Judicial
Abogada de Ruth Mejía dice que la joven no fue tratada conforme a los protocolos policiales establecidos, «la ridiculizaron, la maltrataron y esta siendo revictimizada»
La abogada Bertha María Deleón aseguró en su cuenta de Twitter que el caso Ruth Lisseth Mejía Martínez, la joven que hace unos días fue arrestada por hurtar una patrulla policial, no fue tratado como corresponden los lineamientos policiales, es decir, no conforme a los protocolos establecidos.
Desde que ocurrieron los hechos, las autoridades informaron que la joven (acusada de hurto tentado) tiene problemas mentales a los que también hizo referencia la abogada, quien además dio a conocer que es defensora de Ruth.
“Ella, al momento de los hechos presentaba una crisis nerviosa producto de su condición de salud mental y su afectación como víctima de violencia física y psicológica. En lugar de recibir protección y auxilio, los agentes realizaron un mal procedimiento, la dejaron sola en la patrulla”, explicó la profesional respecto a la condición de la joven y el actuar de los agentes.
“Ruth, como muchas víctimas de violencia intrafamiliar crónica, quería escapar, huir o quizás morir… no tenía intención de apropiarse de la patrulla o de lucrarse. Es un caso que ilustra la desesperación y angustia a la que puede llegar alguien inmerso en espiral de violencia”, argumentó sobre el caso.
Caso de Ruth pone a prueba el sistema de justicia
Deleón consideró que este caso, nuevamente, pone a prueba el actuar de las instituciones encargadas de aplicar la justicia en el país.
“Nuestro sistema de justicia está a prueba una vez más, Ruth está detenida por petición de la FGR y decisión del Juez de Paz de El Paisnal. Soy su defensora y no vamos a descansar hasta que se reconozca la calidad de víctima de Ruth y denunciamos que está siendo revictimizada por operadores del sistema de justicia que buscan ‘sentar precedente’ para que nadie vuelva a ridiculizar a la Policía”, expresó Deleón.
Denunció que Ruth está “recibiendo violencia psicológica por parte de agentes policiales encargados de su custodia”.
Aseguró que la joven “fue golpeada y ridiculizada en videos distribuidos en redes sociales”; por lo que hizo la denuncia respectiva a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Instituto para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU).
“Juzgar con perspectiva de género es una obligación para los operadores de justicia. No más revictimización ni violencia institucional para las mujeres”, escribió.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
Judicial
Orden de captura internacional contra cinco acusados de fraude millonario en empresa de telecomunicaciones
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador emitió órdenes de detención provisional y solicitó a INTERPOL alerta de difusión roja contra cinco personas —tres estadounidenses y dos guatemaltecos— acusadas de participar en un fraude millonario contra la empresa de telecomunicaciones Continental Towers y otras compañías en Latinoamérica.
Los imputados son Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri (EE.UU.), así como Jorge Leonel Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro (Guatemala), estos últimos ya detenidos en su país, a la espera de un proceso de extradición a El Salvador.
Jorge Alberto Gaitán Castro fue arrestado en una sede judicial de la capital guatemalteca. Foto: PNC de Guatemala.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los señalados enfrentan cargos por estafa agravada, agrupaciones ilícitas y extorsión agravada. Se les acusa de integrar una red internacional que habría boicoteado las operaciones de Continental Towers para reducir su valor de mercado y forzar la venta de la compañía en condiciones desfavorables para sus accionistas mayoritarios.
Las víctimas de las extorsiones habrían sido la abogada salvadoreña Antonieta María Granillo de Galindo, representante legal de las empresas afectadas, y el empresario guatemalteco Jorge Hernández Ortiz.
El caso también está bajo investigación en tribunales guatemaltecos y ha derivado en un laudo arbitral en Nueva York y en un proceso en un tribunal federal de Estados Unidos. Las embajadas de Guatemala y Estados Unidos ya fueron notificadas del proceso en curso.
