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FOTOS – VIDEOS | Ministro Monroy junto a Fuerza Armada realizaron amplio patrulla el centro capitalino
Ayer sábado 05 de septiembre, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, junto a 150 elementos militares, desplegados en distintos puntos del centro de San Salvador, realizaron un recorrido por las calles capitalinas para verificar de primera mano las acciones de seguridad.
El titular de Defensa aprovechó la oportunidad para interactuar con los empresarios en la zona, quienes se mostraron satisfechos por las labores de combate a las estructuras criminales realizadas por el Gabinete de Seguridad el Gobierno del Presidente Nayib Bukele.
“Es agradable escuchar como empresarios de negocios de esta área manifiestan la tranquilidad que les ha llegado porque dejaron de ser extorsionados, donde anteriormente no los dejaban trabajar y esas acciones son las que nos motivan par a seguir trabajando y llevar más tranquilidad al resto de la población”.
Estas acciones demuestran el compromiso del Gobierno del Presidente Nayib Bukele por un combate frontal contra la delincuencia, en especial las pandillas en El Salvador, que por años y con Gobiernos anteriores fueron los causantes de la inseguridad a nivel nacional.
Las autoridades reiteran su compromiso con la población de que nunca negociaron, ni van a negociar con las estructuras terroristas y que los resultados del Plan Control Territorial son la causa del trabajo 24/7 con la población y la implementación del control, orden y cero comunicación desde el interior de los centros penales a nivel nacional.
Con el Plan Control Territorial, las autoridades del Gabinete de Seguridad han demostrado con cifras, con hechos, que la política de seguridad liderada por el Presidente Nayib Bukele y ya replicada por países como Guatemala, ha dado grandes avances para proteger a la población salvadoreña.
“Invitaría a personas que creen que esto es falso lo del Plan Control Territorial y que nos acompañaran en patrullajes que estamos haciendo”, dijo el ministro de Defensa. Además, reiteró que el patrullaje realizado la noche de este sábado era una prueba de que el Plan Control Territorial funciona y brinda a la población esa tranquilidad que tanto quiso y le fue negada por Gobiernos anteriores.
Merino Monroy detalló que como Ministerio de Defensa y con los elementos de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), continuarán apoyando las acciones de combate frontal a la criminalidad que realiza el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, a través de la Policía Nacional Civil (PNC).
“Nosotros hemos ejecutado el Plan Control Territorial con todos los ingredientes que debe tener para obtener los resultados positivos que está arrojando, mismo que es liderado por el Presidente de la República, Nayib Bukele”, reiteró el titular de Defensa.
Desde que fue implementado el Plan Control Territorial el 20 de junio del 2019, las autoridades reportan una baja en los homicidios. De junio de 2018 a mayo de 2019 se tuvieron 3,185 homicidios; mientras que, de junio de 2019 a mayo de 2020, estos fueron 1,500, explicó Merino Monroy.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
