Judicial
Colombiana vinculada al asesinato de un fiscal paraguayo es captura en el país junto a salvadoreño que le ayudó a esconderse
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, junto con el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, y el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, presentaron detalles acerca de la detención de prófugos de la justicia colombiana con orden de captura emitida por la INTERPOL.
Se trata de Margaret Lizeth Chacón Zúñiga, acusada por la justicia colombiana de planear el asesinato del fiscal Antimafia paraguayo, Marcelo Pecci, ocurrido en Cartagena, Colombia, el 10 de mayo de 2022.
Asimismo, fue capturado el salvadoreño Wilber Giovanni Rodríguez Huezo, de 47 años, quien enfrentará la justicia por el delito de agrupaciones ilícitas, ya que fue quien colaboró con esta mujer.
El director de la PNC afirmó que “a la señora alias Margie, como es conocida a nivel internacional, se ha localizado con la única finalidad de ponerla a disposición del requerimiento de la policía de Colombia”.
Ante la captura, el presidente de la República, Nayib Bukele se pronunció en su cuenta de Twitter de forma contundente, al decir que “El Salvador no será refugio de criminales”.
Por su parte el ministro Gustavo Villatoro recalcó que “este país en materia de seguridad se está transformando y El Salvador no será refugio de ningún criminal internacional o terroristas organizados que andan esparciendo su cultura de muerte, de luto y dolor de otros países de nuestra querida América Latina”.
Detalló que el proceso de captura inició el pasado viernes, cuando Interpol Colombia notificó a las autoridades salvadoreñas que la imputada podría encontrarse en el país, de inmediato se procedió a la revisión de bases de datos migratorios y se determinó que había ingresado el 26 de mayo de 2022.
Las autoridades informaro que Chacón Zúñiga, será entregada a las autoridades colombianas para que responda por sus delitos, mientras que Rodríguez Huezo será procesado por agrupaciones ilícitas y por posible ocultamiento para los criminales que planificaron y ejecutaron este asesinato.
“Ya lo decía el señor presidente, el imperio de la ley debe prevalecer y ese imperio de la ley aplica para cualquier criminal y más aún cuando ese delincuente tiene que responder ante la justicia de otros países”, afirmó el ministro Villatoro.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 40 años de prisión a Klaus Fernando Orantes Ramírez por el delito de homicidio agravado en perjuicio de su madre, Eneyda Ramírez, crimen cometido en febrero de 2021.
El homicidio ocurrió en una vivienda ubicada en la colonia Escalón, en San Salvador. De acuerdo con las investigaciones, la víctima y el imputado regresaban de un viaje a la playa y, bajo los efectos del alcohol, Orantes Ramírez la asfixió utilizando una cadena metálica.
Tras cometer el crimen, el condenado se infligió varios golpes y desordenó la vivienda para simular un robo e intentar despistar a las autoridades.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que las investigaciones determinaron que Klaus Fernando Orantes Ramírez planificó el homicidio junto con su primo, Pedro Antonio Gálvez, quien fue detenido anteriormente. Según la acusación, ambos pretendían vender un inmueble y apropiarse del dinero de la venta, así como de los recursos obtenidos por la administración de los demás inmuebles propiedad de la víctima.
«Los imputados, para desvirtuar su participación, simularon que personas desconocidas se metieron a su casa a robar, y se golpearon entre sí para despistar que ellos cometieron el homicidio», detalló la Fiscalía.
En este caso también fue capturada Fernanda Nicole Orantes Ramírez. Sin embargo, en enero de 2023, el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador resolvió que continuara el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención, tras pagar una fianza de $5,000.
En esa ocasión, el juzgador señaló que la decisión obedecía a que la violencia psicológica que recibió Fernanda Orantes Ramírez no le permitía ser considerada cómplice, sino víctima. Hasta la fecha, se desconoce el estado actual de su proceso judicial.
Crimen planificado
Al momento de las capturas, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que los imputados planearon el asesinato de Eneyda Ramírez, a quien acusaban de «ser tacaña y no darles dinero», pese a que poseía varias viviendas en alquiler.
Según la corporación policial, con el pretexto de celebrar el Día de San Valentín, llevaron a la víctima a la playa, donde le suministraron abundantes bebidas alcohólicas. Al regresar a su vivienda en la colonia Escalón, continuaron dándole alcohol hasta dejarla inconsciente y posteriormente la asfixiaron con una cadena metálica.
La PNC agregó que, para evitar ser descubiertos, los dos hermanos y el primo simularon haber sido víctimas de un robo. «Los 2 hermanos y el primo se dieron varios golpes entre ellos, fingiendo que los supuestos ladrones los habían atacado y desordenaron toda la casa para hacer creíble su historia», detalló la institución.
