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Hijos del exministro, Jorge Nieto, hablan de la verdadera historia detrás del proceso judicial contra su padre
El exministro de Obras Públicas, Jorge Nieto, asistió religiosamente al tribunal que estaba a cargo del proceso judicial en su contra en el caso de la construcción del tramo II del bulevar Diego de Holguín, ahora llamada Bulevar Monseñor Romero. Lo hizo dos veces al mes durante un extenuante periodo de seis años con la esperanza que las instituciones investigaran y quedara demostrado que su gestión al frente del Ministerio de Obras Públicas (MOP) fue responsable y ética.
La disposición de cooperación con la justicia, del exfuncionario, se debía en parte a la seguridad que tenía de haber actuado apegado a la Ley y a que existen vastos documentos que lo comprueban; sin embargo, no fueron suficientes para que Nieto pudiera descansar de una situación que su propia familia ha calificado de “persecución” y “pesadilla”.
Carlos Nieto, uno de sus hijos, señaló que el pasado viernes 29 de noviembre acudió a los Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador junto a su hermano mayor, Jorge Nieto –quien reside en México- ambos estaban confiados, muy optimistas y seguros que al terminar la audiencia podrían celebrar con su padre.
Carlos y su hermano recuerdan que al inicio del juicio había indicios que el caso sería resuelto correctamente, la jueza señaló que iban a separar la gestión del exministro de Obras Públicas David Gutiérrez de la del señor Nieto e incluso reclamó a la Fiscalía el hecho de no haber llevado a Gutiérrez al banquillo de los acusados.
Jorge Nieto hijo explicó que el viernes 29 de noviembre con su hermano Carlos Antonio estaban seguros que el Tribunal emitiría un fallo absolutorio, lo cual pareció confirmarse con las primeras palabras de la jueza quien expresó: “Hasta aquí demostró la buena voluntad el señor Nieto”.
Pero inesperadamente la lectura de la sentencia dio un giro abrupto, en ese momento “sentí que me ponía blanco, blanco, blanco, blanco y vi a mi papá que decía: ‘¡jue púchica qué pasó aquí!’ y empezaron a entrar policías a la sala por atrás, unos seis a ocho policías ahí, medios de comunicación abarrotados afuera’”, describió Jorge Nieto hijo externando su sorpresa por el fallo de la jueza.
El Tribunal Quinto de Sentencia lo condenó a 12 años de prisión por el delito de peculado y además le ordenó a pagar un monto de $12 millones 984 mil dólares como responsabilidad civil, bajo el argumento que permitió que un tercero se apropiara de fondos del Estado.

“Híjole haga de cuenta que en ese momento me metieron al infierno y no dejaron salir a respirar, no se vale, no es correcto”, reclamó Jorge con la voz entre cortada y agregó que no van a descansar hasta alcanzar justicia para su padre.
Ese momento fue un punto de quiebre en la vida de sus hijos, quienes se habían mantenido respetuosos con el proceso judicial y prudentes con sus comentarios, decidieron apelar por estar inconformes con la decisión y no es para más si se toma en cuenta algunos precedentes en la justicia, como la condena de 10 años que recibió el expresidente Elías Antonio Saca después que confesó haberse apropiado de más de $300 millones de dólares del Estado.
Ambos consideran que es una sentencia injusta y han visto a bien revelar una serie de indicios que demostrarían que su padre fue un “chivo expiatorio” de los procesos ilegales que realizó su antecesor el exministro de Obras Públicas, David Gutiérrez, quien no ha sido investigado por los anteriores fiscales y el único intento por saber su participación en el caso la ha hecho el actual fiscal general, Raúl Melara quien reconoció que abrió una investigación de oficio.
“Hoy nos toca trabajar y no tenemos un segundo para descansar y si yo tengo que dar mi vida o pudiera ponerme en los zapatos de mi padre lo haría, pero ahora si no nos vamos a dejar”, externó Jorge Nieto – hijo-.
Un calvario que inició por su buen desempeño en cargos anteriores
El cargo al frente del Ministerio de Obras Públicas no fue el primer puesto como funcionario público que Jorge Nieto asumió, antes estuvo al frente de la cartera de Trabajo y de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), durante la gestión del expresidente Francisco Flores y su buen desempeño fue la razón para que el exmandatario Elías Antonio Saca le propusiera el cargo al frente del MOP.
