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Gobierno de El Salvador ha transformado digitalmente todo el sistema de salud
La modernización del sistema de salud ha sido una de las prioridades del Gobierno del presidente Nayib Bukele, que ha dotado de herramientas tecnológicas que permiten tener el Sistema Integrado de Salud (SIS). Esta plataforma cumple las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre que cada país cuente con una plataforma digital propia que permita crear el expediente digital y organizar el abastecimiento, el recurso humano, entre otros procesos.
«El SIS es nuestro software y permite, de manera fácil, brindar todas las atenciones necesarias. Tenemos un programa en el que podemos brindar atenciones, una consulta a un paciente, observar los exámenes de laboratorio, cargar estudios de imagen, tener la ficha familiar y facilitar el envío de información. En cualquiera de las instituciones de salud hay acceso al expediente del paciente, independientemente de que consulte en Santa Ana o La Unión, porque todo está conectado», detalló el ministro de Salud, Francisco Alabi a «Diario El Salvador».
El funcionario informó que el 100 % de los hospitales nacionales y más del 90 % de las unidades de salud han digitalizado los procesos de atención. Esto ofrece mejores condiciones para atender a los salvadoreños.
«Hasta el momento, estamos arriba del 90 % de unidades de salud y en los hospitales completamos el 100 % de conexión en el segundo y tercer nivel de atención y se sigue avanzando en la interconexión de los permisos sanitarios y en el funcionamiento administrativo del Ministerio de Salud. Es por eso que ahora la Unidad de Tecnología del Ministerio de Salud es una de las más fuertes, ya que nos permite no solo generar el desarrollo de los softwares, no solo acoplar y mantener los equipos, sino ver hacia adelante cuáles van a ser las necesidades, las aplicaciones, los desarrollos que el ministerio va a implementar», explicó Alabi.
Destacó que se han equipado los diferentes establecimientos de salud con dispositivos tecnológicos que permiten acceder a los recursos digitales para dinamizar la atención de la población.
La reducción del uso de los expedientes físicos no solo contribuye a reducir el uso del papel, sino a acelerar el procesamiento de estudios de laboratorio, de indicaciones médicas y en el manejo de la información en un solo sistema
«Hemos pasado de tener cuartos repletos de expedientes a tener una sola computadora [por ejemplo] en la que se almacena la información necesaria. Son más de 1,500 tabletas distribuidas a lo largo del territorio, cerca de 4,000 equipos fijos, laptops, que están en todo el sistema, aparte de la cantidad de puntos de la red que se necesitan para hacer esta conexión. Esto lleva una inversión que se ha tratado de incorporar a la Unidad de Tecnología para que seamos capaces de darle el mantenimiento y hacer las conexiones sin tener que tercerizar los servicios», explicó el ministro de Salud.
Estos avances en materia digital han generado las condiciones para que el sistema de salud de El Salvador sea un referente para otros países y entidades como la Organización Mundial de la Salud (OMS), donde esta experiencia ha sido compartida por las autoridades del Minsal en diferentes ocasiones.
En corto tiempo, el sistema de salud ha pasado de un sistema análogo a un sistema moderno y digital que beneficia la atención de los salvadoreños.
La prolonganción de esta herramienta legal fue avalada con los votos de 57 diputados de los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, que consideraron válidos los argumentos planteados por el Órgano Ejecutivo al solicitar la extensión por 30 días, entre esos que «existen intentos de reorganización de grupos criminales».
En el decreto se expone que las autoridades recientemente capturaron a sujetos que tenían la aspiración de formar y operar pandillas cerca de los centros escolares, o sus entornos, a través de acciones como la «intimidación, reclutamiento y promoción de actividades ilícitas».
Agrega que el contexto regional demanda de atención especial, debido a que se «ha elevado y acelerado la actuación criminal en distintos países de la región, particularmente en la República de Guatemala».
