Judicial
Acusado de violar a niña es condenado a 22 años de prisión en Chalatenango
Jacob Flores López, de 34 años, fue condenado a 22 años de prisión, después de que Fiscales de la Unidad de delitos relativos a la Niñez, Adolescencia y la Mujer en su Relación Familiar de la oficina de Chalatenango, lograron establecer la comisión del delito de Violación en Menor o Incapaz Agravada en modalidad Continuada, en perjuicio una niña de 10 años; el hecho inicio a finales del mes de octubre de 2018, en el municipio de El Paraíso, Chalatenango.
Informó el jefe de esta sede Fiscal, Andrés Amaya que, en el mes de noviembre de 2018, la madre de la niña interpuso la denuncia y posteriormente se giró orden de captura administrativa. La vista pública se desarrolló en el Tribunal de Sentencia de Chalatenango, el 26 de octubre de 2020, donde luego del desfile probatorio presentado por la Fiscalía, se tuvo por establecido la existencia del delito y la culpabilidad del procesado, por lo que el Tribunal impuso la pena condenatoria de 22 años de prisión.
Durante investigación se realizaron: examen de genitales, evaluación psicológica donde establecía secuelas de abuso sexual, inspección del lugar del hecho, declaración anticipada a través de Cámara Gesell de la víctima, donde manifestó la forma en que los hechos sucedieron.
En la entrevista manifiesta la niña que, a finales del mes de octubre de 2018, en momentos que ella se encontraba en su casa junto a su hermanita, y su mamá y otra hermana andaban trabajando; llegó el imputado, este se cambió de ropa y se puso una calzoneta, se le acercó a la víctima y le dijo que se quitara la ropa, ella le dijo que no se la quitaba, por lo que el sujeto a la fuerza la agredió y abuso sexualmente.
La victima por temor a que su mamá la castigara no le dijo nada, pero días después nuevamente el imputado en la misma hora cuando la víctima estaba sola con su hermana menor en la casa llegó de nuevo imputado, y nuevamente procedió a hacerle lo mismo. Hechos que según la víctima se repitieron en dos ocasiones más.
Según el relato de la niña, ella al principio no le contó a su madre por miedo a que la castigara, pero después le contó la verdad, cuando su ella le preguntó por qué no se quería quedar sola con su hermana, ante lo cual se interpuso la denuncia.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
