Judicial
Banda delincuencial de las «Viudas de Negro» sometieron a una embarazada a dar a luz y luego huyeron con el bebé
Autoridades policiales detallaron este viernes, en conferencia de prensa, los terribles hechos que se le imputan a una banda denominada Viudas de Negro, en la que participaba el doctor Arturo Armando Minero Sandoval.
En uno de los casos, estas personas, que fueron detenidas en las últimas horas, llevaron a una mujer hacia un motel donde la obligaron a dar a luz.
La embarazada fue asistida por el médico en presencia de más integrantes de la estructura. Posteriormente tomaron a la bebé y huyeron hacia el municipio de Ilobasco, en Cabañas, para asentarla.
“Tras suplantar la identidad de la madre, la asentaron utilizando testigos falsos que dieron fe de que conocían a la falsa progenitora” indica un reporte policial.
Por otra parte, la agrupación dio quitó la vida de un hombre, con el que habían forzado a una joven humilde a contraer matrimonio con el propósito de cobrar tres pólizas de seguro por un valor de $60,000.
Dicho monto fue recibido por una mujer mayor, de nombre Edith Emelda Ramírez.
La policía presentó ante prensa a Minero Sandoval y a Ramírez; también al abogado Edwin Enrique Hernández Varela, acusados, junto con Juan Abilio Guerra Melgar, de suplantación de identidad, agrupaciones ilícitas y trata de personas.
El inspector jefe Elvis Cisneros dijo que una División de Investigación Transnacional aprehendió este viernes a los cuatro imputados en el marco de la operación Viudas de Negro fase II, que abarcó diversos municipios de los departamento de Cabañas, La Libertad y San Salvador.
Según las autoridades, el abogado daba asesoría para cobrar los montos de los seguros en relación con los matrimonios forzados.
El proceso contra esta banda inició en 2015 tras la denuncia de una víctima, la cual culminó en 2017 con la captura de tres mujeres y tres hombres, entre ellas la de Esmeralda Arabel Flores Acosta, a nombre de quien fue asentada la menor que le fue quitada a su genuina madre.
“Están íntimamente relacionadas (las capturas), esto es producto de la investigación, hay víctimas de los dos casos investigados” dijo un oficial de la PNC al referirse a las aprehensiones realizadas este viernes con las llevadas a cabo en 2017.
Judicial
Demandarán a Manuel Flores por $250,000
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
Judicial
Tribunal condena a dos personas por vender una propiedad que no les pertenecía
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a Mauricio Edgardo Galán Martínez a 12 años de prisión por los delitos de uso y tenencia de documentación falsa, falsedad ideológica y estafa.
Además, el tribunal ordenó que Galán Martínez pague $35,000 en concepto de responsabilidad civil a la víctima del caso.
En el mismo proceso, Karla Elizabeth Erazo de Urrutia fue declarada culpable del delito de estafa y condenada a tres años de trabajos de utilidad pública, además de pagar $1,200 como reparación económica.
De acuerdo con la investigación, ambos implicados vendieron una propiedad ubicada en un condominio del lago de Coatepeque sin ser sus propietarios, utilizando documentos falsificados.
Los hechos ocurrieron en el año 2021, según informó la fuente judicial.



















