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Gobierno del Presidente Nayib Bukele trabaja articulado para solucionar casos de lotificaciones irregulares
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele impulsa esfuerzos que conllevan a proteger y garantizar seguridad jurídica a las familias que por años han luchado por tener legalizados los lugares donde habitan.
Como parte de este compromiso, se firmó el convenio denominado: “Cooperación internacional para la atención de casos colectivos de lotificaciones irregulares”, en el que participaron la ministra de Vivienda, Michelle Sol; el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado; el director ejecutivo del Centro Nacional de Registros (CNR), Jorge Camilo Trigueros; el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, y la procuradora general de la República, Miriam Aldana.
“Con este trabajo iniciamos y ya hemos enviado varios casos de avisos de lotificaciones que se han aprovechado de nuestra gente, tenemos indicaciones de nuestro presidente Bukele de velar por las familias y brindarles acompañamiento en todo el proceso […] Ya estamos trabajando en una ley permanente porque sabemos que muchos lotificadores esperaban que las leyes transitorias se vencieran para justificar y no regularizar su lotificación”, dijo la ministra de Vivienda.
El objetivo del convenio es brindar una solución a las problemáticas colectivas derivadas del incumplimiento de lotificadores, que no entregaron las escrituras de propiedad a miles de familias salvadoreñas.
“Estas instituciones que estamos acá han sensibilizado respecto a un tema que históricamente ha sido una deuda de país; para el CNR el tema de escrituración es una prioridad. El Presidente nos ha encomendado materializar y que esta deuda sea atendida por este Gobierno”, afirmó el director del CNR.
El convenio es parte de las acciones que conlleva la Ley Especial Transitoria para la Regularización de Lotificaciones y Parcelaciones de Uso Habitacional, la cual fue aprobada en junio del 2021 por la Asamblea Legislativa.
“Como FGR vamos a poner todos los recursos que sean necesarios para apoyar este tipo de iniciativas y no dudaremos en utilizar las herramientas legales que nos otorga el Código Penal; la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos; la Ley de Extinción de Dominio, para proceder en contra de cualquier lotificador que no haya cumplido con los requisitos legales y que se haya dedicado a engañar y estafar a los salvadoreños”, enfatizó el fiscal general.
Fortalecer el trabajo interinstitucional para dar una respuesta oportuna a los afectados, es parte de los resultados que se esperan alcanzar, para ello, se conformará una mesa de trabajo con equipos técnicos y legales, para dar seguimiento a las acciones que correspondan en defensa de los derechos de las familias e identificar posibles delitos penales.
El Gobierno del Presidente Bukele busca cubrir todas las áreas de ayuda a las familias salvadoreñas, una muestra de ello, es que en cada decisión y acción coloca en el centro, el bienestar de la población.
Principal
Ocho sujetos fueron condenados hasta con 95 años de cárcel por diversos delitos en San Salvador
Penas de prisión de hasta 95 años de cárcel logró la Fiscalía para ocho personas -cuatro de ellas en calidad de reos ausentes-, a quienes se les procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, lavado de dinero y activos, asimismo, estafa y hurto de identidad, en perjuicio de varias víctimas.
De acuerdo a la información fiscal, esta investigación inició en 2023 a raíz de avisos por parte familiares de personas detenidas, donde manifestaron haber sido víctimas de estafas y otros delitos.
Según las investigaciones, los imputados crearon una página en una red social y se hicieron pasar como abogados. Bajo este mecanismo de engaño ofrecían sus servicios legales para poder sacar de la cárcel a personas detenidas, a cambio de que los familiares de los presos les pagaran grandes cantidades de dinero.
Con esta modalidad los sujetos estafaron al menos a cuatro personas, quienes finalmente decidieron denunciarlos ante las autoridades.
En este caso, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña (presente) fue condenada a la pena de 33 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos.
Por esos mismos delitos se condenó a 35 años a Jennifer Gabriela Sandoval y a 26 años de prisión a Karla Cristina Aguirre Quintanilla y Blanca Mirian Menjívar Pineda (todas presentes).
En ausencia fue condenado Marco Sebastián Pintor Rodríguez, alias “tatuado”, quien fue perfilado como cabecilla de la estructura y miembro de la pandilla Barrio 18. A él se le procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos, además de hurto de identidad.
Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda (también ausente) recibió una condena de 50 años de prisión; Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez (ausente) deberá cumplir una pena de cárcel de 25 años y Frania Elizabeth Pintor fue condenada a 5 años de prisión solo por lavado de dinero y activos.
Asimismo, se les condenó al pago de $30,500 dólares y de no pagar esta cantidad, se aumentará un tercio de la pena impuesta a cada imputado, según lo estipula la respectiva ley.
Las condenas de prisión fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador al valorar toda la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR en juicio.
El Fondo Solidario para la Salud (Fosalud) informó que ha recibido la certificación del Sistema de Gestión Antisoborno, alineado con la norma internacional NTS ISO 37001:2016.
El ministro de salud, Francisco Alabi, junto a la viceministra de operaciones en Salud y directora ejecutiva ad honorem de Fosalud, Karla Díaz, recibieron la certificación por parte de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), a través de su director general para Centroamérica, Arnulfo Pino.
De acuerdo con la institución, este logro forma del esfuerzo institucional en la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno y al cumplimiento de los criterios internacionales orientados a la transparencia, integridad, la prevención del soborno y la confianza ciudadana, como pilares de una gestión pública moderna y responsable, alineada con las directrices presidenciales.
Fosalud explicó que el proceso de implementación y certificación del Sistema de Gestión Antisoborno duró un aproximado de 14 meses, concluyendo satisfactoriamente en octubre de 2025.
También detalló que esta certificación abarca todas las gerencias y unidades organizativas, los procesos relacionados con la prestación de los servicios de salud en los diferentes establecimientos con cobertura Fosalud y los procesos administrativos, considerados críticos desde la perspectiva de riesgos de soborno.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO), invitó a los salvadoreños en el exterior que desean continuar sus estudios, que apliquen al programa de becas con Panamerican University.
Este ofrece una oportunidad para estudiar una licenciatura o maestría. Las becas son en modalidad online, con clases en vivo y en español.
La fecha última para postularse es el próximo 20 de febrero de este año. Algunas de las carreras disponibles son: administración de empresas, ciencias de la computación e inteligencia artificial.
Mientras que, las maestrías son: global executive MBA, gestión estratégica de recursos humanos y analítica de personas, ciencias en gestión financiera corporativa y FinTech.
