Judicial
Cámara rechaza recurso de apelación a petición de libertad condicional de Julio Rank
La Cámara Mixta de Vigilancia Penitenciaria y Tránsito resolvió rechazar el recurso de apelación presentado por la defensa del interno, Julio Humberto Rank Romero, condenado a la pena de cinco años de cárcel por el delito de lavado de dinero y activos.
El rechazo se dio porque la apelación, presentada por el abogado Lisandro Quintanilla, carece de elementos de fondo y forma, según la referida instancia, por lo tanto se devolvió el proceso al Juzgado 1° de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena para que continúe el trámite de Ley que corresponde.
En septiembre pasado, el Juzgado 1° de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena, negó el beneficio de libertad condicional adelantada que solicitaba el exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia, Julio Rank.
Ante esto, la defensa apeló ante la Cámara, pero la negación fue ratificada por esta. Rank fue condenado a cinco años de cárcel y se declaró responsable civilmente por la cantidad de $8,381,130.39 por delitos relacionados al caso denominado «Destape a la Corrupción». Debido a un supuesto mal estado de salud, pedía ser beneficiado con libertad condicional adelantada.
Tras una audiencia de revisión de medidas que se realizó en agosto, la Fiscalía General de la República (FGR) afirmó que la situación del exfuncionario no cumple con los requisitos para obtener el beneficio. Según la fiscal del caso, Rank se encuentra estable de salud, lo que refuta los argumentos planteados por la parte defensora.
Contrario a lo que manifiesta la FGR. La parte defensora asegura que Rank se encuentra en un estado «crítico» y que su vida «corre peligro a estar en la cárcel».
«Existen dos informes del Instituto de Medicina Legal que establecen que Julio Rank tiene una enfermedad crónica con daños severos en órganos blancos, eso es razón suficiente y se adapta a la normativa para que se le pueda otorgar una libertad condicional adelantada!», dijo Lisandro Quintanilla, abogado del exfuncionario.
El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de prisión a Silvia Guadalupe Barahona Ramos, miembro de la pandilla Barrio 18, por el delito de extorsión agravada.
Según el informe judicial, Barahona llegó al negocio de la víctima exigiendo dinero bajo amenazas de atentar contra su vida o la de su familia. La persona entregó el dinero, pero de inmediato interpuso la denuncia.
La detenida fue capturada en el marco del Régimen de Excepción y actualmente enfrenta procesos por otros delitos.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
