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Hijos del exministro, Jorge Nieto, hablan de la verdadera historia detrás del proceso judicial contra su padre

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El exministro de Obras Públicas, Jorge Nieto, asistió religiosamente al tribunal que estaba a cargo del proceso judicial en su contra en el caso de la construcción del tramo II del bulevar Diego de Holguín, ahora llamada Bulevar Monseñor Romero. Lo hizo dos veces al mes durante un extenuante periodo de seis años con la esperanza que las instituciones investigaran y quedara demostrado que su gestión al frente del Ministerio de Obras Públicas (MOP) fue responsable y ética.

La disposición de cooperación con la justicia, del exfuncionario, se debía en parte a la seguridad que tenía de haber actuado apegado a la Ley y a que existen vastos documentos que lo comprueban; sin embargo, no fueron suficientes para que Nieto pudiera descansar de una situación que su propia familia ha calificado de “persecución” y “pesadilla”.

Carlos Nieto, uno de sus hijos, señaló que el pasado viernes 29 de noviembre acudió a los Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador junto a su hermano mayor, Jorge Nieto –quien reside en México- ambos estaban confiados, muy optimistas y seguros que al terminar la audiencia podrían celebrar con su padre.

Carlos y su hermano recuerdan que al inicio del juicio había indicios que el caso sería resuelto correctamente, la jueza señaló que iban a separar la gestión del exministro de Obras Públicas David Gutiérrez de la del señor Nieto e incluso reclamó a la Fiscalía el hecho de no haber llevado a Gutiérrez al banquillo de los acusados.

Jorge Nieto hijo explicó que el viernes 29 de noviembre con su hermano Carlos Antonio estaban seguros que el Tribunal emitiría un fallo absolutorio, lo cual pareció confirmarse con las primeras palabras de la jueza quien expresó: “Hasta aquí demostró la buena voluntad el señor Nieto”.

Pero inesperadamente la lectura de la sentencia dio un giro abrupto, en ese momento “sentí que me ponía blanco, blanco, blanco, blanco y vi a mi papá que decía: ‘¡jue púchica qué pasó aquí!’ y empezaron a entrar policías a la sala por atrás, unos seis a ocho policías ahí, medios de comunicación abarrotados afuera’”, describió Jorge Nieto hijo externando su sorpresa por el fallo de la jueza.

El Tribunal Quinto de Sentencia lo condenó a 12 años de prisión por el delito de peculado y además le ordenó a pagar un monto de $12 millones 984 mil dólares como responsabilidad civil, bajo el argumento que permitió que un tercero se apropiara de fondos del Estado.

“Híjole haga de cuenta que en ese momento me metieron al infierno y no dejaron salir a respirar, no se vale, no es correcto”, reclamó Jorge con la voz entre cortada y agregó que no van a descansar hasta alcanzar justicia para su padre.

Ese momento fue un punto de quiebre en la vida de sus hijos, quienes se habían mantenido respetuosos con el proceso judicial y prudentes con sus comentarios, decidieron apelar por estar inconformes con la decisión y no es para más si se toma en cuenta algunos precedentes en la justicia, como la condena de 10 años que recibió el expresidente Elías Antonio Saca después que confesó haberse apropiado de más de $300 millones de dólares del Estado. 

Ambos consideran que es una sentencia injusta y han visto a bien revelar una serie de indicios que demostrarían que su padre fue un “chivo expiatorio” de los procesos ilegales que realizó su antecesor el exministro de Obras Públicas, David Gutiérrez, quien no ha sido investigado por los anteriores fiscales y el único intento por saber su participación en el caso la ha hecho el actual fiscal general, Raúl Melara quien reconoció que abrió una investigación de oficio.

“Hoy nos toca trabajar y no tenemos un segundo para descansar y si yo tengo que dar mi vida o pudiera ponerme en los zapatos de mi padre lo haría, pero ahora si no nos vamos a dejar”, externó Jorge Nieto – hijo-.

