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El Salvador sigue impulsando su transición a la energía renovable
Desde que inició su período, la administración del presidente Bukele ha impulsado una transición hacia las energías renovables, para depender menos de los hidrocarburos y del impacto económico que generan en el bolsillo de los salvadoreños, además de su nociva influencia en el medio ambiente.
El presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), Daniel Álvarez, destacó los esfuerzos que llevó a cabo el país en ese sentido en el marco de la doceava asamblea de la Agencia Internacional de las Energías Renovables (IRENA, por sus siglas en inglés), la cual fue presidida por él y la canciller Alexandra Hill en Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos, el pasado 15 y 16 de enero.
«Estamos impulsando los proyectos de energías renovables tanto públicos como privados. Aquí el Estado brinda la facilidad a la hora de invertir en proyectos de energías renovables y no aquellos de los que no tengamos el control de sus precios», explicó Álvarez.
La apuesta del Gobierno y las empresas estatales busca que la economía del país no se vea golpeada por el precio internacional del petróleo, puesto que eso influye directamente en el pliego tarifario del país.
Para ilustrar al respecto, en el último ajuste trimestral que dio a conocer la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), para el periodo del 15 de enero al 14 de abril, el megavatio hora (MWh) tendrá un precio de $144.347998, lo que se traduce en una variación del 7.44 % en el precio promedio al consumidor final, respecto al trimestre anterior.
Según la SIGET, este aumento se debe justamente a los cambios en los costos de los hidrocarburos, que afecta directamente en la producción de los generadores térmicos de El Salvador y de los contratos a largo plazo.
Asimismo, de septiembre a noviembre de 2021, el precio del combustible búnker, a nivel mundial, subió un 11.15% en comparación al trimestre anterior, sumado a la tendencia al alza sostenida a nivel internacional desde 2020 y a la transición de la época lluviosa a la época seca.
Por ello, las instituciones y empresas estatales se han dedicado a fortalecer la geotermia, potenciar las centrales hidroeléctricas, darle auge a la energía eólica y fotovoltaica y explorar la energía mareomotriz. Elementos renovables que no fueron aprovechados en gobiernos pasados, según el presidente de la CEL.
El último informe del Consejo Nacional de la Energía (CNE) subrayó que la generación de este tipo de energías limpias aportó un 83.8 % a la oferta del territorio en el acumulado del año pasado.
La institución aseguró que las fuentes que mayor cantidad de gigavatios (GW) aportaron fueron: las centrales hidroeléctricas, con 1,731.12 MWh, y las geotérmicas, con 1,449.44 MWh.
El Salvador impulsa el Sistema de Alerta Temprana para Incendios Forestales (SAT-IF), una herramienta estratégica que permitirá reducir riesgos y mejorar la gestión ante estos eventos.
Miembros de la Dirección General de Protección Civil y su Equipo Táctico de Emergencias, Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio de Salud (MINSAL), Fiscalía General de la República (FGR) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como parte de la Comisión Nacional de Incendios Forestales (CNIF) conocieron la propuesta.
De acuerdo con Protección Civil, los incendios forestales constituyen una de las amenazas ambientales y sociales más complejas en El Salvador, generando impactos sobre los ecosistemas, la salud pública, la seguridad alimentaria, la infraestructura productiva y los medios de vida de comunidades rurales y de interfaz urbano-forestal.
Este año, lo incendios forestales se han duplicado. «En forestales: en 2025 fueron 80 y en 2026, suman 166 incendios, con un incremento de 108 %», afirmó recientemente el director de Bomberos, Baltazar Solano.
«La recurrencia de estos eventos, intensificada por el cambio climático, la degradación de recursos naturales y el uso inadecuado del fuego, ha evidenciado la necesidad de pasar de enfoques reactivos a estrategias de prevención y anticipación», comunicó la institución.
El SAT-IF se concibe como un sistema integral que transforma información climática, ambiental, territorial y social en alertas oportunas y acciones concretas, permitiendo intervenir antes de que los incendios alcancen niveles de alta severidad.
