Judicial
Así fueron los momentos que vivió el presidente electo, Nayib Bukele, ayer en el proceso judicial contra Eugenio Chicas, a quien le canceló $50 mil
«Cómo cambia la personalidad de un hombre, cuando cae en la desesperación», fue una de las frases del presidente electo, Nayib Bukele, durante el proceso judicial que enfrentó por difamaciones y calumnias realizadas contra Eugenio Chicas y que hoy experimentó en carne propia al momento de pagar $50,000 ya que la jovialidad con la que llegó se transformó en seriedad al momento de entregar el efectivo.
El reloj marcaba las nueve de la mañana cuando un grupo de periodistas esperaba la llegada de los involucrados en el caso a la entrada del moderno y lujoso centro judicial de Santa Tecla.
El exsecretario de comunicaciones de la presidencia Eugenio Chicas fue el primero en llegar al recinto, en declaraciones a la prensa dijo sentirse tranquilo y confiado que ganaría el proceso.
El panorama se aceleró cuando Bukele ingresó al recinto, la vista de todos los presentes se centró en la sonrisa de oreja a oreja que llevaba el presidente electo que vestía un traje negro con rayas, una camiseta negra y, por supuesto no podían faltar, los icónicos calcetines de colores.
Pese a ser un personaje de la sociedad salvadoreña, Bukele se identificó con las personas que se encontraban en la ventanilla de recepción, mientras tanto, los periodistas no paraban de sacar fotografías y videos.
En cuestión de segundos, el imputado entró al Tribunal sin la compañía de sus representantes legales y fue abordado por los periodistas a los que sorprendió al anunciar que por falta de tiempo pediría al juez la pena máxima para terminar con el caso.
La noticia corrió como pólvora en las redes sociales y el presidente electo fue requerido por el juez que conocería el caso en el salón en el que ya se encontraba el ofendido.
“De pie por favor”, fueron las palabras del secretario del Tribunal con las que se dio la entrada al juez encargado del caso.
Bukele se sentó en el banquillo de los acusados sin un representante legal y ante el juez asumió los cargos que pesaban en su contra.
Luego de conocer la postura del procesado, el juez llamó al estrado a las dos partes involucradas en una reunión que duró aproximadamente media hora y que no pudo ser escuchada por la prensa.
Finalizada la reunión, el juzgador anunció que la sesión entraría en receso de 15 minutos para que un abogado asistiera a Bukele. Fue en ese momento que apareció la abogada Berta Deleón, quien cuando el caso iniciaba presentó su renuncia para defender al exalcalde.
La presencia de la abogada aligeró el proceso cuyo trató se cerró con el pago de $50,000 en concepto de responsabilidad civil y que Bukele pidiera una disculpa y se comprometiera a no volver a tocar el tema.
«Por este medio hago una disculpa pública a Eugenio Chicas por mis opiniones vertidas en televisión y me comprometo a no volver a tocar el tema», dijo Bukele con un tono frio dentro del salón diez del Tribunal 1° de Sentencia de Santa Tecla.
Bukele señaló que en una hora tendría el dinero en efectivo para ser entregado al exsecretario de comunicaciones de la presidencia, quien se mostraba satisfecho por el triunfo obtenido en el proceso judicial.
Mientras se esperaba que el dinero llegara, el juez ordenó otro receso, esta vez de una hora.
Eran las 12:40 del mediodía cuando Nayib Bukele entró con los $50,000 en efectivo en una mano y con una bebida en la otra, su rostro ya no era el mismo y ni siquiera mencionó media palabra.
Con un semblante serio, le entregó el dinero a Deleón quien lo llevó a manos de la abogada de Chicas para cerrar el episodio que se inició en un canal de televisión con información divulgada en redes sociales.
Tras haber entregado el efectivo el juez dio por terminado el juicio y ambas partes se fueron de las instalaciones del Tribunal, pero a diferencia de su llegada, Bukele no dio declaraciones a la prensa y se fue en su camioneta, mientras que Chicas se quedó con su abogada.
El presidente electo anunció que este mismo escenario se podría tener en el otro proceso judicial que enfrenta y que tiene a Xotchilll Marchelli quien lo acusa de haberla llamado bruja.
Por: El Salvador Times.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
