Al reanudarse el juicio del exalcalde de Rosario de Mora, Juan Miranda Pérez, la Fiscalía General de la República presentó, este miércoles, la declaración de dos contadoras públicas que auditaron la gestión municipal del imputado.

Una de las peritas, dijo que cuando ella fue auditora gubernamental, junto a una colega fueron citadas al extinto Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador para elaborar una pericia financiera contable de la administración de Miranda y su concejo municipal.

En el examen realizado, las expertas encontraron varias irregularidades, uno de los hallazgos fue la utilización de fondos públicos de forma ilegal. A pregunta de uno de los fiscales, la contadora dijo a la jueza de la causa, que en 2009, el concejo municipal presidido por Juan Miranda Pérez, no aprobó ningún acuerdo de presupuesto para ese año, pese a que la ley establece que es obligación.

Al no tener un acuerdo de aprobación se incurrió en un incumplimiento del Código Municipal, citó la exauditora gubernamental.

El principal hallazgo en la gestión municipal iniciada el 1 de mayo de 2009 y finalizada el 30 de abril de 2012, fue que parte del dinero asignado como parte del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los municipios de El Salvador (Fodes), fue utilizado para el pago de dietas por un monto de $18,772.

«Ese pago es ilegal porque el Fodes establece que es para realizar proyectos y programas de desarrollo municipal» dijo la perita.

La vista pública comenzó el pasado 11 de febrero y entró en receso para continuar hoy, en el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador, en contra del imputado acusado por los delitos de peculado [apropiarse de bienes del Estado] y malversación, en perjuicio de la administración pública y de la Alcaldía de Rosario de Mora.

Según el ministerio público, durante la administración municipal del imputado se destinaron fondos de la municipalidad y del Fodes para fines distintos, ajenos al municipio, lo que causó un perjuicio económico de $130,000.

Esa acusación fue reforzada con el peritaje que fue defendido por las dos expertas que se encargaron de elaborarlo.

El defensor del exalcalde, en sus alegatos iniciales dijo al tribunal que no se ha configurado el delito de peculado ya que Miranda Pérez no tuvo ningún beneficio personal y que en todo caso lo que podría haberse dado es una malversación.

Mientras miles de trabajadores, se dedican a la corta, recolección y traslado de caña de azúcar, la Policía Nacional Civil mantiene intensos patrullajes, que se enmarcan en el Plan Control Territorial. Los agentes policiales también recorren áreas dedicadas a la ganadería y a la agricultura.

«Jornadas seguras tienen los trabajadores de la zafra, en el departamento de La Paz. La Policía Rural se mantiene vigilante de las zonas agrícolas y ganaderas», informó la corporación policial en sus redes sociales, mostrando imágenes de los agentes, en el desarrollo de patrullajes.

En este momento, El Salvador se mantiene en pleno desarrollo de la zafra que inicia en noviembre y culmina usualmente en abril.

«La Policía Rural patrulla por los amplios terrenos previniendo incidentes. Garantizar la seguridad a los salvadoreños es nuestra prioridad, por eso patrullamos en todos los distritos del territorio nacional», destacó la corporación policial en redes sociales junto a imágenes de los agentes del orden cruzando ríos, patrullando a caballo, cruzando veredas y cuidando áreas de cultivo a nivel nacional.

En esta temporada de zafra, la Policía ha incluido su atención en esta área productiva que está generando miles de empleos. De acuerdo a la Asociación Azucarera de El Salvador (AAES) , para la zafra 2025 y 2026 esperan procesar 6.5 millones de toneladas de caña y producir 720,000 toneladas métricas de azúcar. Estas cifras representan un incremento respecto al ciclo anterior, que cerró con 6 millones de toneladas de caña y 687,157 toneladas de azúcar, según la AAES. «La seguridad se mantiene activa en todo momento, protegiendo a los productores y habitantes del sector», informó la Policía.

El Juzgado de Paz del Puerto de La Libertad ordenó que sigan en la cárcel, Juan Diego Girón Ayala y Juan Diego Villalta Abarca, ambos de 22 años, quienes según la acusación presentada por la Fiscalía General de la República, se dedicaban a robar pertenencias de los peatones del barrio El Calvario, distrito de La Libertad, La Libertad Costa.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), los capturó el 1 de febrero de 2026, de forma infraganti cuando se conducían en una motocicleta que no portaba placas.

Una de sus víctimas alertó a un equipo de agentes policiales para que los ubicara y arrestara, al momento de la captura les decomisaron un celular, una navaja de empuñadura y 95 dólares.

Enfrentan la causa penal mediante un proceso sumario, al finalizar la audiencia inicial, el juzgado otorgó 60 días para la fase de investigación, en ese plazo la Fiscalía deberá recopilar nuevos elementos para que en la próxima audiencia se defina la situación jurídica de los dos acusados.