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Gobierno del Presidente Nayib Bukele trabaja articulado para solucionar casos de lotificaciones irregulares

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El Gobierno del Presidente Nayib Bukele impulsa esfuerzos que conllevan a proteger y garantizar seguridad jurídica a las familias que por años han luchado por tener legalizados los lugares donde habitan.

Como parte de este compromiso, se firmó el convenio denominado: “Cooperación internacional para la atención de casos colectivos de lotificaciones irregulares”, en el que participaron la ministra de Vivienda, Michelle Sol; el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado; el director ejecutivo del Centro Nacional de Registros (CNR), Jorge Camilo Trigueros; el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, y la procuradora general de la República, Miriam Aldana.

“Con este trabajo iniciamos y ya hemos enviado varios casos de avisos de lotificaciones que se han aprovechado de nuestra gente, tenemos indicaciones de nuestro presidente Bukele de velar por las familias y brindarles acompañamiento en todo el proceso […] Ya estamos trabajando en una ley permanente porque sabemos que muchos lotificadores esperaban que las leyes transitorias se vencieran para justificar y no regularizar su lotificación”, dijo la ministra de Vivienda.

El objetivo del convenio es brindar una solución a las problemáticas colectivas derivadas del incumplimiento de lotificadores, que no entregaron las escrituras de propiedad a miles de familias salvadoreñas.

“Estas instituciones que estamos acá han sensibilizado respecto a un tema que históricamente ha sido una deuda de país; para el CNR el tema de escrituración es una prioridad. El Presidente nos ha encomendado materializar y que esta deuda sea atendida por este Gobierno”, afirmó el director del CNR.

El convenio es parte de las acciones que conlleva la Ley Especial Transitoria para la Regularización de Lotificaciones y Parcelaciones de Uso Habitacional, la cual fue aprobada en junio del 2021 por la Asamblea Legislativa.

“Como FGR vamos a poner todos los recursos que sean necesarios para apoyar este tipo de iniciativas y no dudaremos en utilizar las herramientas legales que nos otorga el Código Penal; la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos; la Ley de Extinción de Dominio, para proceder en contra de cualquier lotificador que no haya cumplido con los requisitos legales y que se haya dedicado a engañar y estafar a los salvadoreños”, enfatizó el fiscal general.

Fortalecer el trabajo interinstitucional para dar una respuesta oportuna a los afectados, es parte de los resultados que se esperan alcanzar, para ello,  se conformará una mesa de trabajo con equipos técnicos y legales, para dar seguimiento a las acciones que correspondan en defensa de los derechos de las familias e identificar posibles delitos penales.

El Gobierno del Presidente Bukele busca cubrir todas las áreas de ayuda a las familias salvadoreñas, una muestra de ello, es que en cada decisión y acción coloca en el centro, el bienestar de la población.

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Español y salvadoreña son condenados por desfalco de $3 millones

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El español Daniel Arnavat Carbajallido y la salvadoreñas Patricia Elizabeth Cruz Andrade, fueron condenados a tres años y seis meses de prisión por el delito de administración fraudulenta.

Los dos fueron condenados en calidad de ausentes ya que luego de desfalcar a la empresa Livisto S.A de C.V., huyeron para evadir la justicia.

En el fallo emitido por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, se les declaró rebeldes y se les girará nueva orden de captura para que al ser localizados sean enviados a un centro penal a cumplir la condena.

Según la acusación que la Fiscalía General de la República presentó, la administración fraudulenta la cometieron entre el 2016 y 2018, cuando se aprovecharon de sus funciones gerenciales y de dirección en la empresa Livisto S.A de C.V., una sociedad ubicada en Zaragoza, La Libertad.

Las indagaciones realizadas por el ministerio público evidenciaron que los imputados incurrieron en anomalías contables para desfalcar a la empresa por un monto de $3 millones. La entidad afectada se dedica a fabricar y vender productos veterinarios.

