Judicial
Así fueron los momentos que vivió el presidente electo, Nayib Bukele, ayer en el proceso judicial contra Eugenio Chicas, a quien le canceló $50 mil
«Cómo cambia la personalidad de un hombre, cuando cae en la desesperación», fue una de las frases del presidente electo, Nayib Bukele, durante el proceso judicial que enfrentó por difamaciones y calumnias realizadas contra Eugenio Chicas y que hoy experimentó en carne propia al momento de pagar $50,000 ya que la jovialidad con la que llegó se transformó en seriedad al momento de entregar el efectivo.
El reloj marcaba las nueve de la mañana cuando un grupo de periodistas esperaba la llegada de los involucrados en el caso a la entrada del moderno y lujoso centro judicial de Santa Tecla.
El exsecretario de comunicaciones de la presidencia Eugenio Chicas fue el primero en llegar al recinto, en declaraciones a la prensa dijo sentirse tranquilo y confiado que ganaría el proceso.
El panorama se aceleró cuando Bukele ingresó al recinto, la vista de todos los presentes se centró en la sonrisa de oreja a oreja que llevaba el presidente electo que vestía un traje negro con rayas, una camiseta negra y, por supuesto no podían faltar, los icónicos calcetines de colores.
Pese a ser un personaje de la sociedad salvadoreña, Bukele se identificó con las personas que se encontraban en la ventanilla de recepción, mientras tanto, los periodistas no paraban de sacar fotografías y videos.
En cuestión de segundos, el imputado entró al Tribunal sin la compañía de sus representantes legales y fue abordado por los periodistas a los que sorprendió al anunciar que por falta de tiempo pediría al juez la pena máxima para terminar con el caso.
La noticia corrió como pólvora en las redes sociales y el presidente electo fue requerido por el juez que conocería el caso en el salón en el que ya se encontraba el ofendido.
“De pie por favor”, fueron las palabras del secretario del Tribunal con las que se dio la entrada al juez encargado del caso.
Bukele se sentó en el banquillo de los acusados sin un representante legal y ante el juez asumió los cargos que pesaban en su contra.
Luego de conocer la postura del procesado, el juez llamó al estrado a las dos partes involucradas en una reunión que duró aproximadamente media hora y que no pudo ser escuchada por la prensa.
Finalizada la reunión, el juzgador anunció que la sesión entraría en receso de 15 minutos para que un abogado asistiera a Bukele. Fue en ese momento que apareció la abogada Berta Deleón, quien cuando el caso iniciaba presentó su renuncia para defender al exalcalde.
La presencia de la abogada aligeró el proceso cuyo trató se cerró con el pago de $50,000 en concepto de responsabilidad civil y que Bukele pidiera una disculpa y se comprometiera a no volver a tocar el tema.
«Por este medio hago una disculpa pública a Eugenio Chicas por mis opiniones vertidas en televisión y me comprometo a no volver a tocar el tema», dijo Bukele con un tono frio dentro del salón diez del Tribunal 1° de Sentencia de Santa Tecla.
Bukele señaló que en una hora tendría el dinero en efectivo para ser entregado al exsecretario de comunicaciones de la presidencia, quien se mostraba satisfecho por el triunfo obtenido en el proceso judicial.
Mientras se esperaba que el dinero llegara, el juez ordenó otro receso, esta vez de una hora.
Eran las 12:40 del mediodía cuando Nayib Bukele entró con los $50,000 en efectivo en una mano y con una bebida en la otra, su rostro ya no era el mismo y ni siquiera mencionó media palabra.
Con un semblante serio, le entregó el dinero a Deleón quien lo llevó a manos de la abogada de Chicas para cerrar el episodio que se inició en un canal de televisión con información divulgada en redes sociales.
Tras haber entregado el efectivo el juez dio por terminado el juicio y ambas partes se fueron de las instalaciones del Tribunal, pero a diferencia de su llegada, Bukele no dio declaraciones a la prensa y se fue en su camioneta, mientras que Chicas se quedó con su abogada.
El presidente electo anunció que este mismo escenario se podría tener en el otro proceso judicial que enfrenta y que tiene a Xotchilll Marchelli quien lo acusa de haberla llamado bruja.
Por: El Salvador Times.
Un total de 428 miembros de estructuras criminales han sido condenados a penas que en algunos casos superan los 800 años de cárcel, como resultado de investigaciones conjuntas entre la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR). Las sentencias fueron emitidas por los Tribunales Contra el Crimen Organizado entre el 28 de abril y el 25 de julio.
