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Fiscalía creará la dirección de Fiscales Penitenciarios para verificar la ejecución de penas contra pandilleros
Este lunes, durante su intervención en la entrevista AM, transmitida por canal 10, el fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, anunció la creación de la Dirección Nacional de Fiscales Penitenciarios que tendrá como principal misión verificar el cumplimiento de la ejecución de las penas impuestas a los pandilleros.
«Quiero anunciar la creación de una dirección nacional de fiscales penitenciarios, estos fiscales penitenciarios son los que se van a encargar de toda la fase de ejecución de las penas que sean impuestas a cada uno de los pandilleros que actualmente guardan detención», indicó Delgado.
Detalló que las funciones de los fiscales adjuntos a esta nueva dirección permitirá que las personas que logren comprobar su inocencia salgan libres y quienes sean declarados culpables cumplan con penas acordes a los delitos cometidos.
«Hay que recordar que el fiscal interviene en todas las etapas del proceso, desde el momento de la denuncia hasta la ejecución de la condena, y es precisamente para garantizar de que cada uno de los procedimientos del proceso penal se cumplan conforme a la ley y que de esa forma, actuando de una manera objetiva, las personas que han cumplido con su condena de una manera adecuada salgan en libertad y que las personas que de alguna forma no merecen volver a un estado de libertad, permanezcan en reclusión», señaló Delgado.
El funcionario también anunció una fuerte inversión en la sede fiscal de San Vicente, que permitirá la ejecución adecuada de los procesos legales de todos los pandilleros trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) ubicado en dicho departamento.
«Se ha observado el traslado de estos pandilleros hacia la cárcel de máxima seguridad, recientemente creada y nosotros como fiscales también estamos preparándonos para que una nueva fiscalía se esté mostrando ante los salvadoreños, la oficina fiscal de San Vicente que es la que abarca el territorio donde está afincada este centro de reclusión, en los próximos días estaremos anunciando una fuerte inversión en esa oficina y es precisamente porque tenemos que empezar a pensar en el futuro, a pensar en qué va a suceder cuando estas personas queden condenadas por las evidencias que presentemos ante los tribunales y es prepararnos para la ejecución de cada una de estas condenas y para asegurarnos de que estos pandilleros conforme a los procedimientos legales no salgan de la cárcel», apuntó Delgado.
Debido a que el Centro de Confinamiento del Terrorismo albergará a la mayor cantidad de pandilleros y también a los más peligrosos, «por eso se va a crear y a dotar de los recursos adecuados de fiscales penitenciarios en esa oficina fiscal».
El jefe del ministerio público señaló que en 11 meses de ejecución del régimen un total de 65,433 pandilleros y sus colaboradores capturados bajo la medida de seguridad permanecen en prisión por orden de un juez.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
