Judicial
Abogada de Ruth Mejía dice que la joven no fue tratada conforme a los protocolos policiales establecidos, «la ridiculizaron, la maltrataron y esta siendo revictimizada»
La abogada Bertha María Deleón aseguró en su cuenta de Twitter que el caso Ruth Lisseth Mejía Martínez, la joven que hace unos días fue arrestada por hurtar una patrulla policial, no fue tratado como corresponden los lineamientos policiales, es decir, no conforme a los protocolos establecidos.
Desde que ocurrieron los hechos, las autoridades informaron que la joven (acusada de hurto tentado) tiene problemas mentales a los que también hizo referencia la abogada, quien además dio a conocer que es defensora de Ruth.
“Ella, al momento de los hechos presentaba una crisis nerviosa producto de su condición de salud mental y su afectación como víctima de violencia física y psicológica. En lugar de recibir protección y auxilio, los agentes realizaron un mal procedimiento, la dejaron sola en la patrulla”, explicó la profesional respecto a la condición de la joven y el actuar de los agentes.
“Ruth, como muchas víctimas de violencia intrafamiliar crónica, quería escapar, huir o quizás morir… no tenía intención de apropiarse de la patrulla o de lucrarse. Es un caso que ilustra la desesperación y angustia a la que puede llegar alguien inmerso en espiral de violencia”, argumentó sobre el caso.
Caso de Ruth pone a prueba el sistema de justicia
Deleón consideró que este caso, nuevamente, pone a prueba el actuar de las instituciones encargadas de aplicar la justicia en el país.
“Nuestro sistema de justicia está a prueba una vez más, Ruth está detenida por petición de la FGR y decisión del Juez de Paz de El Paisnal. Soy su defensora y no vamos a descansar hasta que se reconozca la calidad de víctima de Ruth y denunciamos que está siendo revictimizada por operadores del sistema de justicia que buscan ‘sentar precedente’ para que nadie vuelva a ridiculizar a la Policía”, expresó Deleón.
Denunció que Ruth está “recibiendo violencia psicológica por parte de agentes policiales encargados de su custodia”.
Aseguró que la joven “fue golpeada y ridiculizada en videos distribuidos en redes sociales”; por lo que hizo la denuncia respectiva a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Instituto para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU).
“Juzgar con perspectiva de género es una obligación para los operadores de justicia. No más revictimización ni violencia institucional para las mujeres”, escribió.
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