Un calvario que inició por su buen desempeño en cargos anteriores 

El cargo al frente del Ministerio de Obras Públicas no fue el primer puesto como funcionario público que Jorge Nieto asumió, antes estuvo al frente de la cartera de Trabajo y de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), durante la gestión del expresidente Francisco Flores y su buen desempeño fue la razón para que el exmandatario Elías Antonio Saca le propusiera el cargo al frente del MOP.

Su hijo mayor, Jorge Nieto, recuerda el momento en que su padre le comentó el ofrecimiento que le habían hecho de dirigir esa cartera de Estado. “Tony Saca le manda a decir que necesita resolver los problemas legales del MOP, que David Gutiérrez tiene problemas cardíacos y que se iba a ir, pero que tenía que decirle ya, lo mantuvieron presionado por muchas horas”, recordó Jorge.

“Yo le dije papá agarralo, ignorante yo, pensando que por su buen trabajo y animándolo” que confiara en sus capacidades, su criterio y que si en algún momento sentía duda que acudiera a su director espiritual –un sacerdote- para que lo guiara.

Su padre atendió el consejo y le comentó al sacerdote el reto, quien le indicó que en la SIGET estaba cómodo y le planteó “Dios quiere que estés cómodo o quiere que estés en una cruz como él estuvo”.

“Ahí lo doblegó, es cierto los cristianos no venimos a estar cómodos venimos a trabajar a darle con todo, literalmente lo han crucificado, ese es el lado humano de Jorge Nieto y en ese panorama aceptó ese cargo”, explicó.

En enero del 2007 asumió el cargo y lo primero que hizo fue solicitar una auditoría en la Corte de Cuentas de la República (CCR), para separar su gestión a la de su antecesor Gutiérrez.

“Mi papá sabía que había ruido y que algo no estaba bien con Gutiérrez, pero al ministro no le toca ir a investigar sino que trabajar desde el día uno que le dan la administración y sacar adelante lo que se tiene que hacer. Es la Corte de Cuentas es el ente que investiga”.

“Mi papá es un hombre que llegó a resolver los problemas heredados”

Al llegar al MOP Jorge Nieto se encontró con al menos siete obras emblemáticas paralizadas, incluida la construcción de la calle Diego de Holguín, la cual fue adjudicada por un costo de $25 millones de dólares (mdd) al asocio Copreca-Linares, una empresa que dicho sea de paso no cumplía con los criterios para obtener la licitación, según un informe elaborado por la Subsecretaría de Transparencia dirigida por Marcos Rodríguez en el año 2010.

La construcción de esa carretera estaba estancada porque su antecesor modificó el plano, que fue autorizado con estudios técnicos en el año 2002 de la cual modificó la ruta hacia un espacio de la reserva forestal de la Finca El Espino, lo que motivó a la Alcaldía de San Salvador de ese momento a prohibir su continuidad. 

Nieto logró que la empresa reconsiderara los hechos y que aceptara continuar la construcción con los planos iniciales sin modificar los precios previamente establecidos para lo cual firmaron un contrato de llave, que significa que después no pueden alterarse los precios y de esa forma se retomó la obra.

No obstante, Copreca-Linares solicitó más tarde desembolsos en reiteradas ocasiones alegando que había incurrido en más gastos, pero debido a que existía ahora un contrato que impedía hacer esas modificaciones el exministro Nieto se negó y la obra se paralizó una vez más.

Con el objetivo de desentrampar esa construcción, el exministro solicitó un arbitraje para que se resolvieran las diferencias, un recurso que la misma CCR avaló por estar amparado en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).

“Mi papá es un hombre que llegó a resolver todos los problemas heredados y ojo no a tapar, mi papá los logró resolver, hizo que la gente siguiera trabajando le dio confianza y terminaron y no le costó un centavo más al Estado. Eso es señal de una persona que tiene diligencia que tiene sentido de responsabilidad”, señaló el hijo mayor de Nieto.

Investigaciones y procesos judiciales no indagaron el origen de los problemas

El arbitraje, en el que el MOP era representado por la Fiscalía General de República (FGR) cuando estaba al frente Félix Garried Safie, continuó pero el juez resolvió a favor de la empresa porque demostró la introducción de un diseño viciado por el MOP en el 2005, además comprobó que el estancamiento del proyecto se debió a una ilegalidad de esa cartera de Estado, que les causó gastos no contemplados.

