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Hijos del exministro, Jorge Nieto, hablan de la verdadera historia detrás del proceso judicial contra su padre

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El exministro de Obras Públicas, Jorge Nieto, asistió religiosamente al tribunal que estaba a cargo del proceso judicial en su contra en el caso de la construcción del tramo II del bulevar Diego de Holguín, ahora llamada Bulevar Monseñor Romero. Lo hizo dos veces al mes durante un extenuante periodo de seis años con la esperanza que las instituciones investigaran y quedara demostrado que su gestión al frente del Ministerio de Obras Públicas (MOP) fue responsable y ética.

La disposición de cooperación con la justicia, del exfuncionario, se debía en parte a la seguridad que tenía de haber actuado apegado a la Ley y a que existen vastos documentos que lo comprueban; sin embargo, no fueron suficientes para que Nieto pudiera descansar de una situación que su propia familia ha calificado de “persecución” y “pesadilla”.

Carlos Nieto, uno de sus hijos, señaló que el pasado viernes 29 de noviembre acudió a los Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador junto a su hermano mayor, Jorge Nieto –quien reside en México- ambos estaban confiados, muy optimistas y seguros que al terminar la audiencia podrían celebrar con su padre.

Carlos y su hermano recuerdan que al inicio del juicio había indicios que el caso sería resuelto correctamente, la jueza señaló que iban a separar la gestión del exministro de Obras Públicas David Gutiérrez de la del señor Nieto e incluso reclamó a la Fiscalía el hecho de no haber llevado a Gutiérrez al banquillo de los acusados.

Jorge Nieto hijo explicó que el viernes 29 de noviembre con su hermano Carlos Antonio estaban seguros que el Tribunal emitiría un fallo absolutorio, lo cual pareció confirmarse con las primeras palabras de la jueza quien expresó: “Hasta aquí demostró la buena voluntad el señor Nieto”.

Pero inesperadamente la lectura de la sentencia dio un giro abrupto, en ese momento “sentí que me ponía blanco, blanco, blanco, blanco y vi a mi papá que decía: ‘¡jue púchica qué pasó aquí!’ y empezaron a entrar policías a la sala por atrás, unos seis a ocho policías ahí, medios de comunicación abarrotados afuera’”, describió Jorge Nieto hijo externando su sorpresa por el fallo de la jueza.

El Tribunal Quinto de Sentencia lo condenó a 12 años de prisión por el delito de peculado y además le ordenó a pagar un monto de $12 millones 984 mil dólares como responsabilidad civil, bajo el argumento que permitió que un tercero se apropiara de fondos del Estado.

“Híjole haga de cuenta que en ese momento me metieron al infierno y no dejaron salir a respirar, no se vale, no es correcto”, reclamó Jorge con la voz entre cortada y agregó que no van a descansar hasta alcanzar justicia para su padre.

Ese momento fue un punto de quiebre en la vida de sus hijos, quienes se habían mantenido respetuosos con el proceso judicial y prudentes con sus comentarios, decidieron apelar por estar inconformes con la decisión y no es para más si se toma en cuenta algunos precedentes en la justicia, como la condena de 10 años que recibió el expresidente Elías Antonio Saca después que confesó haberse apropiado de más de $300 millones de dólares del Estado. 

Ambos consideran que es una sentencia injusta y han visto a bien revelar una serie de indicios que demostrarían que su padre fue un “chivo expiatorio” de los procesos ilegales que realizó su antecesor el exministro de Obras Públicas, David Gutiérrez, quien no ha sido investigado por los anteriores fiscales y el único intento por saber su participación en el caso la ha hecho el actual fiscal general, Raúl Melara quien reconoció que abrió una investigación de oficio.

“Hoy nos toca trabajar y no tenemos un segundo para descansar y si yo tengo que dar mi vida o pudiera ponerme en los zapatos de mi padre lo haría, pero ahora si no nos vamos a dejar”, externó Jorge Nieto – hijo-.

Un calvario que inició por su buen desempeño en cargos anteriores 

El cargo al frente del Ministerio de Obras Públicas no fue el primer puesto como funcionario público que Jorge Nieto asumió, antes estuvo al frente de la cartera de Trabajo y de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), durante la gestión del expresidente Francisco Flores y su buen desempeño fue la razón para que el exmandatario Elías Antonio Saca le propusiera el cargo al frente del MOP.

Su hijo mayor, Jorge Nieto, recuerda el momento en que su padre le comentó el ofrecimiento que le habían hecho de dirigir esa cartera de Estado. “Tony Saca le manda a decir que necesita resolver los problemas legales del MOP, que David Gutiérrez tiene problemas cardíacos y que se iba a ir, pero que tenía que decirle ya, lo mantuvieron presionado por muchas horas”, recordó Jorge.

