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FOTOS | San Salvador se inunda nuevamente de basura
Por tercer día consecutivo varios camiones recolectores de desechos sólidos de San Salvador no fueron ocupados para trabajar, debido a que la comuna aún no ha honrado la deuda con la empresa que les provee de diésel y que reclamaría el pago de facturas de al menos seis meses, según explicaron empleados que recogen basura en la capital.
Se igual forma indicó, que la situación se complica porque la empresa que da el servicio de las góndolas que transporta la basura desde la planta de transferencia Aragón a la disposición final en Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES), de Nejapa, tampoco da el servicio porque la alcaldía de San Salvador administrada por el alcalde, Ernesto Muyshondt les debe varias facturas.
Se informó que en San Salvador diariamente se recolectan al menos 720 toneladas de basura y que los camiones que están estacionados en la planta Aragón se encuentran cargados con basura.
Esta situación se originó desde el martes cuando ya no pudieron cargar los camiones con combustible, debido a que la empresa se negó a dispensar diésel, “ya no nos dieron diésel. Sabemos que hay facturas por seis meses por cancelar”, detalló el empleado de desechos sólidos, quien manifestó que hacen lo que pueden para levantar desechos sólidos y que este día únicamente lograron trabajar 21 camiones de 47 que es en totalidad de la flota.
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Esta situación ocurre a dos semanas en que el Presidente de la República, Nayib Bukele ordenó la entrega de 75 millones provenientes del BID para que fueran repartidos con criterio FODES a las 262 alcaldías del país.
“Ese dinero lo pueden ocupar para la recolección de la basura, pago de proveedores y para enfrentar las emergencias de Covid-19, tormentas tropicales, Amanda y Eta, como también en otros pagos. Úsenlo con mucha responsabilidad y no tienen que dar cuentas al Gobierno por ese dinero”, dijo el mandatario en cadena nacional de radio y televisión desde Casa Presidencial.
De hecho, esta mañana la comisionada Presidencial de Operaciones y Gabinete de Gobierno, Carolina Recinos, hizo un llamado a todos los alcaldes del país para que recojan la basura de las calles a fin de evitar inundaciones por lluvias.
“Nosotros hacemos un enorme trabajo de limpieza y ellos vuelven a volcar los desechos a lugares no autorizados”, dijo la funcionaria y cuya situación coincide con el problema que enfrenta la alcaldía de San Salvador, donde la mitad de la flota de camiones que se usan para la recolección de desechos sólidos se encuentran estacionados en la planta de transferencia Aragón por falta de combustible diésel.
“Aquí en San Salvador a la par de los tragantes hay promontorios de desechos sólidos, ¿qué significa eso? Obstrucción de tragantes, obstrucción de quebradas ¿y asociado a eso qué viene? Muerte, porque se inundan las quebradas y se inundan las casas”, insistió la funcionaria.
Recinos les recordó el mandato legal que tienen los alcaldes: “Las obligaciones de los alcaldes están consignadas en el artículo cuarto del código municipal… yo le pido a los alcaldes y a las alcaldesas que de verdad trabajen por su población y que de verdad recojan los desechos sólidos y que dejen de volcarlos sobre los respiraderos naturales”, puntualizó.
El no pago de las facturas de combustible, de la disposición final de los desechos sólidos en MIDES, el no pago de las retenciones de ISSS, AFP, FSV y obligaciones bancarias de los empleados de la alcaldía de San Salvador, como también el no pago de otras obligaciones de la referida comuna, surge en los momentos que salió a luz pública un documento donde la alcaldía suscribe una prórroga de un contrato por casi medio millón de dólares para una campaña de imagen para acciones que desarrolla el alcalde Ernesto Muyshondt y que además tiene disponible ese millón de dólares para pagar ese servicio por adelantado.
El Viceministerio de Transporte (VMT) multó con $750 al creador de contenido «Yeik» por varias infracciones a la Ley de Tránsito.
La institución sancionó al tiktoker luego de la circulación de un video en redes sociales donde el imputado ocasionó un siniestro vial donde colisionó contra otro motociclista.
Las multas fueron por conducir sin estar autorizado ($150); conducir haciendo uso del celular ($150); circular después de las 18 horas y antes de las 6 del día siguiente sin que el motociclista porte chaleco o implementos reflectivos ($150); circular sin placas ($150); conducir en zigzag ($100) y no portar tarjeta de circulación ($50).
Las autoridades también le decomisaron la motocicleta por circular sin placas ni tarjeta de circulación.
