Judicial
INSÓLITO: Hombre que contrabandeaba cigarrillos Modern se fuga con toda su familia antes de iniciar su juicio
La Fiscalía General de la República (FGR) señaló que este tipo de cigarrillo no cumple con las normas de sanidad por ser parte de una red de comercio ilegal y cada vez que las personas sean descubiertas con los productos deberán ser decomisados.
Sin dejar ninguna pista de su paradero a la Fiscalía, un taxista huyó junto con toda su familia luego de iniciar un proceso judicial en su contra por contrabandear 290 cajas de cigarrillos chinos de la marca Modern en el centro de San Salvador.
Según el expediente judicial de este hecho, Guillermo M. es padre y esposo, y antes de desaparecer vivía junto con su familia en una colonia de San Bartolo, en Tonacatepeque. A sus 36 años, mantenía un puesto como taxista pirata en una cooperativa en el mercado de San Marcos y cuando fue detenido solo proporcionó esos dos lugares donde podía ser localizado, algo de lo que se aprovecharía días después para escapar de la justicia.
Su trabajo no era lo suficiente para mantener a su familia, en un día bueno lograba recolectar $15 y en otras ocasiones unos escasos $5. La necesidad era evidente, su esposa no trabajaba y tenía una pequeña de apenas tres años de edad. Las cosas se agravan cada vez más, puesto que no tenía ningún tipo de propiedad y el vehículo donde trabajaba era alquilado.
En medio de esta necesidad, su error fue prestarse a llevar un cargamento de cigarrillos que hasta la fecha las autoridades no han logrado determinar de dónde provenían ni quién le recibiría los paquetes.
El expediente judicial señala que Guillermo esperó la llegada de la media noche del 21 de junio de 2018. Tomó con sus manos seis bolsas negras y las llevó hasta un Toyota tipo sedán de un opaco color café. Cuatro en el baúl y dos en el asiento trasero. Eso era todo, estaba listo para hacer la entrega.
El reloj marcaba las 11:00 de la noche, había llegado en la 5ª avenida Norte en el centro de San Salvador. Se estacionó en una zona oscura y esperó por un momento sin saber que a lo lejos un grupo de policías lo tenían bajo la lupa. La actitud sospechosa, el lugar y la hora no eran recurrentes por lo que estos se acercaron rápidamente.
Tras una pequeña plática, los agentes le explicaron que harían una inspección en el vehículo. Estas palabras lo alertaron lo que provocó que su nerviosismo fuera mucho más notorio.
– ¿Qué son esos bultos? -preguntó uno de los agentes.
– Son unos cigarrillos -le contestó.
No tenía documentos del vehículo ni de los paquetes de cigarrillos por lo que no quedó de otra que arrestarlo bajo el delito de contrabando de mercadería. Se contabilizaron 290 cajas de cigarrillos de la marca Modern de origen chino y que, según las autoridades policiales, contribuyen a la generación de ingresos a grupos delincuenciales.
La desaparición del mapa judicial
Según el expediente judicial, esta es la primera vez que es procesado por lo que se decretó medidas sustitutivas con la condición de presentarse periódicamente a los tribunales. Para comprobar que tenía algún tipo de arraigos, la cooperativa de taxis giró una carta donde señaló que el imputado era “confiable, con espíritu de trabajo y responsable”.
Todo iba con normalidad hasta que una carta llegó a los tribunales: Guillermo no había logrados ser notificado. Cuando los mensajeros del sistema judicial llegaron a su casa en San Bartolo se dieron cuenta que el imputado ya no se encontraba y al preguntar por él, sus vecinos dijeron que no lo conocían.
El 6 de mayo, fecha para su vista pública, no se presentó y al Tribunal Primero de Sentencia no le quedó de otra que denominarlo como rebelde de la justicia por lo que se giró una orden de captura en su contra.
De llegar a ser encontrado, será llevado a prisión y no tendrá alternativa de salir en libertad hasta que se termine su proceso en el que podría enfrentar una pena de seis a ocho años de prisión.
La Fiscalía General de la República (FGR) señaló que este tipo de cigarrillo no cumple con las normas de sanidad por ser parte de una red de comercio ilegal y cada vez que las personas sean descubiertas con los productos deberán ser decomisados.
Nota tomada de El Salvador Times
El Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador abrió el proceso penal contra 48 estudiantes y exestudiantes de institutos nacionales, entre ellos 14 menores de edad, acusados de integrar “La Raza”, una nueva estructura delictiva surgida en centros educativos del país.
El caso, llevado con reserva total, incluye imputaciones por delitos relacionados con crimen organizado como agrupaciones ilícitas, lavado de dinero, proposición y conspiración para homicidio, falsificación de moneda, agresión sexual y amenazas.
La audiencia contó con la presencia exclusiva de fiscales, defensores y padres de los menores, quienes fueron trasladados a la sala sin ser expuestos ante los medios. Los adultos enfrentaron la audiencia de forma virtual para la imposición de medidas.
Las capturas se ejecutaron el 24 de junio de 2025, ordenadas por la Fiscalía General de la República, y tuvieron lugar en los institutos General Francisco Menéndez (INFRAMEN), Nacional Técnico Industrial (INTI), Albert Camus y Acción Cívica Militar, tras investigaciones que duraron varios meses.
Las autoridades recibieron información sobre actividades delictivas vinculadas a esta agrupación en los centros escolares y zonas aledañas. Según el gabinete de Seguridad, “La Raza” tenía como objetivos a profesores y agentes policiales, contra quienes dirigía sus acciones criminales.
Los abogados defensores señalaron que no existen pruebas contundentes que demuestren la vinculación de sus clientes con la estructura delictiva, y negaron que los acusados formen parte de “La Raza”. El proceso continúa en desarrollo.
Judicial
Prisión para pandilleros que asesinaron a una mujer tras saber que vivía en una zona controlada por otra estructura
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que tres miembros de la pandilla 18 Sureños fueran condenados a 25 años de prisión por el homicidio de una mujer ocurrido en el departamento de La Libertad.
Los condenados fueron identificados como Giovanni Stanley Santamaría Flores, alias Skipi; Giovanni Stanley Castillo Monjes, alias Saiper; y Alex Edgardo Guillén Zacatares, conocido como Orejón. Las investigaciones determinaron que los tres pertenecen a estructuras terroristas activas en la zona.
Según la FGR, el crimen ocurrió luego de que los pandilleros se encontraran con la víctima en un bar, donde uno de ellos entabló conversación y le ofreció una bebida alcohólica. Posteriormente, le propuso llevarla a su casa, pero al enterarse de que vivía en una zona dominada por una pandilla rival, cambiaron el destino.
La mujer subió al vehículo en el que viajaban los tres agresores y, al llegar al sitio acordado, fue atacada a balazos. Los delincuentes la abandonaron creyendo que había muerto.
Minutos después, agentes policiales la encontraron con vida, la auxiliaron y la trasladaron a un centro asistencial, donde falleció a causa de las graves heridas.
La FGR confirmó que los tres implicados ya guardan prisión y enfrentan además otro proceso penal por el delito de agrupaciones ilícitas.
Tres integrantes de la MS, vinculados a la clica Brentwood, fueron sentenciados a penas de 18 y 20 años de prisión por el asesinato de un hombre durante un torneo navideño en Concepción de Oriente, La Unión.
El Tribunal de Sentencia de La Unión confirmó la culpabilidad de los acusados tras validar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR), que demostraron la participación directa de cada imputado en el crimen ocurrido el 20 de noviembre de 2019.
Según las investigaciones, la víctima fue atacada a tiros mientras se desarrollaba un torneo en la cancha de fútbol del caserío Ojo de Agua, cantón Gueripe, un hecho que causó conmoción entre los asistentes.
La Fiscalía determinó que Selvin Abundino Umanzor Euceda y Luis Adonay Velásquez se encargaron de localizar y seguir a la víctima, mientras que Walter Geovanny Alvarado García, junto a un menor de edad, ejecutaron el ataque.
El crimen fue ordenado por la estructura criminal debido a la presunta afiliación de la víctima a la pandilla Barrio 18.
Alvarado García y Umanzor Euceda fueron condenados a 18 años de prisión cada uno, mientras que Velásquez, prófugo de la justicia, fue sentenciado en ausencia a 20 años de cárcel.