“Yo le dije papá agarralo, ignorante yo, pensando que por su buen trabajo y animándolo” que confiara en sus capacidades, su criterio y que si en algún momento sentía duda que acudiera a su director espiritual –un sacerdote- para que lo guiara.

Su padre atendió el consejo y le comentó al sacerdote el reto, quien le indicó que en la SIGET estaba cómodo y le planteó “Dios quiere que estés cómodo o quiere que estés en una cruz como él estuvo”.

“Ahí lo doblegó, es cierto los cristianos no venimos a estar cómodos venimos a trabajar a darle con todo, literalmente lo han crucificado, ese es el lado humano de Jorge Nieto y en ese panorama aceptó ese cargo”, explicó.

En enero del 2007 asumió el cargo y lo primero que hizo fue solicitar una auditoría en la Corte de Cuentas de la República (CCR), para separar su gestión a la de su antecesor Gutiérrez.

“Mi papá sabía que había ruido y que algo no estaba bien con Gutiérrez, pero al ministro no le toca ir a investigar sino que trabajar desde el día uno que le dan la administración y sacar adelante lo que se tiene que hacer. Es la Corte de Cuentas es el ente que investiga”.

“Mi papá es un hombre que llegó a resolver los problemas heredados”

Al llegar al MOP Jorge Nieto se encontró con al menos siete obras emblemáticas paralizadas, incluida la construcción de la calle Diego de Holguín, la cual fue adjudicada por un costo de $25 millones de dólares (mdd) al asocio Copreca-Linares, una empresa que dicho sea de paso no cumplía con los criterios para obtener la licitación, según un informe elaborado por la Subsecretaría de Transparencia dirigida por Marcos Rodríguez en el año 2010.

La construcción de esa carretera estaba estancada porque su antecesor modificó el plano, que fue autorizado con estudios técnicos en el año 2002 de la cual modificó la ruta hacia un espacio de la reserva forestal de la Finca El Espino, lo que motivó a la Alcaldía de San Salvador de ese momento a prohibir su continuidad. 

Nieto logró que la empresa reconsiderara los hechos y que aceptara continuar la construcción con los planos iniciales sin modificar los precios previamente establecidos para lo cual firmaron un contrato de llave, que significa que después no pueden alterarse los precios y de esa forma se retomó la obra.

No obstante, Copreca-Linares solicitó más tarde desembolsos en reiteradas ocasiones alegando que había incurrido en más gastos, pero debido a que existía ahora un contrato que impedía hacer esas modificaciones el exministro Nieto se negó y la obra se paralizó una vez más.

Con el objetivo de desentrampar esa construcción, el exministro solicitó un arbitraje para que se resolvieran las diferencias, un recurso que la misma CCR avaló por estar amparado en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).

“Mi papá es un hombre que llegó a resolver todos los problemas heredados y ojo no a tapar, mi papá los logró resolver, hizo que la gente siguiera trabajando le dio confianza y terminaron y no le costó un centavo más al Estado. Eso es señal de una persona que tiene diligencia que tiene sentido de responsabilidad”, señaló el hijo mayor de Nieto.

Investigaciones y procesos judiciales no indagaron el origen de los problemas

El arbitraje, en el que el MOP era representado por la Fiscalía General de República (FGR) cuando estaba al frente Félix Garried Safie, continuó pero el juez resolvió a favor de la empresa porque demostró la introducción de un diseño viciado por el MOP en el 2005, además comprobó que el estancamiento del proyecto se debió a una ilegalidad de esa cartera de Estado, que les causó gastos no contemplados.

El juez ordenó que el Estado a través del Ministerio de Hacienda pagar a la empresa contra avance $5 millones de dólares por la negligencia del MOP en el 2005, es decir en la gestión de Gutiérrez.

Gerson Martínez, Luis Martínez y Douglas Meléndez 

El 24 de mayo de 2010, el ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, presentó una denuncia por hechos de corrupción en contra de sus antecesores Gutiérrez y Nieto ante el fiscal general de la República de ese entonces, Romeo Barahona, quien consideró que no habían suficientes elementos para judicializar el caso.

Con la llegada del siguiente fiscal, el ministerio público retoma la denuncia pero lo hace de una forma selectiva a partir de 2007, es decir sólo a la gestión de Nieto dejando sin relevancia los hechos cometidos por Gutiérrez que van desde adjudicar el tramo ll del bulevar Diego de Holguín a una empresa que no reunía los requisitos mínimos para hacer la obra, hacer adelantos por una cantidad de 30% del costo cuando lo establecido era del 20% también por cambiar los diseños e invadir una reserva forestal.

