Judicial
4 millones de dólares, los bienes que habría acumulado David Munguía Payés
David Munguía Payés, exministro de Justicia y Seguridad, quien ya fue condenado por el caso Tregua, es uno de los exfuncionarios en la lista de investigación bajo la guerra contra la corrupción por lavado de dinero, ha dicho el fiscal general, Rodolfo Delgado.
Munguía Payés recibió recientemente una condena de 18 años en prisión, por haber facilitado y negociado con las pandillas durante la tregua de 2012 y 2013. Este exfuncionario del FMLN también es señalado de un millonario incremento patrimonial no justificado.
Desde hace varios años, las autoridades vienen decomisando a Munguía Payés y a su familia propiedades, entre lujosas viviendas, ranchos de playa y vehículos, así como cuentas bancarias, todo asciende a más de $4 millones. Según lo revelado por el ministerio público, estos ingresos los habrían obtenido de actividades ilícitas como el lavado de dinero y actos de corrupción entre 2009-2018.
En octubre de 2020, la Fiscalía le incautó 8 inmuebles al exministro y su núcleo familiar. El ministerio público compartió imágenes de las residencias y de lujosos ranchos de playa que le fueron decomisados en La Libertad.
En esa oportunidad, la Fiscalía señaló que las propiedades fueron valuadas en $1,444,000 y que Munguía Payés las había obtenido de manera ilícita cuando se desempeñó como ministro tanto con Funes como con Sánchez Cerén.
Luego, el 27 de julio de 2021, la Fiscalía materializó otras propiedades del exministro ubicadas en Nuevo Cuscatlán valuadas en más de $458,000, entre estas, están dos inmuebles; uno valuado en $300,000 y el segundo en $116,000 y una cuenta bancaria con $42,316.03.
Todos los bienes decomisados al exfuncionario han pasado a ser administrados por el Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB).
En el caso tregua, la Fiscalía comprobó que Munguía Payés jugó un papel clave en esa negociación, ya fue quien ordenó los accesos de mediadores a las cárceles. Durante el periodo de la tregua de maras se permitió el uso de celulares en los penales y la introducción de chips, cargadores, televisores, etc. Además, utilizó recursos del Estado a favor de las estructuras delictivas.
El fiscal general, Rodolfo Delgado dijo recientemente que acusarán al general retirado David Victoriano Munguía Payés del delito de lavado de dinero y activos «porque aparte de que estuvo negociando junto con el expresidente prófugo que tenemos en Nicaragua, aparte de estar negociando con las vidas de los salvadoreños, aparte de estarse sentando y considerarse un igual con los pandilleros, de igual forma esta persona realizó actos de corrupción y esos también se los vamos a comprobar».
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
