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FOTOS | San Salvador se inunda nuevamente de basura
Por tercer día consecutivo varios camiones recolectores de desechos sólidos de San Salvador no fueron ocupados para trabajar, debido a que la comuna aún no ha honrado la deuda con la empresa que les provee de diésel y que reclamaría el pago de facturas de al menos seis meses, según explicaron empleados que recogen basura en la capital.
Se igual forma indicó, que la situación se complica porque la empresa que da el servicio de las góndolas que transporta la basura desde la planta de transferencia Aragón a la disposición final en Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES), de Nejapa, tampoco da el servicio porque la alcaldía de San Salvador administrada por el alcalde, Ernesto Muyshondt les debe varias facturas.
Se informó que en San Salvador diariamente se recolectan al menos 720 toneladas de basura y que los camiones que están estacionados en la planta Aragón se encuentran cargados con basura.
Esta situación se originó desde el martes cuando ya no pudieron cargar los camiones con combustible, debido a que la empresa se negó a dispensar diésel, “ya no nos dieron diésel. Sabemos que hay facturas por seis meses por cancelar”, detalló el empleado de desechos sólidos, quien manifestó que hacen lo que pueden para levantar desechos sólidos y que este día únicamente lograron trabajar 21 camiones de 47 que es en totalidad de la flota.
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Esta situación ocurre a dos semanas en que el Presidente de la República, Nayib Bukele ordenó la entrega de 75 millones provenientes del BID para que fueran repartidos con criterio FODES a las 262 alcaldías del país.
“Ese dinero lo pueden ocupar para la recolección de la basura, pago de proveedores y para enfrentar las emergencias de Covid-19, tormentas tropicales, Amanda y Eta, como también en otros pagos. Úsenlo con mucha responsabilidad y no tienen que dar cuentas al Gobierno por ese dinero”, dijo el mandatario en cadena nacional de radio y televisión desde Casa Presidencial.
De hecho, esta mañana la comisionada Presidencial de Operaciones y Gabinete de Gobierno, Carolina Recinos, hizo un llamado a todos los alcaldes del país para que recojan la basura de las calles a fin de evitar inundaciones por lluvias.
“Nosotros hacemos un enorme trabajo de limpieza y ellos vuelven a volcar los desechos a lugares no autorizados”, dijo la funcionaria y cuya situación coincide con el problema que enfrenta la alcaldía de San Salvador, donde la mitad de la flota de camiones que se usan para la recolección de desechos sólidos se encuentran estacionados en la planta de transferencia Aragón por falta de combustible diésel.
“Aquí en San Salvador a la par de los tragantes hay promontorios de desechos sólidos, ¿qué significa eso? Obstrucción de tragantes, obstrucción de quebradas ¿y asociado a eso qué viene? Muerte, porque se inundan las quebradas y se inundan las casas”, insistió la funcionaria.
Recinos les recordó el mandato legal que tienen los alcaldes: “Las obligaciones de los alcaldes están consignadas en el artículo cuarto del código municipal… yo le pido a los alcaldes y a las alcaldesas que de verdad trabajen por su población y que de verdad recojan los desechos sólidos y que dejen de volcarlos sobre los respiraderos naturales”, puntualizó.
El no pago de las facturas de combustible, de la disposición final de los desechos sólidos en MIDES, el no pago de las retenciones de ISSS, AFP, FSV y obligaciones bancarias de los empleados de la alcaldía de San Salvador, como también el no pago de otras obligaciones de la referida comuna, surge en los momentos que salió a luz pública un documento donde la alcaldía suscribe una prórroga de un contrato por casi medio millón de dólares para una campaña de imagen para acciones que desarrolla el alcalde Ernesto Muyshondt y que además tiene disponible ese millón de dólares para pagar ese servicio por adelantado.







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Vehículo decomisado en San Salvador con droga y armas pasa al Estado
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
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Pandillero es condenado a 15 años por extorsión
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
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Penas de 25 a 45 años son impuestas a 60 terroristas
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha




