Judicial
Banda delincuencial de las «Viudas de Negro» sometieron a una embarazada a dar a luz y luego huyeron con el bebé
Autoridades policiales detallaron este viernes, en conferencia de prensa, los terribles hechos que se le imputan a una banda denominada Viudas de Negro, en la que participaba el doctor Arturo Armando Minero Sandoval.
En uno de los casos, estas personas, que fueron detenidas en las últimas horas, llevaron a una mujer hacia un motel donde la obligaron a dar a luz.
La embarazada fue asistida por el médico en presencia de más integrantes de la estructura. Posteriormente tomaron a la bebé y huyeron hacia el municipio de Ilobasco, en Cabañas, para asentarla.
“Tras suplantar la identidad de la madre, la asentaron utilizando testigos falsos que dieron fe de que conocían a la falsa progenitora” indica un reporte policial.
Por otra parte, la agrupación dio quitó la vida de un hombre, con el que habían forzado a una joven humilde a contraer matrimonio con el propósito de cobrar tres pólizas de seguro por un valor de $60,000.
Dicho monto fue recibido por una mujer mayor, de nombre Edith Emelda Ramírez.
La policía presentó ante prensa a Minero Sandoval y a Ramírez; también al abogado Edwin Enrique Hernández Varela, acusados, junto con Juan Abilio Guerra Melgar, de suplantación de identidad, agrupaciones ilícitas y trata de personas.
El inspector jefe Elvis Cisneros dijo que una División de Investigación Transnacional aprehendió este viernes a los cuatro imputados en el marco de la operación Viudas de Negro fase II, que abarcó diversos municipios de los departamento de Cabañas, La Libertad y San Salvador.
Según las autoridades, el abogado daba asesoría para cobrar los montos de los seguros en relación con los matrimonios forzados.
El proceso contra esta banda inició en 2015 tras la denuncia de una víctima, la cual culminó en 2017 con la captura de tres mujeres y tres hombres, entre ellas la de Esmeralda Arabel Flores Acosta, a nombre de quien fue asentada la menor que le fue quitada a su genuina madre.
“Están íntimamente relacionadas (las capturas), esto es producto de la investigación, hay víctimas de los dos casos investigados” dijo un oficial de la PNC al referirse a las aprehensiones realizadas este viernes con las llevadas a cabo en 2017.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
