Judicial
Cámara rechaza recurso de apelación a petición de libertad condicional de Julio Rank
La Cámara Mixta de Vigilancia Penitenciaria y Tránsito resolvió rechazar el recurso de apelación presentado por la defensa del interno, Julio Humberto Rank Romero, condenado a la pena de cinco años de cárcel por el delito de lavado de dinero y activos.
El rechazo se dio porque la apelación, presentada por el abogado Lisandro Quintanilla, carece de elementos de fondo y forma, según la referida instancia, por lo tanto se devolvió el proceso al Juzgado 1° de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena para que continúe el trámite de Ley que corresponde.
En septiembre pasado, el Juzgado 1° de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena, negó el beneficio de libertad condicional adelantada que solicitaba el exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia, Julio Rank.
Ante esto, la defensa apeló ante la Cámara, pero la negación fue ratificada por esta. Rank fue condenado a cinco años de cárcel y se declaró responsable civilmente por la cantidad de $8,381,130.39 por delitos relacionados al caso denominado «Destape a la Corrupción». Debido a un supuesto mal estado de salud, pedía ser beneficiado con libertad condicional adelantada.
Tras una audiencia de revisión de medidas que se realizó en agosto, la Fiscalía General de la República (FGR) afirmó que la situación del exfuncionario no cumple con los requisitos para obtener el beneficio. Según la fiscal del caso, Rank se encuentra estable de salud, lo que refuta los argumentos planteados por la parte defensora.
Contrario a lo que manifiesta la FGR. La parte defensora asegura que Rank se encuentra en un estado «crítico» y que su vida «corre peligro a estar en la cárcel».
«Existen dos informes del Instituto de Medicina Legal que establecen que Julio Rank tiene una enfermedad crónica con daños severos en órganos blancos, eso es razón suficiente y se adapta a la normativa para que se le pueda otorgar una libertad condicional adelantada!», dijo Lisandro Quintanilla, abogado del exfuncionario.
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
