Judicial
Acusado de asesinar a niña en La Campanera es remitido al juzgado de Soyapango
La Fiscalía General de la República (FGR) ha remitido al Juzgado Cuarto de Paz de Soyapango a Edwin Mauricio Alvarado Lazo, acusado de asesinar en La Campanera, Soyapango, a Melissa H. de siete años.
Con la presentación del requerimiento el ministerio público da por iniciado el proceso penal por los delitos de feminicidio agravado, violación y privación de libertad.
El expediente presentado incluye la confesión del imputado y una serie de evidencia que lo incrimina en los delitos. El fiscal general Rodolfo Delgado ha dicho que la institución que preside ha enfocado todos los esfuerzos para lograr justicia para la menor y su familia, varias unidades fiscales han trabajado en las diligencias iniciales de investigación.
El fiscal Rodolfo Delgado dijo el pasado miércoles, que cuando los investigadores entrevistaron al acusado se sintió acorralado y en sus declaraciones comenzó a contradecirse al final terminó auto incriminándose.
El crimen fue cometido por Alvarado Lazo el 9 de octubre de 2023 en la casa 34 del polígono 31 sur de colonia La Campanera, al norte de Soyapango.
En las pesquisas detectaron que el imputado frecuentaba un parque de esa populosa colonia para ubicar a menores de edad que se abocaban a jugar y frente a ellas realizaba actos indecorosos como tocarse su área genital.
El 25 de octubre en conferencia de prensa el fiscal general declaro. «Nosotros no solo estamos afirmando la participación de Edwin Alvarado con la confesión de él, ya que se practicaron diferentes inspecciones, en los diferentes escenarios donde Melissa permaneció las últimas horas de su vida, y se fueron recolectando uno a uno diferentes elementos probatorios, incluyendo la cuerda que poseía los mismos tipos de nudo que poseía la cuerda que Edwin Alvarado utilizaba en el interior de su vivienda».
El mismo día de la conferencia el imputado enfrentó la audiencia inicial en el Juzgado Primero de Paz de San Salvador por resistencia, delito por el cual quedó detenido.
Según el informe fiscal, cuando los agentes policiales lo detuvieron el 11 de octubre de 2023, en el bulevar Tutunichapa, opuso resistencia y los ultrajó.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
