ENTREGA ESPECIAL
“Perdí a mi bebé en una caída y me condenaron a prisión”: Sara Rogel, la mujer que pasó 10 años en la cárcel acusada de aborto
Sara Rogel estaba a punto de terminar el bachillerato cuando fue sentenciada a 30 años de cárcel.
En octubre de 2012, la joven salvadoreña, entonces de 18 años, fue arrestada y condenada por “homicidio agravado” luego de un aborto que asegura se debió a una caída.
“Fue un accidente que dio vuelta a mi vida. Yo amaba a mi bebé y por una caída terminé en la cárcel”, dijo este martes en una conferencia de prensa tras su liberación.
Tras cumplir casi 10 años en una prisión de mujeres, la Justicia de El Salvador decidió conmutar la pena de Rogel en enero pasado y, tras varias audiencias y procesos judiciales, un juez decretó a finales de mayo su libertad condicional.
“Fue muy difícil porque me di cuenta de tantas cosas ya presa. Para mí me robaron mis sueños, tanto de poder saber dónde estaba mi hija hasta terminar mis estudios, de estar lejos de mis papás, que nunca me había separado de ellos, ni de mis hermanos…”, dijo.
Su caso no es el único.
Según Agrupación Ciudadana, una ONG que aboga por la despenalización del aborto en El Salvador, otras 16 personas se encuentran actualmente en las cárceles del país por casos similares.
La nación centroamericana, una sociedad conservadora y mayoritariamente católica, no contempla excepciones para la interrupción del embarazo, incluso cuando ocurre una violación o cuando la vida de la madre está en riesgo.
Esto ha llevado a que decenas de mujeres, principalmente de zonas pobres, hayan sido encarceladas a lo largo de los años por la muerte de sus fetos en casos en los que aseguran haber sufrido abortos espontáneos.
Para muchos en el país centroamericano, la llegada al gobierno del presidente Nayib Bukele, quien prometió reformar las estructuras más anquilosadas de la nación, fue una esperanza de que las cosas también podrían cambiar en esta área.
Pero cualquier modificación sobre el aborto debe pasar antes por el Congreso, que no ha contemplado su discusión luego de que Bukele alcanzara una mayoría absoluta.
El caso de Sara Rogel
Rogel dice que nunca esperó que su embarazo la fuera a llevar a la peor pesadilla de su vida.
“Yo amaba a mi bebé. Yo tenía todo lo que una madre deseaba, tener una bebé, que estaba a punto de acompañarme”, dice.
Sin embargo, asegura que un día, ya con ocho meses de embarazo, resbaló mientras caminaba por su casa, ubicada en un área rural del departamento de Cuscatlán, en el centro del país.
“Me caí, quedé inconsciente y cuando desperté estaba en el hospital. No sabía qué pasaba, no sabía nada de mi hija, nadie me decía nada de qué era lo que sucedía conmigo”, recuerda.
Cuenta que por un par de días vivió en la incertidumbre: los médicos solo le decían que no se debía mover porque había perdido mucha sangre.
Según denuncian colectivos feministas, cuando las mujeres llegan a los hospitales de El Salvador con síntomas de haber perdido un embarazo, los médicos en muchas ocasiones llaman a la policía incluso antes de iniciar un tratamiento.
“Cuando reaccioné ya estaba privada de libertad, sin saber qué pasaba con mis papás, qué pasaba con ella (con la bebé que había perdido)”, rememora.
El tiempo perdido
Ahora, tras casi una década en una cárcel de mujeres, la joven mira hacia atrás y cree que lo sucedido acabó con las aspiraciones de su juventud.
“Estaba al terminar mis estudios. Quería hacer una licenciatura en enfermería y, lamentablemente, me pasó este accidente”, se lamenta.
Dice que el periodo en la cárcel fue muy difícil: “anhelaba volver a mi casa, estar con mis papás, con mis familia”.
A pesar de todo, piensa que logró salir adelante, pero reconoce que el dolor de lo que le sucedió la sigue persiguiendo.
“Fue algo muy doloroso para mí porque nunca pensé que de un golpe iba a perder a mi hija y, lo peor, que estuviera tras las rejas tantos años cuando no tuve nada que ver”, cuenta.
Para ella, su misión ahora es visibilizar la situación de las mujeres que continúan en las cárceles de El Salvador por motivos semejantes al suyo.
“Hoy aquí estoy pidiendo que se haga justicia con mis demás compañeras que se han quedado presas. Porque así como yo sufrí ese daño hay mucha gente detrás de esas rejas con muchos años. Y yo quiero que se haga justicia con ellas también», dijo.