Tras conocer las sanciones, el titular del VMT, Nelson Reyes, reaccionó en su cuenta de la red X y escribió: «el respeto a la ley no es opcional. Quien ponga en riesgo la vida de los demás deberá responder por sus acciones. Seguiremos aplicando la normativa con firmeza para garantizar la seguridad vial de todos los salvadoreños».
A ocho años de prisión fue condenado José Alfredo Centeno Cantón, por el delito de tráfico ilegal de personas.
En el juicio, la Fiscalía General de la República estableció que fue detenido de forma infraganti transportando a 12 personas a quienes pretendía trasladar hasta Guatemala y con una promesa de llevarlos en «un viaje seguro» a Estados Unidos.
Centeno Cantón fue detenido el 15 de enero de 2024, en un retén que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habían instalado en el km 92 de la carretera Panamericana, caserío Paraje Galán, cantón San Vicente, de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
El plan del ahora condenado era dirigirse hacia un punto fronterizo no habilitado de la zona, para eludir los controles migratorios, ya que entre las personas que transportaba iban cinco menores de edad, los otros siete eran adultos.
En el proceso judicial se mencionó que todos viajaban en una camioneta, eso llamó la atención de los agentes policiales pues al ir sobrecargada y el nerviosismo que mostraron generó sospecha que podrían estar frente a un caso de tráfico de personas.
Ese control policial siempre ha sido estratégico ya que obligadamente se debe pasar por ese punto y por la ubicación los agentes con su experiencia pueden detectar cualquier irregularidad de los viajeros.
Llamó la atención que en una sola unidad de transporte fueran cinco menores sin ninguno de sus padres o familiares cercanos y que la custodia fuera a cargo de una persona que ni conocían.
Además, al ser entrevistado, hubo incongruencias en las respuestas de los adultos, así como de los niños, no portaban la respectiva documentación que asegura un registro legal en la frontera San Cristóbal, que era la más próxima al control vehicular donde fueron ubicados.
Con la información aportada por las víctimas, los agentes consultaron a sus superiores y luego a la Fiscalía General de la República para detener a Centeno Cantón y que le iniciaron el respectivo proceso penal.
En la fase de investigación el ministerio público obtuvo información de las víctimas, quienes confirmaron que iban hacia Estados Unidos y que los iban a pasar por un punto no habilitado hacia Guatemala.
El plan era que, del vecino país los iban a mover hacia la frontera con México donde serían entregadas a otras personas para continuar la ruta a Estados Unidos ya que ese fue el acuerdo pactado.
«El fiscal del caso dijo que las 12 víctimas eran cinco niños y siete adultos todos salvadoreños y que habían pagado una parte del dinero y la otra la harían efectiva al llegar a su destino», así lo publicó el ministerio público.
En la vista pública el tribunal tuvo acceso a testimonios de las víctimas, así como de los agentes policiales que hicieron el procedimiento de localización de las víctimas y captura del traficante de personas.
La abogada Ángela Maritza Díaz de Vásquez y Douglas Enrique Vega Guerrero, fueron condenados a penas de tres y nueve años de prisión por falsedad documental agravada y estafa.
La primera admitió la falsedad mediante un procedimiento abreviado ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, y la pena de tres años es sometida a una suspensión condicional bajo reglas de conducta consistente en no cambiar de domicilio, además queda inhabilitada para ejercer la profesión hasta que haya cumplido la condena; también deberá de pagar $500 a una de las víctimas.
Mientras que Vega Guerrero cumplirá en un centro penal los nueve años por tres casos de estafa, más el pago total de $14,600 en concepto de responsabilidad civil a las tres víctimas que engañó.
La Fiscalía General de la República probó en el juicio que las estafas fueron cometidas entre el 2022 y 2023, en diversos distritos del departamento de San Salvador.
El estafador utilizó redes sociales para ofrecer una variedad de productos, a los afectados les propuso venderles vehículos y les pidió dinero como adelanto.
Los denunciantes dijeron que luego de entregarle diversas cantidades de dinero, Vega Guerrero cortó todo tipo de comunicación y no lo pudieron contactar por ninguna vía.
A una de las víctimas le ofreció un vehículo por $4,800 y le manifestó que para adquirirlo debía darle $4,000 como anticipo, ese hecho ocurrió en mayo de 2023.
En las pesquisas que las autoridades realizaron obtuvieron información del afectado quien dijo que pagó y recibió el automotor, pero el auto presentó desperfectos mecánicos y estaba a nombre de otra persona, quien había denunciado que se lo habían robado.
En la vista pública quedó probado que Douglas Enrique Vega Guerrero, detenido en febrero de 2024, en los tres casos de estafa actuó con dolo, sabía perfectamente que estaba ante hechos de estafa.
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