El juez ordenó que el Estado a través del Ministerio de Hacienda pagar a la empresa contra avance $5 millones de dólares por la negligencia del MOP en el 2005, es decir en la gestión de Gutiérrez.

Gerson Martínez, Luis Martínez y Douglas Meléndez 

El 24 de mayo de 2010, el ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, presentó una denuncia por hechos de corrupción en contra de sus antecesores Gutiérrez y Nieto ante el fiscal general de la República de ese entonces, Romeo Barahona, quien consideró que no habían suficientes elementos para judicializar el caso.

Con la llegada del siguiente fiscal, el ministerio público retoma la denuncia pero lo hace de una forma selectiva a partir de 2007, es decir sólo a la gestión de Nieto dejando sin relevancia los hechos cometidos por Gutiérrez que van desde adjudicar el tramo ll del bulevar Diego de Holguín a una empresa que no reunía los requisitos mínimos para hacer la obra, hacer adelantos por una cantidad de 30% del costo cuando lo establecido era del 20% también por cambiar los diseños e invadir una reserva forestal.

Sus hijos señalan que las indagaciones sólo se enfocaron en que el arbitraje que solicitó Nieto llevó al pago de la empresa, sin considerar que el arbitraje se llevó a cabo con el visto bueno por la CCR que en su momento señaló: “Por otra parte si bien es cierto en los contratos llave en mano se prohíbe la introducción de órdenes de cambio y de ajuste de precio, en el presente caso no se trata de ninguna de esas dos figuras, sino que una modificación de forma la cual es viable realizar”.

Además señalan que el Ministerio Público basó sus investigaciones con los testimonios de terceros pero que en ningún momento llamaron a su padre para interrogarlo. “Mi papá hubiera estado encantado de que lo llamaran de la Fiscalía a testificar, pero nunca lo hicieron cuando él tenía toda la disposición de colaborar y lo demostró estos años que ha estado con medidas ya que él salía del país con permiso y honraba ese permiso siempre regresando en los plazos establecidos; perdón, pero eso es una señal de alguien responsable y respetuoso de la Ley”.

Este proceso judicial también fue conocido por el exfiscal general de la República, Douglas Meléndez, quien lo llevó a la instancia final y tampoco procedió a  investigar a quien preparó el proyecto, lo licitó e hizo los primeros desembolsos, es decir a David Gutiérrez, quien según la jueza 5° de sentencia también debió ser llevado a los estrados. 

Desde entonces, Nieto fue acusado por diferentes delitos como falsedad documental agravada, e incumplimiento de deberes imputados por la Fiscalía los cuales fueron desvirtuados por la jueza Quinto de Paz, quien sólo admitió el delito de peculado y el de estafa agravada. Posteriormente se cambió el delito de estafa agravada por incumplimiento de deberes. 

Los hijos de Nieto revelaron que entre los peritajes fue investigada su situación financiera y que las autoridades pudieron comprobar que ni su padre, ni su familia se favoreció económicamente de la gestión de pública. 

“Me investigaron a mi, a mi hermano, todas las barrieron hasta el sueldo de mi abuelo fue investigado y fue la misma FGR que reconoció en una entrevista para un canal que mi padre no se enriqueció personalmente de esto”, señaló J. Nieto, quien cuestionó “¿Qué ganaba mi papá en que Copreca ganara dinero?”.

Jorge señaló que espera que las investigaciones que ha iniciado el actual fiscal lleven al origen de los problemas en el Ministerio de Obras Públicas y se deduzcan las responsabilidades y esclarezca la situación de su padre, para que pueda regresar a la modesta casa en la que siempre ha vivido en los alrededores de Los Planes de Renderos donde creció con sus hermanos.

“Mi padre no es un hombre de lujos es un hombre sencillo, mi papá ha trabajado en muchas fundaciones para el servicio del país”, indicó.

