Judicial
Abogados de DAVIVIENDA buscan dilatar proceso de pago a favor de José Antonio Salaverría
Los apoderados legales del Banco Davivienda presentaron un recurso de revisión en el Juzgado Primero de lo Mercantil, de esta capital, para dilatar el proceso de pagode 49 millones 314 mil 303 dólares con 55 centavos a favor del empresario, José Antonio Salaverría.
Se informó que el documento fue presentado recientemente a la Sala de lo Civil, misma que hace más de un año dictó sentencia condenatoria contra DAVIVIENDA, por lo que ordenó que se ejecutara el embargo y haga efectivo el pago de ese dinero al empresario Salaverría.
Fuentes cercanas al proceso, aseguraron que los abogados de esa institución bancaria y actuando de mala fe tratan de violentar el principio de probidad procesal, por lo que buscaban recusar a tres magistrados propietarios de la Sala de lo Civil y a un magistrado suplente, con el objetivo de elevar el recurso a Corte Plena e intentar entrampar la resolución en forma indefinida.
Sin embargo, la Corte Plena se pronunció sobre dicho proceso y declaró no ha lugar a la recusación planteada por los abogados de DAVIVIENDA, ya que no contenía argumentos legales y trataban de vulnerar la imparcialidad de los magistrados que habían dictado la sentencia.
En ese sentido, se explicó que los apoderados legales del banco demandado no han “logrado penetrar el órgano judicial, ya que de once magistrados de Corte Plena, diez de ellos votaron en contra y hubo una abstención de parte del magistrado Roberto Carlos Calderón, quien habría sido denunciado por supuestamente hacer lobby a favor de la institución bancaria que debe cancelar más de 49 millones en concepto de indemnización”.
La defensa de José Antonio Salaverría, sostiene que es una medida dilatoria para tratar de entorpecer el cumplimiento de la ejecución de la pena, ya que el banco no tiene interés en respetar la institucionalidad del país, de una sentencia dictada conforme a derecho y que tratan de amedrentar y presionar la Órgano Judicial, para que este actué a su favor.
El mismo José Antonio Salaverría también hizo un llamado al Órgano Judicial a no “dejarse sorprender, ni amedrentar, ni presionar bajo ninguna circunstancia, por los poderes fácticos de este país, pues el pueblo salvadoreño está con ustedes y los observa”.
En su oportunidad, el empresario Salaverría explicó que el banco de forma arbitraria inició un proceso ejecutivo en contra de sus propiedades y que con el cese de los préstamos que tenía, inició con el embargo de propiedades, entre ellas beneficios de café.
“De manera ilegal el banco inició los embargos sin tener sustentos legales y sin tener mora. Ellos incumplieron todo lo que se ha venido ventilando en este proceso, como también, los convenios que se habían pactado con el banco en su debido momento, por ese motivo se presentaron tres demandas en el 2009 y que llegaron a su fin. El banco no ha tenido un sustento legal para decir que no puede pagar ese dinero y simplemente se han hecho los desentendidos para el no pago”, puntualizó el empresario.
“Nos quebraron totalmente”
“Había suscrito un convenio con HSBC hoy DAVIVIENDA y luego me embargaron indebidamente. Ellos tenían un pagaré por 160 mil dólares y lo llenaron como quisieron a fin de provocar un incumplimiento. Nosotros tratamos de pagar al día siguiente todo el dinero que exigían, pero se opusieron a ello. Nos quebraron totalmente”, afirmó Salaverría.
“Nosotros dábamos empleos a unas cinco mil familias y al menos teníamos 1,260 productores de café, entre ellos había tres presidentes de bancos y seis directores porque confiaban en nosotros”, concluyó el cafetalero que pide justicia.
Judicial
15 años de cárcel para dos extorsionistas
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
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Fiscalía lleva a juicio a 26 imputados por delitos de corrupción en alcaldía de Coatepeque
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que 26 imputados, entre ellos exmiembros del concejo municipal de Coatepeque, enfrenten juicio por presuntos delitos de corrupción relacionados con el manejo de fondos públicos destinados a obras de infraestructura, informa el Ministerio Público en la red social X.
Según la investigación, los hechos habrían ocurrido entre 2012 y 2018, período en el que se habrían autorizado proyectos como pavimentación de calles, construcción de cordón cuneta y obras de concreto que, pese a ser pagadas con fondos estatales, nunca se ejecutaron. Casos previos vinculados a este expediente señalan irregularidades en al menos una decena de proyectos municipales que habrían sido cancelados sin comprobar su realización.
Los procesados enfrentan cargos por peculado y negociaciones ilícitas, delitos asociados al uso indebido de recursos públicos y a posibles acuerdos ilegales en la adjudicación de contratos. Investigaciones fiscales anteriores también apuntaron a montos que superaban los $400,000 en proyectos inexistentes dentro del mismo esquema municipal.
Coatepeque | 📣Juzgado de paz instala audiencia inicial en contra del alcalde de dicha localidad y su concejo municipal acusados de
⚠️Peculado y
⚠️Negociaciones Ilícitas. pic.twitter.com/fJLwq2zezu— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) September 28, 2019
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana admitió todas las pruebas presentadas por la Fiscalía, con las que el Ministerio Público busca demostrar la responsabilidad penal de los acusados y exigir la devolución del dinero al Estado salvadoreño.
El caso forma parte de los procesos judiciales impulsados por la FGR contra actos de corrupción municipal, en los que se investiga la adjudicación irregular de contratos y el uso indebido de recursos públicos destinados a obras comunitarias.
Judicial
30 años de prisión para marero que asesinó a un policía
Juan José Díaz Salinas, integrante de la MS13, purgará 30 años de prisión por el homicidio de un agente de la Policía Nacional Civil. La condena fue impuesta por el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca.
De acuerdo con la Fiscalía, el homicidio ocurrió el 23 de septiembre de 2017 en un área rural del distrito de San Pedro Masahuat, en La Paz.
«El agente estaba de licencia y se transportaba en su bicicleta cuando Salinas y otros imputados le salieron al paso y, sin mayor discusión, comenzaron a dispararle hasta causarle la muerte en ese lugar», reveló la investigación.
En el fallo, el tribunal impuso también el pago de $2,500 en concepto de responsabilidad civil.
El ministerio público informó que el terrorista cumple otras penas de prisión por varios crímenes cometidos, entre estos, el homicidio de una mujer en el 2017; también por participar en el asesinato de un miembro de su estructura en el 2018, acciones que también fueron cometidas en La Paz.
Entre otros casos, el mismo tribunal condenó recientemente a los hermanos Santos Samuel y Cecilio Rafael Domínguez González, perfilados como integrantes de la pandilla 18. Estos sujetos permanecerán 30 años en prisión por haber asesinado a un hombre con un arma de fuego.
El crimen lo cometieron el 22 de junio de 2021, aproximadamente a la 1:30 del mediodía, cuando la víctima caminaba en la carretera Panorámica, por el caserío El Matazano, cantón San José La Montaña, San Francisco Chinameca, La Paz Oeste.
La investigación determinó que los hermanos interceptaron al hombre y a la fuerza lo condujeron hasta una cervecería. La víctima intentó huir, pero Rafael Domínguez lo golpeó en la cara y cayó al suelo. De inmediato, Santos Domínguez le disparó.


