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Embajador de EE. UU.: «Ahora se queda más gente en El Salvador»
El embajador de Estados Unidos en El Salvador, William Duncan, afirmó ayer que ha disminuido la cantidad de salvadoreños detenidos en la frontera de Estados Unidos por ingresar ilegalmente a dicho país. Según informó, dicha disminución es del 40 % desde que entró en vigor el Título 8 el pasado 12 de mayo.
El diplomático explicó que esta es «una buena noticia», ya que también han identificado que cada vez más salvadoreños se están quedando en el país y no están migrando.
«Hemos bajado en un 40 % los salvadoreños que entran por la vía irregular. Es una buena noticia para El Salvador porque estamos hablando de gente que ustedes necesitan aquí trabajando y aportando a la economía. Me da gusto ver que ahora más gente se está quedando en El Salvador», afirmó Duncan ayer.
Además, los ingresos ilegales entre los puntos de entrada a lo largo de la frontera suroeste han disminuido en más del 70 %.
El embajador de Estados Unidos también afirmó que una de las acciones que desarrollan en El Salvador para disminuir la migración irregular es la inversión en educación. En ese sentido, anunció que han destinado $20 millones para el proyecto «Becas para oportunidades educativas», con el cual los estudiantes pueden acceder a programas técnicos, cursos vocacionales o a un programa acelerado para completar el bachillerato. Además, reciben los costos de la matrícula, transporte y computadoras.
«La idea es alcanzar a unos 6,500 estudiantes con becas porque es importante para sus vidas y para el país. Para lograr el crecimiento económico del país necesitamos mejorar en educación. Gracias a ese programa, ahora pueden regresar a la escuela. Aquí tenemos madres solteras y con niños, y muestran tanta dedicación que, a pesar de los inconvenientes, salen adelante», dijo Duncan.
Como parte de este programa, ayer 125 bachilleres recibieron su título luego de completar sus estudios en modalidad flexible. La ceremonia se desarrolló en las instalaciones de la Universidad Don Bosco (UDB). Al evento asistió el embajador Duncan; la jefa de misión adjunta de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), María Paula Quintero; el director de Modalidades Flexibles del Ministerio de Educación, José Arístides González; el director de Fedisal, Héctor Quiteño; y el rector de la UDB, Mario Olmos.
Los jóvenes no habían logrado concluir el bachillerato por diversas razones, por lo que con esta formación podrán acceder a mejores oportunidades laborales. «Esto representa una oportunidad para que los jóvenes que estaban fuera del sistema educativo puedan formarse. Este programa nos ha demostrado los cambios que tiene la persona al recibir un impulso en la educación, pues construye nuevos vínculos con la sociedad y cambia por un bien común», dijo Olmos.
La prolonganción de esta herramienta legal fue avalada con los votos de 57 diputados de los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, que consideraron válidos los argumentos planteados por el Órgano Ejecutivo al solicitar la extensión por 30 días, entre esos que «existen intentos de reorganización de grupos criminales».
En el decreto se expone que las autoridades recientemente capturaron a sujetos que tenían la aspiración de formar y operar pandillas cerca de los centros escolares, o sus entornos, a través de acciones como la «intimidación, reclutamiento y promoción de actividades ilícitas».
Agrega que el contexto regional demanda de atención especial, debido a que se «ha elevado y acelerado la actuación criminal en distintos países de la región, particularmente en la República de Guatemala».
Se subraya que «estos acontecimientos evidencian un incremento progresivo de la actividad de las pandillas en la región, y ponen en riesgo la paz, el orden y la seguridad en El Salvador».
Durante la discusión de la iniciativa, en la sesión plenaria 95, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, destacó el respaldo de los diputados que han acompañado el proyecto de seguridad del presidente Bukele, desde el 27 de marzo de 2022, cuando se aprobó por primera vez el régimen de excepción con «votos que están cambiando la vida de los salvadoreños».
Castro añadió que el clima de seguridad permite que ahora los niños puedan jugar frente a sus casas, las comunidades recuperar sus canchas, entre otras actividades que se han retomado y han mejorado la convivencia.
Caleb Navarro, diputado de Nuevas Ideas, puntualizó que en 2025 se registraron 82 homicidios a escala nacional, y todos fueron resueltos, alcanzando una tasa de efectividad del 100 %.
Agregó que antes nadie se preocupaba los homicidios y quedaban en la impunidad «ahora hablamos con números y los números no mienten», detalló.
Con 54 votos el congreso autorizó ayer al Ministerio de Hacienda para que suscriba un contrato de préstamo, por $16.7 millones, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
El decreto aprobado permitirá al país recibir el denominado «segundo financiamiento adicional del Programa Crecer y Aprender Juntos, desarrollo de la primera infancia de El Salvador».
Dicho programa plantea el propósito de continuar mejorando las prácticas de enseñanza, educación y cuidado en la primera infancia a escala nacional, así como los ambientes físicos de aprendizaje de centros seleccionados de educación y primera infancia.
En el decreto aprobado se establece que el contrato que suscriba Hacienda, o quien designe, deberá someterse al aval posterior de la Asamblea Legislativa.
La iniciativa del Ejecutivo, a través de Hacienda, fue ingresada ayer a la plenaria a través de modificación de agenda, en la que se solicitó su aprobación con dispensa de trámite.
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Ocho sujetos fueron condenados hasta con 95 años de cárcel por diversos delitos en San Salvador
Penas de prisión de hasta 95 años de cárcel logró la Fiscalía para ocho personas -cuatro de ellas en calidad de reos ausentes-, a quienes se les procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, lavado de dinero y activos, asimismo, estafa y hurto de identidad, en perjuicio de varias víctimas.
De acuerdo a la información fiscal, esta investigación inició en 2023 a raíz de avisos por parte familiares de personas detenidas, donde manifestaron haber sido víctimas de estafas y otros delitos.
Según las investigaciones, los imputados crearon una página en una red social y se hicieron pasar como abogados. Bajo este mecanismo de engaño ofrecían sus servicios legales para poder sacar de la cárcel a personas detenidas, a cambio de que los familiares de los presos les pagaran grandes cantidades de dinero.
Con esta modalidad los sujetos estafaron al menos a cuatro personas, quienes finalmente decidieron denunciarlos ante las autoridades.
En este caso, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña (presente) fue condenada a la pena de 33 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos.
Por esos mismos delitos se condenó a 35 años a Jennifer Gabriela Sandoval y a 26 años de prisión a Karla Cristina Aguirre Quintanilla y Blanca Mirian Menjívar Pineda (todas presentes).
En ausencia fue condenado Marco Sebastián Pintor Rodríguez, alias “tatuado”, quien fue perfilado como cabecilla de la estructura y miembro de la pandilla Barrio 18. A él se le procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos, además de hurto de identidad.
Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda (también ausente) recibió una condena de 50 años de prisión; Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez (ausente) deberá cumplir una pena de cárcel de 25 años y Frania Elizabeth Pintor fue condenada a 5 años de prisión solo por lavado de dinero y activos.
Asimismo, se les condenó al pago de $30,500 dólares y de no pagar esta cantidad, se aumentará un tercio de la pena impuesta a cada imputado, según lo estipula la respectiva ley.
Las condenas de prisión fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador al valorar toda la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR en juicio.
