Judicial
Abogada de Ruth Mejía dice que la joven no fue tratada conforme a los protocolos policiales establecidos, «la ridiculizaron, la maltrataron y esta siendo revictimizada»
La abogada Bertha María Deleón aseguró en su cuenta de Twitter que el caso Ruth Lisseth Mejía Martínez, la joven que hace unos días fue arrestada por hurtar una patrulla policial, no fue tratado como corresponden los lineamientos policiales, es decir, no conforme a los protocolos establecidos.
Desde que ocurrieron los hechos, las autoridades informaron que la joven (acusada de hurto tentado) tiene problemas mentales a los que también hizo referencia la abogada, quien además dio a conocer que es defensora de Ruth.
“Ella, al momento de los hechos presentaba una crisis nerviosa producto de su condición de salud mental y su afectación como víctima de violencia física y psicológica. En lugar de recibir protección y auxilio, los agentes realizaron un mal procedimiento, la dejaron sola en la patrulla”, explicó la profesional respecto a la condición de la joven y el actuar de los agentes.
“Ruth, como muchas víctimas de violencia intrafamiliar crónica, quería escapar, huir o quizás morir… no tenía intención de apropiarse de la patrulla o de lucrarse. Es un caso que ilustra la desesperación y angustia a la que puede llegar alguien inmerso en espiral de violencia”, argumentó sobre el caso.
Caso de Ruth pone a prueba el sistema de justicia
Deleón consideró que este caso, nuevamente, pone a prueba el actuar de las instituciones encargadas de aplicar la justicia en el país.
“Nuestro sistema de justicia está a prueba una vez más, Ruth está detenida por petición de la FGR y decisión del Juez de Paz de El Paisnal. Soy su defensora y no vamos a descansar hasta que se reconozca la calidad de víctima de Ruth y denunciamos que está siendo revictimizada por operadores del sistema de justicia que buscan ‘sentar precedente’ para que nadie vuelva a ridiculizar a la Policía”, expresó Deleón.
Denunció que Ruth está “recibiendo violencia psicológica por parte de agentes policiales encargados de su custodia”.
Aseguró que la joven “fue golpeada y ridiculizada en videos distribuidos en redes sociales”; por lo que hizo la denuncia respectiva a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Instituto para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU).
“Juzgar con perspectiva de género es una obligación para los operadores de justicia. No más revictimización ni violencia institucional para las mujeres”, escribió.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
