Nacionales
Fiscalía gira órdenes de captura contra exfuncionarios de Obras Públicas por corrupción en proyecto SITRAMSS
La Fiscalía General de la República giró está madrugada órdenes de captura contra exfuncionarios del ministerio de Obras Públicas involucrados en la corrupción del proyecto del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS).
Entre los detenidos está Edwin Ernesto Flores, exdirector de Tránsito del VMT por cargos arbitrarios, «por haber utilizado la concesión del carril segregado para uso exclusivo del sitrams sin haber cumplido con diferentes disposiciones legales que obligaban que la Asamblea autorizara la concesión, esto a raiz de una sentencia de inconstitucionalidad», explicó el titular del ministerio público.
Por estos mismos hechos se acusa al exministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, «porque no cumplió con el procedimiento necesario que se establece en la LACAP así como en la constitución para concesionar este bien público».
#CasoSITRAMS | Esta madrugada, la @FGR_SV giró orden de captura para exfuncionarios de la gestión de Sánchez Cerén y un empresario, por irregularidades en la ejecución del SITRAMS. pic.twitter.com/fuV99LzaJ1
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) December 13, 2022
Delgado explicó que tienen información que este exfuncionario se encuentra residiendo en la República mexicana y en caso de no ser ubicado siempre será procesado como reo ausente.
Dentro de este procedimiento también estan dos casos de extorsión. Uno de ellos en contra de Nelson Napoleón García, quien fue exviceministro de transporte en administración de Martínez, y en contra de Miguel Angel González Diaz Castaneda.
«Estas personas conminaron bajo actos de intimidación y coacción a que los transportistas, que prestaban servicio en esa arteria donde posteriormente se construyó la terminal y la vía, que básicamente entregaran sus líneas de transporte lo que les provocó un perjuicio económico e hicieron maniobras para que el ministerio de obras públicas no fuera condenado por las conseciones», detalló el fiscal general.
Subcontrataciones, anticipos inauditos y prórrogas no justificadas son algunas de las irregularidades que se han encontrado en el proyecto del Sitramss. La terminal se construyó con $5.7 millones de dólares provenientes de un préstamo de $45 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El Sitramss solo llegó a poner en operación 37 unidades cuando tenia capacidad para más de 200 unidades.
En 2017, la Sala optó como medida provisional habilitar el carril para todos los automovilistas y en 2019 resolvió que el uso exclusivo del Sitramss violentó el artículo 120 de la Constitución de la República que establece que «toda concesión que otorgue el Estado para la explotación de muelles, ferrocarriles, canales u otras obras materiales de uso público, deberán estipularse el plazo y las condiciones de dicha concesión, atendiendo a la naturaleza de la obra y el monto de las inversiones requeridas. Estas concesiones deberán ser sometidas al conocimiento de la Asamblea Legislativa para su aprobación».
El máximo tribunal de justicia señaló que el uso exclusivo del carril segregado debió pasar por una concesión hecha por la Asamblea Legislativa.
El Sitramss ha sido un proyecto cuestionado por diversas anomalías; este dividió a los empresarios del transporte público, ya que un grupo afín a aquel Gobierno del FMLN creó en tiempo récord la sociedad Sistema Integrado de Prepago (Sipago) –diciembre de 2010– y dejaron fuera del negocio a transportistas que no estaban de acuerdo en cómo se ejecutaría el proyecto.
Ahora las terminales y paradas de buses son propiedad del Estado, pero todas las unidades de transporte fueron adquiridas por Sipago, las cuales no están operando.
El Viceministerio de Transporte (VMT) multó con $750 al creador de contenido «Yeik» por varias infracciones a la Ley de Tránsito.
La institución sancionó al tiktoker luego de la circulación de un video en redes sociales donde el imputado ocasionó un siniestro vial donde colisionó contra otro motociclista.
Las multas fueron por conducir sin estar autorizado ($150); conducir haciendo uso del celular ($150); circular después de las 18 horas y antes de las 6 del día siguiente sin que el motociclista porte chaleco o implementos reflectivos ($150); circular sin placas ($150); conducir en zigzag ($100) y no portar tarjeta de circulación ($50).
Las autoridades también le decomisaron la motocicleta por circular sin placas ni tarjeta de circulación.
Tras conocer las sanciones, el titular del VMT, Nelson Reyes, reaccionó en su cuenta de la red X y escribió: «el respeto a la ley no es opcional. Quien ponga en riesgo la vida de los demás deberá responder por sus acciones. Seguiremos aplicando la normativa con firmeza para garantizar la seguridad vial de todos los salvadoreños».
