Judicial
Con trabajos de utilidad pública pagará condena empleada de la PNC que exigía sobornos para limpiar antecedentes
Foto de archivo
Reina Isabel Acosta, ex empleada del Departamento Jurídico de la Oficinas de Solvencias, de la Policía Nacional Civil (PNC) fue condenada por el Tribunal 5° de Sentencia de San Salvador, a tres años de prisión, que serán reemplazados por trabajos de utilidad pública, tras confesar que exigió sobornos a particulares a cambio de limpiar antecedentes policiales.
Acosta, fue capturada el 30 de agosto de 2017 tras una investigación realizada por la Unidad de Asuntos Internos de la PNC. Ella era acusada de cometer los delitos de cohecho propio y falsedad documental agravada.
Durante el procedimiento de captura, la Fiscalía decomisó páginas en blanco con firma y sello de la Secretaría General de la Fiscalía.
Según el Ministerio Público, Acosta es una abogada y notario que fue empleada por la Policía en el área jurídica y posteriormente fue destacada en la oficina de solvencias, donde pedía sobornos para limpiar el récord de antecedentes policiales. Es pareja sentimental del comisionado de la PNC, Rolando Elías Julián Belloso.
Acosta utilizó como socio al abogado Edgardo Molina Morales, quien se encargaba de ser el enlace entre la persona que buscaba limpiar su historial policial y la empleada policial. Este abogado también fue capturado.
Los montos que exigían oscilaban entre los $300 a $650, de acuerdo con fuentes fiscales.
Sin embargo, trascendió que las capturas de Reina Isabel Acosta y Edgardo Molina Morales se realizaron por los delitos de cohecho y falsedad, debido a una denuncia interpuesta por una víctima.
La Fiscalía concedió el beneficio del proceso abreviado a Acosta, ya que la mujer se declaró culpable de los cargos, por lo que fue sentenciada a tres años de prisión, pero esta fue sustituida por trabajos de utilidad pública.
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Internacionales
Guatemala extradita a El Salvador al empresario Jorge Leonel Gaitán Paredes por hurto agravado
La Policía Nacional de Guatemala, con apoyo de INTERPOL, entregó a las autoridades salvadoreñas al empresario Jorge Leonel Gaitán Paredes, de 67 años, requerido por el delito de hurto agravado.
La extradición se realizó en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Tercero de Sentencia Penal de Guatemala, emitida el 5 de marzo, tras la solicitud de la Fiscalía General de la República de El Salvador. Gaitán Paredes había estado recluido en la cárcel Mariscal Zavala y, una vez resuelta su situación legal en Guatemala, fue trasladado a través de la frontera de Valle Nuevo, donde fue recibido por agentes de INTERPOL de El Salvador.
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador declaró culpable a Edwin Mauricio Alvarado Lazo, por los delitos de feminicidio agravado y agresión sexual en menor e incapaz, imponiéndole una condena de 66 años de cárcel.
De acuerdo con la confesión presentada ante la jueza, el 9 de octubre de 2023 la víctima de 7 años, pasaba frente a la vivienda del procesado, quien la llamó e hizo ingresar.
Una vez dentro, la asfixió mientras estaba sentada en un sofá y posteriormente la agredió físicamente.
Más tarde, introdujo el cuerpo en un saco y lo abandonó en un área verde del reparto La Campanera.
Durante la vista pública, testigos relataron que previamente habían tenido altercados con el imputado por su conducta indebida hacia menores de la zona.
El juzgado identificó la misoginia y el desprecio hacia las mujeres en las acciones del condenado al atacar a una menor de edad y desechar su cuerpo.
La Fiscalía General de la República informó que el exministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán, y su grupo familiar enfrentarán audiencia probatoria por presunto enriquecimiento ilícito por un total de $572,015.22.
Duarte Durán ocupó cargos públicos entre 2009 y 2019, incluyendo ministro de Turismo, presidente de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) y director del Consejo Salvadoreño del Café.
Durante ese período, la Fiscalía detectó 72 irregularidades patrimoniales en Duarte Durán y su familia que no pudieron justificar. Entre las inconsistencias se incluyen depósitos en cuentas corrientes, pagos con tarjetas de crédito y diferencias entre ingresos y egresos.
Por separado, a su esposa María Cristina Benítez de Duarte se le detectaron cuatro irregularidades por $79,344.53; a su hijo José Napoleón Duarte Benítez, 23 irregularidades por $218,904.74; a su hija María Cristina Duarte de González, 9 irregularidades por $64,919.42; y a Juan Carlos Duarte Benítez, 15 irregularidades por $82,762.53.
La audiencia preparatoria se realizó en la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, que admitió toda la prueba documental y pericial presentada por la Fiscalía.
