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Fiscalía creará la dirección de Fiscales Penitenciarios para verificar la ejecución de penas contra pandilleros
Este lunes, durante su intervención en la entrevista AM, transmitida por canal 10, el fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, anunció la creación de la Dirección Nacional de Fiscales Penitenciarios que tendrá como principal misión verificar el cumplimiento de la ejecución de las penas impuestas a los pandilleros.
«Quiero anunciar la creación de una dirección nacional de fiscales penitenciarios, estos fiscales penitenciarios son los que se van a encargar de toda la fase de ejecución de las penas que sean impuestas a cada uno de los pandilleros que actualmente guardan detención», indicó Delgado.
Detalló que las funciones de los fiscales adjuntos a esta nueva dirección permitirá que las personas que logren comprobar su inocencia salgan libres y quienes sean declarados culpables cumplan con penas acordes a los delitos cometidos.
«Hay que recordar que el fiscal interviene en todas las etapas del proceso, desde el momento de la denuncia hasta la ejecución de la condena, y es precisamente para garantizar de que cada uno de los procedimientos del proceso penal se cumplan conforme a la ley y que de esa forma, actuando de una manera objetiva, las personas que han cumplido con su condena de una manera adecuada salgan en libertad y que las personas que de alguna forma no merecen volver a un estado de libertad, permanezcan en reclusión», señaló Delgado.
El funcionario también anunció una fuerte inversión en la sede fiscal de San Vicente, que permitirá la ejecución adecuada de los procesos legales de todos los pandilleros trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) ubicado en dicho departamento.
«Se ha observado el traslado de estos pandilleros hacia la cárcel de máxima seguridad, recientemente creada y nosotros como fiscales también estamos preparándonos para que una nueva fiscalía se esté mostrando ante los salvadoreños, la oficina fiscal de San Vicente que es la que abarca el territorio donde está afincada este centro de reclusión, en los próximos días estaremos anunciando una fuerte inversión en esa oficina y es precisamente porque tenemos que empezar a pensar en el futuro, a pensar en qué va a suceder cuando estas personas queden condenadas por las evidencias que presentemos ante los tribunales y es prepararnos para la ejecución de cada una de estas condenas y para asegurarnos de que estos pandilleros conforme a los procedimientos legales no salgan de la cárcel», apuntó Delgado.
Debido a que el Centro de Confinamiento del Terrorismo albergará a la mayor cantidad de pandilleros y también a los más peligrosos, «por eso se va a crear y a dotar de los recursos adecuados de fiscales penitenciarios en esa oficina fiscal».
El jefe del ministerio público señaló que en 11 meses de ejecución del régimen un total de 65,433 pandilleros y sus colaboradores capturados bajo la medida de seguridad permanecen en prisión por orden de un juez.
El Salvador impulsa el Sistema de Alerta Temprana para Incendios Forestales (SAT-IF), una herramienta estratégica que permitirá reducir riesgos y mejorar la gestión ante estos eventos.
Miembros de la Dirección General de Protección Civil y su Equipo Táctico de Emergencias, Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio de Salud (MINSAL), Fiscalía General de la República (FGR) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como parte de la Comisión Nacional de Incendios Forestales (CNIF) conocieron la propuesta.
De acuerdo con Protección Civil, los incendios forestales constituyen una de las amenazas ambientales y sociales más complejas en El Salvador, generando impactos sobre los ecosistemas, la salud pública, la seguridad alimentaria, la infraestructura productiva y los medios de vida de comunidades rurales y de interfaz urbano-forestal.
Este año, lo incendios forestales se han duplicado. «En forestales: en 2025 fueron 80 y en 2026, suman 166 incendios, con un incremento de 108 %», afirmó recientemente el director de Bomberos, Baltazar Solano.
«La recurrencia de estos eventos, intensificada por el cambio climático, la degradación de recursos naturales y el uso inadecuado del fuego, ha evidenciado la necesidad de pasar de enfoques reactivos a estrategias de prevención y anticipación», comunicó la institución.
El SAT-IF se concibe como un sistema integral que transforma información climática, ambiental, territorial y social en alertas oportunas y acciones concretas, permitiendo intervenir antes de que los incendios alcancen niveles de alta severidad.
La propuesta incorpora buenas prácticas internacionales, adaptadas a la realidad de El Salvador, derivadas de la experiencia técnica de Corea, fortaleciendo la arquitectura, componentes funcionales y mecanismos de gobernanza del sistema.
El sistema se estructura en cuatro componentes interdependientes: monitoreo y vigilancia, análisis y evaluación del riesgo, comunicación y difusión de alertas, y preparación y respuesta. Además, promueve una gobernanza multinivel y multisectorial, articulando los niveles estratégico, técnico, operativo y comunitario, y fortaleciendo la coordinación interinstitucional. Un elemento central del SAT-IF es la participación comunitaria.
En el gobierno de Nayib Bukele, las cifras en materia de seguridad han mostrado una mejora sostenida año con año, como resultado de las distintas estrategias implementadas para combatir la criminalidad. Esta tendencia se ha mantenido firme cada mes que ha transcurrido este 2026.
Con los últimos resultados obtenidos el mes anterior, se concluye que abril de 2026 superó los resultados en seguridad del año pasado en mismo periodo. Dicho mes cerró con tres homicidios, registrando un promedio de 0.10 homicidios por día; mientras que, en el 2025, hubo 5 reflejando un promedio de 0.16. Además de cerrar con bajo promedio, en abril se registraron 27 días sin homicidios.
Dichos indicadores, que continúan reflejando una reducción en los hechos delictivos, especialmente en homicidios, consolidan un escenario de mayor seguridad en el país.
Respecto a los homicidios reportados en abril de este año, las autoridades han logrado resolver la mayoría de estos con la captura de los sospechosos.
El 30 de abril pasado, la Policía Nacional Civil reportó el homicidio de una mujer de 65 años. El crimen se registró en Candelaria de la Frontera, Santa Ana Oeste.
De acuerdo con las autoridades, la víctima presentaba lesiones con arma blanca y actualmente equipos de inteligencia e investigaciones buscan al responsable.
Mientras que, el 19 de abril, la Policía registró el feminicidio de una mujer de 28 años, en Santa Ana.
En coordinación con las autoridades de Guatemala, la Policía logró ubicar y capturar al responsable identificado como Diego Antonio Santos Villanueva.
Asimismo, el 4 de abril, la Policía reportó un homicidio en Zacatecoluca, La Paz Este, donde un hombre de 34 años fue asesinado con arma blanca.
El responsable de este hecho fue José Armando Mancía García de 38 años. Según las autoridades, Mancía comenzó a agredir a su esposa y la víctima, quien es cuñado del detenido, intentó defender a su hermana, pero Mancía lo atacó.
Las autoridades del Gabinete de Seguridad Ampliado aseguran que continuarán implementado las medidas que sean necesarias para que, en El Salvador, cualquiera que cometa un homicidio, sea puesto tras las rejas.
La Procuraduría General de la República (PGR) acreditó a 28 nuevos mediadores internos, que tienen por función ayudar a resolver conflictos de forma pacífica y rápida, sin escalar a instancias judiciales.
«La mediación constituye un pilar fundamental para la construcción de una sociedad más justa, pacífica y armónica, transformando los conflictos en oportunidades de diálogo y entendimiento», expresó el procurador general de la república, René Escobar.
Con los nuevos profesionales acreditados, la PGR cuenta con 388 mediadores, que atienden en la sede central y en las 18 procuradurías auxiliares.
En el primer trimestre de 2026, la Unidad de Mediación y Conciliación de la Procuraduría, ingresó 4,023 expedientes de personas que buscaron ayuda para resolver problemas de tipo patrimonial, problemas vecinales, de familia, cuotas alimenticias, custodias de hijos, entre otros.
Los 28 nuevos mediadores serán desplegados en las procuradurías de San Miguel, Usulután, Morazán, La Unión, Ahuachapán, Cuscatlán y Soyapango, informó la institución.
«La mediación ofrece a la ciudadanía una forma pacífica, rápida y humana de resolver los conflictos, sin necesidad de llegar a procesos judiciales largos y costosos. La mediación permite la justicia a las personas, promoviendo el diálogo, la comprensión mutua y la construcción de acuerdos sostenibles», afirmó Jeanneth Marconi, procuradora especializada de mediación.