Para ejecutar el desfalco constituyeron tres empresas las cuales las convirtieron en proveedores exclusivos de la sociedad afectada y le vendieron con sobreprecio, para así obtener un provecho personal, según la investigación que realizó el ministerio público y que fue judicializada en los tribunales del departamento de La Libertad.

En el caso de Claudia Rebeca Suárez Girón, el tribunal dictó un sobreseimiento, es decir que la pena se extingue por su fallecimiento, la mujer era la única que fue detenida por la Policía Nacional Civil (PNC), en septiembre de 2020.

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Apoyo de Fuerza Armada permite a Policía centrarse en desarticular bandas

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El trabajo de la Fuerza Armada ha sido clave para la reducción de hechos delictivos. Foto Ministerio de Defensa.

El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, aseguró que el apoyo de la Fuerza Armada en acciones de seguridad pública permite que la Policía se dedique a la investigación y desarticulación de bandas organizadas que pretenden surgir para dedicarse al hurto y robo.

«Las operaciones que se realizan con la Policía Nacional Civil van mucho más allá de perseguir pandilleros, de evitar que se cometan homicidios. También abarcan el área del respeto a la propiedad privada y evitar que se vayan formando bandas delincuenciales que afecten la paz y tranquilidad del pueblo salvadoreño», indicó el funcionario.

Agregó «la Fuerza Armada tiene una de las misiones, que es nuestro despliegue en todo el territorio nacional, de tal manera que con ese despliegue nosotros logramos mantener el control del territorio junto con la Policía, obviamente, pero le permite también a la Policía Nacional Civil dedicarle tiempo, el tiempo que se requiere a la investigación de este tipo de delitos [robo y hurto] que de igual manera afectan a la población».

Merino Monroy señaló que los grandes resultados, obtenidos en este sentido, se deben a la integración de la Policía, Fuerza Armada y la Fiscalía, impulsada desde el Gobierno.

«Este tipo de operaciones es un reflejo de esa política de seguridad del señor presidente de la república, la cual ha logrado, entre otras cosas, integrar dos instituciones vitales para la paz y tranquilidad de los salvadoreños, como son la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada y, por supuesto, el área que le corresponde a la Fiscalía General de la República», expresó el ministro.

Merino Monroy afirmó que la institución castrense continuará apoyando la Policía para llevar paz y tranquilidad a la población. «Cuando nosotros decimos que El Salvador es el país más seguro, a todos nos viene a la mente un país tranquilo, un país donde no nos tengamos que preocupar por ningún problema y no solamente, como repito, es la reducción de los homicidios, sino aquella tranquilidad que cualquier salvadoreño pueda dejar sus pertenencias en cualquier lugar y nadie debería de hurtársela o robársela», dijo Merino.

 

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Obras en Puente sobre río El Jute llevan un 90 % de avance

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La Dirección de Obras Municipales (DOM) informó que llevan un 90 % de avance en la construcción del puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, municipio de La Libertad Este.

«Con la colocación de 67 metros cúbicos de concreto hidráulico en la losa de un puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, La Libertad Este, la DOM registra un 90% de avance de obra», señaló la institución.

El puente en construcción beneficiará a más de 2,000 habitantes de la zona, indicó la DOM.

Esta obra será de 26.80 metros lineales de longitud, 8.10 de ancho y 7 metros de altura; además contará con acera peatonal y se unirá a otros proyectos que ha hecho la DOM que consisten en el mejoramiento de más de 2.5 kilómetros de calles rurales.

También unirá la hacienda Corinto del distrito Zaragoza con la carretera al Puerto de La Libertad.

La DOM detalló que como parte del proceso de construcción se han colocado 30 centímetros de espesor de concreto y para ello han trabajado 35 miembros de las cuadrillas de la institución.

Además de la edificación del puente, las obras en la zona incluyen el mejoramiento vial de 120 metros con capa de suelo cemento de 20 centímetros, un espesor de concreto hidráulico de 15 centímetros y se ha dividido en 60 metros a cada costado.

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