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Gobierno del Presidente Nayib Bukele trabaja articulado para solucionar casos de lotificaciones irregulares
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele impulsa esfuerzos que conllevan a proteger y garantizar seguridad jurídica a las familias que por años han luchado por tener legalizados los lugares donde habitan.
Como parte de este compromiso, se firmó el convenio denominado: “Cooperación internacional para la atención de casos colectivos de lotificaciones irregulares”, en el que participaron la ministra de Vivienda, Michelle Sol; el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado; el director ejecutivo del Centro Nacional de Registros (CNR), Jorge Camilo Trigueros; el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, y la procuradora general de la República, Miriam Aldana.
“Con este trabajo iniciamos y ya hemos enviado varios casos de avisos de lotificaciones que se han aprovechado de nuestra gente, tenemos indicaciones de nuestro presidente Bukele de velar por las familias y brindarles acompañamiento en todo el proceso […] Ya estamos trabajando en una ley permanente porque sabemos que muchos lotificadores esperaban que las leyes transitorias se vencieran para justificar y no regularizar su lotificación”, dijo la ministra de Vivienda.
El objetivo del convenio es brindar una solución a las problemáticas colectivas derivadas del incumplimiento de lotificadores, que no entregaron las escrituras de propiedad a miles de familias salvadoreñas.
“Estas instituciones que estamos acá han sensibilizado respecto a un tema que históricamente ha sido una deuda de país; para el CNR el tema de escrituración es una prioridad. El Presidente nos ha encomendado materializar y que esta deuda sea atendida por este Gobierno”, afirmó el director del CNR.
El convenio es parte de las acciones que conlleva la Ley Especial Transitoria para la Regularización de Lotificaciones y Parcelaciones de Uso Habitacional, la cual fue aprobada en junio del 2021 por la Asamblea Legislativa.
“Como FGR vamos a poner todos los recursos que sean necesarios para apoyar este tipo de iniciativas y no dudaremos en utilizar las herramientas legales que nos otorga el Código Penal; la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos; la Ley de Extinción de Dominio, para proceder en contra de cualquier lotificador que no haya cumplido con los requisitos legales y que se haya dedicado a engañar y estafar a los salvadoreños”, enfatizó el fiscal general.
Fortalecer el trabajo interinstitucional para dar una respuesta oportuna a los afectados, es parte de los resultados que se esperan alcanzar, para ello, se conformará una mesa de trabajo con equipos técnicos y legales, para dar seguimiento a las acciones que correspondan en defensa de los derechos de las familias e identificar posibles delitos penales.
El Gobierno del Presidente Bukele busca cubrir todas las áreas de ayuda a las familias salvadoreñas, una muestra de ello, es que en cada decisión y acción coloca en el centro, el bienestar de la población.
Este día, representantes del Sistema Nacional de Protección Civil, brindaron un balance de las emergencias que han atendido las instituciones de primera respuesta durante las vacaciones agostinas.
Por su parte, el Cuerpo de Bomberos ha atendido 17 emergencias durante el periodo del 1 al 5 de agosto, dos más que el año pasado en estas mismas fechas, según informó el director de la institución, Baltazar Solano.
El director de la entidad también explicó que han sido desplegados 800 bomberos operativos en todo el territorio nacional, para atender emergencias durante el periodo vacacional.
Solano resaltó que dentro del Plan Vacación también han priorizado las inspecciones en restaurantes, gasolineras y otros establecimientos, para constatar el cumplimiento de normas básicas y evitar incendios estructurales.
Mientras tanto, el director general de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, destacó que se han realizado 12 rescates acuáticos simples, de igual forma, dos más que el año pasado durante el mismo periodo de tiempo.
«Rescates profundos hay 19 en 2025, y en 2024 hubo 24. En total tenemos 31», informó Luis Alonso Amaya.
Finalmente, el director general de Protección Civil, Luis Alonso Amya, reporta que en el periodo de vacaciones hay registro de 161 lesionados en accidentes de tránsito, 16 fallecidos y 33 detenciones por conducción peligrosa.
Durante siete meses han estado vigentes diferentes reformas legislativas que han establecieron la intolerancia al delito de la conducción peligrosa, con el propósito de evitar accidentes de tránsito, lesionados o muertes.
El 20 de diciembre de 2024, la Asamblea Legislativa aprobó reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con el propósito de prohibir que los motoristas de cualquier vehículo ingieran licor, cualquier tipo de sustancia o medicamentos que puedan afectar la capacidad de conducir. En esa misma línea se incrementaron las multas.
Con el propósito de robustecer las leyes en ese tema, la Asamblea Legislativa también aprobó un pliego de reformas al Código Penal, propuestas por el Ejecutivo, en el sentido se incrementen las condenas por el delito de conducción peligrosa. Se estableció una condena de 2 a 5 años, por el delito de conducción peligrosa cuando el percance es con un vehículo liviano; y de 5 a 10 años, si el accidente es con transporte público o pesado.
Ese mismo día, la Asamblea también reformó al Código Procesal Penal para garantizar la justicia para las víctimas de percances viales y sus familiares.
Desde que se aprobaron estas medidas han transcurrido siete meses, tiempo en que las autoridades de transporte han reportado una reducción de casos de conducción peligrosa.
El viceministro de transporte, Nelson Reyes, aseguró en una conferencia que «hay una reducción de alrededor del 10 % de disminución de personas detenidas por conducción peligrosa, si lo comparamos con 2024, desde el 1 de enero a la fecha».
La remoción de más de 20 árboles fue parte de las emergencias atendidas ayer por la noche, a raíz de las fuertes tormentas ocurridas en el municipio de Cuscatlán Norte, informó el gobernador de Cuscatlán, Eduardo Alas.
La mayoría de árboles caídos se reportó en el distrito de Suchitoto, y para la intervención se activó toda la comisión departamental de Protección Civil que está en función del monitoreo y atención de eventualidades, detalló el funcionario.
«En conjunto con la municipalidad de Cuscatlán Norte, coordinamos para enviar los equipos para atender las emergencias», añadió Alas, quien afirmó que se trabaja de forma articulada en los territorios.
Los árboles cayeron sobre calles y carreteras, por lo que era de urgencia retirarlos para garantizar el paso y la seguridad en las vías, indicó.
Por otra parte, la alcaldía de Cuscatlán Sur informó que un árbol de gran tamaño también cedió ante las lluvias, quedando sobre la calle principal al barrio Nuevo, en la ciudad de San Ramón.
A las labores de remoción que realizó personal del distrito se sumaron elementos del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM), que tras los trabajos despejaron la vía restableciendo el paso que había quedado completamente bloqueado.
