Judicial
Colombiana vinculada al asesinato de un fiscal paraguayo es captura en el país junto a salvadoreño que le ayudó a esconderse
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, junto con el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, y el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, presentaron detalles acerca de la detención de prófugos de la justicia colombiana con orden de captura emitida por la INTERPOL.
Se trata de Margaret Lizeth Chacón Zúñiga, acusada por la justicia colombiana de planear el asesinato del fiscal Antimafia paraguayo, Marcelo Pecci, ocurrido en Cartagena, Colombia, el 10 de mayo de 2022.
Asimismo, fue capturado el salvadoreño Wilber Giovanni Rodríguez Huezo, de 47 años, quien enfrentará la justicia por el delito de agrupaciones ilícitas, ya que fue quien colaboró con esta mujer.
El director de la PNC afirmó que “a la señora alias Margie, como es conocida a nivel internacional, se ha localizado con la única finalidad de ponerla a disposición del requerimiento de la policía de Colombia”.
Ante la captura, el presidente de la República, Nayib Bukele se pronunció en su cuenta de Twitter de forma contundente, al decir que “El Salvador no será refugio de criminales”.
Por su parte el ministro Gustavo Villatoro recalcó que “este país en materia de seguridad se está transformando y El Salvador no será refugio de ningún criminal internacional o terroristas organizados que andan esparciendo su cultura de muerte, de luto y dolor de otros países de nuestra querida América Latina”.
Detalló que el proceso de captura inició el pasado viernes, cuando Interpol Colombia notificó a las autoridades salvadoreñas que la imputada podría encontrarse en el país, de inmediato se procedió a la revisión de bases de datos migratorios y se determinó que había ingresado el 26 de mayo de 2022.
Las autoridades informaro que Chacón Zúñiga, será entregada a las autoridades colombianas para que responda por sus delitos, mientras que Rodríguez Huezo será procesado por agrupaciones ilícitas y por posible ocultamiento para los criminales que planificaron y ejecutaron este asesinato.
“Ya lo decía el señor presidente, el imperio de la ley debe prevalecer y ese imperio de la ley aplica para cualquier criminal y más aún cuando ese delincuente tiene que responder ante la justicia de otros países”, afirmó el ministro Villatoro.
El Juzgado Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a 17 años de cárcel a Josué Eduardo Platero Mina, acusado de asesinar a su pareja, José Antonio Hernández Paz, en medio de una discusión por supuestas infidelidades.
El crimen ocurrió a inicios de enero de 2024 en el cantón El Matazano, distrito de San Juan Opico, en el departamento de La Libertad. Platero Mina, quien tenía 20 años al momento de los hechos, atacó a la víctima con golpes y un arma blanca, según determinó la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).
Las autoridades señalaron que la noche del 31 de diciembre de 2023, Platero Mina llegó a la vivienda de Hernández Paz alrededor de las 11:00 p. m., pero se retiró sin previo aviso. Luego, Hernández Paz le comunicó que llegaría a su casa más tarde. Testigos afirmaron que ambos discutieron en al menos dos ocasiones antes del homicidio.
Según la FGR, Platero Mina golpeó e hirió con arma blanca a Hernández Paz y posteriormente arrojó su cuerpo cerca de la quebrada conocida como cuesta Los Conacastes, en el mismo cantón. El cadáver fue localizado el 2 de enero por un ciudadano que recolectaba leña en la zona.
Tras ser identificado como principal sospechoso, Platero Mina fue detenido por el delito de resistencia, mientras las investigaciones continuaban. Durante un registro en su vivienda, las autoridades encontraron en una fosa séptica el teléfono, la cartera y los documentos personales de la víctima, además del arma utilizada en el crimen.
Con base en estas evidencias, la Fiscalía formalizó la acusación por homicidio simple. El tribunal validó los elementos presentados y emitió la condena contra el imputado.
Judicial
Motorista que condujo en sentido contrario y amenazó con un corvo es condenado a trabajo comunitario
Hugo Antonio Flores Rivas, motorista de la ruta 106, fue condenado a un año de prisión por el delito de conducción peligrosa de vehículos automotores, luego de ser captado en video manejando en sentido contrario sobre una carretera en el departamento de La Libertad Oeste.
El hecho ocurrió el pasado 27 de abril en la vía que conduce hacia Quezaltepeque. En las imágenes que circularon en redes sociales, se observa a Flores Rivas conduciendo de forma temeraria. Al notar que estaba siendo grabado, el imputado sacó un arma blanca tipo corvo y amenazó al ciudadano que lo filmaba.
Tras la difusión del video, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó una acusación formal ante el tribunal correspondiente. Durante la audiencia preliminar, el procesado aceptó los hechos y se sometió a un procedimiento abreviado, lo que permitió al juez imponer una pena alternativa.
En lugar de cumplir el año de cárcel, la pena fue sustituida por trabajo de utilidad pública, medida contemplada en la legislación salvadoreña para ciertos delitos y bajo condiciones específicas. Las autoridades no precisaron en qué consistirán las labores comunitarias que deberá realizar el condenado.
El Tribunal de Sentencia de Cojutepeque condenó a Nefthaly Adonay Muñoz Pérez y Fredy Antonio Hidalgo Azucena a 20 años de cárcel por el delito de extorsión agravada contra un comerciante en el departamento de Cuscatlán.
Según informó la Fiscalía General de la República, los imputados amenazaban de muerte a la víctima para obligarla a entregar dinero de forma mensual, además de mercadería que comercializaba. “La coacción en la entrega de dinero y productos, así como la falta de utilidades en su negocio, obligaron a la víctima a cerrar su única fuente de ingresos”, explicó el fiscal del caso.
Los hechos ocurrieron en el distrito de Santa Cruz Michapa entre diciembre de 2022 y 2023. Las investigaciones establecieron que ambos sujetos exigían pagos regulares como parte de su actividad delictiva.
Esta es la segunda condena por extorsión que enfrentan los acusados. En febrero de este mismo año, ya habían sido sentenciados a 15 años de prisión por extorsionar a otra víctima.
Durante el juicio, el Ministerio Público presentó pruebas documentales, testimoniales y periciales que permitieron al tribunal declarar culpables a los dos acusados.
