Judicial
Absuelve a mujer acusada de abortar tras caerse y parir en el baño de su casa
Después de dos años de proceso judicial, el juez del tribunal Primero de Sentencia de San Salvador absolvió de toda responsabilidad penal a Katerin Mazariego quien fue acusada de cometer el delito de aborto tras caerse en un paseo familiar.
El juzgador determinó que las diversas pruebas presentadas por el ministerio público no demostraron que causara la muerte de su bebé, la cual ocurrió el pasado 5 de octubre de 2016.
Durante la audiencia, tanto la parte acusadora como la defensa demostraron que Katerin pasó por alto su estado de embarazo y que al momento de los hechos se encontraba incesante.
El abogado defensor aseguró que la fiscal no logró demostrar que la imputada tuviera una intención de abortar o de matar a su hijo, ya que los forenses demostraron que la bebé murió por una falta de oxígeno.
Además, el juzgador acusó a la fiscal de atacar con prejuicio a Katerin debido a que sus planteamientos iban dirigidos a la muerte de la bebé, sin tomar en cuenta las condiciones que se tenían alrededor del caso.
Los hechos
Fue la noche del 5 de octubre de 2016 cuando su madre y su hermano encontraron a Katerin tirada en el piso, pero este no fue el único hallazgo; junto a ella estaba el cuerpo de una recién nacida la cual estaba muerta.
Los familiares de la joven llamaron al sistema de emergencias 911 pero al ver que la ayuda no llegaba decidieron llevarse en un taxi a Katerine. Sin embargo, cuando se disponían a partir encontraron una ambulancia quien los auxilió.
Las fallas desde la escena
El abogado defensor señaló durante la audiencia que no solo se tardaron en trasladar a la paciente, sino que no se hizo una mala inspección de la escena la cual pudo haber arrojado más elemento para esclarecer el caso. Uno de los socorristas levantó el cadáver, dando como resultado la contaminación de la escena.
Además, se señaló la falta de recopilación de pruebas por parte agentes de la Policía que durante la audiencia pasada dijo que “Pasamos por alto (la escena)… No hicimos la escena. Observamos el cuerpo de una bebita dentro de una ambulancia”.
Los forenses descartaron la posibilidad que el aborto pudo haber sido provocado, ya que no se registraron sustancias extrañas al cuerpo como pastillas o medicamentos que llevan la salida obligatoria del vientre de la madre.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
