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Embajador de EE. UU.: «Ahora se queda más gente en El Salvador»
El embajador de Estados Unidos en El Salvador, William Duncan, afirmó ayer que ha disminuido la cantidad de salvadoreños detenidos en la frontera de Estados Unidos por ingresar ilegalmente a dicho país. Según informó, dicha disminución es del 40 % desde que entró en vigor el Título 8 el pasado 12 de mayo.
El diplomático explicó que esta es «una buena noticia», ya que también han identificado que cada vez más salvadoreños se están quedando en el país y no están migrando.
«Hemos bajado en un 40 % los salvadoreños que entran por la vía irregular. Es una buena noticia para El Salvador porque estamos hablando de gente que ustedes necesitan aquí trabajando y aportando a la economía. Me da gusto ver que ahora más gente se está quedando en El Salvador», afirmó Duncan ayer.
Además, los ingresos ilegales entre los puntos de entrada a lo largo de la frontera suroeste han disminuido en más del 70 %.
El embajador de Estados Unidos también afirmó que una de las acciones que desarrollan en El Salvador para disminuir la migración irregular es la inversión en educación. En ese sentido, anunció que han destinado $20 millones para el proyecto «Becas para oportunidades educativas», con el cual los estudiantes pueden acceder a programas técnicos, cursos vocacionales o a un programa acelerado para completar el bachillerato. Además, reciben los costos de la matrícula, transporte y computadoras.
«La idea es alcanzar a unos 6,500 estudiantes con becas porque es importante para sus vidas y para el país. Para lograr el crecimiento económico del país necesitamos mejorar en educación. Gracias a ese programa, ahora pueden regresar a la escuela. Aquí tenemos madres solteras y con niños, y muestran tanta dedicación que, a pesar de los inconvenientes, salen adelante», dijo Duncan.
Como parte de este programa, ayer 125 bachilleres recibieron su título luego de completar sus estudios en modalidad flexible. La ceremonia se desarrolló en las instalaciones de la Universidad Don Bosco (UDB). Al evento asistió el embajador Duncan; la jefa de misión adjunta de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), María Paula Quintero; el director de Modalidades Flexibles del Ministerio de Educación, José Arístides González; el director de Fedisal, Héctor Quiteño; y el rector de la UDB, Mario Olmos.
Los jóvenes no habían logrado concluir el bachillerato por diversas razones, por lo que con esta formación podrán acceder a mejores oportunidades laborales. «Esto representa una oportunidad para que los jóvenes que estaban fuera del sistema educativo puedan formarse. Este programa nos ha demostrado los cambios que tiene la persona al recibir un impulso en la educación, pues construye nuevos vínculos con la sociedad y cambia por un bien común», dijo Olmos.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
