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FOTOS – VIDEOS | Ministro Monroy junto a Fuerza Armada realizaron amplio patrulla el centro capitalino
Ayer sábado 05 de septiembre, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, junto a 150 elementos militares, desplegados en distintos puntos del centro de San Salvador, realizaron un recorrido por las calles capitalinas para verificar de primera mano las acciones de seguridad.
El titular de Defensa aprovechó la oportunidad para interactuar con los empresarios en la zona, quienes se mostraron satisfechos por las labores de combate a las estructuras criminales realizadas por el Gabinete de Seguridad el Gobierno del Presidente Nayib Bukele.
“Es agradable escuchar como empresarios de negocios de esta área manifiestan la tranquilidad que les ha llegado porque dejaron de ser extorsionados, donde anteriormente no los dejaban trabajar y esas acciones son las que nos motivan par a seguir trabajando y llevar más tranquilidad al resto de la población”.
Estas acciones demuestran el compromiso del Gobierno del Presidente Nayib Bukele por un combate frontal contra la delincuencia, en especial las pandillas en El Salvador, que por años y con Gobiernos anteriores fueron los causantes de la inseguridad a nivel nacional.
Las autoridades reiteran su compromiso con la población de que nunca negociaron, ni van a negociar con las estructuras terroristas y que los resultados del Plan Control Territorial son la causa del trabajo 24/7 con la población y la implementación del control, orden y cero comunicación desde el interior de los centros penales a nivel nacional.
Con el Plan Control Territorial, las autoridades del Gabinete de Seguridad han demostrado con cifras, con hechos, que la política de seguridad liderada por el Presidente Nayib Bukele y ya replicada por países como Guatemala, ha dado grandes avances para proteger a la población salvadoreña.
“Invitaría a personas que creen que esto es falso lo del Plan Control Territorial y que nos acompañaran en patrullajes que estamos haciendo”, dijo el ministro de Defensa. Además, reiteró que el patrullaje realizado la noche de este sábado era una prueba de que el Plan Control Territorial funciona y brinda a la población esa tranquilidad que tanto quiso y le fue negada por Gobiernos anteriores.
Merino Monroy detalló que como Ministerio de Defensa y con los elementos de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), continuarán apoyando las acciones de combate frontal a la criminalidad que realiza el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, a través de la Policía Nacional Civil (PNC).
“Nosotros hemos ejecutado el Plan Control Territorial con todos los ingredientes que debe tener para obtener los resultados positivos que está arrojando, mismo que es liderado por el Presidente de la República, Nayib Bukele”, reiteró el titular de Defensa.
Desde que fue implementado el Plan Control Territorial el 20 de junio del 2019, las autoridades reportan una baja en los homicidios. De junio de 2018 a mayo de 2019 se tuvieron 3,185 homicidios; mientras que, de junio de 2019 a mayo de 2020, estos fueron 1,500, explicó Merino Monroy.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
