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Fiscalía creará la dirección de Fiscales Penitenciarios para verificar la ejecución de penas contra pandilleros
Este lunes, durante su intervención en la entrevista AM, transmitida por canal 10, el fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, anunció la creación de la Dirección Nacional de Fiscales Penitenciarios que tendrá como principal misión verificar el cumplimiento de la ejecución de las penas impuestas a los pandilleros.
«Quiero anunciar la creación de una dirección nacional de fiscales penitenciarios, estos fiscales penitenciarios son los que se van a encargar de toda la fase de ejecución de las penas que sean impuestas a cada uno de los pandilleros que actualmente guardan detención», indicó Delgado.
Detalló que las funciones de los fiscales adjuntos a esta nueva dirección permitirá que las personas que logren comprobar su inocencia salgan libres y quienes sean declarados culpables cumplan con penas acordes a los delitos cometidos.
«Hay que recordar que el fiscal interviene en todas las etapas del proceso, desde el momento de la denuncia hasta la ejecución de la condena, y es precisamente para garantizar de que cada uno de los procedimientos del proceso penal se cumplan conforme a la ley y que de esa forma, actuando de una manera objetiva, las personas que han cumplido con su condena de una manera adecuada salgan en libertad y que las personas que de alguna forma no merecen volver a un estado de libertad, permanezcan en reclusión», señaló Delgado.
El funcionario también anunció una fuerte inversión en la sede fiscal de San Vicente, que permitirá la ejecución adecuada de los procesos legales de todos los pandilleros trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) ubicado en dicho departamento.
«Se ha observado el traslado de estos pandilleros hacia la cárcel de máxima seguridad, recientemente creada y nosotros como fiscales también estamos preparándonos para que una nueva fiscalía se esté mostrando ante los salvadoreños, la oficina fiscal de San Vicente que es la que abarca el territorio donde está afincada este centro de reclusión, en los próximos días estaremos anunciando una fuerte inversión en esa oficina y es precisamente porque tenemos que empezar a pensar en el futuro, a pensar en qué va a suceder cuando estas personas queden condenadas por las evidencias que presentemos ante los tribunales y es prepararnos para la ejecución de cada una de estas condenas y para asegurarnos de que estos pandilleros conforme a los procedimientos legales no salgan de la cárcel», apuntó Delgado.
Debido a que el Centro de Confinamiento del Terrorismo albergará a la mayor cantidad de pandilleros y también a los más peligrosos, «por eso se va a crear y a dotar de los recursos adecuados de fiscales penitenciarios en esa oficina fiscal».
El jefe del ministerio público señaló que en 11 meses de ejecución del régimen un total de 65,433 pandilleros y sus colaboradores capturados bajo la medida de seguridad permanecen en prisión por orden de un juez.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