Agrupaciones feministas de El Salvador denuncian que la penalización total del aborto afecta principalmente a las mujeres más pobres y vulnerables del país, que luego deben enfrentar procesos judiciales en los que, aseguran, se dan irregularidades y faltas a las garantías del debido proceso.
En los últimos años, acciones de grupos de defensa de la mujer en El Salvador han logrado la liberación de al menos 50 mujeres condenadas por haber tenido un aborto.
En 2020, Cindy Erazo fue libertad después de seis años en la cárcel tras ser sentenciada a 30 años de prisión por homicidio agravado, luego de que una emergencia obstétrica durante su octavo mes de embarazo.
Y en 2019, Evelyn Hernández, quien también había sido sentenciada a 30 años de cárcel luego de que su bebé fuera encontrado muerto en el baño donde dio a luz antes de desmayarse, fue liberada luego de casi tres años en prisión.
Por El Diario de NY.
ENTREGA ESPECIAL
¡ATENCIÓN! Abogado advierte que vigilantes no pueden fotografiar tu DUI al ingresar a residenciales en El Salvador
Una práctica común en los accesos a colonias y residenciales privadas de El Salvador ha encendido las alertas sobre la protección de los datos personales. El abogado penalista Jaime Ramírez Ortega advirtió que los vigilantes de seguridad privada no están facultados para tomar fotografías del Documento Único de Identidad (DUI) de los visitantes como requisito de ingreso, debido a que esta acción podría vulnerar el derecho a la intimidad y generar consecuencias legales para quienes la realizan.
El profesional fue contundente al cuestionar que los agentes de seguridad fotografíen documentos personales, incluso cuando reciben instrucciones de las empresas de vigilancia o de las administraciones residenciales. Según explicó, el DUI contiene información privada que debe protegerse frente a la recopilación y utilización indebida. Ramírez Ortega sostuvo que este tipo de procedimientos no puede justificarse únicamente como una medida de control de acceso y advirtió que las compañías y asociaciones que los implementan podrían enfrentar problemas legales.
Ante estas situaciones, el abogado recomendó a los ciudadanos presentar una denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC) cuando un vigilante les exija fotografiar su documento. Asimismo, señaló que los agentes privados no tienen las mismas atribuciones que las autoridades policiales para documentar información personal. Sin embargo, también existen límites legales para las actuaciones de la Policía, por lo que la recopilación de fotografías de documentos debe responder a procedimientos y facultades establecidos por la legislación.
La advertencia se relaciona con la Ley para la Protección de Datos Personales de El Salvador, contenida en el Decreto Legislativo 144, que regula la recopilación, almacenamiento y tratamiento de información personal, así como el consentimiento de sus titulares y las excepciones previstas legalmente. Aunque el abogado considera prohibida la práctica denunciada, la legalidad de cada procedimiento también depende de las circunstancias y de su fundamento jurídico. El caso abre un debate sobre los límites de la seguridad privada y la protección de la identidad de miles de salvadoreños que diariamente ingresan a residenciales, condominios y colonias con controles de vigilancia.
ENTREGA ESPECIAL
¡De caminar entre lodo a recibir una respuesta de Bukele! MOP inicia obras en calle donde niños sufren para llegar a la escuela
Lo que comenzó como una denuncia ciudadana en redes sociales terminó provocando una respuesta del presidente Nayib Bukele y la intervención del Ministerio de Obras Públicas (MOP). Habitantes del caserío Catarina, cantón Paratao, distrito de Victoria, en Cabañas, expusieron las difíciles condiciones del camino que utilizan diariamente los estudiantes para llegar a su centro educativo. Las imágenes mostraron una vía deteriorada, con abundante lodo y charcos que complican el desplazamiento de los menores, especialmente durante la temporada de lluvias.
@christianguevarasv El Presidente @Nayib Bukele respondió a madre de familia y niños que solicitan que arreglen la calle que caminan a diario hacia su escuela. Muy pronto tendrán su calle bonita 🥹 Poco a poco 🙏 #respuesta #nayibbukele #elsalvador #escuelas #calles ♬ sonido original – Diputado Christian Guevara
La denuncia se volvió viral por el testimonio de una mujer de la comunidad, quien pidió ayuda al mandatario para reparar la calle. La habitante explicó que los niños deben atravesar tramos llenos de agua y lodo para asistir a clases, pese a que en la escuela se les exige presentarse con los zapatos limpios. La situación evidenció una dificultad que afecta a las familias de la zona rural, donde llegar al centro escolar puede convertirse en un desafío cotidiano.