Su hijo mayor, Jorge Nieto, recuerda el momento en que su padre le comentó el ofrecimiento que le habían hecho de dirigir esa cartera de Estado. “Tony Saca le manda a decir que necesita resolver los problemas legales del MOP, que David Gutiérrez tiene problemas cardíacos y que se iba a ir, pero que tenía que decirle ya, lo mantuvieron presionado por muchas horas”, recordó Jorge.

Su padre atendió el consejo y le comentó al sacerdote el reto, quien le indicó que en la SIGET estaba cómodo y le planteó “Dios quiere que estés cómodo o quiere que estés en una cruz como él estuvo”.
“Ahí lo doblegó, es cierto los cristianos no venimos a estar cómodos venimos a trabajar a darle con todo, literalmente lo han crucificado, ese es el lado humano de Jorge Nieto y en ese panorama aceptó ese cargo”, explicó.
En enero del 2007 asumió el cargo y lo primero que hizo fue solicitar una auditoría en la Corte de Cuentas de la República (CCR), para separar su gestión a la de su antecesor Gutiérrez.
“Mi papá sabía que había ruido y que algo no estaba bien con Gutiérrez, pero al ministro no le toca ir a investigar sino que trabajar desde el día uno que le dan la administración y sacar adelante lo que se tiene que hacer. Es la Corte de Cuentas es el ente que investiga”.
“Mi papá es un hombre que llegó a resolver los problemas heredados”
Al llegar al MOP Jorge Nieto se encontró con al menos siete obras emblemáticas paralizadas, incluida la construcción de la calle Diego de Holguín, la cual fue adjudicada por un costo de $25 millones de dólares (mdd) al asocio Copreca-Linares, una empresa que dicho sea de paso no cumplía con los criterios para obtener la licitación, según un informe elaborado por la Subsecretaría de Transparencia dirigida por Marcos Rodríguez en el año 2010.
La construcción de esa carretera estaba estancada porque su antecesor modificó el plano, que fue autorizado con estudios técnicos en el año 2002 de la cual modificó la ruta hacia un espacio de la reserva forestal de la Finca El Espino, lo que motivó a la Alcaldía de San Salvador de ese momento a prohibir su continuidad.
Nieto logró que la empresa reconsiderara los hechos y que aceptara continuar la construcción con los planos iniciales sin modificar los precios previamente establecidos para lo cual firmaron un contrato de llave, que significa que después no pueden alterarse los precios y de esa forma se retomó la obra.
No obstante, Copreca-Linares solicitó más tarde desembolsos en reiteradas ocasiones alegando que había incurrido en más gastos, pero debido a que existía ahora un contrato que impedía hacer esas modificaciones el exministro Nieto se negó y la obra se paralizó una vez más.
Con el objetivo de desentrampar esa construcción, el exministro solicitó un arbitraje para que se resolvieran las diferencias, un recurso que la misma CCR avaló por estar amparado en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).
“Mi papá es un hombre que llegó a resolver todos los problemas heredados y ojo no a tapar, mi papá los logró resolver, hizo que la gente siguiera trabajando le dio confianza y terminaron y no le costó un centavo más al Estado. Eso es señal de una persona que tiene diligencia que tiene sentido de responsabilidad”, señaló el hijo mayor de Nieto.
Investigaciones y procesos judiciales no indagaron el origen de los problemas
El arbitraje, en el que el MOP era representado por la Fiscalía General de República (FGR) cuando estaba al frente Félix Garried Safie, continuó pero el juez resolvió a favor de la empresa porque demostró la introducción de un diseño viciado por el MOP en el 2005, además comprobó que el estancamiento del proyecto se debió a una ilegalidad de esa cartera de Estado, que les causó gastos no contemplados.
El juez ordenó que el Estado a través del Ministerio de Hacienda pagar a la empresa contra avance $5 millones de dólares por la negligencia del MOP en el 2005, es decir en la gestión de Gutiérrez.
