Judicial
Abogados de DAVIVIENDA buscan dilatar proceso de pago a favor de José Antonio Salaverría
Los apoderados legales del Banco Davivienda presentaron un recurso de revisión en el Juzgado Primero de lo Mercantil, de esta capital, para dilatar el proceso de pagode 49 millones 314 mil 303 dólares con 55 centavos a favor del empresario, José Antonio Salaverría.
Se informó que el documento fue presentado recientemente a la Sala de lo Civil, misma que hace más de un año dictó sentencia condenatoria contra DAVIVIENDA, por lo que ordenó que se ejecutara el embargo y haga efectivo el pago de ese dinero al empresario Salaverría.
Fuentes cercanas al proceso, aseguraron que los abogados de esa institución bancaria y actuando de mala fe tratan de violentar el principio de probidad procesal, por lo que buscaban recusar a tres magistrados propietarios de la Sala de lo Civil y a un magistrado suplente, con el objetivo de elevar el recurso a Corte Plena e intentar entrampar la resolución en forma indefinida.
Sin embargo, la Corte Plena se pronunció sobre dicho proceso y declaró no ha lugar a la recusación planteada por los abogados de DAVIVIENDA, ya que no contenía argumentos legales y trataban de vulnerar la imparcialidad de los magistrados que habían dictado la sentencia.
En ese sentido, se explicó que los apoderados legales del banco demandado no han “logrado penetrar el órgano judicial, ya que de once magistrados de Corte Plena, diez de ellos votaron en contra y hubo una abstención de parte del magistrado Roberto Carlos Calderón, quien habría sido denunciado por supuestamente hacer lobby a favor de la institución bancaria que debe cancelar más de 49 millones en concepto de indemnización”.
La defensa de José Antonio Salaverría, sostiene que es una medida dilatoria para tratar de entorpecer el cumplimiento de la ejecución de la pena, ya que el banco no tiene interés en respetar la institucionalidad del país, de una sentencia dictada conforme a derecho y que tratan de amedrentar y presionar la Órgano Judicial, para que este actué a su favor.
El mismo José Antonio Salaverría también hizo un llamado al Órgano Judicial a no “dejarse sorprender, ni amedrentar, ni presionar bajo ninguna circunstancia, por los poderes fácticos de este país, pues el pueblo salvadoreño está con ustedes y los observa”.
En su oportunidad, el empresario Salaverría explicó que el banco de forma arbitraria inició un proceso ejecutivo en contra de sus propiedades y que con el cese de los préstamos que tenía, inició con el embargo de propiedades, entre ellas beneficios de café.
“De manera ilegal el banco inició los embargos sin tener sustentos legales y sin tener mora. Ellos incumplieron todo lo que se ha venido ventilando en este proceso, como también, los convenios que se habían pactado con el banco en su debido momento, por ese motivo se presentaron tres demandas en el 2009 y que llegaron a su fin. El banco no ha tenido un sustento legal para decir que no puede pagar ese dinero y simplemente se han hecho los desentendidos para el no pago”, puntualizó el empresario.
“Nos quebraron totalmente”
“Había suscrito un convenio con HSBC hoy DAVIVIENDA y luego me embargaron indebidamente. Ellos tenían un pagaré por 160 mil dólares y lo llenaron como quisieron a fin de provocar un incumplimiento. Nosotros tratamos de pagar al día siguiente todo el dinero que exigían, pero se opusieron a ello. Nos quebraron totalmente”, afirmó Salaverría.
“Nosotros dábamos empleos a unas cinco mil familias y al menos teníamos 1,260 productores de café, entre ellos había tres presidentes de bancos y seis directores porque confiaban en nosotros”, concluyó el cafetalero que pide justicia.
Una red de extorsionistas salvadoreños controlada por extranjeros residentes fuera de El Salvador seguirá en prisión mientras continúan las investigaciones, informó la Fiscalía General de la República.
Los imputados son Oscar García García, Oscar Elías García Rivera, José Otoniel Meléndez y Oscar Alejandro Tario Blanco (ausente).
El ministerio público detalló que la red contactaba a empresas «para que les brindaran servicios de instalación de aires acondicionados, conexiones eléctricas, medición de terrenos, construcción, entre otros, se pactaba un precio y brindaban la supuesta dirección a donde requerían el servicio.
Los empleados de esas empresas se desplazaban a la dirección brindada, pero se encontraban con que no existía; cuando las víctimas se comunicaban con el contratante (que eran los delincuentes), les advertían que estaban en un terreno del -mexicano- Cartel de Jalisco, rodeados de francotiradores y que debían depositar hasta $5,000.
