Judicial
Con trabajos de utilidad pública pagará condena empleada de la PNC que exigía sobornos para limpiar antecedentes
Foto de archivo
Reina Isabel Acosta, ex empleada del Departamento Jurídico de la Oficinas de Solvencias, de la Policía Nacional Civil (PNC) fue condenada por el Tribunal 5° de Sentencia de San Salvador, a tres años de prisión, que serán reemplazados por trabajos de utilidad pública, tras confesar que exigió sobornos a particulares a cambio de limpiar antecedentes policiales.
Acosta, fue capturada el 30 de agosto de 2017 tras una investigación realizada por la Unidad de Asuntos Internos de la PNC. Ella era acusada de cometer los delitos de cohecho propio y falsedad documental agravada.
Durante el procedimiento de captura, la Fiscalía decomisó páginas en blanco con firma y sello de la Secretaría General de la Fiscalía.
Según el Ministerio Público, Acosta es una abogada y notario que fue empleada por la Policía en el área jurídica y posteriormente fue destacada en la oficina de solvencias, donde pedía sobornos para limpiar el récord de antecedentes policiales. Es pareja sentimental del comisionado de la PNC, Rolando Elías Julián Belloso.
Acosta utilizó como socio al abogado Edgardo Molina Morales, quien se encargaba de ser el enlace entre la persona que buscaba limpiar su historial policial y la empleada policial. Este abogado también fue capturado.
Los montos que exigían oscilaban entre los $300 a $650, de acuerdo con fuentes fiscales.
Sin embargo, trascendió que las capturas de Reina Isabel Acosta y Edgardo Molina Morales se realizaron por los delitos de cohecho y falsedad, debido a una denuncia interpuesta por una víctima.
La Fiscalía concedió el beneficio del proceso abreviado a Acosta, ya que la mujer se declaró culpable de los cargos, por lo que fue sentenciada a tres años de prisión, pero esta fue sustituida por trabajos de utilidad pública.
Archivo:
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a Mauricio Edgardo Galán Martínez a 12 años de prisión por los delitos de uso y tenencia de documentación falsa, falsedad ideológica y estafa.
Además, el tribunal ordenó que Galán Martínez pague $35,000 en concepto de responsabilidad civil a la víctima del caso.
En el mismo proceso, Karla Elizabeth Erazo de Urrutia fue declarada culpable del delito de estafa y condenada a tres años de trabajos de utilidad pública, además de pagar $1,200 como reparación económica.
De acuerdo con la investigación, ambos implicados vendieron una propiedad ubicada en un condominio del lago de Coatepeque sin ser sus propietarios, utilizando documentos falsificados.
Los hechos ocurrieron en el año 2021, según informó la fuente judicial.
Judicial
Fiscalía reporta 1,090 condenas por violación y agresión sexual a menores en los primeros nueve meses del año
Entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2025, la Fiscalía General de la República ha logrado condenar a 1,090 personas por los delitos de violación y agresión sexual a menores de edad, superando ya las cifras de todo 2024 (1,077) y 2023 (875).
Según los datos oficiales, las condenas mensuales fueron: 117 en enero, 134 en febrero, 136 en marzo, 93 en abril, 124 en mayo, 126 en junio, 147 en julio, 95 en agosto y 118 en septiembre.
Entre los casos recientes destaca la condena del 9 de octubre contra los hermanos Edwin Emerson y Douglas Manuel Hernández Ramírez, sentenciados a 26 y 20 años de prisión, respectivamente, por abusar de una niña desde que tenía 8 años en San Juan Opico, La Libertad. Según la fiscal del caso, los imputados amenazaron a la víctima para mantener el abuso en secreto hasta 2022, cuando se presentó la denuncia.
En otro caso, el 7 de julio, Juan Carlos Pérez de Jesús fue condenado a 20 años de prisión por violar a una menor en 2023 en San Salvador, aprovechando que la víctima jugaba sola con otras niñas.
Las estadísticas también reflejan que entre enero y septiembre fueron capturadas en flagrancia 258 personas acusadas de violación y agresión sexual a menores, con un promedio mensual de 17 a 35 detenciones, según los reportes del ministerio público.
Estos resultados evidencian la labor constante de la Fiscalía en la persecución de delitos sexuales contra menores y el fortalecimiento de los procesos judiciales en el país.
