Judicial
Banda delincuencial de las «Viudas de Negro» sometieron a una embarazada a dar a luz y luego huyeron con el bebé
Autoridades policiales detallaron este viernes, en conferencia de prensa, los terribles hechos que se le imputan a una banda denominada Viudas de Negro, en la que participaba el doctor Arturo Armando Minero Sandoval.
En uno de los casos, estas personas, que fueron detenidas en las últimas horas, llevaron a una mujer hacia un motel donde la obligaron a dar a luz.
La embarazada fue asistida por el médico en presencia de más integrantes de la estructura. Posteriormente tomaron a la bebé y huyeron hacia el municipio de Ilobasco, en Cabañas, para asentarla.
“Tras suplantar la identidad de la madre, la asentaron utilizando testigos falsos que dieron fe de que conocían a la falsa progenitora” indica un reporte policial.
Por otra parte, la agrupación dio quitó la vida de un hombre, con el que habían forzado a una joven humilde a contraer matrimonio con el propósito de cobrar tres pólizas de seguro por un valor de $60,000.
Dicho monto fue recibido por una mujer mayor, de nombre Edith Emelda Ramírez.
La policía presentó ante prensa a Minero Sandoval y a Ramírez; también al abogado Edwin Enrique Hernández Varela, acusados, junto con Juan Abilio Guerra Melgar, de suplantación de identidad, agrupaciones ilícitas y trata de personas.
El inspector jefe Elvis Cisneros dijo que una División de Investigación Transnacional aprehendió este viernes a los cuatro imputados en el marco de la operación Viudas de Negro fase II, que abarcó diversos municipios de los departamento de Cabañas, La Libertad y San Salvador.
Según las autoridades, el abogado daba asesoría para cobrar los montos de los seguros en relación con los matrimonios forzados.
El proceso contra esta banda inició en 2015 tras la denuncia de una víctima, la cual culminó en 2017 con la captura de tres mujeres y tres hombres, entre ellas la de Esmeralda Arabel Flores Acosta, a nombre de quien fue asentada la menor que le fue quitada a su genuina madre.
“Están íntimamente relacionadas (las capturas), esto es producto de la investigación, hay víctimas de los dos casos investigados” dijo un oficial de la PNC al referirse a las aprehensiones realizadas este viernes con las llevadas a cabo en 2017.
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
