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Embajador de EE. UU.: «Ahora se queda más gente en El Salvador»
El embajador de Estados Unidos en El Salvador, William Duncan, afirmó ayer que ha disminuido la cantidad de salvadoreños detenidos en la frontera de Estados Unidos por ingresar ilegalmente a dicho país. Según informó, dicha disminución es del 40 % desde que entró en vigor el Título 8 el pasado 12 de mayo.
El diplomático explicó que esta es «una buena noticia», ya que también han identificado que cada vez más salvadoreños se están quedando en el país y no están migrando.
«Hemos bajado en un 40 % los salvadoreños que entran por la vía irregular. Es una buena noticia para El Salvador porque estamos hablando de gente que ustedes necesitan aquí trabajando y aportando a la economía. Me da gusto ver que ahora más gente se está quedando en El Salvador», afirmó Duncan ayer.
Además, los ingresos ilegales entre los puntos de entrada a lo largo de la frontera suroeste han disminuido en más del 70 %.
El embajador de Estados Unidos también afirmó que una de las acciones que desarrollan en El Salvador para disminuir la migración irregular es la inversión en educación. En ese sentido, anunció que han destinado $20 millones para el proyecto «Becas para oportunidades educativas», con el cual los estudiantes pueden acceder a programas técnicos, cursos vocacionales o a un programa acelerado para completar el bachillerato. Además, reciben los costos de la matrícula, transporte y computadoras.
«La idea es alcanzar a unos 6,500 estudiantes con becas porque es importante para sus vidas y para el país. Para lograr el crecimiento económico del país necesitamos mejorar en educación. Gracias a ese programa, ahora pueden regresar a la escuela. Aquí tenemos madres solteras y con niños, y muestran tanta dedicación que, a pesar de los inconvenientes, salen adelante», dijo Duncan.
Como parte de este programa, ayer 125 bachilleres recibieron su título luego de completar sus estudios en modalidad flexible. La ceremonia se desarrolló en las instalaciones de la Universidad Don Bosco (UDB). Al evento asistió el embajador Duncan; la jefa de misión adjunta de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), María Paula Quintero; el director de Modalidades Flexibles del Ministerio de Educación, José Arístides González; el director de Fedisal, Héctor Quiteño; y el rector de la UDB, Mario Olmos.
Los jóvenes no habían logrado concluir el bachillerato por diversas razones, por lo que con esta formación podrán acceder a mejores oportunidades laborales. «Esto representa una oportunidad para que los jóvenes que estaban fuera del sistema educativo puedan formarse. Este programa nos ha demostrado los cambios que tiene la persona al recibir un impulso en la educación, pues construye nuevos vínculos con la sociedad y cambia por un bien común», dijo Olmos.
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a un pandillero de la MS-13 en la frontera El Amatillo, ubicada en La Unión Norte, cuando intentaba salir del país.
De acuerdo con la institución, durante la intervención los agentes identificaron tatuajes en el cuerpo del detenido alusivos a la estructura criminal. Asimismo, al inspeccionar el teléfono celular que portaba, encontraron varias imágenes que lo vinculaban con la pandilla, entre ellas fotografías en las que presuntamente aparecía realizando señas alusivas a la organización y presumiendo su pertenencia a la misma.
El capturado fue identificado por las autoridades como Santos Humberto Pineda, de 25 años de edad, señalado como homeboy de la MS-13.
La PNC informó que al detenido le fue incautado el teléfono celular y será remitido por el delito de pertenencia a organización terrorista conocida como pandilla.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 43 integrantes de la clica Dalmacia Criminal Locos Salvatruchos a penas de hasta 85 años de prisión por diversos delitos.
De acuerdo con la información del proceso, todos los condenados fueron capturados el 27 de marzo de 2022, cuando inició el régimen de excepción, luego de años de delinquir en Ciudad Dolores y Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas.
El principal cabecilla de la estructura, identificado como Edwin Ricardo Guzmán Segovia, alias «Scrappy», quien ostentaba el rango de corredor, fue sentenciado a un total de 85 años de prisión. La condena comprende 15 años por tenencia ilegal de arma de fuego, 10 años por posesión y tenencia de droga y 60 años por el delito de agrupaciones ilícitas.
Asimismo, el juez impuso condenas de 75 años de prisión a los corredores de clica Carlos Pineda y José Amaya, quienes recibieron 60 años por agrupaciones ilícitas y 15 años por tenencia ilegal de armas.
El tribunal también condenó a otros nueve homeboys, quienes desempeñaban funciones de cabecillas de la célula territorial, a 35 años de prisión. Además, dos chequeos recibieron penas de 40 años, mientras que nueve paros y 20 colaboradores fueron sentenciados a 25 años de cárcel.
Según el proceso judicial, este grupo forma parte de una estructura criminal más amplia que ha comenzado a ser procesada por delitos de crimen organizado mediante una audiencia única abierta, la cual permanecerá activa durante los próximos dos años.
La Ley contra el Crimen Organizado faculta a la Fiscalía General de la República para solicitar al juez de los expedientes únicos el procesamiento de integrantes de estructuras criminales cuando existan suficientes pruebas para instalar la audiencia única.
En el caso de estos 43 imputados, la Fiscalía delimitó las pruebas presentadas para su enjuiciamiento, permitiendo al tribunal aplicar las herramientas legales contempladas en el régimen de excepción, entre ellas la posibilidad de condenar por el delito de agrupaciones ilícitas derivado de su pertenencia a una estructura pandilleril.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de prisión a Mario Rigoberto Pineda Arias por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante del distrito de Mejicanos.
De acuerdo con la resolución judicial, Pineda Arias, identificado como integrante de la pandilla 18, permanece prófugo. Tras declararlo responsable del delito, el tribunal giró una orden de captura en su contra. Las autoridades informaron que otro de los implicados en el caso ya fue condenado y cumple una pena de prisión.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que el 22 de abril de 2019 un grupo de extorsionistas llegó al negocio de la víctima, quien declaró bajo régimen de protección. Los sujetos se identificaron con sus alias y le manifestaron que pertenecían a la pandilla 18, indicándole que a partir de ese momento debía pagar una cuota periódica.
Según la acusación fiscal, los pandilleros afirmaron que controlaban varias colonias de Mejicanos y exigieron al comerciante el pago de 400 dólares. Además, le advirtieron que, si no entregaba el dinero, lo asesinarían junto con sus empleados.
La víctima explicó que no tenía la capacidad económica para pagar esa cantidad, por lo que los extorsionistas redujeron la exigencia a 200 dólares y le informaron que regresarían al día siguiente para retirar el primer pago.
Posteriormente, el comerciante denunció los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones que llevaron a la captura de Mario Rigoberto Pineda Arias. Sin embargo, el imputado recibió inicialmente medidas alternas a la detención y posteriormente se dio a la fuga.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República demostró que Pineda Arias fue quien recibió los 200 dólares entregados por la víctima, siendo ese el único pago realizado. Asimismo, se estableció que el comerciante cerró su negocio por temor, luego de que sus empleados dejaran de asistir a trabajar tras ser amenazados de muerte por los pandilleros si residían en territorios contrarios.
