Judicial
30 años de cárcel a sujeto que asesino a un niño de nueve años

La Fiscalía General de la República (FGR), aseguró que Gilberto Martínez Vásquez, fue declarado responsable por el Juzgado Primero de Sentencia de Santa Ana, del homicidio de un menor de 9 años, y recibió la pena de 30 años de cárcel por el hecho ocurrido el 23 de agosto de 2019, en el cantón Casas de Tejas, en Candelaria de la Frontera, del departamento de Santa Ana.
Según explicó el Fiscal del caso, el homicidio se pudo resolver con una diversidad de evidencia con la cual se comprobó el delito, si no que también, la autoría directa del imputado en el cometimiento del homicidio de la víctima.
Además, manifestó el Fiscal que, al principio de la investigación se contó con la confesión extrajudicial espontanea de Martínez Vásquez, en la cual el imputado al principio confeso los hechos, confesión que se formalizo en sede administrativa, y posteriormente se incorporó al proceso, la cual tuvo valor en el juicio, al ser respalda por otra evidencia periférica de tipo documental y pericial que respaldo lo declarado por el imputado, al aceptar la autoría del homicidio.
EL móvil que Gilberto Martínez Vásquez tuvo para cometer el crimen fue el económico, ya que él lo ejecuto por encargo; ya que existe una segunda identificada como José Antonio Cruz, que no se logró procesar este mismo día por cuestiones logísticas en el traslado, quien encargo el homicidio del menor, por algunos problemas entre la familia de la víctima y él.
En el caso del segundo imputado José Antonio Cruz, quien no logró estar presente por falta de traslado, la vista pública quedaría pendiente de programación hasta que se normalice la situación debido a la emergencia por la pandemia.
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Trasladan a 40 estudiantes capturados en operativos contra pandillas en institutos de San Salvador

Foto: Cortesía
Este miércoles, los 40 jóvenes detenidos por su presunta vinculación con una estructura delictiva en formación fueron trasladados a la Unidad de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la República (PGR) para dar seguimiento a su proceso legal.
Los adolescentes fueron capturados ayer, supuestamente por «intentar formar una estructura de pandillas», según informó la Fiscalía General de la República. Video / Cortesía. pic.twitter.com/dxa5voS5DT
— LPGJudicial (@LPGJudicial) June 25, 2025
Las capturas fueron ejecutadas el martes por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), como parte de una operación que desarticuló un grupo delictivo que operaba dentro de varios institutos nacionales de San Salvador: el Instituto General Francisco Menéndez (INFRAMEN), el Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y el Instituto Nacional Albert Camus.
Según la FGR, se ejecutaron 40 de 49 órdenes de captura. Las investigaciones indican que los jóvenes involucrados intimidaban a otros estudiantes y estarían implicados en actos como agresiones físicas, consumo de drogas y agresiones sexuales. Las autoridades también realizaron allanamientos en las viviendas de los detenidos, quienes serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas, entre otros cargos.
Este caso recuerda lo ocurrido en septiembre de 2023, cuando 20 estudiantes fueron enviados a prisión por pertenecer a “La Raza”, una pandilla emergente detectada en el INFRAMEN y el INTI. En esa ocasión, los procesados fueron acusados de agrupaciones ilícitas, desórdenes públicos y lesiones tras una riña estudiantil en los alrededores del redondel Don Rúa.
Las autoridades reiteraron su compromiso con mantener los centros educativos libres de estructuras criminales y garantizar entornos seguros para los estudiantes.
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Mecánico es enviado a prisión por electrocutar y simular suicidio de su hijastro en San Salvador
Judicial
Abogado Salvador Anaya, acusado de lavado de dinero, seguirá detenido

El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador ordenó que el abogado Salvador Enrique Anaya Barraza permanezca en detención provisional mientras su caso avanza a la siguiente etapa del proceso penal.
La Fiscalía General de la República lo acusa por el delito de lavado de dinero y activos, cometido presuntamente entre los años 2015 y 2024. El proceso fue judicializado el pasado sábado bajo régimen de reserva total, por lo que ninguna de las partes puede proporcionar detalles adicionales del expediente.
Según la legislación salvadoreña, el delito de lavado de dinero contempla penas de entre cinco y 15 años de prisión. Este delito incluye operaciones financieras u omisiones destinadas a ocultar el origen ilícito de bienes provenientes de actividades delictivas.
Durante la audiencia inicial, el abogado defensor Jaime Quintanilla afirmó que el proceso se desarrolló con normalidad y que la defensa presentó los elementos que respaldan la inocencia de su cliente.