La propuesta incorpora buenas prácticas internacionales, adaptadas a la realidad de El Salvador, derivadas de la experiencia técnica de Corea, fortaleciendo la arquitectura, componentes funcionales y mecanismos de gobernanza del sistema.
El sistema se estructura en cuatro componentes interdependientes: monitoreo y vigilancia, análisis y evaluación del riesgo, comunicación y difusión de alertas, y preparación y respuesta. Además, promueve una gobernanza multinivel y multisectorial, articulando los niveles estratégico, técnico, operativo y comunitario, y fortaleciendo la coordinación interinstitucional. Un elemento central del SAT-IF es la participación comunitaria.
En el gobierno de Nayib Bukele, las cifras en materia de seguridad han mostrado una mejora sostenida año con año, como resultado de las distintas estrategias implementadas para combatir la criminalidad. Esta tendencia se ha mantenido firme cada mes que ha transcurrido este 2026.
Con los últimos resultados obtenidos el mes anterior, se concluye que abril de 2026 superó los resultados en seguridad del año pasado en mismo periodo. Dicho mes cerró con tres homicidios, registrando un promedio de 0.10 homicidios por día; mientras que, en el 2025, hubo 5 reflejando un promedio de 0.16. Además de cerrar con bajo promedio, en abril se registraron 27 días sin homicidios.
Dichos indicadores, que continúan reflejando una reducción en los hechos delictivos, especialmente en homicidios, consolidan un escenario de mayor seguridad en el país.
Respecto a los homicidios reportados en abril de este año, las autoridades han logrado resolver la mayoría de estos con la captura de los sospechosos.
El 30 de abril pasado, la Policía Nacional Civil reportó el homicidio de una mujer de 65 años. El crimen se registró en Candelaria de la Frontera, Santa Ana Oeste.
De acuerdo con las autoridades, la víctima presentaba lesiones con arma blanca y actualmente equipos de inteligencia e investigaciones buscan al responsable.
Mientras que, el 19 de abril, la Policía registró el feminicidio de una mujer de 28 años, en Santa Ana.
En coordinación con las autoridades de Guatemala, la Policía logró ubicar y capturar al responsable identificado como Diego Antonio Santos Villanueva.
Asimismo, el 4 de abril, la Policía reportó un homicidio en Zacatecoluca, La Paz Este, donde un hombre de 34 años fue asesinado con arma blanca.
El responsable de este hecho fue José Armando Mancía García de 38 años. Según las autoridades, Mancía comenzó a agredir a su esposa y la víctima, quien es cuñado del detenido, intentó defender a su hermana, pero Mancía lo atacó.
Las autoridades del Gabinete de Seguridad Ampliado aseguran que continuarán implementado las medidas que sean necesarias para que, en El Salvador, cualquiera que cometa un homicidio, sea puesto tras las rejas.
La Procuraduría General de la República (PGR) acreditó a 28 nuevos mediadores internos, que tienen por función ayudar a resolver conflictos de forma pacífica y rápida, sin escalar a instancias judiciales.
«La mediación constituye un pilar fundamental para la construcción de una sociedad más justa, pacífica y armónica, transformando los conflictos en oportunidades de diálogo y entendimiento», expresó el procurador general de la república, René Escobar.
Con los nuevos profesionales acreditados, la PGR cuenta con 388 mediadores, que atienden en la sede central y en las 18 procuradurías auxiliares.
En el primer trimestre de 2026, la Unidad de Mediación y Conciliación de la Procuraduría, ingresó 4,023 expedientes de personas que buscaron ayuda para resolver problemas de tipo patrimonial, problemas vecinales, de familia, cuotas alimenticias, custodias de hijos, entre otros.
Los 28 nuevos mediadores serán desplegados en las procuradurías de San Miguel, Usulután, Morazán, La Unión, Ahuachapán, Cuscatlán y Soyapango, informó la institución.
«La mediación ofrece a la ciudadanía una forma pacífica, rápida y humana de resolver los conflictos, sin necesidad de llegar a procesos judiciales largos y costosos. La mediación permite la justicia a las personas, promoviendo el diálogo, la comprensión mutua y la construcción de acuerdos sostenibles», afirmó Jeanneth Marconi, procuradora especializada de mediación.
