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¿Héctor Silvia Ávalos será citado a la Comisión Especial de Sobresueldos?, exfiscal Raúl Melara afirmó que recibió dinero de la partida secreta
Tomado de La Noticia SV
SAN SALVADOR.- “El señor Héctor Silva es una de las personas que sale vinculada y sale mencionada como receptor del dinero de la partida secreta”, expresó años atrás el exfiscal Raúl Melara.
Héctor Silva Ávalos, figura entre los políticos y exfuncionarios que recibieron miles de dólares en efectivo provenientes de la partida secreta de la Presidencia, en concepto de sobresueldos.
Revista Factum en pasadas publicaciones afirmó que obtuvo ocho copias de recibos por pagos en efectivo emitidos desde la Secretaría Privada de la Presidencia a nombre de Silva Ávalos. Estos ocho recibos suman 38,140 dólares. Ávalos reconoció su firma o su letra en tres de estas ocho copias, y en otros, aunque no confirmó su autenticidad, aceptó que las sumas de dinero escritas en ellos correspondían a pagos acordados por sus servicios como “asesor de comunicación política” para la Presidencia.
Este cargo de asesor, según explicó, fue un acuerdo informal, es decir, sin contrato de por medio, solicitado verbalmente por el entonces presidente Funes para que trabajara al servicio del asesor político argentino Luis Verdi, el propagandista que acompañó a Funes durante su campaña y durante su presidencia. Silva Ávalos realizaría estas asesorías al mismo tiempo que mantenía un contrato por servicios en el exterior. Este contrato informal le permitió recibir pagos hasta por 12,000 dólares en un mes.
Estos recibos formaron parte de las pruebas que la Fiscalía presentó en el caso de corrupción “Saqueo Público”.
Silva Ávalos fue ministro consejero, primero, y posteriormente ministro plenipotenciario en la Embajada de El Salvador en Washington D.C. entre noviembre de 2009 y agosto de 2012. Los recibos de los cuales Revista Factum obtuvo copia fueron emitidos entre mayo de 2011 y enero de 2012. De estos, cuatro calzan fechas en que Silva Ávalos gozaba simultáneamente de su salario como diplomático y otros cuatro fueron emitidos en un periodo en que Silva Ávalos había solicitado permiso sin goce de sueldo. Sin embargo, los pagos que fueron emitidos mientras se le suspendió su salario oficial duplicaban al que le correspondía por ley.
Silva Ávalos aseguró además que mientras fue diplomático y “asesor” de la Presidencia realizó varias misiones secretas o de carácter “oficioso” que no puede revelar por las cuales también recibía pagos en efectivo que a veces respaldaba con recibos simples similares a los que le fueron mostrados por este medio. Esto implica una admisión tácita de que algunos de esos pagos ocurrieron también simultáneamente al pago de su salario oficial en Relaciones Exteriores. Aunque no ahondó en detalles, también reconoció que durante su gestión fue promovido para ser jefe del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), pero aseguró que esa propuesta no avanzó.
De momento, se desconoce si Héctor Silva Avalos será citado a la Comisión Especial de Sobresueldos de la Asamblea Legislativa.
La prolonganción de esta herramienta legal fue avalada con los votos de 57 diputados de los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, que consideraron válidos los argumentos planteados por el Órgano Ejecutivo al solicitar la extensión por 30 días, entre esos que «existen intentos de reorganización de grupos criminales».
En el decreto se expone que las autoridades recientemente capturaron a sujetos que tenían la aspiración de formar y operar pandillas cerca de los centros escolares, o sus entornos, a través de acciones como la «intimidación, reclutamiento y promoción de actividades ilícitas».
Agrega que el contexto regional demanda de atención especial, debido a que se «ha elevado y acelerado la actuación criminal en distintos países de la región, particularmente en la República de Guatemala».