A ocho años de prisión fue condenado José Alfredo Centeno Cantón, por el delito de tráfico ilegal de personas.
En el juicio, la Fiscalía General de la República estableció que fue detenido de forma infraganti transportando a 12 personas a quienes pretendía trasladar hasta Guatemala y con una promesa de llevarlos en «un viaje seguro» a Estados Unidos.
Centeno Cantón fue detenido el 15 de enero de 2024, en un retén que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habían instalado en el km 92 de la carretera Panamericana, caserío Paraje Galán, cantón San Vicente, de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
El plan del ahora condenado era dirigirse hacia un punto fronterizo no habilitado de la zona, para eludir los controles migratorios, ya que entre las personas que transportaba iban cinco menores de edad, los otros siete eran adultos.
En el proceso judicial se mencionó que todos viajaban en una camioneta, eso llamó la atención de los agentes policiales pues al ir sobrecargada y el nerviosismo que mostraron generó sospecha que podrían estar frente a un caso de tráfico de personas.
Ese control policial siempre ha sido estratégico ya que obligadamente se debe pasar por ese punto y por la ubicación los agentes con su experiencia pueden detectar cualquier irregularidad de los viajeros.
Llamó la atención que en una sola unidad de transporte fueran cinco menores sin ninguno de sus padres o familiares cercanos y que la custodia fuera a cargo de una persona que ni conocían.
Además, al ser entrevistado, hubo incongruencias en las respuestas de los adultos, así como de los niños, no portaban la respectiva documentación que asegura un registro legal en la frontera San Cristóbal, que era la más próxima al control vehicular donde fueron ubicados.
Con la información aportada por las víctimas, los agentes consultaron a sus superiores y luego a la Fiscalía General de la República para detener a Centeno Cantón y que le iniciaron el respectivo proceso penal.
En la fase de investigación el ministerio público obtuvo información de las víctimas, quienes confirmaron que iban hacia Estados Unidos y que los iban a pasar por un punto no habilitado hacia Guatemala.
El plan era que, del vecino país los iban a mover hacia la frontera con México donde serían entregadas a otras personas para continuar la ruta a Estados Unidos ya que ese fue el acuerdo pactado.
«El fiscal del caso dijo que las 12 víctimas eran cinco niños y siete adultos todos salvadoreños y que habían pagado una parte del dinero y la otra la harían efectiva al llegar a su destino», así lo publicó el ministerio público.
En la vista pública el tribunal tuvo acceso a testimonios de las víctimas, así como de los agentes policiales que hicieron el procedimiento de localización de las víctimas y captura del traficante de personas.
La abogada Ángela Maritza Díaz de Vásquez y Douglas Enrique Vega Guerrero, fueron condenados a penas de tres y nueve años de prisión por falsedad documental agravada y estafa.
La primera admitió la falsedad mediante un procedimiento abreviado ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, y la pena de tres años es sometida a una suspensión condicional bajo reglas de conducta consistente en no cambiar de domicilio, además queda inhabilitada para ejercer la profesión hasta que haya cumplido la condena; también deberá de pagar $500 a una de las víctimas.
Mientras que Vega Guerrero cumplirá en un centro penal los nueve años por tres casos de estafa, más el pago total de $14,600 en concepto de responsabilidad civil a las tres víctimas que engañó.
La Fiscalía General de la República probó en el juicio que las estafas fueron cometidas entre el 2022 y 2023, en diversos distritos del departamento de San Salvador.
El estafador utilizó redes sociales para ofrecer una variedad de productos, a los afectados les propuso venderles vehículos y les pidió dinero como adelanto.
Los denunciantes dijeron que luego de entregarle diversas cantidades de dinero, Vega Guerrero cortó todo tipo de comunicación y no lo pudieron contactar por ninguna vía.
A una de las víctimas le ofreció un vehículo por $4,800 y le manifestó que para adquirirlo debía darle $4,000 como anticipo, ese hecho ocurrió en mayo de 2023.
En las pesquisas que las autoridades realizaron obtuvieron información del afectado quien dijo que pagó y recibió el automotor, pero el auto presentó desperfectos mecánicos y estaba a nombre de otra persona, quien había denunciado que se lo habían robado.
En la vista pública quedó probado que Douglas Enrique Vega Guerrero, detenido en febrero de 2024, en los tres casos de estafa actuó con dolo, sabía perfectamente que estaba ante hechos de estafa.
Etiquetas: condenaEstafafalsedad documentalSan salvador
