscalía de los delitos de homicidio agravado en perjuicio de cuatro víctimas y fraude procesal en perjuicio de la administración de justicia.

Asimismo, absolvió de toda responsabilidad a un subinspector a quien también la FGR vinculaba en este mismo caso, pero acusaba únicamente por incumplimiento de deberes.

El juicio se ventiló bajo la modalidad colegiada luego que la Cámara de lo penal de la Cuarta Sección del Centro de Santa Tecla resolviera un recurso de apelación interpuesto por la FGR tras la realización del primer juicio en el caso a cargo del Tribunal 2do de Sentencia de Santa Tecla. En dicha resolución se ordenó la instalación de una nueva vista pública a cargo del Tribunal Primero de Sentencia.

Los nueve agentes fueron acusados de los hechos ocurridos el 8 de febrero de 2016 en la colonia Villas de Zaragoza, La Libertad, cuando tuvieron conocimiento que un grupo de delincuentes estaban armados y asaltando a un camión repartido en la zona.

A raíz de dicha información, se movilizó a varios policías al lugar, y cuando los sospechosos advirtieron la presencia policial, huyeron. Según la Fiscalía, diferentes grupos de la PNC montaron un operativo de rastreo en la referida colonia ubicando a los sospechosos en una vivienda de dos plantas. Según las investigaciones, fue en ese lugar donde se desarrolló el suceso que dejó como saldo a cuatro personas muertas.

En su fallo, los jueces determinaron de manera unánime que los ocho agentes fueran condenados a 30 años de prisión por el delito de homicidio agravado bajo la modalidad de concurso ideal, aumentando en un tercio dicha pena, por lo que les fueron impuestos 40 años de prisión por ese ilícito.

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Además, les sumaron cinco años por el delito de fraude procesal, haciendo un total de 45 años de prisión para cada uno de los ocho condenados. Los imputados, quienes habían permanecido en libertad, deberán ser remitidos a un centro penitenciario.

Para el Tribunal, la presunción de inocencia de los acusados fue desvirtuada por la prueba de cargo tanto pericial, documental y testimonial, en la cual se descartó que el hecho haya sido un enfrentamiento más bien se determinó que los policías tenían dominio de la escena y ejecutaron a las víctimas, así como también se demostró el abuso de superioridad y alevosía con la que cometieron los hechos en los cuales los defensores de los imputados no lograron demostrar ante los Jueces que los policías estaban en riesgo inminente.

El Tribunal señaló en su fallo que los agentes trataron de limpiar, manipular y alterar la escena donde sucedieron los hechos, lo cual demostró el comportamiento delictivo con el que actuaron.

La sentencia íntegra de este juicio será entregada a las partes procesales el próximo 28 de noviembre en la secretaria del Tribunal.

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FGR logra condena de hasta 112 años de prisión para estructura de la 18 en Cuscatlán

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El Juzgado Especializado de Sentencia “A” de esta capital valoró casi en su totalidad la versión del testigo criteriado aportado por la representación fiscal, y estableció que lo vertido por esta figura junto a otras pruebas aportadas durante el proceso, eran suficientes para condenar a una estructura de 12 integrantes de mara 18 sureños que operaba en la ciudad de Cojutepeque a cuyos integrantes impuso penas carcelarias de hasta 112 años de prisión.

Las muertes de un activista de un partido político, de un miembro del CAM, así como un atentado en contra de una caseta de la PNC son parte de los hechos punibles que estos sujetos cometieron durante el tiempo que delinquieron en esa zona.

En total los 12 imputados enfrentaron el juicio bajo los delitos de Homicidio Agravado y homicidio agravado tentado, siendo estos nueve en su totalidad.

El jefe de la Unida de Vida de la oficina de Cojutepeque externo su complacencia con la resolución, debido a que se constituye en un fuerte golpe a las pandillas, en este caso a los 18 sureños, principalmente en la coyuntura actual en donde se libra una dura batalla en contra de estos grupos delincuenciales a nivel nacional.

«Sin duda este es un fuerte golpe que como Fiscalía le estamos dando a estos grupos criminales y en cierta forma una respuesta a las familias de las víctimas, que pedían justicia terrenal para los sujetos que les robaron las vidas de sus familiares», dijo.

Dentro de las condenas más ejemplarizantes y amplias que impuso el Juez Especializado están la de Edwin Geovany Laínez Abarca condenado a 112 años de prisión.

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Además, José Ronald Hernández Hernández, 87 años de prisión; Manuel de Jesús Portillo, 75 años de cárcel, Salomón Eliazar Moreno, condenado a 50 años de prisión. El resto obtuvo penas de 25, 12 y 10 años de prisión.

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Juzgado Especializado condena a pandilleros con penas entre los 20 y 130 años de cárcel

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El Juzgado Especializado de Sentencia de San Miguel dictaminó la condena a prisión impuesta a 55 pandilleros que operaban y delinquían en el occidente del país.

Los delincuentes recibieron penas que oscilan entre los 20 y 130 años de prisión por los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado tentado y agrupaciones ilícitas.

De acuerdo con Centros Judiciales, Álvaro Misael Soriano Granados es el pandillero que recibió la mayor condena, siendo esta de 130 años de cárcel.

Estos sujetos cometieron la multiplicidad de estos hechos entre los años 2012 y 2015, en Usulután, y fueron capturados en el año 2020.

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Sujeto contactó a pandilleros para que acabaran con la vida de una persona con régimen de protección

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El Juzgado Segundo de Instrucción, de San Salvador, ordenó apertura a juicio contra Víctor Manuel A., acusado de proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado en perjuicio de una víctima con régimen de protección.

Según la Fiscalía General de la República (FGR), en septiembre del año 2020 el imputado contactó a miembros de estructuras criminales y les propuso que acabaran con la vida de una persona. Para tal fin, el imputado les ofreció dinero y les proporcionó toda la información de la víctima.

La juzgadora admitió todas las pruebas, incluyendo los relatos de testigos con régimen de protección y ratificó la detención provisional contra el imputado.

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