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Abogada de Ruth Mejía dice que la joven no fue tratada conforme a los protocolos policiales establecidos, «la ridiculizaron, la maltrataron y esta siendo revictimizada»

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La abogada Bertha María Deleón aseguró en su cuenta de Twitter que el caso Ruth Lisseth Mejía Martínez, la joven que hace unos días fue arrestada por hurtar una patrulla policial, no fue tratado como corresponden los lineamientos policiales, es decir, no conforme a los protocolos establecidos.

Desde que ocurrieron los hechos, las autoridades informaron que la joven (acusada de hurto tentado) tiene problemas mentales a los que también hizo referencia la abogada, quien además dio a conocer que es defensora de Ruth.

“Ella, al momento de los hechos presentaba una crisis nerviosa producto de su condición de salud mental y su afectación como víctima de violencia física y psicológica. En lugar de recibir protección y auxilio, los agentes realizaron un mal procedimiento, la dejaron sola en la patrulla”, explicó la profesional respecto a la condición de la joven y el actuar de los agentes.

“Ruth, como muchas víctimas de violencia intrafamiliar crónica, quería escapar, huir o quizás morir… no tenía intención de apropiarse de la patrulla o de lucrarse. Es un caso que ilustra la desesperación y angustia a la que puede llegar alguien inmerso en espiral de violencia”, argumentó sobre el caso.

Caso de Ruth pone a prueba el sistema de justicia

Deleón consideró que este caso, nuevamente, pone a prueba el actuar de las instituciones encargadas de aplicar la justicia en el país.

“Nuestro sistema de justicia está a prueba una vez más, Ruth está detenida por petición de la FGR y decisión del Juez de Paz de El Paisnal. Soy su defensora y no vamos a descansar hasta que se reconozca la calidad de víctima de Ruth y denunciamos que está siendo revictimizada por operadores del sistema de justicia que buscan ‘sentar precedente’ para que nadie vuelva a ridiculizar a la Policía”, expresó Deleón.

Denunció que Ruth está “recibiendo violencia psicológica por parte de agentes policiales encargados de su custodia”.

Aseguró que la joven “fue golpeada y ridiculizada en videos distribuidos en redes sociales”; por lo que hizo la denuncia respectiva a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Instituto para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU).

“Juzgar con perspectiva de género es una obligación para los operadores de justicia. No más revictimización ni violencia institucional para las mujeres”, escribió.

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314 años de cárcel para estructura que asesinó a profesora y policía

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Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.

De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.

A Luis Alonso Mejía Hernández, quien se encargaba de transportar a los miembros de la estructura hacia los lugares donde se cometerían los hechos, fue sentenciado a 192 años, por robo agravado y agrupaciones ilícitas.

Mientras que a Moisés Antonio Rivera y Aurelio Wilfredo Vásquez, el juez los condenó a 177 y 166 años de prisión, respectivamente, los otros 34 recibieron diversas penas por los mismos delitos.

La red de asaltantes y homicidas fue desarticulada la madrugada del 25 de octubre de 2022, tras una investigación de varios meses que fiscales y policías realizaron a la compleja banda que tenía una logística en todo el país para ejecutar los atracos entre enero de 2019 a mayo de 2021.

Los imputados tenían estrategias criminales hasta para descifrar los montos de dinero que los usuarios de los bancos retiraban de los cajeros automáticos (ATM).

Lograban determinar cuando una persona retiraba considerables sumas de dinero, se apostaban cerca de los ATM y según el sonido que se generaba al momento de procesarse el retiro los integrantes de la banda perfilaban a ese usuario y tras darle vigilancia y seguimiento, lo interceptaban y despojaban de los fondos, si la víctima se oponía, era asesinada.

A un agente de la PNC, lo asesinaron el 19 de mayo de 2019, en San Juan Nonualco, departamento de La Paz. Había retirado $1,500 de una agencia bancaria de ese distrito, producto de préstamo bancario.

También el 22 de mayo de 2021, asesinaron a una profesora que había salido de una agencia bancaria en Cojutepeque, departamento de Cuscatlán, la siguieron para robarle $2,600 y como se opuso al asalto, le dieron un disparo en la cabeza.

Testimonios de víctimas fueron parte de la prueba que la Fiscalía General de la República presentó para probar los robos y casos de homicidio, mientras que en las agrupaciones ilícitas se acreditó que los miembros tenían asignada una función específica para consumar los hechos.

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22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.

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José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.

Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.

Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.

La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.

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Sujeto acusado de violación es condenado a 14 años de cárcel

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Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.

Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.

Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.

La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.

El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.

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