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Hijos del exministro, Jorge Nieto, hablan de la verdadera historia detrás del proceso judicial contra su padre
El exministro de Obras Públicas, Jorge Nieto, asistió religiosamente al tribunal que estaba a cargo del proceso judicial en su contra en el caso de la construcción del tramo II del bulevar Diego de Holguín, ahora llamada Bulevar Monseñor Romero. Lo hizo dos veces al mes durante un extenuante periodo de seis años con la esperanza que las instituciones investigaran y quedara demostrado que su gestión al frente del Ministerio de Obras Públicas (MOP) fue responsable y ética.
La disposición de cooperación con la justicia, del exfuncionario, se debía en parte a la seguridad que tenía de haber actuado apegado a la Ley y a que existen vastos documentos que lo comprueban; sin embargo, no fueron suficientes para que Nieto pudiera descansar de una situación que su propia familia ha calificado de “persecución” y “pesadilla”.
Carlos Nieto, uno de sus hijos, señaló que el pasado viernes 29 de noviembre acudió a los Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador junto a su hermano mayor, Jorge Nieto –quien reside en México- ambos estaban confiados, muy optimistas y seguros que al terminar la audiencia podrían celebrar con su padre.
Carlos y su hermano recuerdan que al inicio del juicio había indicios que el caso sería resuelto correctamente, la jueza señaló que iban a separar la gestión del exministro de Obras Públicas David Gutiérrez de la del señor Nieto e incluso reclamó a la Fiscalía el hecho de no haber llevado a Gutiérrez al banquillo de los acusados.
Jorge Nieto hijo explicó que el viernes 29 de noviembre con su hermano Carlos Antonio estaban seguros que el Tribunal emitiría un fallo absolutorio, lo cual pareció confirmarse con las primeras palabras de la jueza quien expresó: “Hasta aquí demostró la buena voluntad el señor Nieto”.
Pero inesperadamente la lectura de la sentencia dio un giro abrupto, en ese momento “sentí que me ponía blanco, blanco, blanco, blanco y vi a mi papá que decía: ‘¡jue púchica qué pasó aquí!’ y empezaron a entrar policías a la sala por atrás, unos seis a ocho policías ahí, medios de comunicación abarrotados afuera’”, describió Jorge Nieto hijo externando su sorpresa por el fallo de la jueza.
El Tribunal Quinto de Sentencia lo condenó a 12 años de prisión por el delito de peculado y además le ordenó a pagar un monto de $12 millones 984 mil dólares como responsabilidad civil, bajo el argumento que permitió que un tercero se apropiara de fondos del Estado.

“Híjole haga de cuenta que en ese momento me metieron al infierno y no dejaron salir a respirar, no se vale, no es correcto”, reclamó Jorge con la voz entre cortada y agregó que no van a descansar hasta alcanzar justicia para su padre.
Ese momento fue un punto de quiebre en la vida de sus hijos, quienes se habían mantenido respetuosos con el proceso judicial y prudentes con sus comentarios, decidieron apelar por estar inconformes con la decisión y no es para más si se toma en cuenta algunos precedentes en la justicia, como la condena de 10 años que recibió el expresidente Elías Antonio Saca después que confesó haberse apropiado de más de $300 millones de dólares del Estado.
Ambos consideran que es una sentencia injusta y han visto a bien revelar una serie de indicios que demostrarían que su padre fue un “chivo expiatorio” de los procesos ilegales que realizó su antecesor el exministro de Obras Públicas, David Gutiérrez, quien no ha sido investigado por los anteriores fiscales y el único intento por saber su participación en el caso la ha hecho el actual fiscal general, Raúl Melara quien reconoció que abrió una investigación de oficio.
“Hoy nos toca trabajar y no tenemos un segundo para descansar y si yo tengo que dar mi vida o pudiera ponerme en los zapatos de mi padre lo haría, pero ahora si no nos vamos a dejar”, externó Jorge Nieto – hijo-.
Un calvario que inició por su buen desempeño en cargos anteriores
El cargo al frente del Ministerio de Obras Públicas no fue el primer puesto como funcionario público que Jorge Nieto asumió, antes estuvo al frente de la cartera de Trabajo y de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), durante la gestión del expresidente Francisco Flores y su buen desempeño fue la razón para que el exmandatario Elías Antonio Saca le propusiera el cargo al frente del MOP.
Su hijo mayor, Jorge Nieto, recuerda el momento en que su padre le comentó el ofrecimiento que le habían hecho de dirigir esa cartera de Estado. “Tony Saca le manda a decir que necesita resolver los problemas legales del MOP, que David Gutiérrez tiene problemas cardíacos y que se iba a ir, pero que tenía que decirle ya, lo mantuvieron presionado por muchas horas”, recordó Jorge.

