Nacionales
Instituciones del Gobierno articulan prevención de riesgos y atención a población vulnerable por lluvias
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Octubre inició con intensas y frecuentes lluvias que han mantenido al país en alerta. El Gobierno del Presidente Nayib Bukele trabaja de manera coordinada para proteger la vida de los salvadoreños.
Junto con la Comisión Nacional de Protección Civil, hay otro conjunto de instituciones que provee apoyo en los momentos que se requiere, con tal de garantizar el bienestar de las personas.
Uno de los ejemplos es la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), que ha contribuido en la instalación y puesta en marcha del Sistema de Alerta Temprana que utilizan con las comunidades que viven en las zonas aledañas a los embalses de las centrales.
El titular de la CEL, Daniel Álvarez, destacó que “hasta la fecha no hemos registrado emergencias en zonas de influencia de las centrales hidroeléctricas, como el Bajo Lempa, esto debido a que contamos con un eficiente Sistema de Alerta Temprana (SAT)”, que bajo la gestión actual modernizan y equipan. Además, han llevado a cabo actividades de formación para los líderes comunitarios en este tema.
Este logro destaca todavía más porque, de acuerdo con el funcionario, “este año, por primera vez, hemos ejecutado descargas en nuestras cuatro centrales hidroeléctricas de manera simultánea”. Están a su máxima capacidad.
En una línea similar, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONNA) es una de las agencias gubernamentales que acude con rapidez ante las situaciones que afectan a este sector de la población. Acuden a los albergues para prestar servicios, distraer a los niños y verificar si está alguna otra situación delicada en su entorno. En los primeros días de este mes fueron con Protección Civil y Plan El Salvador a Chalatenango, para llevar ayuda –colchonetas, artículos de primera necesidad– a las familias afectadas por las lluvias.
En tanto, el Sistema Nacional de Vivienda, con su programa de reasentamientos, participa en apoyar a las familias que enfrentan graves pérdidas de su sitio de habitación por motivo de las precipitaciones y sus efectos –como derrumbes–.
Economia
Amnistía fiscal 2026: aprueban alivio de recargos y pagos en cuotas hasta el 11 de diciembre
La Asamblea Legislativa aprobó con 60 votos la amnistía fiscal 2026, que permitirá a personas y empresas regularizar obligaciones pendientes mediante la exoneración de determinados intereses, recargos y multas por mora. El plazo para acogerse finalizará el 11 de diciembre de 2026, y su aplicación comenzará cuando el decreto complete el trámite de sanción y publicación en el Diario Oficial.
La normativa comprende obligaciones tributarias y aduaneras, incluidos determinados casos en procesos administrativos o judiciales, conforme a las condiciones y fechas de corte establecidas. También contempla intereses y recargos acumulados por multas de tránsito y ciertas sanciones administrativas. El beneficio no elimina el impuesto adeudado ni el valor original de las multas de tránsito, y las sanciones municipales quedan fuera de esta ley.
Los contribuyentes podrán solicitar facilidades para pagar mediante una primera cuota equivalente al 10 % de la deuda y ocho mensualidades consecutivas. Este mecanismo permitirá distribuir el monto pendiente, sujeto a la autorización y las condiciones del plan correspondiente.
Quienes incumplan el convenio de pago perderán los beneficios y se reactivarán proporcionalmente los recargos aplicables al saldo pendiente. Por ello, los interesados deberán verificar con el Ministerio de Hacienda qué obligaciones pueden regularizar y completar el trámite dentro del plazo establecido.
El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador ordenó detención provisional contra Julio Adalberto R. R., de 28 años, acusado de realizar transacciones no autorizadas con fondos de una farmacia donde trabajaba como auxiliar de informática. Las operaciones investigadas suman $49,177.77, presuntamente enviados a una billetera electrónica a su nombre.
El caso fue detectado en marzo de 2025, cuando una entidad bancaria notificó al departamento de finanzas del establecimiento sobre movimientos sospechosos. Las indagaciones internas identificaron transacciones de $250 hacia una billetera electrónica desde productos financieros administrados por el empleado.
La farmacia revisó las operaciones efectuadas entre julio de 2024 y marzo de 2025 y encontró movimientos no autorizados desde tarjetas que el imputado manejaba para gastos generales de mantenimiento. Según la acusación, esos recursos habrían sido transferidos a la cuenta electrónica vinculada con el procesado.
Durante la audiencia inicial, el juez consideró que existían indicios sobre el delito y la probable participación del acusado, por lo que dispuso que el proceso continúe a la etapa de instrucción. El cargo atribuido es obtención indebida de bienes o servicios por medio de tarjetas inteligentes o medios similares; la detención provisional no constituye una condena.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana aprobó una conciliación entre Mario Arcides C., de 40 años, y la representante legal de su hijo, dentro de un proceso por incumplimiento de los deberes de asistencia económica. El acuerdo establece el pago de $1,840 que el imputado adeuda por obligaciones alimenticias.
Según el dictamen de acusación, la Procuraduría General de la República había fijado una cuota mensual de $80 a favor del niño. Sin embargo, el padre únicamente realizó cuatro pagos y posteriormente dejó de cumplir con la obligación establecida.
La deuda presentada en el proceso comprende cuotas pendientes entre julio de 2022 y agosto de 2023, además del aguinaldo correspondiente y la mora acumulada. Estos conceptos integran el monto que el imputado se comprometió a cancelar mediante el acuerdo avalado por el juzgado.
El pago se realizará en dos cuotas de $920: la primera deberá depositarse el 30 de noviembre de 2026 y la segunda, el 23 de diciembre del mismo año. Ambas deberán abonarse en la cuenta bancaria de la representante legal del niño, conforme a las condiciones de la conciliación.
