El Gobierno del Presidente Nayib Bukele impulsa esfuerzos que conllevan a proteger y garantizar seguridad jurídica a las familias que por años han luchado por tener legalizados los lugares donde habitan.

Como parte de este compromiso, se firmó el convenio denominado: “Cooperación internacional para la atención de casos colectivos de lotificaciones irregulares”, en el que participaron la ministra de Vivienda, Michelle Sol; el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado; el director ejecutivo del Centro Nacional de Registros (CNR), Jorge Camilo Trigueros; el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, y la procuradora general de la República, Miriam Aldana.

“Con este trabajo iniciamos y ya hemos enviado varios casos de avisos de lotificaciones que se han aprovechado de nuestra gente, tenemos indicaciones de nuestro presidente Bukele de velar por las familias y brindarles acompañamiento en todo el proceso […] Ya estamos trabajando en una ley permanente porque sabemos que muchos lotificadores esperaban que las leyes transitorias se vencieran para justificar y no regularizar su lotificación”, dijo la ministra de Vivienda.

El objetivo del convenio es brindar una solución a las problemáticas colectivas derivadas del incumplimiento de lotificadores, que no entregaron las escrituras de propiedad a miles de familias salvadoreñas.

“Estas instituciones que estamos acá han sensibilizado respecto a un tema que históricamente ha sido una deuda de país; para el CNR el tema de escrituración es una prioridad. El Presidente nos ha encomendado materializar y que esta deuda sea atendida por este Gobierno”, afirmó el director del CNR.

El convenio es parte de las acciones que conlleva la Ley Especial Transitoria para la Regularización de Lotificaciones y Parcelaciones de Uso Habitacional, la cual fue aprobada en junio del 2021 por la Asamblea Legislativa.

“Como FGR vamos a poner todos los recursos que sean necesarios para apoyar este tipo de iniciativas y no dudaremos en utilizar las herramientas legales que nos otorga el Código Penal; la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos; la Ley de Extinción de Dominio, para proceder en contra de cualquier lotificador que no haya cumplido con los requisitos legales y que se haya dedicado a engañar y estafar a los salvadoreños”, enfatizó el fiscal general.

Fortalecer el trabajo interinstitucional para dar una respuesta oportuna a los afectados, es parte de los resultados que se esperan alcanzar, para ello,  se conformará una mesa de trabajo con equipos técnicos y legales, para dar seguimiento a las acciones que correspondan en defensa de los derechos de las familias e identificar posibles delitos penales.

El Gobierno del Presidente Bukele busca cubrir todas las áreas de ayuda a las familias salvadoreñas, una muestra de ello, es que en cada decisión y acción coloca en el centro, el bienestar de la población.