Su padre atendió el consejo y le comentó al sacerdote el reto, quien le indicó que en la SIGET estaba cómodo y le planteó “Dios quiere que estés cómodo o quiere que estés en una cruz como él estuvo”.
“Ahí lo doblegó, es cierto los cristianos no venimos a estar cómodos venimos a trabajar a darle con todo, literalmente lo han crucificado, ese es el lado humano de Jorge Nieto y en ese panorama aceptó ese cargo”, explicó.
En enero del 2007 asumió el cargo y lo primero que hizo fue solicitar una auditoría en la Corte de Cuentas de la República (CCR), para separar su gestión a la de su antecesor Gutiérrez.
“Mi papá sabía que había ruido y que algo no estaba bien con Gutiérrez, pero al ministro no le toca ir a investigar sino que trabajar desde el día uno que le dan la administración y sacar adelante lo que se tiene que hacer. Es la Corte de Cuentas es el ente que investiga”.
“Mi papá es un hombre que llegó a resolver los problemas heredados”
Al llegar al MOP Jorge Nieto se encontró con al menos siete obras emblemáticas paralizadas, incluida la construcción de la calle Diego de Holguín, la cual fue adjudicada por un costo de $25 millones de dólares (mdd) al asocio Copreca-Linares, una empresa que dicho sea de paso no cumplía con los criterios para obtener la licitación, según un informe elaborado por la Subsecretaría de Transparencia dirigida por Marcos Rodríguez en el año 2010.
La construcción de esa carretera estaba estancada porque su antecesor modificó el plano, que fue autorizado con estudios técnicos en el año 2002 de la cual modificó la ruta hacia un espacio de la reserva forestal de la Finca El Espino, lo que motivó a la Alcaldía de San Salvador de ese momento a prohibir su continuidad.
Nieto logró que la empresa reconsiderara los hechos y que aceptara continuar la construcción con los planos iniciales sin modificar los precios previamente establecidos para lo cual firmaron un contrato de llave, que significa que después no pueden alterarse los precios y de esa forma se retomó la obra.
No obstante, Copreca-Linares solicitó más tarde desembolsos en reiteradas ocasiones alegando que había incurrido en más gastos, pero debido a que existía ahora un contrato que impedía hacer esas modificaciones el exministro Nieto se negó y la obra se paralizó una vez más.
Con el objetivo de desentrampar esa construcción, el exministro solicitó un arbitraje para que se resolvieran las diferencias, un recurso que la misma CCR avaló por estar amparado en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).
“Mi papá es un hombre que llegó a resolver todos los problemas heredados y ojo no a tapar, mi papá los logró resolver, hizo que la gente siguiera trabajando le dio confianza y terminaron y no le costó un centavo más al Estado. Eso es señal de una persona que tiene diligencia que tiene sentido de responsabilidad”, señaló el hijo mayor de Nieto.
Investigaciones y procesos judiciales no indagaron el origen de los problemas
El arbitraje, en el que el MOP era representado por la Fiscalía General de República (FGR) cuando estaba al frente Félix Garried Safie, continuó pero el juez resolvió a favor de la empresa porque demostró la introducción de un diseño viciado por el MOP en el 2005, además comprobó que el estancamiento del proyecto se debió a una ilegalidad de esa cartera de Estado, que les causó gastos no contemplados.
El juez ordenó que el Estado a través del Ministerio de Hacienda pagar a la empresa contra avance $5 millones de dólares por la negligencia del MOP en el 2005, es decir en la gestión de Gutiérrez.
Gerson Martínez, Luis Martínez y Douglas Meléndez
El 24 de mayo de 2010, el ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, presentó una denuncia por hechos de corrupción en contra de sus antecesores Gutiérrez y Nieto ante el fiscal general de la República de ese entonces, Romeo Barahona, quien consideró que no habían suficientes elementos para judicializar el caso.
Con la llegada del siguiente fiscal, el ministerio público retoma la denuncia pero lo hace de una forma selectiva a partir de 2007, es decir sólo a la gestión de Nieto dejando sin relevancia los hechos cometidos por Gutiérrez que van desde adjudicar el tramo ll del bulevar Diego de Holguín a una empresa que no reunía los requisitos mínimos para hacer la obra, hacer adelantos por una cantidad de 30% del costo cuando lo establecido era del 20% también por cambiar los diseños e invadir una reserva forestal.
