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El Salvador sigue impulsando su transición a la energía renovable
Desde que inició su período, la administración del presidente Bukele ha impulsado una transición hacia las energías renovables, para depender menos de los hidrocarburos y del impacto económico que generan en el bolsillo de los salvadoreños, además de su nociva influencia en el medio ambiente.
El presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), Daniel Álvarez, destacó los esfuerzos que llevó a cabo el país en ese sentido en el marco de la doceava asamblea de la Agencia Internacional de las Energías Renovables (IRENA, por sus siglas en inglés), la cual fue presidida por él y la canciller Alexandra Hill en Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos, el pasado 15 y 16 de enero.
«Estamos impulsando los proyectos de energías renovables tanto públicos como privados. Aquí el Estado brinda la facilidad a la hora de invertir en proyectos de energías renovables y no aquellos de los que no tengamos el control de sus precios», explicó Álvarez.
La apuesta del Gobierno y las empresas estatales busca que la economía del país no se vea golpeada por el precio internacional del petróleo, puesto que eso influye directamente en el pliego tarifario del país.
Para ilustrar al respecto, en el último ajuste trimestral que dio a conocer la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), para el periodo del 15 de enero al 14 de abril, el megavatio hora (MWh) tendrá un precio de $144.347998, lo que se traduce en una variación del 7.44 % en el precio promedio al consumidor final, respecto al trimestre anterior.
Según la SIGET, este aumento se debe justamente a los cambios en los costos de los hidrocarburos, que afecta directamente en la producción de los generadores térmicos de El Salvador y de los contratos a largo plazo.
Asimismo, de septiembre a noviembre de 2021, el precio del combustible búnker, a nivel mundial, subió un 11.15% en comparación al trimestre anterior, sumado a la tendencia al alza sostenida a nivel internacional desde 2020 y a la transición de la época lluviosa a la época seca.
Por ello, las instituciones y empresas estatales se han dedicado a fortalecer la geotermia, potenciar las centrales hidroeléctricas, darle auge a la energía eólica y fotovoltaica y explorar la energía mareomotriz. Elementos renovables que no fueron aprovechados en gobiernos pasados, según el presidente de la CEL.
El último informe del Consejo Nacional de la Energía (CNE) subrayó que la generación de este tipo de energías limpias aportó un 83.8 % a la oferta del territorio en el acumulado del año pasado.
La institución aseguró que las fuentes que mayor cantidad de gigavatios (GW) aportaron fueron: las centrales hidroeléctricas, con 1,731.12 MWh, y las geotérmicas, con 1,449.44 MWh.
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
