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Instituto de Acceso a la Información resuelve a favor de ciudadano a quien se le negó información de Teclaseo, alcalde tiene 5 días para entregar todo sobre dicha negociación
Luego de que la Unidad de Acceso a la Información de la Alcaldía de Santa Tecla, le denegara a un ciudadano, información concerniente al Convenio Marco TECLASEO-AMST, aludiendo ser un documento clasificado como información reservada y confidencial; el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) resolvió con fecha 15 de junio de 2020, que dicha alcaldía, debe entregar en el plazo de (5) días hábiles desde que se notificó la sentencia, toda la información concerniente al Convenio Marco TECLASEO-AMST que fue autorizado por el Concejo Municipal de Santa Tecla, que gobernó la ciudad, durante el periodo 2015-2018.
TECLASEO, fue presentado desde su lanzamiento por el Alcalde Roberto D’aubuisson como el mejor proyecto para lograr una Santa Tecla libre de basura, con un sistema eficiente, que produciría una mejor panorámica para la ciudad y que era lo más favorable para la buena disposición y aprovechamiento de los fondos municipales de los tributos de los tecleños. Sin embargo, de inmediato declaró reservados todos los términos de negociación incluyendo el Convenio Marco, lo cual ha sido reiteradamente señalado por abogados vinculados a organizaciones civiles, como una acción carente de transparencia de las autoridades edilicias, sobre todo tomando en cuenta que al constituirse la Sociedad TECLASEO, S.E.M. DE C.V., se transfirieron bienes municipales a la nueva entidad, sin conocer los términos específicos del acuerdo.
Una de las situaciones más polémicas que se vivieron al inicio del contrato de TECLASEO, sucedió el 31 de julio de 2018, cuando se realizó el despido de 154 trabajadores del Departamento de Recolección de Desechos Sólidos de la Alcaldía Municipal de Santa Tecla, algunos de ellos eran trabajadores con más de 20 años al servicio de la municipalidad.
En el Concejo Municipal que aprobó los términos de contratación entre Santa Tecla y la Sociedad colombiana INTERASEO, estaba conformado entre otros por el Alcalde Roberto D’aubuisson; Vera Diamantina Mejía en calidad de Síndico Municipal; y los Regidores: Víctor Mencía, Leonor Elena López, Jaime Roberto Zablah, Romilia Arias Burgos y José Fidel Melara Morán.
A la fecha Roberto D’aubuisson cumple su segundo periodo al frente de la comuna, tiempo en el que no ha estado exenta la polémica sobre su forma de administrar la Municipalidad.
Recientemente el Ministro de Trabajo: Rolando Castro interpuso denuncia en contra del Alcalde D’aubuisson y su concejo municipal, por la comisión de los delitos de Apropiación de Cuotas Laborales y por incumplir la sentencia del Tribunal de Segunda Instancia que conoció del despido injustificado de los 154 trabajadores que recolectaban la basura en la ciudad tecleña, misma que ordenaba su reinstalo o reubicación inmediata, así como la cancelación de los salarios no percibidos de todos los trabajadores municipales ilegalmente removidos.
De no cumplir la Municipalidad con la entrega de la información en el plazo ordenado por el IAIP, incurrirá en responsabilidad administrativa por parte del Alcalde y todo el Concejo Municipal; pero sobre todo a criterio del abogado consultado, estará enviando un mensaje contrario a lo que el partido político ARENA al que pertenece el Alcalde D’aubuisson, las organizaciones de la Sociedad Civil como FUNDE, FUSADES; gremiales como ANEP, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas -UCA-; periodistas y abogados han venido exigiendo al Gobierno Central, que es la transparencia en todos los negocios que se realizan con fondos públicos.
Si las autoridades edilicias vienen y presentan alguna clase de recurso para tratar de detener la entrega de la información, nos estarán ratificando que algo no está bien en la constitución de TECLASEO y el Fiscal General: Raúl Melara Morán también tendrá que abrir una investigación de oficio como acaba de hacer con el caso de una compra por la que fue removido el Presidente del FONAES.
El Viceministerio de Transporte (VMT) multó con $750 al creador de contenido «Yeik» por varias infracciones a la Ley de Tránsito.
La institución sancionó al tiktoker luego de la circulación de un video en redes sociales donde el imputado ocasionó un siniestro vial donde colisionó contra otro motociclista.
Las multas fueron por conducir sin estar autorizado ($150); conducir haciendo uso del celular ($150); circular después de las 18 horas y antes de las 6 del día siguiente sin que el motociclista porte chaleco o implementos reflectivos ($150); circular sin placas ($150); conducir en zigzag ($100) y no portar tarjeta de circulación ($50).
Las autoridades también le decomisaron la motocicleta por circular sin placas ni tarjeta de circulación.