Sus hijos señalan que las indagaciones sólo se enfocaron en que el arbitraje que solicitó Nieto llevó al pago de la empresa, sin considerar que el arbitraje se llevó a cabo con el visto bueno por la CCR que en su momento señaló: “Por otra parte si bien es cierto en los contratos llave en mano se prohíbe la introducción de órdenes de cambio y de ajuste de precio, en el presente caso no se trata de ninguna de esas dos figuras, sino que una modificación de forma la cual es viable realizar”.
Además señalan que el Ministerio Público basó sus investigaciones con los testimonios de terceros pero que en ningún momento llamaron a su padre para interrogarlo. “Mi papá hubiera estado encantado de que lo llamaran de la Fiscalía a testificar, pero nunca lo hicieron cuando él tenía toda la disposición de colaborar y lo demostró estos años que ha estado con medidas ya que él salía del país con permiso y honraba ese permiso siempre regresando en los plazos establecidos; perdón, pero eso es una señal de alguien responsable y respetuoso de la Ley”.
Este proceso judicial también fue conocido por el exfiscal general de la República, Douglas Meléndez, quien lo llevó a la instancia final y tampoco procedió a investigar a quien preparó el proyecto, lo licitó e hizo los primeros desembolsos, es decir a David Gutiérrez, quien según la jueza 5° de sentencia también debió ser llevado a los estrados.
Desde entonces, Nieto fue acusado por diferentes delitos como falsedad documental agravada, e incumplimiento de deberes imputados por la Fiscalía los cuales fueron desvirtuados por la jueza Quinto de Paz, quien sólo admitió el delito de peculado y el de estafa agravada. Posteriormente se cambió el delito de estafa agravada por incumplimiento de deberes.
Los hijos de Nieto revelaron que entre los peritajes fue investigada su situación financiera y que las autoridades pudieron comprobar que ni su padre, ni su familia se favoreció económicamente de la gestión de pública.
“Me investigaron a mi, a mi hermano, todas las barrieron hasta el sueldo de mi abuelo fue investigado y fue la misma FGR que reconoció en una entrevista para un canal que mi padre no se enriqueció personalmente de esto”, señaló J. Nieto, quien cuestionó “¿Qué ganaba mi papá en que Copreca ganara dinero?”.
Jorge señaló que espera que las investigaciones que ha iniciado el actual fiscal lleven al origen de los problemas en el Ministerio de Obras Públicas y se deduzcan las responsabilidades y esclarezca la situación de su padre, para que pueda regresar a la modesta casa en la que siempre ha vivido en los alrededores de Los Planes de Renderos donde creció con sus hermanos.
“Mi padre no es un hombre de lujos es un hombre sencillo, mi papá ha trabajado en muchas fundaciones para el servicio del país”, indicó.
Sobre el caso se han pronunciado diferentes actores sociales, políticos y empresarios que han calificado el proceso como injusto y viciado, que debe rectificarse; sobre eso sus hijos agradecieron esos pronunciamientos. “Fue bonito darnos cuenta de lo respetado y admirado que es mi papá pero no es la forma en que hubiéramos querido darnos cuenta”, señaló Carlos.
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Ingreso de visitantes internacionales crece 49 % en El Salvador
El Salvador recibió entre el sábado 28 de marzo y miércoles 1o. de abril a 121,000 visitantes internacionales, lo que representa un incremento del 49 % respecto al mismo periodo del año anterior, cuando fueron registrados 81,000 visitantes, según cifras oficiales.
Por nacionalidad, un poco más de la mitad [55 %] proceden de Guatemala, mientras que el 18 % son originarios de Honduras, 17 % proceden de Estados Unidos y 10 % del resto del mundo.
Los cinco principales lugares más buscados y visitados por los turistas internacionales son Surf City 1, que comprende las playas de La Libertad, El Tunco y El Zonte; la ciudad de San Salvador en segundo lugar; seguida por el renovado Centro Histórico de San Salvador; en cuarto lugar está la Ruta de la Flores, en la zona occidental del país; y en quinto lugar la ciudad de San Miguel, en el oriente.
En cuanto a lugares públicos con más turistas en dicho periodo de Semana Santa, totalizan 927,000, que también representa un alza respecto a los registros del año pasado, cuando sumaron 645,000; es decir, un incremento del 44 %.
El Centro Histórico de San Salvador recibió a 445,000, las playas públicas tuvieron 197,000 visitantes, los sitios turísticos públicos 152,000, mientras que los sitios culturales públicos registraron 77,000. Los sitios administrados por el Ministerio de Obras Públicas recibieron a 46,000 y en las áreas naturales protegidas se tuvo a 10,000 turistas.
De entre los sitios públicos más visitados destacan el centro Histórico de San Salvador, Surf City 1, Biblioteca Nacional de El Salvador y Surf City fases 4 [playas de la zona occidental] y 2 [playas de la zona oriental].
