Judicial
4 millones de dólares, los bienes que habría acumulado David Munguía Payés
David Munguía Payés, exministro de Justicia y Seguridad, quien ya fue condenado por el caso Tregua, es uno de los exfuncionarios en la lista de investigación bajo la guerra contra la corrupción por lavado de dinero, ha dicho el fiscal general, Rodolfo Delgado.
Munguía Payés recibió recientemente una condena de 18 años en prisión, por haber facilitado y negociado con las pandillas durante la tregua de 2012 y 2013. Este exfuncionario del FMLN también es señalado de un millonario incremento patrimonial no justificado.
Desde hace varios años, las autoridades vienen decomisando a Munguía Payés y a su familia propiedades, entre lujosas viviendas, ranchos de playa y vehículos, así como cuentas bancarias, todo asciende a más de $4 millones. Según lo revelado por el ministerio público, estos ingresos los habrían obtenido de actividades ilícitas como el lavado de dinero y actos de corrupción entre 2009-2018.
En octubre de 2020, la Fiscalía le incautó 8 inmuebles al exministro y su núcleo familiar. El ministerio público compartió imágenes de las residencias y de lujosos ranchos de playa que le fueron decomisados en La Libertad.
En esa oportunidad, la Fiscalía señaló que las propiedades fueron valuadas en $1,444,000 y que Munguía Payés las había obtenido de manera ilícita cuando se desempeñó como ministro tanto con Funes como con Sánchez Cerén.
Luego, el 27 de julio de 2021, la Fiscalía materializó otras propiedades del exministro ubicadas en Nuevo Cuscatlán valuadas en más de $458,000, entre estas, están dos inmuebles; uno valuado en $300,000 y el segundo en $116,000 y una cuenta bancaria con $42,316.03.
Todos los bienes decomisados al exfuncionario han pasado a ser administrados por el Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB).
En el caso tregua, la Fiscalía comprobó que Munguía Payés jugó un papel clave en esa negociación, ya fue quien ordenó los accesos de mediadores a las cárceles. Durante el periodo de la tregua de maras se permitió el uso de celulares en los penales y la introducción de chips, cargadores, televisores, etc. Además, utilizó recursos del Estado a favor de las estructuras delictivas.
El fiscal general, Rodolfo Delgado dijo recientemente que acusarán al general retirado David Victoriano Munguía Payés del delito de lavado de dinero y activos «porque aparte de que estuvo negociando junto con el expresidente prófugo que tenemos en Nicaragua, aparte de estar negociando con las vidas de los salvadoreños, aparte de estarse sentando y considerarse un igual con los pandilleros, de igual forma esta persona realizó actos de corrupción y esos también se los vamos a comprobar».
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