Se subraya que «estos acontecimientos evidencian un incremento progresivo de la actividad de las pandillas en la región, y ponen en riesgo la paz, el orden y la seguridad en El Salvador».
Durante la discusión de la iniciativa, en la sesión plenaria 95, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, destacó el respaldo de los diputados que han acompañado el proyecto de seguridad del presidente Bukele, desde el 27 de marzo de 2022, cuando se aprobó por primera vez el régimen de excepción con «votos que están cambiando la vida de los salvadoreños».
Castro añadió que el clima de seguridad permite que ahora los niños puedan jugar frente a sus casas, las comunidades recuperar sus canchas, entre otras actividades que se han retomado y han mejorado la convivencia.
Caleb Navarro, diputado de Nuevas Ideas, puntualizó que en 2025 se registraron 82 homicidios a escala nacional, y todos fueron resueltos, alcanzando una tasa de efectividad del 100 %.
Agregó que antes nadie se preocupaba los homicidios y quedaban en la impunidad «ahora hablamos con números y los números no mienten», detalló.
Con 54 votos el congreso autorizó ayer al Ministerio de Hacienda para que suscriba un contrato de préstamo, por $16.7 millones, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
El decreto aprobado permitirá al país recibir el denominado «segundo financiamiento adicional del Programa Crecer y Aprender Juntos, desarrollo de la primera infancia de El Salvador».
Dicho programa plantea el propósito de continuar mejorando las prácticas de enseñanza, educación y cuidado en la primera infancia a escala nacional, así como los ambientes físicos de aprendizaje de centros seleccionados de educación y primera infancia.
En el decreto aprobado se establece que el contrato que suscriba Hacienda, o quien designe, deberá someterse al aval posterior de la Asamblea Legislativa.
La iniciativa del Ejecutivo, a través de Hacienda, fue ingresada ayer a la plenaria a través de modificación de agenda, en la que se solicitó su aprobación con dispensa de trámite.
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Ocho sujetos fueron condenados hasta con 95 años de cárcel por diversos delitos en San Salvador
Penas de prisión de hasta 95 años de cárcel logró la Fiscalía para ocho personas -cuatro de ellas en calidad de reos ausentes-, a quienes se les procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, lavado de dinero y activos, asimismo, estafa y hurto de identidad, en perjuicio de varias víctimas.
De acuerdo a la información fiscal, esta investigación inició en 2023 a raíz de avisos por parte familiares de personas detenidas, donde manifestaron haber sido víctimas de estafas y otros delitos.
Según las investigaciones, los imputados crearon una página en una red social y se hicieron pasar como abogados. Bajo este mecanismo de engaño ofrecían sus servicios legales para poder sacar de la cárcel a personas detenidas, a cambio de que los familiares de los presos les pagaran grandes cantidades de dinero.
Con esta modalidad los sujetos estafaron al menos a cuatro personas, quienes finalmente decidieron denunciarlos ante las autoridades.
En este caso, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña (presente) fue condenada a la pena de 33 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos.
Por esos mismos delitos se condenó a 35 años a Jennifer Gabriela Sandoval y a 26 años de prisión a Karla Cristina Aguirre Quintanilla y Blanca Mirian Menjívar Pineda (todas presentes).
En ausencia fue condenado Marco Sebastián Pintor Rodríguez, alias “tatuado”, quien fue perfilado como cabecilla de la estructura y miembro de la pandilla Barrio 18. A él se le procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos, además de hurto de identidad.
Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda (también ausente) recibió una condena de 50 años de prisión; Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez (ausente) deberá cumplir una pena de cárcel de 25 años y Frania Elizabeth Pintor fue condenada a 5 años de prisión solo por lavado de dinero y activos.
Asimismo, se les condenó al pago de $30,500 dólares y de no pagar esta cantidad, se aumentará un tercio de la pena impuesta a cada imputado, según lo estipula la respectiva ley.
Las condenas de prisión fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador al valorar toda la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR en juicio.
