Judicial
Colombiana vinculada al asesinato de un fiscal paraguayo es captura en el país junto a salvadoreño que le ayudó a esconderse
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, junto con el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, y el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, presentaron detalles acerca de la detención de prófugos de la justicia colombiana con orden de captura emitida por la INTERPOL.
Se trata de Margaret Lizeth Chacón Zúñiga, acusada por la justicia colombiana de planear el asesinato del fiscal Antimafia paraguayo, Marcelo Pecci, ocurrido en Cartagena, Colombia, el 10 de mayo de 2022.
Asimismo, fue capturado el salvadoreño Wilber Giovanni Rodríguez Huezo, de 47 años, quien enfrentará la justicia por el delito de agrupaciones ilícitas, ya que fue quien colaboró con esta mujer.
El director de la PNC afirmó que “a la señora alias Margie, como es conocida a nivel internacional, se ha localizado con la única finalidad de ponerla a disposición del requerimiento de la policía de Colombia”.
Ante la captura, el presidente de la República, Nayib Bukele se pronunció en su cuenta de Twitter de forma contundente, al decir que “El Salvador no será refugio de criminales”.
Por su parte el ministro Gustavo Villatoro recalcó que “este país en materia de seguridad se está transformando y El Salvador no será refugio de ningún criminal internacional o terroristas organizados que andan esparciendo su cultura de muerte, de luto y dolor de otros países de nuestra querida América Latina”.
Detalló que el proceso de captura inició el pasado viernes, cuando Interpol Colombia notificó a las autoridades salvadoreñas que la imputada podría encontrarse en el país, de inmediato se procedió a la revisión de bases de datos migratorios y se determinó que había ingresado el 26 de mayo de 2022.
Las autoridades informaro que Chacón Zúñiga, será entregada a las autoridades colombianas para que responda por sus delitos, mientras que Rodríguez Huezo será procesado por agrupaciones ilícitas y por posible ocultamiento para los criminales que planificaron y ejecutaron este asesinato.
“Ya lo decía el señor presidente, el imperio de la ley debe prevalecer y ese imperio de la ley aplica para cualquier criminal y más aún cuando ese delincuente tiene que responder ante la justicia de otros países”, afirmó el ministro Villatoro.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
