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FMLN, ARENA y Rodolfo Parker guardan silencio cuando atacan a policías y a la población salvadoreña
El asesinato de un motorista de la Policía Nacional Civil (PNC) la tarde de este viernes en el municipio de Chalchuapa, en el departamento de Santa Ana, no generó el repudio de los diputados del FMLN, ARENA, ni de Rodolfo Parker como sucedió el domingo en la noche.
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La indignación de los diputados es selectiva. El pasado domingo el secretario general del FMLN, Oscar Ortiz, condenó el hecho en el que fallecieron dos militantes de ese partido de izquierda.
Incluso los diputados miembros de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa fueron convocados de emergencia a una reunión para discutir sobre el hecho, y acordaron emitir un pronunciamiento condenando el hecho. En el documento piden a la Fiscalía y la Policía que haga una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido.
“Nos solidarizamos ante el dolor que esto ha significado para las familias, para el instituto político, por el luto que significa para la democracia por tanta sangre que nos ha costado construir”, dijo el diputado Rodolfo Parker.
Esa situación no sucedió con el crimen del conductor de la PNC, Mario Arana Alveño, asesinado cuando se encontraba trabajando.
“No permitiremos que este crimen quede en la impunidad. Ya tenemos la primera captura y todos los involucrados serán capturados y llevados ante la justicia. Sepan los que siempre se han beneficiado de la violencia, que sus días asesinando a nuestro pueblo están contados”, publicó en su cuenta de Twitter el presidente de la república, Nayib Bukele.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
Un aparatoso accidente de tránsito se registró este jueves en el distrito de San Miguel, cuando un microbús que circulaba a excesiva velocidad se estrelló contra el muro perimetral de una vivienda en la zona de Chirilagua.
El siniestro fue captado por la cámara de seguridad de la propiedad afectada, y en las imágenes se observa cómo el vehículo se aproxima a gran velocidad antes de impactar violentamente contra la estructura.
Según testigos, el microbús trasladaba a varios maestros que se dirigían hacia el centro escolar donde laboran. Hasta el momento, no se han reportado víctimas mortales, pero las autoridades investigan las causas del accidente y si hubo personas lesionadas.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
