Judicial
Abogados de DAVIVIENDA buscan dilatar proceso de pago a favor de José Antonio Salaverría
Los apoderados legales del Banco Davivienda presentaron un recurso de revisión en el Juzgado Primero de lo Mercantil, de esta capital, para dilatar el proceso de pagode 49 millones 314 mil 303 dólares con 55 centavos a favor del empresario, José Antonio Salaverría.
Se informó que el documento fue presentado recientemente a la Sala de lo Civil, misma que hace más de un año dictó sentencia condenatoria contra DAVIVIENDA, por lo que ordenó que se ejecutara el embargo y haga efectivo el pago de ese dinero al empresario Salaverría.
Fuentes cercanas al proceso, aseguraron que los abogados de esa institución bancaria y actuando de mala fe tratan de violentar el principio de probidad procesal, por lo que buscaban recusar a tres magistrados propietarios de la Sala de lo Civil y a un magistrado suplente, con el objetivo de elevar el recurso a Corte Plena e intentar entrampar la resolución en forma indefinida.
Sin embargo, la Corte Plena se pronunció sobre dicho proceso y declaró no ha lugar a la recusación planteada por los abogados de DAVIVIENDA, ya que no contenía argumentos legales y trataban de vulnerar la imparcialidad de los magistrados que habían dictado la sentencia.
En ese sentido, se explicó que los apoderados legales del banco demandado no han “logrado penetrar el órgano judicial, ya que de once magistrados de Corte Plena, diez de ellos votaron en contra y hubo una abstención de parte del magistrado Roberto Carlos Calderón, quien habría sido denunciado por supuestamente hacer lobby a favor de la institución bancaria que debe cancelar más de 49 millones en concepto de indemnización”.
La defensa de José Antonio Salaverría, sostiene que es una medida dilatoria para tratar de entorpecer el cumplimiento de la ejecución de la pena, ya que el banco no tiene interés en respetar la institucionalidad del país, de una sentencia dictada conforme a derecho y que tratan de amedrentar y presionar la Órgano Judicial, para que este actué a su favor.
El mismo José Antonio Salaverría también hizo un llamado al Órgano Judicial a no “dejarse sorprender, ni amedrentar, ni presionar bajo ninguna circunstancia, por los poderes fácticos de este país, pues el pueblo salvadoreño está con ustedes y los observa”.
En su oportunidad, el empresario Salaverría explicó que el banco de forma arbitraria inició un proceso ejecutivo en contra de sus propiedades y que con el cese de los préstamos que tenía, inició con el embargo de propiedades, entre ellas beneficios de café.
“De manera ilegal el banco inició los embargos sin tener sustentos legales y sin tener mora. Ellos incumplieron todo lo que se ha venido ventilando en este proceso, como también, los convenios que se habían pactado con el banco en su debido momento, por ese motivo se presentaron tres demandas en el 2009 y que llegaron a su fin. El banco no ha tenido un sustento legal para decir que no puede pagar ese dinero y simplemente se han hecho los desentendidos para el no pago”, puntualizó el empresario.
“Nos quebraron totalmente”
“Había suscrito un convenio con HSBC hoy DAVIVIENDA y luego me embargaron indebidamente. Ellos tenían un pagaré por 160 mil dólares y lo llenaron como quisieron a fin de provocar un incumplimiento. Nosotros tratamos de pagar al día siguiente todo el dinero que exigían, pero se opusieron a ello. Nos quebraron totalmente”, afirmó Salaverría.
“Nosotros dábamos empleos a unas cinco mil familias y al menos teníamos 1,260 productores de café, entre ellos había tres presidentes de bancos y seis directores porque confiaban en nosotros”, concluyó el cafetalero que pide justicia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Miguel Ángel Mejía Orellana fue condenado a 30 años de cárcel por el delito de violación.
De acuerdo con el ministerio público, Mejía Orellana se aprovechó del vínculo cercano que tenía con la familia de la menor, de nueve años, para abusarla sexualmente en momentos que se encontraba sola.
«Mejía la amenazó para que no dijera nada. La mamá de la víctima se enteró de lo sucedido e inmediatamente interpuso la denuncia», detalló la FGR en su cuenta oficial de X.
Según información oficial, los hechos ocurrieron en julio 2024 en Nueva Concepción, Chalatenango.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, en La Libertad, condenó a 12 años de prisión a un profesor de matemáticas por agredir sexualmente a una de sus alumnas.
«Los hechos sucedieron el 23 de mayo de 2024. El imputado, identificado con las siglas M. J. R. R., fungía como profesor de matemáticas cuando agredió a la víctima, según se demostró en el desfile probatorio durante la vista pública», indicó la fiscal del caso.
La fuente detalló que el docente se aprovechó, en los momentos que se encontraba a solas con la estudiante de primaria.
«El imputado aprovechaba para tocarle el cuerpo, y a pesar del miedo que le tenía al profesor, la menor le confesó a la madre lo que ocurría», señaló la fiscal.
Por esos hechos, el Tribunal condenó al imputado a 12 años de prisión por el delito de agresión sexual en menor e incapaz, en su modalidad continuada.
A tres años de cárcel fue condenada una mujer que estafó a otra con la venta de 100 gallinas de postura que nunca entregó, informó Centros Judiciales El Salvador (CJES), la tarde del viernes.
Se trata de Jennifer del Carmen Rivera fue condenada a la pena de tres años de prisión al ser declarada responsable penal y civilmente del delito de estafa por el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla.
CJES detalló que, el 26 de octubre de 2023, en el distrito de Jicalapa, en La Libertad Costa, la víctima contactó a la imputada a través de Marketplace de la plataforma de Facebook, para gestionar la entrega de las gallinas, y la ahora condenada le exigió un depósito a su cuenta bancaria por $256. La víctima realizó el depósito y, tras varios días de espera, nunca recibió el producto.
“Basándose en engaños, le hizo creer que era dueña de una granja y le prometió la venta de 100 gallinas de postura que nunca entregó”, añadió Centros.
Finalmente, el Tribunal valoró todas las pruebas y concluyó que había suficiente evidencia del delito y por ello la condenó a tres años tras las rejas.