Sus hijos señalan que las indagaciones sólo se enfocaron en que el arbitraje que solicitó Nieto llevó al pago de la empresa, sin considerar que el arbitraje se llevó a cabo con el visto bueno por la CCR que en su momento señaló: “Por otra parte si bien es cierto en los contratos llave en mano se prohíbe la introducción de órdenes de cambio y de ajuste de precio, en el presente caso no se trata de ninguna de esas dos figuras, sino que una modificación de forma la cual es viable realizar”.

Además señalan que el Ministerio Público basó sus investigaciones con los testimonios de terceros pero que en ningún momento llamaron a su padre para interrogarlo. “Mi papá hubiera estado encantado de que lo llamaran de la Fiscalía a testificar, pero nunca lo hicieron cuando él tenía toda la disposición de colaborar y lo demostró estos años que ha estado con medidas ya que él salía del país con permiso y honraba ese permiso siempre regresando en los plazos establecidos; perdón, pero eso es una señal de alguien responsable y respetuoso de la Ley”.

Este proceso judicial también fue conocido por el exfiscal general de la República, Douglas Meléndez, quien lo llevó a la instancia final y tampoco procedió a  investigar a quien preparó el proyecto, lo licitó e hizo los primeros desembolsos, es decir a David Gutiérrez, quien según la jueza 5° de sentencia también debió ser llevado a los estrados. 

Desde entonces, Nieto fue acusado por diferentes delitos como falsedad documental agravada, e incumplimiento de deberes imputados por la Fiscalía los cuales fueron desvirtuados por la jueza Quinto de Paz, quien sólo admitió el delito de peculado y el de estafa agravada. Posteriormente se cambió el delito de estafa agravada por incumplimiento de deberes. 

Los hijos de Nieto revelaron que entre los peritajes fue investigada su situación financiera y que las autoridades pudieron comprobar que ni su padre, ni su familia se favoreció económicamente de la gestión de pública. 

“Me investigaron a mi, a mi hermano, todas las barrieron hasta el sueldo de mi abuelo fue investigado y fue la misma FGR que reconoció en una entrevista para un canal que mi padre no se enriqueció personalmente de esto”, señaló J. Nieto, quien cuestionó “¿Qué ganaba mi papá en que Copreca ganara dinero?”.

Jorge señaló que espera que las investigaciones que ha iniciado el actual fiscal lleven al origen de los problemas en el Ministerio de Obras Públicas y se deduzcan las responsabilidades y esclarezca la situación de su padre, para que pueda regresar a la modesta casa en la que siempre ha vivido en los alrededores de Los Planes de Renderos donde creció con sus hermanos.

“Mi padre no es un hombre de lujos es un hombre sencillo, mi papá ha trabajado en muchas fundaciones para el servicio del país”, indicó.

Sobre el caso se han pronunciado diferentes actores sociales, políticos y empresarios que han calificado el proceso como injusto y viciado, que debe rectificarse; sobre eso sus hijos agradecieron esos pronunciamientos. “Fue bonito darnos cuenta de lo respetado y admirado que es mi papá pero no es la forma en que hubiéramos querido darnos cuenta”, señaló Carlos.

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Seguridad ha permitido renovación de la colonia Zacamil

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Los históricos niveles de seguridad pública en el país, como resultado de la implementación del Plan Control Territorial, reforzado con el rpegimen de excepción, han permitido que en la colonia Zacamil, al norte de la capital, se desarrollen diversas iniciativas de renovación urbana, incluyendo la intervención artística de los edificios en la zona conocida como la «gran manzana».

Dicho proyecto es desarrollado por la Fundación Custom Made Stories, con la finalidad de recuperar el sentido de comunidad y pertenencia a través de murales elaborados por artistas nacionales e internacionales.

Telma Chávez, líder comunitaria y residente de la zona, expresó que el proyecto ha impactado en gran manera a los residentes, desde la perspectiva de cómo era percibida la zona en lo visual.

«La fundación ve a la Zacamil como un punto de referencia, más que todo por las historias que se contaban anteriormente, de una zona roja, y en eso se enfoca bastante, en dar una transformación en el lugar», dijo.

Chávez indicó que cada uno de los artes realizados representan al entorno y a los pobladores. «Por ejemplo, en el edificio 108 el arte cuenta con 40 pines que se unen entre ellos, y que representan los 40 edificios. La idea del artista es cómo hacer la unión, porque aquí en la Zacamil existían barreras, porque residentes de diferentes edificios no tenían comunicación», explicó.

La fundación detalla en su sitio web que lo realizado en la colonia Zacamil ha permitido una regeneración urbana holística, con un enfoque multidisciplinar que reúne a una variada red de profesionales, entre ellos arquitectos, diseñadores urbanos, artistas, escritores e innovadores sociales, para desarrollar estrategias integrales que aborden las complejas necesidades de las comunidades urbanas.

«Nos centramos en mejorar los espacios públicos y las infraestructuras, facilitar el compromiso cultural, desarrollar servicios comunitarios esenciales», dijo.

