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Banda delincuencial de las «Viudas de Negro» sometieron a una embarazada a dar a luz y luego huyeron con el bebé

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Autoridades policiales detallaron este viernes, en conferencia de prensa, los terribles hechos que se le imputan a una banda denominada Viudas de Negro, en la que participaba el doctor Arturo Armando Minero Sandoval.

En uno de los casos, estas personas, que fueron detenidas en las últimas horas, llevaron a una mujer hacia un motel donde la obligaron a dar a luz.

La embarazada fue asistida por el médico en presencia de más integrantes de la estructura. Posteriormente tomaron a la bebé y huyeron hacia el municipio de Ilobasco, en Cabañas, para asentarla.

“Tras suplantar la identidad de la madre, la asentaron utilizando testigos falsos que dieron fe de que conocían a la falsa progenitora” indica un reporte policial.

Por otra parte, la agrupación dio quitó la vida de un hombre, con el que habían forzado a una joven humilde a contraer matrimonio con el propósito de cobrar tres pólizas de seguro por un valor de $60,000.

Dicho monto fue recibido por una mujer mayor, de nombre Edith Emelda Ramírez.

La policía presentó ante prensa a Minero Sandoval y a Ramírez; también al abogado Edwin Enrique Hernández Varela, acusados, junto con Juan Abilio Guerra Melgar, de suplantación de identidad, agrupaciones ilícitas y trata de personas.

El inspector jefe Elvis Cisneros dijo que una División de Investigación Transnacional aprehendió este viernes a los cuatro imputados en el marco de la operación Viudas de Negro fase II, que abarcó diversos municipios de los departamento de Cabañas, La Libertad y San Salvador.

Según las autoridades, el abogado daba asesoría para cobrar los montos de los seguros en relación con los matrimonios forzados.

El proceso contra esta banda inició en 2015 tras la denuncia de una víctima, la cual culminó en 2017 con la captura de tres mujeres y tres hombres, entre ellas la de Esmeralda Arabel Flores Acosta, a nombre de quien fue asentada la menor que le fue quitada a su genuina madre.

“Están íntimamente relacionadas (las capturas), esto es producto de la investigación, hay víctimas de los dos casos investigados” dijo un oficial de la PNC al referirse a las aprehensiones realizadas este viernes con las llevadas a cabo en 2017.

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Solicitó un viaje, amenazó al conductor y terminó robándole sus pertenencias

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La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.

De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.

Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.

Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.

La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.

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PNC captura en Sesori a mujer de 26 años de la MS13 por extorsión agravada gracias al sistema ONI

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La Policía Nacional Civil de El Salvador detuvo a Kenia Lisbeth Medrano Hernández, de 26 años, en una calle rumbo al distrito de Sesori, en San Miguel Norte. La mujer tenía orden de captura vigente por extorsión agravada y agrupaciones ilícitas. Las autoridades confirmaron que pertenece a la pandilla MS13 y la remitirán al juzgado correspondiente.
La identificación se realizó mediante el sistema ONI, una plataforma tecnológica instalada en los dispositivos móviles de los agentes. Esta herramienta permite consultar en tiempo real bases de datos de antecedentes, órdenes de captura y afiliaciones pandilleriles, además de escanear documentos y generar alertas con apoyo de inteligencia artificial. Forma parte de la fase de modernización del Plan Control Territorial.
El operativo se enmarca en la estrategia de seguridad iniciada en 2019, que ha reducido de forma notable la violencia en el país mediante control territorial, uso de tecnología y acciones sostenidas contra estructuras como la MS13. San Miguel, zona oriental con histórica presencia de esta pandilla, registra en 2026 múltiples condenas masivas a sus miembros por extorsión, homicidios y otros delitos, incluidos casos en Sesori y alrededores.
La detenida será puesta a disposición judicial para enfrentar los cargos. Este tipo de capturas continúa formando parte del esfuerzo por desarticular las redes de extorsión que durante años afectaron a comunidades del oriente salvadoreño.
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Juzgado ordena devolver $60 mil a acusado de estafa con falso negocio de camión de basura en El Salvador

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Una víctima entregó $60,000 a Moisés Ernesto U. con la promesa de invertir en un camión recolector de basura que generaría $2,500 mensuales. El acusado se presentó como abogado de una oficina consular, lo que reforzó la confianza inicial. Tras recibir el dinero, realizó pagos irregulares, justificó retrasos con supuestos desperfectos mecánicos del vehículo y luego cortó toda comunicación, dejando a la víctima sin el camión ni el capital invertido.
El caso llegó a un juzgado, que autorizó una conciliación en lugar de un juicio pleno. Esta salida es habitual en El Salvador para el delito de estafa cuando las partes acuerdan la reparación del daño, lo que evitó una condena penal inmediata y priorizó la recuperación económica. El procesado debe entregar $20,000 de inmediato y completar el resto con cuotas de $1,600 durante 22 meses, lo que suma el monto total reclamado.
Este tipo de fraudes con promesas de vehículos o negocios de recolección de desechos se ha repetido en el país, a menudo con argumentos de importación, reparación o rendimientos fijos. La modalidad aprovecha la necesidad de ingresos extra y la aparente formalidad de quien se presenta con un cargo profesional. La conciliación cierra el proceso penal si se cumplen los pagos, pero deja pendiente el cumplimiento efectivo de las cuotas.
Las autoridades suelen recomendar verificar identidad, contratos y existencia real del bien antes de transferir sumas altas. En este expediente, la resolución judicial busca resarcir a la víctima, aunque el desenlace final dependerá de que el acusado honre el calendario de pagos establecido.
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