Judicial
4 millones de dólares, los bienes que habría acumulado David Munguía Payés
David Munguía Payés, exministro de Justicia y Seguridad, quien ya fue condenado por el caso Tregua, es uno de los exfuncionarios en la lista de investigación bajo la guerra contra la corrupción por lavado de dinero, ha dicho el fiscal general, Rodolfo Delgado.
Munguía Payés recibió recientemente una condena de 18 años en prisión, por haber facilitado y negociado con las pandillas durante la tregua de 2012 y 2013. Este exfuncionario del FMLN también es señalado de un millonario incremento patrimonial no justificado.
Desde hace varios años, las autoridades vienen decomisando a Munguía Payés y a su familia propiedades, entre lujosas viviendas, ranchos de playa y vehículos, así como cuentas bancarias, todo asciende a más de $4 millones. Según lo revelado por el ministerio público, estos ingresos los habrían obtenido de actividades ilícitas como el lavado de dinero y actos de corrupción entre 2009-2018.
En octubre de 2020, la Fiscalía le incautó 8 inmuebles al exministro y su núcleo familiar. El ministerio público compartió imágenes de las residencias y de lujosos ranchos de playa que le fueron decomisados en La Libertad.
En esa oportunidad, la Fiscalía señaló que las propiedades fueron valuadas en $1,444,000 y que Munguía Payés las había obtenido de manera ilícita cuando se desempeñó como ministro tanto con Funes como con Sánchez Cerén.
Luego, el 27 de julio de 2021, la Fiscalía materializó otras propiedades del exministro ubicadas en Nuevo Cuscatlán valuadas en más de $458,000, entre estas, están dos inmuebles; uno valuado en $300,000 y el segundo en $116,000 y una cuenta bancaria con $42,316.03.
Todos los bienes decomisados al exfuncionario han pasado a ser administrados por el Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB).
En el caso tregua, la Fiscalía comprobó que Munguía Payés jugó un papel clave en esa negociación, ya fue quien ordenó los accesos de mediadores a las cárceles. Durante el periodo de la tregua de maras se permitió el uso de celulares en los penales y la introducción de chips, cargadores, televisores, etc. Además, utilizó recursos del Estado a favor de las estructuras delictivas.
El fiscal general, Rodolfo Delgado dijo recientemente que acusarán al general retirado David Victoriano Munguía Payés del delito de lavado de dinero y activos «porque aparte de que estuvo negociando junto con el expresidente prófugo que tenemos en Nicaragua, aparte de estar negociando con las vidas de los salvadoreños, aparte de estarse sentando y considerarse un igual con los pandilleros, de igual forma esta persona realizó actos de corrupción y esos también se los vamos a comprobar».
Este lunes prosiguió el juicio contra Ernesto Muyshondt, Paolo Lüers, Benito Lara, Arístides Valencia y Wilson Alvarado, acusados de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador programó para la jornada la exposición de pruebas documentales y alegatos finales.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las pruebas y testimonios presentados hasta el momento vinculan a los procesados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y las de alcaldes y diputados de 2015, en las que supuestamente se ofrecieron beneficios a cambio de votos.
José Adilio Acosta García fue condenado a seis años de prisión por atacar con un corvo a su excompañera de vida en San Pablo Tacachico, La Libertad. La sentencia fue dictada por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, tras comprobarse el delito de lesiones graves agravadas.
De acuerdo con la Fiscalía, en diciembre de 2023, Acosta García llegó a la vivienda de la víctima en estado de ebriedad y le exigió reanudar la relación de pareja. Al ser rechazado, la agredió con el arma blanca, provocándole lesiones en un brazo que requirieron cirugía y una incapacidad superior a 30 días.
El tribunal concluyó que las pruebas presentadas confirmaron la responsabilidad del acusado y que las lesiones impedían a la víctima realizar sus actividades cotidianas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó al exfiscal general de la República, Luis Martínez, a 10 años de cárcel por los delitos de fraude procesal y omisión de la investigación, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la acusación, Martínez y otros implicados fabricaron procesos judiciales falsos en 2016 en contra de una víctima. Tras varias semanas de juicio, el tribunal resolvió imponer la condena con base en las pruebas presentadas por la FGR.
Además de Martínez, también fueron sentenciados Julio Adalberto Arriaza González, a cinco años de prisión por fraude procesal, y Héctor Francisco Grimaldi Membreño, a seis años por dos casos del mismo delito.