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Tribunales han condenado a 26 cabecillas de maras en audiencias únicas

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Entre enero y marzo de 2026, al menos 26 cabecillas de pandillas fueron condenados en audiencia únicas abiertas, en juicios iniciados para los próximos dos años a estructuras con más de 500 terroristas.

Las sentencias son el resultado de las detenciones efectuadas por las fuerzas de seguridad en el marco del régimen de excepción instaurado en El Salvador el 27 de marzo de 2022 y que la Asamblea Legislativa ha prorrogado en 49 ocasiones.

Los tribunales contra el crimen organizado que funcionan en San Miguel, Santa Ana y San Salvador han impuesto condenas de 60 años de prisión a los cabecillas de clicas de la pandilla 18 y Mara Salvatrucha.

Los jueces han aplicado una enmienda que la Asamblea Legislativa aprobó en julio de 2023, a la Ley Contra el Crimen Organizado la cual ordena imponer condenas de 45 a 60 años de prisión a los cabecillas.

En las audiencias únicas, fiscales de varias unidades especializadas acusaron a los jefes de las células criminales por agrupaciones ilícitas un delito común aplicado por ser miembros de pandillas.

Pero a varios de esos cabecillas además de los 60 años de cárcel impuestos por su rango en las estructuras, los jueces los sentenciaron a penas que sobrepasan los 300 y 400 años por consumar extorsiones, homicidios, cometer delitos de posesión y tenencia de drogas, tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego, tráfico ilícito, limitación a la libre circulación, feminicidios, lavado de dinero y otros hechos de crimen organizado y realización compleja.

Los 26 cabecillas condenados forman parte de los más de 30 expedientes iniciados a estructuras de pandillas en el primer trimestre de 2026, al abrir las audiencias únicas esos procesos quedan activos en los próximos 24 meses la Fiscalía General de la República puede solicitar en cualquier momento a los jueces enjuiciar a los demás integrantes de las más de 30 estructuras.

Para lograr las condenas, el ministerio público acreditó con un perfil criminológico las características, función y rango que tenían, ya que a raíz de ese comportamiento criminal llegaron a ser jefes de pandilla y tener el control de una zona geográfica específica en la giraban órdenes, así como avalaron cometer delitos con su respectivo modus operandi.

Como encargados de grupos territoriales emitían instrucciones y sin su autorización ningún miembro de pandilla podía consumar un hecho delictivo, quienes violaban los códigos eran reprendidos y hasta fueron asesinados.

De las condenas de cabecillas, solo en San Salvador fueron sentenciados ocho jefes mareros. Uno de ellos es Mauricio Ernesto Anaya Cárcamo, cabecilla de la estructura Hollywood Ganster Revolucionarios, de la colonia Amatepec, Soyapango, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado le impuso 40 años por agrupaciones ilícitas.

También el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador, impuso 45 años de prisión a Vladimir Antonio Guzmán Olmedo, alias «Drogo» y Edwin Giovanni Benítez Orellana, alias «Little Spi», cabecillas de la estructura Hollywood que delinquía en varios distritos de Chalatenango, por los delitos de agrupaciones ilícitas, tenencia o conducción ilegal de arma de fuego, así como posesión y tenencia de drogas.

El mismo tribunal condenó a 60 años de prisión a Carlos Javier Vásquez Amaya, por tener el rango de corredor de clica [mando operativo] de la estructura Saicos Locos Salvatruchos que estuvo delinquiendo en diferentes sectores del departamento de Cuscatlán.

El Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a otros tres cabecillas de la estructura Peajes Locos Salvatruchos, que delinquieron en diversos distritos del departamento de La Paz y contaba con seis bases nacionales y una en el estado de Maryland, Estados Unidos.

A Juan Antonio Ulloa Torres, alias «Little Bad» quien era corredor de la clica; el juez le impuso 45 años, Edenilson Enrique Méndez Martínez, alias «El Soberbio»; y Rafael Anival Guatemala Arteaga, alias «Pride» encargados de la base uno y cuatro de la estructura, respectivamente, recibieron la misma p

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Capturan a presunto responsable del asesinato de una mujer en Santa Ana

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Agentes de la Policía Nacional Civil realizaron la captura del presunto responsable de haberle quitado la vida a una mujer el día de ayer en la ciudad.

Según lo expresado por el edil, la detención fue posible gracias a la rápida intervención de la Policía Nacional Civil y al seguimiento realizado a través de sistemas de videovigilancia, lo que permitió ubicar al sospechoso en poco tiempo.

Las autoridades aseguraron que el detenido enfrentará la justicia por el crimen cometido y reiteraron su postura de no permitir impunidad ante hechos de violencia.

El caso continúa en desarrollo y se espera que en las próximas horas se brinden más detalles sobre el proceso judicial correspondiente.

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