Sobre el caso se han pronunciado diferentes actores sociales, políticos y empresarios que han calificado el proceso como injusto y viciado, que debe rectificarse; sobre eso sus hijos agradecieron esos pronunciamientos. “Fue bonito darnos cuenta de lo respetado y admirado que es mi papá pero no es la forma en que hubiéramos querido darnos cuenta”, señaló Carlos.

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El Salvador y CERTAL fortalecen lazos para la profesionalización de la función pública

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Con el propósito de oficializar diferentes iniciativas de cooperación para el fortalecimiento institucional, el Vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, sostuvo una reunión con el Presidente Ejecutivo de certalatam,Pablo Scotellaro.

En el encuentro, el Vicepresidente Ulloa, en su calidad de Rector de la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública (ESIAP), destacó el compromiso de la institución con la profesionalización de la función pública, la mejora continua de los servicios estatales y la construcción de una administración más eficiente, innovadora y orientada al bienestar de la población.

Por su parte, el Presidente Ejecutivo de CERTAL resaltó la transformación que vive el país y señaló que el modelo salvadoreño resulta de especial interés para América Latina, al integrar componentes como la tecnología, el turismo, la innovación, la educación con valores esenciales como la ética y la fe. “Queremos que El Salvador sea un aliado principal de CERTAL, para mostrar Latinoamérica al mundo”, afirmó.

Asimismo, habló sobre los siguientes pasos para establecer un centro de formación de alta tecnología, una iniciativa que permitirá abrir nuevos espacios de colaboración, fortalecer los lazos de hermandad entre Uruguay y El Salvador, y proyectar de forma integral los avances alcanzados en la región.

El Director Ejecutivo del Centro Nacional de Registros, Sr. Camilo Trigueros destacó los avances del CNR como referente de modernización institucional, gracias a una nueva estructura orientada a agilizar trámites, reducir costos y facilitar procesos en beneficio de la ciudadanía. En ese sentido, aclaró que El Salvador ya cuenta con herramientas como la firma electrónica, la factura electrónica y el sello electrónico, fortaleciendo así la transformación digital del Estado. Destacó también la reciente participación en el Encuentro Ministerial organizado por CERTAL junto a la Secretaría de la Presidencia en Montevideo, Uruguay, en donde tuvo la oportunidad de presentar los avances de modernización del CNR, así como los proyectos de formación impulsados desde la ESIAP, los cuales fueron presentados en el mencionado evento por la Directora Ejecutiva de la institución, Sra. @ClaudiadeLarin.

CERTAL es una organización que impulsa espacios de diálogo y articulación entre los sectores público y privado, especialmente en los ámbitos de las telecomunicaciones, mediante cumbres, simposios, encuentros de alto nivel, conferencias y jornadas de capacitación; razón por la cual, se ha comenzado a trabajar en diferentes iniciativas en el marco del acuerdo interinstitucional entre la ESIAP y el CNR para el fortalecimiento de la administración pública en la región.

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Juez solicita certificaciones de condenas por crímenes que ordenaron 486 cabecillas de la MS

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El juicio contra 486 cabecillas de la Mara Salvatrucha procesados en audiencia única abierta, permanecerá en receso hasta que diversos tribunales envíen unas 20 certificaciones de condenas impuestas a la Mara Salvatrucha, por crímenes que ordenó la ranfla histórica y demás jefes de esa estructura señalados de 47,427 delitos.

A mediados de la segunda semana de mayo cuando la Fiscalía General de la República informó al juez de la causa que estaban listos para exponer extensos alegatos finales, el funcionario judicial informó que iban entrar en una pausa indefinida porque, pese a las solitudes enviadas a varios tribunales de todo el país para que entregaran las certificaciones de juicios que terminaron en condenas en contra de la MS, no se había recibido respuesta.

La última información que se sabe, es que el juez ya volvió a requerir a los tribunales esas certificaciones, que son parte de la prueba documental que el ministerio público ha ofrecido para fortalecer la acusación por múltiples crímenes consumados con el aval de los 486 cabecillas enjuiciados.

