Judicial
Abogados de DAVIVIENDA buscan dilatar proceso de pago a favor de José Antonio Salaverría
Los apoderados legales del Banco Davivienda presentaron un recurso de revisión en el Juzgado Primero de lo Mercantil, de esta capital, para dilatar el proceso de pagode 49 millones 314 mil 303 dólares con 55 centavos a favor del empresario, José Antonio Salaverría.
Se informó que el documento fue presentado recientemente a la Sala de lo Civil, misma que hace más de un año dictó sentencia condenatoria contra DAVIVIENDA, por lo que ordenó que se ejecutara el embargo y haga efectivo el pago de ese dinero al empresario Salaverría.
Fuentes cercanas al proceso, aseguraron que los abogados de esa institución bancaria y actuando de mala fe tratan de violentar el principio de probidad procesal, por lo que buscaban recusar a tres magistrados propietarios de la Sala de lo Civil y a un magistrado suplente, con el objetivo de elevar el recurso a Corte Plena e intentar entrampar la resolución en forma indefinida.
Sin embargo, la Corte Plena se pronunció sobre dicho proceso y declaró no ha lugar a la recusación planteada por los abogados de DAVIVIENDA, ya que no contenía argumentos legales y trataban de vulnerar la imparcialidad de los magistrados que habían dictado la sentencia.
En ese sentido, se explicó que los apoderados legales del banco demandado no han “logrado penetrar el órgano judicial, ya que de once magistrados de Corte Plena, diez de ellos votaron en contra y hubo una abstención de parte del magistrado Roberto Carlos Calderón, quien habría sido denunciado por supuestamente hacer lobby a favor de la institución bancaria que debe cancelar más de 49 millones en concepto de indemnización”.
La defensa de José Antonio Salaverría, sostiene que es una medida dilatoria para tratar de entorpecer el cumplimiento de la ejecución de la pena, ya que el banco no tiene interés en respetar la institucionalidad del país, de una sentencia dictada conforme a derecho y que tratan de amedrentar y presionar la Órgano Judicial, para que este actué a su favor.
El mismo José Antonio Salaverría también hizo un llamado al Órgano Judicial a no “dejarse sorprender, ni amedrentar, ni presionar bajo ninguna circunstancia, por los poderes fácticos de este país, pues el pueblo salvadoreño está con ustedes y los observa”.
En su oportunidad, el empresario Salaverría explicó que el banco de forma arbitraria inició un proceso ejecutivo en contra de sus propiedades y que con el cese de los préstamos que tenía, inició con el embargo de propiedades, entre ellas beneficios de café.
“De manera ilegal el banco inició los embargos sin tener sustentos legales y sin tener mora. Ellos incumplieron todo lo que se ha venido ventilando en este proceso, como también, los convenios que se habían pactado con el banco en su debido momento, por ese motivo se presentaron tres demandas en el 2009 y que llegaron a su fin. El banco no ha tenido un sustento legal para decir que no puede pagar ese dinero y simplemente se han hecho los desentendidos para el no pago”, puntualizó el empresario.
“Nos quebraron totalmente”
“Había suscrito un convenio con HSBC hoy DAVIVIENDA y luego me embargaron indebidamente. Ellos tenían un pagaré por 160 mil dólares y lo llenaron como quisieron a fin de provocar un incumplimiento. Nosotros tratamos de pagar al día siguiente todo el dinero que exigían, pero se opusieron a ello. Nos quebraron totalmente”, afirmó Salaverría.
“Nosotros dábamos empleos a unas cinco mil familias y al menos teníamos 1,260 productores de café, entre ellos había tres presidentes de bancos y seis directores porque confiaban en nosotros”, concluyó el cafetalero que pide justicia.
Judicial
¡Condena insuficiente en Ciudad Delgado! 25 años de prisión por abusar de una mujer ebria y prenderle fuego en sus genitales
Un juez condenó a 25 años de prisión a Carlos Geovanni Castillo Clavel por el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, tras abusar sexualmente de una mujer en estado de ebriedad y luego rociarla con gasolina para prenderle fuego en Ciudad Delgado, San Salvador.
De acuerdo con la investigación de Centros Judiciales El Salvador (CJES), la víctima y el agresor se conocían desde hacía varios años. Los hechos ocurrieron en la madrugada del 26 de septiembre de 2025, en una vivienda de la colonia San Fernando, donde departían junto a una acompañante.
“Castillo Clavel, aprovechando que la víctima permanecía dormida, abusó de ella. Cuando esta recuperó el conocimiento e intentó retirarse, el agresor la detuvo por la fuerza, la amenazó con quemarla y luego roció gasolina sobre sus piernas y área genital, prendiéndole fuego con un encendedor”, detalló CJES.
La acompañante de la víctima despertó por los gritos, salió de la casa en llamas, pero regresó valientemente para rescatarla. La mujer sufrió quemaduras de segundo grado en el 25% de su cuerpo, lesiones compatibles con abuso sexual y permaneció hospitalizada más de un mes, con su vida en riesgo, según informes del Instituto de Medicina Legal (IML).
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación contra las Mujeres de San Salvador consideró en su sentencia que el agresor ejerció violencia previa y violencia simbólica al atacar específicamente el área genital de la víctima. Sin embargo, la intervención oportuna de la tercera persona fue clave para evitar una tragedia fatal.
Esta condena ha generado cuestionamientos sobre la proporcionalidad de las penas en casos de extrema violencia contra las mujeres en El Salvador.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Víctor Manuel Benítez Lazo fuera condenado a 25 años de prisión por asesinar al esposo de su amante en San Miguel.
El crimen por el que fue declarado culpable el empresario migueleño ocurrió el 7 de junio de 2025.
La investigación fiscal estableció que el procesado y Rubidia de los Ángeles Castro Zúniga -ya condenada-, mantenía una relación extramarital. Ambos planearon y ejecutaron el homicidio.
Castro Zúniga contrajo matrimonio con la víctima el 29 de marzo de 2025. El día del crimen, con engaños llevó a su esposo hasta una calle rústica que conduce al cantón El Pilón y Loma Larga, en La Unión, donde la mujer y el procesado le dispararon en la cabeza. Posteriormente trasladaron a la víctima hasta un negocio propiedad de Benítez Lazo, ubicado a inmediaciones del puente Luis de Moscos, en la ciudad de San Miguel.
En el lugar se percataron de que la víctima aún estaba con vida, por lo que la asfixiaron hasta causarle la muerte y luego la enterraron en una fosa clandestina.
La víctima fue reportada como desaparecida por su esposa el 10 de junio de 2025.
El 11 de julio de 2025, Castro Zúniga se sometió a un proceso abreviado en el Juzgado Segundo de Paz de San Miguel, donde fue sentenciada a 10 años de prisión por desaparición de personas y a 15 años por homicidio agravado. En total deberá cumplir 25 años de cárcel.
Benítez Lazo era el propietario de una empresa de venta de repuestos y fue condenado por homicidio simple por el Tribunal Primero de Sentencia del distrito de San Miguel.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