El presidente Bukele respondió públicamente a la petición el pasado 10 de octubre y aseguró que el Gobierno atendería la necesidad de la comunidad. El mandatario expresó: «Con mucho gusto llegaremos a arreglar el camino a la escuela de esos hermosos niños que son el futuro de nuestro país». También reconoció que existen numerosas comunidades con necesidades de infraestructura acumuladas durante décadas y señaló que las intervenciones continuarán de manera progresiva.
Tras la respuesta presidencial, el Ministerio de Obras Públicas anunció el inicio de la intervención en el caserío Catarina, con el propósito de mejorar las condiciones del camino y facilitar la movilidad de estudiantes, docentes y habitantes. La actuación representa un primer paso para atender la solicitud que alcanzó difusión nacional. Sin embargo, todavía no se han precisado públicamente la extensión total del tramo que será mejorado, el presupuesto destinado ni la fecha prevista para concluir los trabajos.
La problemática vial de Paratao no es reciente. Una investigación periodística publicada anteriormente documentó las dificultades que enfrentan habitantes de esta zona de Cabañas para desplazarse hacia escuelas, hospitales y otros servicios esenciales. El reportaje describió una carretera de aproximadamente 36 kilómetros entre Victoria y el caserío Papalón, de los cuales solo una pequeña parte contaba con pavimento o empedrado. Aunque no se ha establecido que toda esa ruta forme parte de la intervención anunciada, el antecedente demuestra que el deterioro de los caminos rurales ha sido una preocupación persistente para las comunidades del sector.
Ahora, la atención se concentra en que los trabajos anunciados se traduzcan en una solución duradera para las familias de Catarina. El caso también refleja cómo una denuncia difundida en redes sociales puede llevar una necesidad comunitaria hasta las autoridades nacionales. Para los estudiantes, la expectativa es sencilla: contar con un camino transitable que les permita llegar a sus clases sin tener que atravesar el lodo cada vez que llueve.
ENTREGA ESPECIAL
A 40 años del terremoto de 1986: los 10 segundos que devastaron San Salvador y dejaron más de 1,500 muertos
Este sábado 10 de octubre de 2026, El Salvador recuerda una de las tragedias más dolorosas de su historia. Hace exactamente 40 años, a las 11:49 de la mañana del viernes 10 de octubre de 1986, un terremoto de magnitud 5.7 sacudió violentamente San Salvador y convirtió en escombros edificios, viviendas y centros de trabajo. Bastaron aproximadamente 10 segundos para cambiar la vida de miles de familias y dejar una profunda huella en la memoria colectiva de los salvadoreños.
El movimiento telúrico tuvo su origen en fallas geológicas locales, a poca profundidad y muy cerca de la capital, factores que explican su enorme capacidad destructiva. La tragedia dejó aproximadamente 1,530 personas fallecidas, 10,000 heridas y alrededor de 200,000 damnificados, según estimaciones históricas. Las pérdidas materiales alcanzaron unos 1,031 millones de dólares, una cifra devastadora para un país que, además, atravesaba uno de los períodos más difíciles del conflicto armado.
Uno de los episodios más dolorosos ocurrió en el edificio Rubén Darío, ubicado en el centro de San Salvador, cuya estructura colapsó y sepultó a cientos de personas. También resultaron gravemente afectados el Gran Hotel San Salvador, el edificio Dueñas, el Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom y numerosas construcciones históricas. La escuela Santa Catalina, en el barrio San Jacinto, fue otro de los escenarios de la tragedia. Incluso el Monumento al Divino Salvador del Mundo sufrió daños cuando la imagen cayó de su pedestal, convirtiéndose en una de las fotografías más recordadas de aquel desastre.
En medio del caos, los gritos de auxilio y las calles cubiertas de escombros, surgieron innumerables historias de solidaridad. Socorristas, bomberos, voluntarios y ciudadanos trabajaron durante horas y días para rescatar sobrevivientes, utilizando herramientas improvisadas y, en muchos casos, sus propias manos. Equipos de emergencia de Guatemala se sumaron a las labores de búsqueda, mientras cientos de familias permanecían en las calles por temor a nuevas sacudidas. Durante los cuatro días posteriores se registraron centenares de réplicas que prolongaron la angustia de una población golpeada por la pérdida de sus seres queridos.
Cuatro décadas después, el terremoto del 10 de octubre de 1986 sigue siendo una herida abierta en la historia salvadoreña, pero también un recordatorio de la importancia de la prevención, las construcciones seguras y la preparación ante emergencias. Aunque San Salvador ha cambiado su paisaje urbano y muchas de las estructuras destruidas desaparecieron, los recuerdos permanecen entre quienes sobrevivieron a aquella mañana. Hoy, el país honra a las víctimas, reconoce la valentía de los rescatistas y recuerda que, en apenas 10 segundos, una ciudad entera puede cambiar para siempre.
