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Embajador de EE. UU.: «Ahora se queda más gente en El Salvador»
El embajador de Estados Unidos en El Salvador, William Duncan, afirmó ayer que ha disminuido la cantidad de salvadoreños detenidos en la frontera de Estados Unidos por ingresar ilegalmente a dicho país. Según informó, dicha disminución es del 40 % desde que entró en vigor el Título 8 el pasado 12 de mayo.
El diplomático explicó que esta es «una buena noticia», ya que también han identificado que cada vez más salvadoreños se están quedando en el país y no están migrando.
«Hemos bajado en un 40 % los salvadoreños que entran por la vía irregular. Es una buena noticia para El Salvador porque estamos hablando de gente que ustedes necesitan aquí trabajando y aportando a la economía. Me da gusto ver que ahora más gente se está quedando en El Salvador», afirmó Duncan ayer.
Además, los ingresos ilegales entre los puntos de entrada a lo largo de la frontera suroeste han disminuido en más del 70 %.
El embajador de Estados Unidos también afirmó que una de las acciones que desarrollan en El Salvador para disminuir la migración irregular es la inversión en educación. En ese sentido, anunció que han destinado $20 millones para el proyecto «Becas para oportunidades educativas», con el cual los estudiantes pueden acceder a programas técnicos, cursos vocacionales o a un programa acelerado para completar el bachillerato. Además, reciben los costos de la matrícula, transporte y computadoras.
«La idea es alcanzar a unos 6,500 estudiantes con becas porque es importante para sus vidas y para el país. Para lograr el crecimiento económico del país necesitamos mejorar en educación. Gracias a ese programa, ahora pueden regresar a la escuela. Aquí tenemos madres solteras y con niños, y muestran tanta dedicación que, a pesar de los inconvenientes, salen adelante», dijo Duncan.
Como parte de este programa, ayer 125 bachilleres recibieron su título luego de completar sus estudios en modalidad flexible. La ceremonia se desarrolló en las instalaciones de la Universidad Don Bosco (UDB). Al evento asistió el embajador Duncan; la jefa de misión adjunta de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), María Paula Quintero; el director de Modalidades Flexibles del Ministerio de Educación, José Arístides González; el director de Fedisal, Héctor Quiteño; y el rector de la UDB, Mario Olmos.
Los jóvenes no habían logrado concluir el bachillerato por diversas razones, por lo que con esta formación podrán acceder a mejores oportunidades laborales. «Esto representa una oportunidad para que los jóvenes que estaban fuera del sistema educativo puedan formarse. Este programa nos ha demostrado los cambios que tiene la persona al recibir un impulso en la educación, pues construye nuevos vínculos con la sociedad y cambia por un bien común», dijo Olmos.
El español Daniel Arnavat Carbajallido y la salvadoreñas Patricia Elizabeth Cruz Andrade, fueron condenados a tres años y seis meses de prisión por el delito de administración fraudulenta.
Los dos fueron condenados en calidad de ausentes ya que luego de desfalcar a la empresa Livisto S.A de C.V., huyeron para evadir la justicia.
En el fallo emitido por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, se les declaró rebeldes y se les girará nueva orden de captura para que al ser localizados sean enviados a un centro penal a cumplir la condena.
Según la acusación que la Fiscalía General de la República presentó, la administración fraudulenta la cometieron entre el 2016 y 2018, cuando se aprovecharon de sus funciones gerenciales y de dirección en la empresa Livisto S.A de C.V., una sociedad ubicada en Zaragoza, La Libertad.
Las indagaciones realizadas por el ministerio público evidenciaron que los imputados incurrieron en anomalías contables para desfalcar a la empresa por un monto de $3 millones. La entidad afectada se dedica a fabricar y vender productos veterinarios.
Para ejecutar el desfalco constituyeron tres empresas las cuales las convirtieron en proveedores exclusivos de la sociedad afectada y le vendieron con sobreprecio, para así obtener un provecho personal, según la investigación que realizó el ministerio público y que fue judicializada en los tribunales del departamento de La Libertad.
En el caso de Claudia Rebeca Suárez Girón, el tribunal dictó un sobreseimiento, es decir que la pena se extingue por su fallecimiento, la mujer era la única que fue detenida por la Policía Nacional Civil (PNC), en septiembre de 2020.
El trabajo de la Fuerza Armada ha sido clave para la reducción de hechos delictivos. Foto Ministerio de Defensa.
El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, aseguró que el apoyo de la Fuerza Armada en acciones de seguridad pública permite que la Policía se dedique a la investigación y desarticulación de bandas organizadas que pretenden surgir para dedicarse al hurto y robo.
«Las operaciones que se realizan con la Policía Nacional Civil van mucho más allá de perseguir pandilleros, de evitar que se cometan homicidios. También abarcan el área del respeto a la propiedad privada y evitar que se vayan formando bandas delincuenciales que afecten la paz y tranquilidad del pueblo salvadoreño», indicó el funcionario.
Agregó «la Fuerza Armada tiene una de las misiones, que es nuestro despliegue en todo el territorio nacional, de tal manera que con ese despliegue nosotros logramos mantener el control del territorio junto con la Policía, obviamente, pero le permite también a la Policía Nacional Civil dedicarle tiempo, el tiempo que se requiere a la investigación de este tipo de delitos [robo y hurto] que de igual manera afectan a la población».
Merino Monroy señaló que los grandes resultados, obtenidos en este sentido, se deben a la integración de la Policía, Fuerza Armada y la Fiscalía, impulsada desde el Gobierno.
«Este tipo de operaciones es un reflejo de esa política de seguridad del señor presidente de la república, la cual ha logrado, entre otras cosas, integrar dos instituciones vitales para la paz y tranquilidad de los salvadoreños, como son la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada y, por supuesto, el área que le corresponde a la Fiscalía General de la República», expresó el ministro.
Merino Monroy afirmó que la institución castrense continuará apoyando la Policía para llevar paz y tranquilidad a la población. «Cuando nosotros decimos que El Salvador es el país más seguro, a todos nos viene a la mente un país tranquilo, un país donde no nos tengamos que preocupar por ningún problema y no solamente, como repito, es la reducción de los homicidios, sino aquella tranquilidad que cualquier salvadoreño pueda dejar sus pertenencias en cualquier lugar y nadie debería de hurtársela o robársela», dijo Merino.
La Dirección de Obras Municipales (DOM) informó que llevan un 90 % de avance en la construcción del puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, municipio de La Libertad Este.
«Con la colocación de 67 metros cúbicos de concreto hidráulico en la losa de un puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, La Libertad Este, la DOM registra un 90% de avance de obra», señaló la institución.
El puente en construcción beneficiará a más de 2,000 habitantes de la zona, indicó la DOM.
Esta obra será de 26.80 metros lineales de longitud, 8.10 de ancho y 7 metros de altura; además contará con acera peatonal y se unirá a otros proyectos que ha hecho la DOM que consisten en el mejoramiento de más de 2.5 kilómetros de calles rurales.
También unirá la hacienda Corinto del distrito Zaragoza con la carretera al Puerto de La Libertad.
La DOM detalló que como parte del proceso de construcción se han colocado 30 centímetros de espesor de concreto y para ello han trabajado 35 miembros de las cuadrillas de la institución.
Además de la edificación del puente, las obras en la zona incluyen el mejoramiento vial de 120 metros con capa de suelo cemento de 20 centímetros, un espesor de concreto hidráulico de 15 centímetros y se ha dividido en 60 metros a cada costado.