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Cinco partidos ya prevén aspirar a la presidencia
El 28 de febrero de 2027, los salvadoreños elegirán presidente, vicepresidente, diputados y concejos municipales.
Cinco de los 11 partidos inscritos ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) han contemplado ya la presentación de candidaturas para presidente y vicepresidente de la república para las elecciones de febrero de 2027.
De acuerdo con las convocatorias a elecciones internas, los partidos FMLN, PDC, PCN, GANA y Fuerza Solidaria prevén competir con sus fórmulas para dirigir el Ejecutivo durante el sexenio 2027-2033.
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, confirmó esta semana que competirán en la elección presidencial.
«Vamos a participar, claro que sí. Hay cientos de miles de salvadoreños que no quieren este régimen y lo van a demostrar en las urnas. Nosotros somos una opción», manifestó Flores.
Guillermo Gallegos, del partido GANA, aseveró en la entrevista El Urbano que evalúan tener candidato para la presidencia de la república.
En tanto, el Partido Demócrata Cristiano (PDC), a través de su secretario de Asuntos Jurídicos, Nelson Alvarado, informó que no competirían en la elección presidencial; sin embargo, en su convocatoria para el proceso interno indicaron que elegirán candidatos para el referido cargo.
De igual manera, el Partido de Concertación Nacional (PCN) en su convocatoria indicó que hará proceso de elección para aspirar al Ejecutivo.
Fuerza Solidaria también tendrá representación presidencial, legislativa y municipal en los comicios. Mientras que VAMOS descartó su participación en la carrera por la presidencia.
Otros partidos aún no informan su proceso interno y las candidaturas por las que entrarían en la contienda. Todos los institutos políticos interesados en competir deberán tomar en consideración la última fecha para elegir a sus candidatos: 29 de julio de 2026. El martes 7 de abril finalizará el período establecido para que convoquen a dicho proceso interno.
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Criminólogo aclara que en El Salvador no había pena perpetua
La reforma del inciso segundo del artículo 27 de la Constitución de la República entrará en vigencia hasta que la CSJ adecúe las enmiendas de las leyes secundarias.
El experto en criminología Ricardo Sosa aclaró, en la entrevista Las cosas como son, que en El Salvador no existía la pena perpetua como algunas personas han opinado en distintos medios de comunicación, incluyendo redes sociales.
«Es lamentable que un profesional de las ciencias del derecho diga que lo que se ha hecho es elevar a rango constitucional algo que ya existía, porque no es cierto», afirmó Sosa, agregando que con dicho argumento «lo único que logran es confundir a la población».
De acuerdo con el experto, en la ley que estaba vigente «la pena máxima de prisión era de 60 años, de ahí todo lo que ha ocurrido en el presente siglo son condenas que acumulan delitos que no tienen relación entre ellos, y el juez establece una condena por cada delito».
Sosa aclaró que, bajo ese marco normativo, si la persona condenada sigue con vida después de cumplir los 60 años en prisión, debe salir libre.
A su juicio, el motivo para que algunos abogados estén enviando el mensaje de que la pena perpetua ya existía es porque necesitan mantener un discurso que le haga pensar a las personas condenadas que podrán salir de la cárcel; y seguir ofreciéndoles sus servicios de jurídicos.
«Engañan a la gente diciéndole que en la primera audiencia le van a sacar a su pariente», indicó, y reiteró que algunos abogados mantienen ese discurso y prometen que en la segunda audiencia sacarán libre al procesado, pero terminan culpando a los familiares de no presentar los arraigos a tiempo.
El jueves 26 de marzo, la Asamblea Legislativa ratificó la reforma constitucional que permite la cadena perpetua para asesinos, violadores y terroristas, la cual entrará en vigencia una vez sea publicada en el «Diario Oficial» y se haya capacitado al personal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que ha solicitado un mes para adecuación de leyes secundarias.
Sosa también se refirió al informe sobre derechos humanos en El Salvador que presentó recientemente Gipes, encabezado por Santiago Cantón, Susana Sácouto, Claudia Marín, José Antonio Guevara y Gino Costa.
«Usted cree que estas cinco personas con sus hojas de vida, títulos universitarios y cantidad de cursos de ese sistema, de esa ideología, van a redactar capturas arbitrarias, 89,000, y luego se confunden y dan otra cifra. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué tipo de rigurosidad tiene?», dijo.
Sosa aprovechó para invitar a miembros de Gipes para que vengan a El Salvador y se muestren como querellantes de los 89,000 reclusos que aseguran fueron detenidos de forma arbitraria.