Las autoridades detallaron que las pruebas presentadas lograron demostrar la participación de estos individuos en delitos como homicidio, extorsión, desaparición de personas, violaciones y otros crímenes cometidos en distintos puntos del país.
Uno de los casos más relevantes es el de Herbert Luis Sánchez Cruz, alias Cuchara, quien fue condenado a 807 años de prisión por 20 homicidios cometidos como parte de la clica Saylor Locos Salvatruchos de la MS-13. Otros pandilleros de la misma estructura recibieron penas similares: Gerber López Mejía (Aliens), 727 años; y Melquisidec Jiménez Zavala (Yaspers), 663 años, por crímenes cometidos entre 2017 y 2019 en San Miguel.
En total, 66 pandilleros de esa estructura fueron sentenciados. A ellos se suman otros 23 terroristas que operaban en San Miguel, La Unión y La Libertad, incluyendo a Douglas Isaac Urías Hernández, condenado a 230 años de prisión.
En el occidente del país, 56 pandilleros más fueron condenados a penas de hasta 180 años por delitos cometidos en municipios como Tamanique, Chiltiupán y Teotepeque. La mayor sentencia fue para Henry Giovanni Lobos Pérez.
Finalmente, 15 mareros que delinquían en Usulután, Morazán y La Unión también recibieron penas de hasta 155 años. Entre ellos figura Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias Satánico, señalado por múltiples homicidios cometidos entre 2015 y 2018.
Las autoridades sostienen que estos resultados son parte del combate frontal al crimen organizado en el marco del régimen de excepción y las estrategias de seguridad impulsadas en el país.
El Juzgado Segundo de Paz de Soyapango ordenó que el caso contra Roxana Yaneth A. de G., de 50 años, acusada del delito de amenazas, continúe en la etapa de instrucción con la aplicación de medidas alternas a la detención.
Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron de forma reiterada entre agosto de 2023 y abril de 2025, en un mesón de la colonia San Antonio I, en Soyapango. La acusada habría exigido a una pareja desalojar el espacio que habitaban, advirtiéndoles que, si no lo hacían, “hablaría con los pandilleros”.
Ante el temor, las víctimas abandonaron el lugar con la ayuda de un motorista de plataforma; sin embargo, al transitar por la carretera de Oro fueron interceptados por desconocidos. Uno de ellos fue bajado del vehículo y agredido físicamente. Tras recibir atención médica, ambos regresaron al mesón, donde las amenazas continuaron, por lo que interpusieron una denuncia este año.
Durante la audiencia inicial, la jueza impuso a la imputada medidas como abandonar el inmueble en un plazo de 72 horas, no intentar salir del país y presentarse a firmar al juzgado los días 15 y 30 de cada mes.
El proceso será remitido al Juzgado de Instrucción de Ciudad Delgado para continuar con la investigación.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que cinco exdirectivos de la Corporación Argoz, S. A. de C. V. enfrentarán un nuevo proceso penal por el delito de estafa agravada, tras haber defraudado a 18 víctimas con un monto total de $67,687.
Durante la audiencia inicial, el Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó la detención provisional de Rodrigo Javier Gómez Farfán, Leticia Farfán de Gómez, Mónica Ivette Sanabria Duarte, Javier Orlando Martínez Henríquez y Edwin Omar Rivera López.
De acuerdo con la acusación fiscal, la empresa Argoz promovía proyectos de lotificación en distintas zonas del país, especialmente en áreas rurales, sin contar con los permisos legales requeridos ni estar supervisada por autoridades competentes.
Según la investigación, los terrenos eran comercializados con la promesa de entregar escrituras públicas una vez cancelado el valor total de la parcela. Sin embargo, la sociedad nunca cumplió con dicho compromiso, dejando a los compradores sin respaldo legal sobre sus propiedades.
#Audiencia I La @FGR_SV responde a otras 18 víctimas en el #CasoARGOZ, quienes fueron estafadas por exdirectivos de la Corporación ARGOZ, S.A. de C.V. con un monto de $67,687.00.
Este día, se lleva a cabo la audiencia inicial en el Tribunal 3° contra el Crimen Organizado de San… pic.twitter.com/XKxCEW0LPc
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) July 21, 2025
El caso específico involucra la lotificación Santa Cecilia, ubicada en el cantón Los Zacatillos, municipio de San Juan Nonualco, en el departamento de La Paz, donde se realizaron las ventas desde el año 2016.
La Fiscalía continúa con la recopilación de pruebas documentales y testimoniales que refuercen la acusación, mientras las víctimas esperan que se les restituya su patrimonio y se haga justicia.
