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Gobierno solicita corredor humanitario para salida de transportistas varados en Panamá
Debido al cierre de carreteras por protestas ante el rechazo de la aprobación de la ley de contrato minero entre el estado y empresa minera, por los impactos medio ambientales que significaría esta práctica en Panamá, algunos transportistas salvadoreños han quedado varados en dicho país centroamericano.
Ante esta situación, el Gobierno de El Salvador, mediante su Ministerio de Relaciones Exteriores, solicitó establecer un corredor humanitario para darle salida a los transportistas salvadoreños en Panamá.
#CRONIO @cancilleriasv hace un llamado a las autoridades de Panamá y líderes de la sociedad civil de dicho país, para que puedan habilitar un corredor humanitario, que permita la salida de transportistas salvadoreños, quienes se han visto afectados por los cierres de carreteras. https://t.co/Hh6txzuEJc
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 26, 2023
«El Salvador hace un llamado a las autoridades de Panamá y a los líderes de la sociedad civil de ese país para que habiliten un corredor humanitario que permita a los transportistas salvadoreños, afectados por los cierres de carreteras, salir de territorio panameño», solicitó Cancillería de El Salvador.
El comunicado emitido este 26 de noviembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de su embajada en Panamá, relata: «A través de nuestra Embajada en Panamá, por más de 30 días, se han atendido las necesidades de alimentación y de salud de nuestros connacionales, en estricto sentido humanitario. Sin embargo, hasta este momento ha sido imposible concretar una solución para los conductores que continúan varados en territorio panameño».
La institución apeló a las históricas relaciones diplomáticas y de cooperación con Panamá para solicitar a las autoridades y a los líderes de la sociedad civil que mantiene las calles cerradas, que habiliten un corredor humanitario para que los salvadoreños puedan salir del país a la mayor brevedad posible.
Panamá afronta varias semanas de protestas contra el contrato firmado entre el Estado y la compañía minera canadiense, el cual permite a la multinacional operar por 40 años en la zona caribeña del país.
Ese contrato, aprobado el 20 de octubre por el Congreso, sustituye a un acuerdo de 1997, declarado inconstitucional por haberse firmado sin licitación ni consulta popular.
Los manifestantes aseguran que el nuevo acuerdo tiene los mismos vicios y que la mina ya causó daños al medioambiente local. Como parte de las manifestaciones, varias personas a bordo de pequeñas embarcaciones han tratado de bloquear el puerto construido por la compañía para recibir insumos y sacar la producción de cobre. Desde el 22 de noviembre, los principales accesos a la capital, Ciudad de Panamá, fueron bloqueados por miembros de sindicatos.
La Policía reportó la detención de cuatro sujetos en diferentes zonas del país, tras ser sorprendidos conduciendo en estado de ebriedad, poniendo en riesgo la seguridad vial y la integridad de terceros.
En Chinameca, San Miguel Oeste, fue arrestado Herberth Antonio Paredes Chávez, quien manejaba con 238° de alcohol y terminó impactando su vehículo contra otro que se encontraba estacionado. El hecho ocurrió en horas de la madrugada, sobre la 11 calle poniente y 1ª Avenida Norte.
Asimismo, en la calle hacia Río Chiquito, en San Ignacio, Chalatenango Norte, fueron intervenidos José Luis Rivera Chávez, con 91° de alcohol, y Joel de Jesús Vásquez Rivera, quien registró 24° de alcohol.
En Santa Ana Oeste, sobre la calle que conduce del cantón El Coco hacia Chalchuapa, fue detenido Luis Ángel Lemus Barrera, quien manejaba una motocicleta con 101° de alcohol.
La dirigente del FMLN, Lorena Guadalupe Peña, reapareció públicamente en La Habana, Cuba, donde ofreció un discurso centrado en la “dignidad de las mujeres”.
Su intervención ocurre mientras en El Salvador ella y su hija, Ana Virginia Guardado Peña, enfrentan una condena civil por enriquecimiento ilícito. La Cámara Primero de lo Civil ordenó que ambas reintegren al Estado 150,762.86 dólares tras no justificar el incremento de su patrimonio. La resolución también inhabilitó a Peña para ejercer cargos públicos durante los próximos diez años.
La reaparición de Peña coincide con el proceso electoral celebrado recientemente en Honduras, país donde, según información difundida en redes sociales, habría recibido asilo político. Peña, junto a otras dos exdirigentes del FMLN, ha sido mencionada en ese contexto debido a que el partido de la presidenta Xiomara Castro no logró mantenerse en el poder, quedando en la tercera posición. Este resultado ha generado nuevas discusiones públicas sobre la situación migratoria de las exdirigentes salvadoreñas y el futuro de su presunto exilio.