Luego de las amenazas a las víctimas, los extorsionistas que estaban en el extranjero exigían los contactos de sus familiares, patronos o conocidos para pedirles que hicieran depósitos a cuentas bancarias en El Salvador, a cambio de liberar a sus familiares o trabajadores.
A los cuatro imputados se les procesa por los delitos de lavado de dinero y activos, extorsión agravada y agrupaciones ilícitas. En este proceso, los hombres son acusados por exigirle a una empresa $20,782 para evitar que mataran a los trabajadores y que les liberaran.
El dinero era depositado en cuentas salvadoreñas, que pertenecían a personas reclutadas en redes sociales por otros delincuentes salvadoreños, y eran el puente para luego transferir el dinero a México, Colombia y Ecuador.
Las investigaciones fiscales han corroborado que desde 2014, la red cometió 28 extorsiones bajo esta modalidad.
Los cabecillas de la red son de diferentes nacionalidades y operaban desde el extranjero, según la Fiscalía.
«Asimismo, fue posible identificar que toda la comunicación fluía a través de WhatsApp por medio de 36 números telefónicos (mexicanos, colombianos, ecuatorianos, nicaragüenses, hondureños); también se han perfilado 61 cuentas bancarias de 47 diferentes personas y se ha solicitado la inmovilización de fondos. Se estima que la cantidad depositada por las victimas es de $76,719.00», detalló el ministerio público.
Hasta penas de 97 años de cárcel fueron condenados seis pandilleros que cometieron varios crímenes entre 2018 y 2019 en varios cantones del distrito de Izalco, Sonsonate Este, así resolvió el Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de Santa Ana.
Los procesados, perfilados como integrantes de la pandilla 18 sureños, delinquían en los cantones Cruz Grande, Tapashucut, Tunalmiles y San Diego del Distrito de Izalco, Sonsonate Este.
Los condenados son: José Mauricio Pushagua Reyes, Pablo de Jesús Ajcat Tepas, Saúl Erenesto García García, Noé Omar García Sánchez, José Eliseo Pérez Gómez y José Orlando Quilizapa Shupan.
El juzgador impuso 97 años de cárcel para Pushagua Reyes, alias Wicha, por proposición y conspiración en el homicidio de una mujer en diciembre de 2018, así como por tres homicidios agravados que fueron cometidos en 2019. Además, fue sentenciado por el delito de agrupaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República.
Mientras que, Ajcat Tepas recibió una pena de 45 años en prisión por dos homicidios agravados en perjuicio de dos víctimas y el delito de agrupaciones ilícitas. García García, alias tortuga, fue sentenciado a 30 años de cárcel por el delito de homicidio agravado por el asesinato de una persona y por agrupaciones ilícitas.
García Sánchez, Pérez Gómez y Quilizapa Shupan fueron condenados a penas de entre cuatro y cinco años de prisión por pertenecer a estructuras criminales.
Durante el juicio, el ministerio público presentó suficiente prueba documental, pericial y testimonial que permitieron al tribunal establecer la participación y responsabilidad de cada uno de los implicados en la comisión de los delitos.
Homicida de madre e hija a prisión
La semana anterior, el Tribunal Quinto Contra el Crimen de San Salvador condenó a 10 años de cárcel a Noé Gustavo Reynosa González, alias Frijol, como responsable del delito de homicidio agravado en perjuicio de las víctimas Guadalupe Bonilla de Flores y Stephani S. B., madre e hija. El crimen ocurrió el 6 de marzo de 2013 en Apopa.
Jorbin Agustín C. G., de 36 años de edad, recibió medidas alternas a la detención tras incumplir órdenes de protección a favor de su expareja, informó Centros Judiciales El Salvador (CJES), la tarde del viernes.
CJES detalló que, el pasado lunes, el imputado llegó en estado de ebriedad a la vivienda de la víctima, ubicada en la colonia San Antonio, en la calle a Tonacatepeque, exigiéndole dinero y argumentando que quería ver a su hijo.
La mujer se negó a su solicitud y él se retiró del lugar. Sin embargo, al día siguiente, volvió con la misma exigencia, lo que llevó a la víctima a llamar a la Policía Nacional Civil (PNC). Al llegar, los agentes verificaron que existían medidas de protección vigentes a favor de la mujer, por lo que procedieron a la captura del imputado.
Durante la audiencia inicial, ambas partes solicitaron una conciliación, la cual fue autorizada por el juez.
“Como parte del acuerdo, el imputado deberá cumplir las siguientes medidas de conducta por un año: la prohibición de comunicarse por ningún medio con la víctima, la restricción para consumir alcohol, la obligación de asistir a tratamiento contra el alcoholismo y el compromiso de aprender un oficio”, explicó Centros Judiciales.
