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Judicial

4 millones de dólares, los bienes que habría acumulado David Munguía Payés

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David Munguía Payés, exministro de Justicia y Seguridad, quien ya fue condenado por el caso Tregua, es uno de los exfuncionarios en la lista de investigación bajo la guerra contra la corrupción por lavado de dinero, ha dicho el fiscal general, Rodolfo Delgado.

Munguía Payés recibió recientemente una condena de 18 años en prisión, por haber facilitado y negociado con las pandillas durante la tregua de 2012 y 2013. Este exfuncionario del FMLN también es señalado de un millonario incremento patrimonial no justificado.

Desde hace varios años, las autoridades vienen decomisando a Munguía Payés y a su familia propiedades, entre lujosas viviendas, ranchos de playa y vehículos, así como cuentas bancarias, todo asciende a más de $4 millones. Según lo revelado por el ministerio público, estos ingresos los habrían obtenido de actividades ilícitas como el lavado de dinero y actos de corrupción entre 2009-2018.

En octubre de 2020, la Fiscalía le incautó 8 inmuebles al exministro y su núcleo familiar. El ministerio público compartió imágenes de las residencias y de lujosos ranchos de playa que le fueron decomisados en La Libertad.

En esa oportunidad, la Fiscalía señaló que las propiedades fueron valuadas en $1,444,000 y que Munguía Payés las había obtenido de manera ilícita cuando se desempeñó como ministro tanto con Funes como con Sánchez Cerén.

Luego, el 27 de julio de 2021, la Fiscalía materializó otras propiedades del exministro ubicadas en Nuevo Cuscatlán valuadas en más de $458,000, entre estas, están dos inmuebles; uno valuado en $300,000 y el segundo en $116,000 y una cuenta bancaria con $42,316.03.
Todos los bienes decomisados al exfuncionario han pasado a ser administrados por el Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB).

En el caso tregua, la Fiscalía comprobó que Munguía Payés jugó un papel clave en esa negociación, ya fue quien ordenó los accesos de mediadores a las cárceles. Durante el periodo de la tregua de maras se permitió el uso de celulares en los penales y la introducción de chips, cargadores, televisores, etc. Además, utilizó recursos del Estado a favor de las estructuras delictivas.

El fiscal general, Rodolfo Delgado dijo recientemente que acusarán al general retirado David Victoriano Munguía Payés del delito de lavado de dinero y activos «porque aparte de que estuvo negociando junto con el expresidente prófugo que tenemos en Nicaragua, aparte de estar negociando con las vidas de los salvadoreños, aparte de estarse sentando y considerarse un igual con los pandilleros, de igual forma esta persona realizó actos de corrupción y esos también se los vamos a comprobar».

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Pasarán al Estado bienes por más de $362,000 confiscados a familia ligada a MS

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El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.

El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.

Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.

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Exdiputado y su esposa son enviados a fase final de juicio por enriquecimiento ilícito

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La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.

La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.

La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.

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Orden de captura internacional contra cinco acusados de fraude millonario en empresa de telecomunicaciones

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El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador emitió órdenes de detención provisional y solicitó a INTERPOL alerta de difusión roja contra cinco personas —tres estadounidenses y dos guatemaltecos— acusadas de participar en un fraude millonario contra la empresa de telecomunicaciones Continental Towers y otras compañías en Latinoamérica.

Los imputados son Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri (EE.UU.), así como Jorge Leonel Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro (Guatemala), estos últimos ya detenidos en su país, a la espera de un proceso de extradición a El Salvador.

Jorge Alberto Gaitán Castro fue arrestado en una sede judicial de la capital guatemalteca. Foto: PNC de Guatemala.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los señalados enfrentan cargos por estafa agravada, agrupaciones ilícitas y extorsión agravada. Se les acusa de integrar una red internacional que habría boicoteado las operaciones de Continental Towers para reducir su valor de mercado y forzar la venta de la compañía en condiciones desfavorables para sus accionistas mayoritarios.

Las víctimas de las extorsiones habrían sido la abogada salvadoreña Antonieta María Granillo de Galindo, representante legal de las empresas afectadas, y el empresario guatemalteco Jorge Hernández Ortiz.

El caso también está bajo investigación en tribunales guatemaltecos y ha derivado en un laudo arbitral en Nueva York y en un proceso en un tribunal federal de Estados Unidos. Las embajadas de Guatemala y Estados Unidos ya fueron notificadas del proceso en curso.

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