Se subraya que «estos acontecimientos evidencian un incremento progresivo de la actividad de las pandillas en la región, y ponen en riesgo la paz, el orden y la seguridad en El Salvador».
Durante la discusión de la iniciativa, en la sesión plenaria 95, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, destacó el respaldo de los diputados que han acompañado el proyecto de seguridad del presidente Bukele, desde el 27 de marzo de 2022, cuando se aprobó por primera vez el régimen de excepción con «votos que están cambiando la vida de los salvadoreños».
Castro añadió que el clima de seguridad permite que ahora los niños puedan jugar frente a sus casas, las comunidades recuperar sus canchas, entre otras actividades que se han retomado y han mejorado la convivencia.
Caleb Navarro, diputado de Nuevas Ideas, puntualizó que en 2025 se registraron 82 homicidios a escala nacional, y todos fueron resueltos, alcanzando una tasa de efectividad del 100 %.
Agregó que antes nadie se preocupaba los homicidios y quedaban en la impunidad «ahora hablamos con números y los números no mienten», detalló.
Con 54 votos el congreso autorizó ayer al Ministerio de Hacienda para que suscriba un contrato de préstamo, por $16.7 millones, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
El decreto aprobado permitirá al país recibir el denominado «segundo financiamiento adicional del Programa Crecer y Aprender Juntos, desarrollo de la primera infancia de El Salvador».
Dicho programa plantea el propósito de continuar mejorando las prácticas de enseñanza, educación y cuidado en la primera infancia a escala nacional, así como los ambientes físicos de aprendizaje de centros seleccionados de educación y primera infancia.
En el decreto aprobado se establece que el contrato que suscriba Hacienda, o quien designe, deberá someterse al aval posterior de la Asamblea Legislativa.
La iniciativa del Ejecutivo, a través de Hacienda, fue ingresada ayer a la plenaria a través de modificación de agenda, en la que se solicitó su aprobación con dispensa de trámite.
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Ocho sujetos fueron condenados hasta con 95 años de cárcel por diversos delitos en San Salvador
Penas de prisión de hasta 95 años de cárcel logró la Fiscalía para ocho personas -cuatro de ellas en calidad de reos ausentes-, a quienes se les procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, lavado de dinero y activos, asimismo, estafa y hurto de identidad, en perjuicio de varias víctimas.
De acuerdo a la información fiscal, esta investigación inició en 2023 a raíz de avisos por parte familiares de personas detenidas, donde manifestaron haber sido víctimas de estafas y otros delitos.
Según las investigaciones, los imputados crearon una página en una red social y se hicieron pasar como abogados. Bajo este mecanismo de engaño ofrecían sus servicios legales para poder sacar de la cárcel a personas detenidas, a cambio de que los familiares de los presos les pagaran grandes cantidades de dinero.
Con esta modalidad los sujetos estafaron al menos a cuatro personas, quienes finalmente decidieron denunciarlos ante las autoridades.
En este caso, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña (presente) fue condenada a la pena de 33 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos.
Por esos mismos delitos se condenó a 35 años a Jennifer Gabriela Sandoval y a 26 años de prisión a Karla Cristina Aguirre Quintanilla y Blanca Mirian Menjívar Pineda (todas presentes).
En ausencia fue condenado Marco Sebastián Pintor Rodríguez, alias “tatuado”, quien fue perfilado como cabecilla de la estructura y miembro de la pandilla Barrio 18. A él se le procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos, además de hurto de identidad.
Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda (también ausente) recibió una condena de 50 años de prisión; Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez (ausente) deberá cumplir una pena de cárcel de 25 años y Frania Elizabeth Pintor fue condenada a 5 años de prisión solo por lavado de dinero y activos.
Asimismo, se les condenó al pago de $30,500 dólares y de no pagar esta cantidad, se aumentará un tercio de la pena impuesta a cada imputado, según lo estipula la respectiva ley.
Las condenas de prisión fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador al valorar toda la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR en juicio.