Tras conocer las sanciones, el titular del VMT, Nelson Reyes, reaccionó en su cuenta de la red X y escribió: «el respeto a la ley no es opcional. Quien ponga en riesgo la vida de los demás deberá responder por sus acciones. Seguiremos aplicando la normativa con firmeza para garantizar la seguridad vial de todos los salvadoreños».
A ocho años de prisión fue condenado José Alfredo Centeno Cantón, por el delito de tráfico ilegal de personas.
En el juicio, la Fiscalía General de la República estableció que fue detenido de forma infraganti transportando a 12 personas a quienes pretendía trasladar hasta Guatemala y con una promesa de llevarlos en «un viaje seguro» a Estados Unidos.
Centeno Cantón fue detenido el 15 de enero de 2024, en un retén que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habían instalado en el km 92 de la carretera Panamericana, caserío Paraje Galán, cantón San Vicente, de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
El plan del ahora condenado era dirigirse hacia un punto fronterizo no habilitado de la zona, para eludir los controles migratorios, ya que entre las personas que transportaba iban cinco menores de edad, los otros siete eran adultos.
En el proceso judicial se mencionó que todos viajaban en una camioneta, eso llamó la atención de los agentes policiales pues al ir sobrecargada y el nerviosismo que mostraron generó sospecha que podrían estar frente a un caso de tráfico de personas.
Ese control policial siempre ha sido estratégico ya que obligadamente se debe pasar por ese punto y por la ubicación los agentes con su experiencia pueden detectar cualquier irregularidad de los viajeros.
Llamó la atención que en una sola unidad de transporte fueran cinco menores sin ninguno de sus padres o familiares cercanos y que la custodia fuera a cargo de una persona que ni conocían.
Además, al ser entrevistado, hubo incongruencias en las respuestas de los adultos, así como de los niños, no portaban la respectiva documentación que asegura un registro legal en la frontera San Cristóbal, que era la más próxima al control vehicular donde fueron ubicados.
Con la información aportada por las víctimas, los agentes consultaron a sus superiores y luego a la Fiscalía General de la República para detener a Centeno Cantón y que le iniciaron el respectivo proceso penal.
En la fase de investigación el ministerio público obtuvo información de las víctimas, quienes confirmaron que iban hacia Estados Unidos y que los iban a pasar por un punto no habilitado hacia Guatemala.
El plan era que, del vecino país los iban a mover hacia la frontera con México donde serían entregadas a otras personas para continuar la ruta a Estados Unidos ya que ese fue el acuerdo pactado.
«El fiscal del caso dijo que las 12 víctimas eran cinco niños y siete adultos todos salvadoreños y que habían pagado una parte del dinero y la otra la harían efectiva al llegar a su destino», así lo publicó el ministerio público.
En la vista pública el tribunal tuvo acceso a testimonios de las víctimas, así como de los agentes policiales que hicieron el procedimiento de localización de las víctimas y captura del traficante de personas.
La abogada Ángela Maritza Díaz de Vásquez y Douglas Enrique Vega Guerrero, fueron condenados a penas de tres y nueve años de prisión por falsedad documental agravada y estafa.
La primera admitió la falsedad mediante un procedimiento abreviado ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, y la pena de tres años es sometida a una suspensión condicional bajo reglas de conducta consistente en no cambiar de domicilio, además queda inhabilitada para ejercer la profesión hasta que haya cumplido la condena; también deberá de pagar $500 a una de las víctimas.
Mientras que Vega Guerrero cumplirá en un centro penal los nueve años por tres casos de estafa, más el pago total de $14,600 en concepto de responsabilidad civil a las tres víctimas que engañó.
La Fiscalía General de la República probó en el juicio que las estafas fueron cometidas entre el 2022 y 2023, en diversos distritos del departamento de San Salvador.
El estafador utilizó redes sociales para ofrecer una variedad de productos, a los afectados les propuso venderles vehículos y les pidió dinero como adelanto.
Los denunciantes dijeron que luego de entregarle diversas cantidades de dinero, Vega Guerrero cortó todo tipo de comunicación y no lo pudieron contactar por ninguna vía.
A una de las víctimas le ofreció un vehículo por $4,800 y le manifestó que para adquirirlo debía darle $4,000 como anticipo, ese hecho ocurrió en mayo de 2023.
En las pesquisas que las autoridades realizaron obtuvieron información del afectado quien dijo que pagó y recibió el automotor, pero el auto presentó desperfectos mecánicos y estaba a nombre de otra persona, quien había denunciado que se lo habían robado.
En la vista pública quedó probado que Douglas Enrique Vega Guerrero, detenido en febrero de 2024, en los tres casos de estafa actuó con dolo, sabía perfectamente que estaba ante hechos de estafa.
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