Gerson Martínez, Luis Martínez y Douglas Meléndez
El 24 de mayo de 2010, el ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, presentó una denuncia por hechos de corrupción en contra de sus antecesores Gutiérrez y Nieto ante el fiscal general de la República de ese entonces, Romeo Barahona, quien consideró que no habían suficientes elementos para judicializar el caso.
Con la llegada del siguiente fiscal, el ministerio público retoma la denuncia pero lo hace de una forma selectiva a partir de 2007, es decir sólo a la gestión de Nieto dejando sin relevancia los hechos cometidos por Gutiérrez que van desde adjudicar el tramo ll del bulevar Diego de Holguín a una empresa que no reunía los requisitos mínimos para hacer la obra, hacer adelantos por una cantidad de 30% del costo cuando lo establecido era del 20% también por cambiar los diseños e invadir una reserva forestal.
Sus hijos señalan que las indagaciones sólo se enfocaron en que el arbitraje que solicitó Nieto llevó al pago de la empresa, sin considerar que el arbitraje se llevó a cabo con el visto bueno por la CCR que en su momento señaló: “Por otra parte si bien es cierto en los contratos llave en mano se prohíbe la introducción de órdenes de cambio y de ajuste de precio, en el presente caso no se trata de ninguna de esas dos figuras, sino que una modificación de forma la cual es viable realizar”.
Además señalan que el Ministerio Público basó sus investigaciones con los testimonios de terceros pero que en ningún momento llamaron a su padre para interrogarlo. “Mi papá hubiera estado encantado de que lo llamaran de la Fiscalía a testificar, pero nunca lo hicieron cuando él tenía toda la disposición de colaborar y lo demostró estos años que ha estado con medidas ya que él salía del país con permiso y honraba ese permiso siempre regresando en los plazos establecidos; perdón, pero eso es una señal de alguien responsable y respetuoso de la Ley”.
Este proceso judicial también fue conocido por el exfiscal general de la República, Douglas Meléndez, quien lo llevó a la instancia final y tampoco procedió a investigar a quien preparó el proyecto, lo licitó e hizo los primeros desembolsos, es decir a David Gutiérrez, quien según la jueza 5° de sentencia también debió ser llevado a los estrados.
Desde entonces, Nieto fue acusado por diferentes delitos como falsedad documental agravada, e incumplimiento de deberes imputados por la Fiscalía los cuales fueron desvirtuados por la jueza Quinto de Paz, quien sólo admitió el delito de peculado y el de estafa agravada. Posteriormente se cambió el delito de estafa agravada por incumplimiento de deberes.
Los hijos de Nieto revelaron que entre los peritajes fue investigada su situación financiera y que las autoridades pudieron comprobar que ni su padre, ni su familia se favoreció económicamente de la gestión de pública.
“Me investigaron a mi, a mi hermano, todas las barrieron hasta el sueldo de mi abuelo fue investigado y fue la misma FGR que reconoció en una entrevista para un canal que mi padre no se enriqueció personalmente de esto”, señaló J. Nieto, quien cuestionó “¿Qué ganaba mi papá en que Copreca ganara dinero?”.
Jorge señaló que espera que las investigaciones que ha iniciado el actual fiscal lleven al origen de los problemas en el Ministerio de Obras Públicas y se deduzcan las responsabilidades y esclarezca la situación de su padre, para que pueda regresar a la modesta casa en la que siempre ha vivido en los alrededores de Los Planes de Renderos donde creció con sus hermanos.
“Mi padre no es un hombre de lujos es un hombre sencillo, mi papá ha trabajado en muchas fundaciones para el servicio del país”, indicó.
Sobre el caso se han pronunciado diferentes actores sociales, políticos y empresarios que han calificado el proceso como injusto y viciado, que debe rectificarse; sobre eso sus hijos agradecieron esos pronunciamientos. “Fue bonito darnos cuenta de lo respetado y admirado que es mi papá pero no es la forma en que hubiéramos querido darnos cuenta”, señaló Carlos.
Nacionales
Capturan en Apopa a menor de edad vinculado con la pandilla 18
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
Judicial
FGR acusa a más de 560 pandilleros de la «18» por miles de crímenes
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
Judicial
50 años de prisión para padre que causó la muerte de su hijo de cinco meses
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.




