Judicial
Absuelve a mujer acusada de abortar tras caerse y parir en el baño de su casa
Después de dos años de proceso judicial, el juez del tribunal Primero de Sentencia de San Salvador absolvió de toda responsabilidad penal a Katerin Mazariego quien fue acusada de cometer el delito de aborto tras caerse en un paseo familiar.
El juzgador determinó que las diversas pruebas presentadas por el ministerio público no demostraron que causara la muerte de su bebé, la cual ocurrió el pasado 5 de octubre de 2016.
Durante la audiencia, tanto la parte acusadora como la defensa demostraron que Katerin pasó por alto su estado de embarazo y que al momento de los hechos se encontraba incesante.
El abogado defensor aseguró que la fiscal no logró demostrar que la imputada tuviera una intención de abortar o de matar a su hijo, ya que los forenses demostraron que la bebé murió por una falta de oxígeno.
Además, el juzgador acusó a la fiscal de atacar con prejuicio a Katerin debido a que sus planteamientos iban dirigidos a la muerte de la bebé, sin tomar en cuenta las condiciones que se tenían alrededor del caso.
Los hechos
Fue la noche del 5 de octubre de 2016 cuando su madre y su hermano encontraron a Katerin tirada en el piso, pero este no fue el único hallazgo; junto a ella estaba el cuerpo de una recién nacida la cual estaba muerta.
Los familiares de la joven llamaron al sistema de emergencias 911 pero al ver que la ayuda no llegaba decidieron llevarse en un taxi a Katerine. Sin embargo, cuando se disponían a partir encontraron una ambulancia quien los auxilió.
Las fallas desde la escena
El abogado defensor señaló durante la audiencia que no solo se tardaron en trasladar a la paciente, sino que no se hizo una mala inspección de la escena la cual pudo haber arrojado más elemento para esclarecer el caso. Uno de los socorristas levantó el cadáver, dando como resultado la contaminación de la escena.
Además, se señaló la falta de recopilación de pruebas por parte agentes de la Policía que durante la audiencia pasada dijo que “Pasamos por alto (la escena)… No hicimos la escena. Observamos el cuerpo de una bebita dentro de una ambulancia”.
Los forenses descartaron la posibilidad que el aborto pudo haber sido provocado, ya que no se registraron sustancias extrañas al cuerpo como pastillas o medicamentos que llevan la salida obligatoria del vientre de la madre.
El Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó la detención provisional para Esteban Francisco González Cárcamo, alias Pato, quien es procesado por el delito de agrupaciones ilícitas en perjuicio de la paz pública.
Los señalamientos fiscales perfilan a González Cárcamo como homeboy de la Mara Salvatrucha, quien forma parte de la clica Herraduras Criminales Locos Salvatruchas que delinque principalmente en el distrito de San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR), durante la audiencia de imposición de medidas, bastaron para que el juez del caso ordenara que alias Pato siga preso mientras el ministerio público continúa con las investigaciones.
«Entre las pruebas se encuentran el perfil delincuencial, informes de inteligencia policial, análisis de tatuajes y antecedentes penales por delitos como amenazas con agravación especial y agrupaciones ilícitas. Dada la contundencia de estas evidencias, la autoridad judicial consideró mantener al imputado en detención provisional mientras el caso avanza en la etapa de Instrucción, detallaron fuentes judiciales.
El sospechoso fue arrestado por la Policía el pasado 5 de enero en el distrito de San Dionisio, jurisdicción de Usulután Este. Su historial delictivo data desde el 2007 por los delitos de: agrupaciones ilícitas, amenazas con agravación especial y amenazas.
Las autoridades informaron que este pandillero será enviado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) donde otros criminales cumplen sus condenas.
Judicial
Pareja que agarró a patadas a agentes de tránsito por una multa, deberá acudir a terapia sicológica
Josué Misael M. y Ana María B. M. fueron condenados a un año de suspensión condicional del proceso tras agredir física y verbalmente a agentes de tránsito el pasado domingo.
Los hechos ocurrieron cuando los agentes procedieron a multar a la pareja por obstruir el paso frente a un garaje. Al intentar retirar las placas del vehículo, los imputados reaccionaron de manera violenta, propinando patadas a los agentes e insultándolos.
Ante estos hechos, las autoridades procedieron a la detención de ambos. Posteriormente, el Juzgado Segundo de Paz de San Martín celebró una audiencia en la que los imputados aceptaron los cargos por el delito de resistencia.
Como parte de la sentencia, el juez impuso a la pareja reglas de conducta, entre ellas la obligación de asistir a terapia psicológica para el control de la ira y la prohibición de cambiar de domicilio.
Judicial
Tribunal condena a Erick Sánchez a 35 años de cárcel por homicidio agravado en San Salvador
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 35 años de prisión a Erick Daniel Sánchez Liévano por el delito de homicidio agravado en perjuicio de Ana A. Asimismo, lo condenó al pago de la responsabilidad civil en abstracto.
El hecho ocurrió en San Salvador el 16 de febrero de 2019, en horas de la mañana. Uno de los testigos declaró haber recibido una llamada telefónica de su madre, quien le informó que la habían subido a un vehículo y luego la comunicación se cortó. Posteriormente, un sujeto llamó exigiéndole 10 mil dólares o, de lo contrario, matarían a su madre. El familiar llamó inmediatamente al Sistema de Emergencias 911 para denunciar el secuestro.
Ese mismo día, a las 4:30 de la tarde, el testigo recibió otra llamada donde le reiteraron que no se trataba de una broma. A la mañana siguiente, volvieron a llamar para comunicarles que el plazo había vencido.
Luego de localizar el cuerpo, la autopsia determinó que Ana falleció el 16 de febrero y que presentaba heridas por arma blanca en el cuello, tórax y abdomen.
Al momento de la captura de Sánchez, se le incautaron dos teléfonos celulares. Se demostró que uno de los números telefónicos estuvo en el lugar del hecho y que fue utilizado para realizar las llamadas a los familiares de la víctima, exigiendo el pago del rescate.