Hasta que el tribunal tenga en su sede esa documentación, se reanudará la audiencia única, esas certificaciones de condenas son hechos que la Mara Salvatrucha perpetró entre el 2012 y 2022, período mediante el cual cometieron de 444 casos de homicidios con un total de 29,000 víctimas.

Esos hechos fueron ejecutados por la organización terrorista conformada por 32 programas [estructura jerárquica superior] distribuidos en 230 clicas [células territoriales].

A mediados de mayo lo último que la Fiscalía presentó fue la prueba documental y pericial mediante la lectura para que sea valorada por el juez.

 

Las agrupaciones ilícitas es el delito principal acusado por el hecho de ser miembros de la Mara Salvatrucha, se incluyen también extorsión, tráfico de armas, tráfico de droga, trata de personas y homicidio.

El ministerio público ha informado que cuando se reinicie con la audiencia van a exponer alegatos finales extensos con varias jornadas en las cuales aclararán al juez la participación de los terroristas en cada uno de los ilícitos atribuidos y que se les condene por cada una de las imputaciones.

Con audios y videos se ha establecido el nivel jerárquico en la MS, para consumar los delitos entre el 2012 y 2022 y acreditar la autoría mediata en los aparatos organizados de poder y no ver a los cabecillas como simples cómplices o inductores, sino como los hombres de atrás, quienes en su calidad de máximos jefes de estructuras ordenaron crímenes a cientos de pandilleros.

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Inicia juicio de 134 terroristas de dos estructuras de MS de Sensuntepeque y San Marcos

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Jueces del Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador comenzaron este lunes a enjuiciar en audiencia única abierta a 134 terroristas de dos estructuras de la Mara Salvatrucha.

Son dos expedientes únicos diligenciados por separado en esa sede judicial, el primero es en contra de 43 pandilleros de la clica Dalmacia Locos Salvatruchos que por años estuvieron delinquiendo en el distrito de San Marcos, al sur de San Salvador,

Al iniciar la audiencia, la Fiscalía General de la República planteó al tribunal que con la abundante prueba recopilada acreditará que los mareros incurrieron en delitos de crimen organizado.

La principal acusación es por agrupaciones ilícitas y entre los enjuiciados hay dos cabecillas, uno de ellos es el fundador y el otro tiene el rango de corredor de clica.

Para ambos el ministerio público pretende que se les condene a la pena máxima de 60 años de prisión, la reformas que la Asamblea Legislativa aprobó a la Ley contra el Crimen Organizado ordena que fundadores y cabecillas de pandillas deben ser condenados de 45 a 60 años de prisión y en este caso los representantes de la Fiscalía se proponen lograr una condena con la pena máxima.

Además, los terroristas también enfrentan los delitos de tenencia ilegal de armas de fuego, así como posesión y tenencia con fines de tráfico.

En el segundo expediente, son procesados 91 terroristas que durante décadas estuvieron delinquiendo en barrios, colonias, caseríos y cantones de cinco distritos de departamento de Cabañas.

Los imputados enfrentan agrupaciones ilícitas como delito común, pero también son señalados de tráfico ilícito de drogas y organizaciones terroristas cometidos durante su accionar en Sensuntepeque, Ilobasco, Tejutepeque, Jutiapa y Cinquera.

Estos pandilleros fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada, a través de las incursiones realizadas en el marco del régimen de excepción, esas acciones realizadas les permitieron ingresar a peligrosas colonias.

En Sensuntepeque, detuvieron a los mareros que delinquían en las colonias Los Llanitos, Quinteros y El Moidán, territorios que estaban bajo el dominio de estos terroristas.

En Sensuntepeque, los miembros de estas estructuras estuvieron extorsionando y asesinando personas por varios años.

Los hechos fueron cometidos en el 2012. «Entre los enjuiciados hay un corredor de programa, 3 corredores de clica, 3 corredores de base y varios homeboys que cumplían también con el rol de cabecillas. Además, hay nueve imputados con el rango de chequeo, seis observadores y 44 colaboradores de la pandilla», informó la Fiscalía.

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