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Gobierno solicita corredor humanitario para salida de transportistas varados en Panamá
Debido al cierre de carreteras por protestas ante el rechazo de la aprobación de la ley de contrato minero entre el estado y empresa minera, por los impactos medio ambientales que significaría esta práctica en Panamá, algunos transportistas salvadoreños han quedado varados en dicho país centroamericano.
Ante esta situación, el Gobierno de El Salvador, mediante su Ministerio de Relaciones Exteriores, solicitó establecer un corredor humanitario para darle salida a los transportistas salvadoreños en Panamá.
#CRONIO @cancilleriasv hace un llamado a las autoridades de Panamá y líderes de la sociedad civil de dicho país, para que puedan habilitar un corredor humanitario, que permita la salida de transportistas salvadoreños, quienes se han visto afectados por los cierres de carreteras. https://t.co/Hh6txzuEJc
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 26, 2023
«El Salvador hace un llamado a las autoridades de Panamá y a los líderes de la sociedad civil de ese país para que habiliten un corredor humanitario que permita a los transportistas salvadoreños, afectados por los cierres de carreteras, salir de territorio panameño», solicitó Cancillería de El Salvador.
El comunicado emitido este 26 de noviembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de su embajada en Panamá, relata: «A través de nuestra Embajada en Panamá, por más de 30 días, se han atendido las necesidades de alimentación y de salud de nuestros connacionales, en estricto sentido humanitario. Sin embargo, hasta este momento ha sido imposible concretar una solución para los conductores que continúan varados en territorio panameño».
La institución apeló a las históricas relaciones diplomáticas y de cooperación con Panamá para solicitar a las autoridades y a los líderes de la sociedad civil que mantiene las calles cerradas, que habiliten un corredor humanitario para que los salvadoreños puedan salir del país a la mayor brevedad posible.
Panamá afronta varias semanas de protestas contra el contrato firmado entre el Estado y la compañía minera canadiense, el cual permite a la multinacional operar por 40 años en la zona caribeña del país.
Ese contrato, aprobado el 20 de octubre por el Congreso, sustituye a un acuerdo de 1997, declarado inconstitucional por haberse firmado sin licitación ni consulta popular.
Los manifestantes aseguran que el nuevo acuerdo tiene los mismos vicios y que la mina ya causó daños al medioambiente local. Como parte de las manifestaciones, varias personas a bordo de pequeñas embarcaciones han tratado de bloquear el puerto construido por la compañía para recibir insumos y sacar la producción de cobre. Desde el 22 de noviembre, los principales accesos a la capital, Ciudad de Panamá, fueron bloqueados por miembros de sindicatos.
Un niño de un año de edad falleció este día en la hacienda Atalaya, en el distrito de Acajutla, Sonsonate, luego de caer de manera accidental en una canaleta de agua, según reportes preliminares.
De acuerdo con la información inicial, el menor habría sufrido el percance dentro del sector, por causas que aún se encuentran bajo investigación. Autoridades competentes se desplazaron a la zona para realizar las diligencias correspondientes y determinar con exactitud cómo ocurrieron los hechos.
Familiares, amigos y vecinos del menor expresaron su pesar por lo sucedido, un hecho que ha generado consternación entre los habitantes de la comunidad. Las autoridades reiteraron que será el proceso investigativo el que establezca las circunstancias del incidente.
Kevin Israel Corea Carabantes, de 27 años, acusado de hurto agravado, en perjuicio patrimonial de una víctima, seguirá en prisión provisional, así resolvió el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador.
El hecho ocurrió el 12 de enero de 2026, en una discoteca ubicada en el bulevar Del Hipódromo, colonia San Benito, en San Salvador. La investigación fiscal detalla que Corea hurtó de una habitación una mochila y un maletín de mano que contenían diversos objetos, entre ellos, perfumes, además de una cartera de mano con documentos personales de la víctima.
«La acusación sostiene que el imputado fue visto por una empleada cuando salía por la ventana del baño que colinda con el jardín. Asimismo, los empleados del establecimiento encontraron una caja fuerte dañada, cielos falsos, vidrios y cámaras de seguridad averiados, daños que ascienden a una responsabilidad civil de aproximadamente $4,000», informaron fuentes judiciales.
El imputado fue reconocido por la gerencia de la discoteca a través de la cámara de seguridad, señalando que trabajó en el lugar durante cuatro días. Además, en los documentos presentados para aspirar al puesto se encontraba su identificación.
En la audiencia inicial, la juzgadora consideró que existen indicios suficientes para establecer la existencia del delito y la probable participación del procesado. El caso fue remitido al Juzgado de Instrucción de San Salvador.
Juan Francisco Grande Hernández, de 41 años, fue condenado a 12 años de prisión por el delito de tráfico ilícito, así resolvió el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador.
Grande Hernández fue capturado el 29 de noviembre de 2024, en la calle antigua a Huizúcar, en la colonia Lomas de Versalles de San Salvador, cuando agentes policiales realizaban un patrullaje en busca de personas que delinquían con la venta de droga.
El imputado intentó huir, pero fue en vano. Los policías le encontraron en un bolso una porción grande y otras medianas de material vegetal, además de $3,044.75 en efectivo y una báscula digital color rojo. También en el asiento del vehículo en el que se trasladaba tenía más porciones de droga.
La prueba de campo determinó que el material vegetal era marihuana, en total se sumaron 1.52 kilogramos, valuados en $3,446.70. Asimismo, un análisis de espectrometría determinó que la báscula y el dinero presentaban rastros de metanfetamina, marihuana y cocaína.
Recientemente, por posesión y tenencia con fines de tráfico, en perjuicio de la salud pública, también fue condenado a seis años de prisión Emerson Joel Moz Cruz, de 24 años. La pena fue impuesta por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
A Moz Cruz, agentes policiales le incautaron 178.4 gramos de marihuana y 1.8 gramos de cocaína en diciembre de 2024. Fue interceptado cuando se conducía en una motocicleta sobre la Autopista Norte, frente al Registro de Armas, ubicado en el distrito de San Salvador.
